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No. 56/10
RELATORÍA SOBRE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CONCLUYE VISITA A ECUADOR
Washington, D.C., 28 de mayo de 2010 - La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a la República de Ecuador del 19 al 21 de mayo de 2010, en el marco de la invitación abierta y permanente extendida por el Estado de Ecuador a la CIDH. La delegación estuvo integrada por el Relator, Comisionado Rodrigo Escobar Gil y personal de la Secretaría Ejecutiva. La Comisión Interamericana desea expresar su agradecimiento al Gobierno ecuatoriano por su cooperación y el acceso irrestricto a las instalaciones carcelarias durante el transcurso de la visita, así como a las organizaciones no gubernamentales ecuatorianas por la información y la cooperación prestada.
La delegación se reunió con el Viceministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración Kintto Lucas, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Serrano, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Ruben Darío Bravo, la Directora Nacional de Rehabilitación Social Alexandra Zumárraga, la Subsecretaria de Rehabilitación Social, Leddy Zúñiga, y personal técnico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, la delegación mantuvo reuniones con el Asesor en Derechos Humanos para Ecuador de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado, y representantes de organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana que trabajan en temas relacionados con las personas privadas de libertad.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad reconoce que se han registrado importantes avances en materia penitenciaria. Observa como positivo el impulso de políticas públicas dirigidas a solucionar los principales problemas del sistema penitenciario y la existencia de cuatro nuevos proyectos de construcción de centros de rehabilitación social. Asimismo, la Relatoría valora las medidas concretas que se han adoptado para reducir el hacinamiento; el considerable incremento en el número de defensores públicos; el mantenimiento y dotación adecuados de las guarderías de los Centros Femeninos de Rehabilitación Social de Quito y Guayaquil; y las medidas adoptadas recientemente a fin de reducir los índices de violencia a lo interno de la Cárcel de Varones de la Penitenciaría de Litoral.
En el plano legislativo e institucional la Relatoría estima como positivo la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el reconocimiento a nivel constitucional de un importante catálogo de derechos de las personas privadas de libertad y la creación de la figura de los jueces de garantías penitenciarias. En este sentido, la Relatoría destaca la importancia de adoptar las medidas necesarias para implementar y poner en funcionamiento estos juzgados de garantías penitenciarias contemplados en la Constitución.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad tuvo la oportunidad de visitar el Centro Femenino de Rehabilitación Social de Quito, y la Penitenciaría de Litoral en Guayaquil. En la Penitenciaría de Litoral el Relator visitó la Cárcel de Varones, el Centro Femenino y el Centro de Detención Provisional.
Sin perjuicio de los avances mencionados, la Relatoría de la CIDH verificó que aún persisten situaciones incompatibles con la efectiva garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. En este sentido, la delegación observó que a nivel general existe una carencia de recursos para proveer alimentación adecuada a los detenidos -el presupuesto diario de un dólar por privado de libertad es insuficiente para cubrir adecuadamente las necesidades alimenticias de la población penitenciaria-; que hay escasez de medicamentos, insumos de salud y personal médico -particularmente de especialistas en ginecología y en salud mental-; que la sobrepoblación carcelaria aún se mantiene a nivel nacional; que no existe separación entre procesados y condenados; y que es necesario implementar programas efectivos de rehabilitación. En particular, constató que las instalaciones físicas, locativas, sanitarias, hidráulicas y eléctricas de la cárcel de varones y del Centro de Detención Provisional (CDP) de la Penitenciaría de Litoral se encuentran en mal estado y son insuficientes para el número de internos; y que en el Centro Femenino de Rehabilitación Social de Quito, se requiere incrementar el personal de seguridad. La Relatoría considera preocupante además, la detención de personas (en sede administrativa) hasta por varios días, por el hecho de no portar documentos de identidad personal.
Durante la visita la delegación sostuvo reuniones con varias organizaciones no gubernamentales que aportaron información acerca de la situación de los privados de libertad. Así por ejemplo, la delegación recibió información de que continúan las prácticas de torturas con fines de investigación criminal y de malos tratos cometidos por los estamentos policiales. Con respecto a la práctica de la tortura en el Ecuador la CIDH se ha pronunciado en varios de sus informes anteriores y en sus decisiones de casos contenciosos; por lo que reitera que existe un régimen internacional de prohibición absoluta de la tortura. En este sentido la CIDH reconoce la importancia de la prevención como método para erradicar las violaciones al derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad, y exhorta al Estado ecuatoriano a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas, y a implementar sus mecanismos de prevención.
En atención a lo observado por la delegación durante la visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado ecuatoriano tomar las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. En ese sentido recomienda: adoptar medidas concretas para mejorar la calidad de la alimentación de las personas privadas de libertad; reparar o reconstruir las instalaciones e infraestructuras de aquellos centros penales que se encuentran en malas condiciones; asegurar la adecuada provisión de medicinas e insumos médicos para los centros penitenciarios; incrementar el número de profesionales de la salud destinados a trabajar en los centros penales, especialmente de especialistas en salud mental y ginecología; continuar adoptando medidas dirigidas a reducir la sobrepoblación penitenciaria; e implementar y poner en funcionamiento los juzgados de garantías penitenciarias.
La realización de esta visita fue posible gracias al valioso apoyo financiero del Gobierno de España.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Enlaces Útiles:
Relatoría de Personas Privadas de Libertad Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
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