DISCURSO DEL DR. FELIPE GONZÁLEZ,

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA INAUGURACIÓN DEL 138º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

Washington, D.C.

17 de marzo de 2010

Señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, distinguidos representantes permanentes, distinguidos observadores y colegas, representantes de la sociedad civil, señoras y señores,

Es un honor para mí dirigirme a ustedes en mi calidad de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta ceremonia de apertura de su 138º Período Ordinario de Sesiones. Me complace estar acompañado por mis colegas Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente, Dinah Shelton, Segunda Vicepresidenta, y Miembros de la Comisión María Silvia Guillén, José de Jesús Orozco y Rodrigo Escobar Gil. También nos acompaña el Sr. Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta y el personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Quisiera hacer un reconocimiento especial a la labor llevada a cabo por la Comisionada Luz Patricia Mejía, quien acaba de concluir su período como Presidenta de la Comisión y que no ha podido participar en las presentes sesiones debido a problemas familiares.

El 2009 fue un año particularmente importante para la CIDH y para el Sistema Interamericano, ya que la Comisión cumplió 50 años de haber sido creada. En estas cinco décadas de historia de los derechos humanos en la región, la CIDH ha contribuido a importantes avances que a su vez han fortalecido la vigencia de los derechos humanos en la región, pero también se ha encontrado con obstáculos, algunos de los cuales todavía persisten.

Entre los principales logros de la CIDH en sus 50 años de historia podemos mencionar su contribución a que se deroguen las leyes de amnistía que buscaban dejar en la impunidad violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en la región, así como las leyes de desacato que penalizan las expresiones críticas a los funcionarios públicos. Aunque de naturaleza muy diferente, la derogación de ambos tipos de normas contribuye a la construcción de sistemas democráticos sólidos, en los que no haya ciudadanos de primera y de segunda categoría y en que todas las personas respondan ante la ley.

Asimismo, la CIDH a través de sus recomendaciones en casos e informes, ha facilitado que se adopten leyes y se implementen políticas públicas a fin de garantizar una mejor protección de los derechos de las mujeres, terminar con la censura previa, fortalecer el debido proceso y las garantías judiciales, mejorar la participación política de los habitantes, garantizar los derechos de los pueblos indígenas, respetar los derechos de los trabajadores y garantizar la igualdad a diversos grupos vulnerables, como afrodescendientes, inmigrantes, personas que viven con discapacidades, minorías sexuales y otros. Estos ejemplos permiten apreciar cómo en estos 50 años la CIDH ha contribuido no sólo en la resolución de violaciones individuales, sino también en la construcción de sistemas democráticos y del Estado de Derecho en la región, y así prevenir violaciones a los derechos humanos, ya sean masivas y sistemáticas o individuales.

Que haya sido posible realizar esta tarea se debe a la participación e iniciativas de tres actores: Estados, sociedad civil y órganos del sistema. La constante colaboración entre Estados, sociedad civil, Comisión y Corte Interamericanas es el eje principal en el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. La autonomía de estos dos últimos órganos es un aspecto central, que ha resultado decisivo en el desarrollo del Sistema Interamericano aun en épocas en que existían contextos muy adversos para la protección de tales derechos.

Esta colaboración y diálogo entre los actores del Sistema ha visto sus frutos particularmente en la adopción de la reciente reforma reglamentaria de la Comisión y de la Corte. Ambos órganos hemos realizado un proceso abierto y transparente en el que han participado numerosos Estados y miembros de la sociedad civil y de la Academia. El desafío ahora es lograr implementar esta reforma de la mejor manera, para que pueda alcanzarse el objetivo propuesto de fortalecer el Sistema Interamericano mediante el afianzamiento de la participación de las víctimas, de las garantías procesales y de la publicidad y la transparencia.

Por otra parte, entre los principales desafíos para la consolidación de un verdadero sistema interamericano se encuentra la falta de recursos humanos y financieros acordes al volumen de peticiones, casos, medidas cautelares, funciones de supervisión general y mandatos conferidos por los Estados miembros de la OEA.  En años recientes, el aumento de la dependencia de recursos financieros externos ha sido tan grande que hoy en día estos fondos superan el presupuesto regular de la CIDH.

Otra gran tarea pendiente es la de superar la falta de aplicación apropiada por parte de los Estados miembros, de las recomendaciones de la CIDH y las sentencias de la Corte Interamericana.  A pesar de la tendencia progresiva en años recientes hacia el cumplimiento de las reparaciones por daño material y moral a las víctimas, el rezago sigue siendo grande, en particular cuando se habla de la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos establecidas por la CIDH y la Corte. Cabe recordar que la obligación asumida por los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre consiste en respetar y garantizar todos los derechos consagrados en dicho instrumento internacional, a cuyo efecto deben organizar todo su aparato interno y realizar las modificaciones legislativas y reglamentarias necesarias.  En este sentido, es relevante el papel que poseen los órganos políticos de la OEA como garantes colectivos del sistema interamericano de derechos humanos.

Asimismo, a pesar de las expresiones de voluntad de los Estados y de la entrada en vigencia hace ya 11 años del Protocolo de San Salvador, el goce efectivo los derechos económicos, sociales y culturales aún no se vislumbra en la región.  En este sentido, la CIDH viene recibiendo denuncias en las que se plantean temas cada vez más complejos relacionados con los DESC, cuya solución conlleva un indudable impacto político y económico en los países de la Organización.  Además de la definición de los lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en esta materia, publicados en 2008 por la Comisión Interamericana, el camino a seguir puede ser orientado mediante la decisión de casos específicos.

La violencia con la que lamentablemente deben convivir todos los días millones de personas en el continente es otro dilema que ha sido objeto de atención prioritaria de la CIDH.  Se han analizado casos respecto de distintos Estados miembros en los que se alega responsabilidad estatal por el uso indebido de la fuerza en respuesta a la inseguridad, en violación de varios derechos protegidos por los instrumentos del sistema interamericano.  También se ha recibido información general y se han celebrado numerosas audiencias temáticas respecto a la seguridad ciudadana en las Américas, que será objeto de un próximo informe de la Comisión interamericana.  Se espera que dicho estudio constituya un aporte concreto y valioso para encauzar el debate sobre la seguridad ciudadana en el marco del respeto por las obligaciones internacionales de derechos humanos.

El año de 2009 fue un reflejo claro de estos logros y desafíos del Sistema Interamericano. Por un lado se produjeron importantes reconocimientos de responsabilidad por hechos concretos por parte de algunos Estados y varias denuncias de violación de derechos humanos han sido objeto de soluciones amistosas ante la Comisión. Asimismo, hemos presenciado un diálogo constructivo entre la Comisión y los Estados miembros en esferas tales como los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indígenas y la discriminación racial. A este respecto, la Comisión espera con interés continuar aportando su colaboración a los Grupos de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA en la preparación de un proyecto interamericano de Convención contra el Racismo y todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, así como en la preparación del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al mismo tiempo, las dificultades que enfrenta la región siguen siendo enormes. No sólo las instituciones democráticas de varios Estados miembros se encuentran en una situación frágil y vulnerable, tal como lo demostró el golpe de Estado en Honduras, sino que continúa siendo insuficiente la protección de los derechos fundamentales, en particular cuando se trata de los de grupos vulnerables que sufren la exclusión social y la discriminación por factores étnicos, de clase, raciales, de género y de orientación sexual.

En este sentido, la visita in loco realizada por la Comisión a Honduras poco después del golpe de Estado en dicho país, fue esencial para comprobar la situación de los derechos humanos en el terreno, escuchar las voces de las víctimas y mandar un claro mensaje a las autoridades sobre el rol perseverante de la Comisión interamericana en la promoción y protección de los derechos humanos en todos los países de la región, sin excepción.

Es por ello que quiero insistir en la importancia de la apertura de los Estados miembros a invitar la Comisión Interamericana para que lleve a cabo visitas in loco o de trabajo a sus territorios, pues representa un espacio idóneo para conocer mejor las realidades de un país, los problemas que enfrentan sus sociedades y las autoridades de gobierno para responder a ellas, así como para conocer de primera mano los esfuerzos y medidas que se están adoptando para remediarlas.

Por otra parte, cabe reiterar de manera enfática la importancia de seguir avanzando hacia la universalidad del sistema, de modo tal que todos los Estados miembros ratifiquen los instrumentos interamericanos de derechos humanos y garanticen su vigencia efectiva.  La Comisión Interamericana espera que el compromiso de los Estados miembros con los derechos humanos, expresado de manera pública y generalizada, se concrete en esta área.

Además, a todas las dificultades estructurales, coyunturales e históricas que he mencionado, se agrega el terrible efecto para las sociedades y seres humanos que constituyen los desastres naturales.  Tristemente, el inicio del año 2010 nos ha demostrado las consecuencias particularmente devastadoras de terremotos y otros fenómenos que se han cobrado vidas humanas en números estremecedores, hechos por los cuales expreso toda mi solidaridad y la de la Comisión Interamericana con los pueblos de Haití y de Chile. Aún en estas circunstancias extremas, los Estados deben mantenerse alertas para que la respuesta de las autoridades y las reacciones de las personas afectadas se lleven adelante en un marco de respeto por los derechos humanos de todas las personas.

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin expresar mi reconocimiento y agradecimiento por la seriedad y el profesionalismo con el que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana lleva adelante sus funciones, considerando especialmente la gran limitación que tiene la CIDH en cuanto a recursos humanos y financieros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará cumpliendo cabalmente su función de promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas en la región, abierta y dispuesta siempre a mejorar y hacer más eficientes sus procedimientos internos para cumplir las expectativas de todos los actores del Sistema y en particular, las expectativas de las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales.

Muchas gracias.