DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, EN LA CEREMONIA INAUGURAL DE LAS SESIONES DE LA CIDH DE 2009

Washington, D.C.

25 de marzo de 2009

Señor Carlos Sosa Vice-Presidente del Consejo Permanente, Señor Secretario General de la OEA, Doctor José Miguel Insulza; Señor Secretario General Adjunto de la OEA, Embajador Albert Ramdin; Representantes de los Estados Miembros de la Organización, Observadores Permanentes; Representantes de organizaciones no gubernamentales; Colegas de la CIDH y de la Secretaría Ejecutiva; Señoras y Señores:

En mi carácter de Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un honor dirigirme a ustedes en esta ceremonia inaugural, que es el punto de partida para el inicio del año conmemorativo de los 50 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como lo han señalado alguno de los representantes de los Estados en la pasada reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, el hecho de que la Comisión esté hoy presidida por una mujer, resulta especialmente significativo. Durante 50 años la Comisión apenas ha tenido 3 mujeres Presidentas, dos de las cuales fueron electas en la última década.

Creemos que este hecho no es aislado, en casi toda América tiene lugar un proceso de profundización de la democracia y de la participación política directa de hombres y mujeres, miembros de grupos que en razón de su origen étnico, condición social o género, por años fueron excluidos o discriminados.

Un proceso que ha contagiado a países del norte, del centro y del sur de América y que ha traído entre otros resultados, la llegada al poder no sólo de mujeres, sino de indígenas y de afroamericanos, en países donde hasta hace no mucho lo que imperaba era una tradición de exclusión y discriminación. Así que podemos decir, que estos cambios nos alcanzan y que en la historia de la Comisión muchos son los retos y desafíos que hemos conseguido y muchos los avances que hemos obtenido, pero aún también es largo el camino que nos falta por recorrer para lograr la plena vigencia de los derechos humanos de nuestros pueblos y para que ya no señalemos estos hechos como relevantes para ser comentados.

En este contexto, este aniversario, será un excelente marco para evaluar los logros alcanzados, pero también para identificar las tareas por hacer, los mecanismos que debemos implementar para realizarlas y los obstáculos que hasta la fecha nos han impedido su realización.

Revisar las relaciones con los Estados, con los pueblos del continente que nos demandan su defensa, con los demás actores del Sistema y con nuestros propios mecanismos de organización y de trabajo, son apenas algunos de los elementos que se nos presentan como puntos para la construcción de una agenda para este año y los próximos 50 años de la Comisión.

Sabemos que en este medio siglo, la CIDH ha tenido un papel protagónico en la región, mediante sus visitas e informes temáticos sobre la situación de los derechos humanos en los países miembros de la Organización, así como en el trabajo de casos y en las actividades de las Relatorías. 

En este transitar, la Comisión ha contribuido en muchos casos a la disminución de la impunidad y a la protección de sectores vulnerables de la región, así como también ha contribuido en el establecimiento de pautas y principios para el mejoramiento de los derechos civiles y políticos establecidos en la Convención y en la Declaración Americana,  todo ello, en un marco de respeto por las garantías fundamentales de las personas y desde la perspectiva del papel esencial del Estado como principal garante de los derechos humanos.

No obstante hoy en día, también sabemos que este esfuerzo sigue siendo insuficiente y que además nos encontramos algunas barreras que en estos 50 años no hemos logrado superar y que se unen a nuevos retos que en materia de derechos económicos, sociales y culturales, nuestros pueblos nos demandan.

Todo esto, enmarcado en la masiva participación de los pueblos de América, quienes están trascendiendo la formalidad de la democracia representativa para exigir su participación no sólo en el desarrollo social y en el reparto más equitativo de las riquezas de nuestras tierras, sino también en el reclamo y la exigencia de la vigencia de sus derechos a la salud, a la educación, a la propiedad colectiva de la tierra, al medio ambiente sano, sólo mencionar algunos de estos derechos que hoy se debaten en el seno de la Comisión.

Estas denuncias, cada vez mayores, dan cuenta de que nuestros pueblos, no sólo luchan y exigen, sino que se rebelan a mecanismos de dominación que vaciaban de contenido sus derechos humanos. Hoy, los otrora representados, se pronuncian activamente no sólo por nuevos modelos de participación y democracia, sino también en contra de medidas que afecten la plena vigencia de sus derechos y la perspectiva de integralidad e interdependencia de todos los derechos humanos.

En el transcurso de estos 50 años, la respuesta de los Estados ha sido múltiple y variada en materia de derechos humanos. En un pasado no muy lejano de la historia de nuestro continente, las crisis políticas y económicas, generaron un malestar social incontrolable y la acción represiva de las fuerzas de seguridad del Estado, cuando no la instauración de dictaduras responsables de crímenes de lesa humanidad contra muchos de los pueblos de América Latina, hoy, la pobreza tiene impactos determinantes en el fenómeno de la violencia social y las respuestas son similares pero con otros motivos, ya no son causas políticas las que impactan en estos derechos, sino métodos represivos para silenciar las voces de los que Galeano llamó los ningunos, los ninguneados.

Así, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aun sigue trabajando en la búsqueda de la verdad y la justicia para reparar a la víctimas de estas graves violaciones del pasado, se le suman las violaciones del presente y estos nuevos retos que incluyen, hacer frente a las violaciones de derechos humanos derivadas, ya no de la represión de gobiernos de facto, sino también, de las consecuencias de la aplicación de modelos económicos que devastaron las economías de muchas de las naciones del continente con su consecuente impacto sobre el derecho a la vida digna de nuestros pueblos.

Estas circunstancias imponen a la CIDH el desafío de construir visiones complementarias que identifiquen la acción de terceros en la restricción de los derechos humanos de los pueblos de América, siendo responsable el Estado por violación de sus obligaciones de protección o de debida diligencia.

En efecto, el análisis de múltiples situaciones donde evidenciamos graves violaciones de derechos humanos, nos obligan en muchos casos a hacer visibles las relaciones de poder presentes en nuestras sociedades, al mismo tiempo que identificamos actores no estatales que por acción u omisión afectan de manera directa o indirecta la plena vigencia de los derechos humanos.

Estas realidades con nuevas perspectivas de derechos humanos, hacen del trabajo de la Comisión un debate permanente sobre la teoría y la práctica de nuestro accionar y al mismo tiempo, el ejercicio de tejer respuestas satisfactorias con alcance colectivo, que cubran las necesidades y expectativas, de quienes buscan en el Sistema Interamericano una solución a las injusticias no reparadas en sus países.

Cada día, cada sesión, cada caso, se convierte en la oportunidad para debatir sobre nuevas tendencias del derecho internacional de los derechos humanos y nuevas y creativas respuestas para las demandas que se nos presentan. Situaciones de graves violaciones a los derechos humanos tales como la esclavitud y servidumbre constatada por este organismo en Bolivia, el fenómeno de distintas formas de violencia organizada no estatal, que pueden poner en jaque a los Estados en contextos diferentes, y que incluso llegan a extender sus articulaciones más allá de las fronteras nacionales, la violencia contra la mujer y otras formas de abuso de poder por parte de actores no estatales, son algunos de los ejemplos que nos encaminan hacia una acción institucional que aun está en proceso de construcción y que pone los derechos individuales en la misma escala de valores de los derechos sociales, en abierta sintonía con la doctrina universal plenamente consolidada de integralidad de los derechos humanos.

No obviamos, que este reto tienen como contraparte, una crisis económica mundial en pleno desarrollo, de consecuencias impredecibles para los habitantes de nuestro continente y  el impacto en materia de derechos sociales y amenazas contra la democracia, que ya pone en las espaldas de nuestros pueblos sus nefastas consecuencias. En efecto, el Informe del Grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo (2004) de Naciones Unidas, señala que: ¨Ningún país puede permanecer totalmente aislado del impacto perturbador de las crisis en la economía mundial... por tanto, es necesario contar con un enfoque adecuado de la seguridad social y la red de protección social¨. De ahí la necesidad creciente de colocar nuestra atención sobre los derechos sociales.

Por otro lado, pero en el mismo orden de ideas, También esta crisis pone en alerta a la Comisión, que años tras año, período, tras período ha solicitado mayor compromiso de los Estados, no sólo en el cumplimiento de sus decisiones o en la universalización del sistema, sino también, en la expresión de fortalecimiento institucional necesario para dar respuestas eficientes no sólo a los retos tradicionales, sino a los desafíos de estos nuevos tiempos.

Por esto, estos 50 años, también sirven para revisar los obstáculos económicos que antes de la crisis y durante ella, han influenciado de manera categórica en el ejercicios de las funciones  de la Comisión y de manera consecuente en el establecimiento de sus prioridades.

Sólo a título de referencia, todos los discursos de los últimos 10 años de los Presidentes y Presidentas de la Comisión, reiteran la solicitud de apoyo económico por parte de los Estados. Hoy como consecuencia del diálogo permanente y sostenido en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, tenemos la esperanza, de que esta solicitud deje de ser un ejercicio protocolar o retórico de los discursos inaugurales, para que se convierta en una necesidad satisfecha y con ello, la piedra fundamental para encaminarnos a una agenda generosa e independiente,  no sólo que reaccione a las solicitudes ante el sistema, sino que con su accionar directo, alcance todos los rincones del continente y logre un efecto importante en la cultura de democracia, tolerancia, paz y respeto por los derechos humanos de nuestros pueblos.

Estamos conscientes, de que estos retos también incluyen un ejercicio de revisión de nuestras debilidades internas, de fortalecimiento de los instrumentos que nos regulan, de programación y ejecución de los remedios necesarios para cambiar aquellas situaciones que impiden u obstaculizan el trabajo de la Comisión y de los procedimientos que realizamos a lo interno. Estamos en eso y seguiremos en eso. Nuestro compromiso es arribar en este año, a una madurez que nos permite avanzar en los desafíos, derribando las dificultades y los obstáculos que impiden que la Comisión sea una herramienta efectiva para la plena vigencia y para el fortalecimiento de la democracia participativa y la justicia social en el continente y también una herramienta para la democratización y universalización del acceso a la Comisión de todos aquellos que aún hoy día no tienen acceso a la justicia nacional y desconocen la posibilidad de la justicia internacional.

En este contexto, el gran desafío de la CIDH es saber encaminar sus esfuerzos hacia la mejor protección y promoción de los derechos humanos en el plano internacional de los derechos humanos, sabiendo cambiar cuando los pueblos cambian, logrando con ello que los pueblos de América se sientan reflejados en su acción y que sus decisiones y actividades se encaminen hacia el logro de sus objetivos comunes.

Para ello, requerimos hacer ajustes, tender puentes, construir más espacios de diálogo, darle espacio a los que aun no lo tienen, ampliar nuestro radio de acción, mejorar nuestra eficiencia y nuestra transparencia, canalizar mejor nuestros esfuerzos, y tener más apoyo de los Estados y la sociedad que nos acompañan, necesitamos colocar el énfasis en la mayor participación de nuestros pueblos, necesitamos ampliar también nuestros mecanismos de promoción y de divulgación de derechos y fortalecer también los mecanismos de expresión que hagan llegar a la Comisión no sólo las demandas de los que tradicionalmente han tenido acceso a nosotros, sino en particular, de aquellos y aquellas cuyas voces aún no hemos alcanzado a escuchar.

Así, por ejemplo, creo que en ese diálogo constructivo, debemos reconocer y saludar los avances que en materia de garantías de derechos humanos y de profundización de la democracia se suceden en el Hemisferio, por cuanto ese es el fin último de nuestro mandato: aportar al logro de sociedades progresivamente respetuosas y garantes de los derechos humanos, capaces de construir pacífica y democráticamente mecanismos que permitan avanzar en las conquistas en materia de justicia social que reclaman los pueblos, y que figuran como ejes en el preámbulo de los instrumentos que nos regulan.

En ese sentido, creo que favorece el cumplimiento de nuestra labor de defensa, protección y promoción de los derechos humanos destacar el avance que se produjo el 20 de octubre pasado en Ecuador, cuando entró en vigencia una Constitución, aprobada con el apoyo de la mayoría de la población, que contiene una carta de derechos humanos garantista, que ensalza la protección del medio ambiente para las generaciones futuras, que propugna formas de profundización de la justicia y la democracia.

Asimismo, el pasado l7 de febrero, hace apenas dos meses, entraba en vigencia la nueva Constitución Política de Bolivia, que de nuevo fue respaldada por la gran mayoría de la población en un referendo inédito en el país, que cuenta con una carta de derechos de avanzada, y reconoce los derechos de los pueblos indígenas, hasta hace poco tiempo victimas sistemáticas de exclusión y violencia.

Reiteramos que estos 50 años coinciden con cambios estructurales a nivel continental que se conjugan con un diálogo profundo y fructífero con los Estados donde nos han presentado sus observaciones con respecto a nuestro funcionamiento, así también, nos han hecho llegar documentos, las organizaciones que participan activamente del Sistema. Nos corresponde ahora a nosotros también abordar con profundidad estas preocupaciones y con ello una reforma de nuestro reglamento para asumir también el nuevo rol que el sistema nos está demandando, no sólo para mejorar el acceso a la justicia internacional sino también para garantizar que nuestras decisiones se tomen en el marco de procedimientos claros, ciertos y transparentes, que garanticen tanto al Estado como  los peticionarios, confianza, seguridad jurídica y tutela de los derechos que estamos llamados a defender y proteger.

Obviamente, ni el tiempo ni el espacio me permiten hacer un listado de todos los retos que aún me quedan por mencionar, pero tengo el convencimiento y el compromiso de ampliar los mecanismos de diálogo y participación con los Estados, con los pueblos que nos requieren y con las organizaciones sociales, para impulsar de manera definitiva y decidida que año tras año, han participado en el sistema, pues estoy segura que avanzar en el logro de estos retos requiere la participación directa, objetiva y equilibrada de todos los actores y actoras, para que con su apoyo logremos tejer el andamiaje necesario para que estos 50 años se conviertan en una gran celebración del fortalecimiento de los derechos humanos, pero sobre todo con una Comisión que sea una herramienta para lograr la igualdad, la equidad de género y la justicia social en nuestro continente.

Muchas gracias.