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COMUNICADO DE PRENSA Nº 46/06
LA CIDH CONCLUYE SU VISITA A BOLIVIAPor invitación del Gobierno de Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó una visita entre el 12 y 17 de noviembre de 2006, a fin de observar la situación general de los derechos humanos. Durante la visita la Comisión se reunió con altas autoridades del Estado y con numerosas organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, la Comisión visitó los centros penitenciarios de Chonchocorro, de San Pedro y de Orientación Femenina Obrajes. Al finalizar su visita la Comisión ofreció una conferencia sobre el sistema interamericano de derechos humanos.
La Comisión es un órgano principal, de carácter independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creada de conformidad con la Carta de la OEA, encargada de velar por la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. La integran siete expertos independientes, electos a título individual por los Estados miembros de la Organización. La Delegación de la CIDH estuvo compuesta por tres Miembros de la Comisión, Evelio Fernández Arévalos, Presidente; Florentín Meléndez, Segundo Vicepresidente y Relator para Bolivia; y Víctor Abramovich. Acompañaron a los Comisionados el señor Santiago Canton, Secretario Ejecutivo; Débora Benchoam, Leonardo Hidaka y Silvia Serrano, abogados; y Gloria Hansen, Técnica de Documentos de la Secretaría Ejecutiva.
La Comisión considera que el resultado de las últimas elecciones en Bolivia representa el inicio de un importante proceso de democratización y de inclusión social, que puede facilitar que la mayoría de la población que ha estado históricamente excluida, participe activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones políticas, económicas y sociales que la afectan directamente.
La Comisión destaca que pese a las profundas crisis de los últimos años, la sociedad boliviana encontró mecanismos que permitieron una transición democrática respetando las reglas constitucionales. Sin embargo, el proceso de inclusión social, puede verse seriamente afectado por la inestabilidad política que ha caracterizado a Bolivia. La Comisión ha tomado conocimiento de las importantes propuestas de transformación social y política del actual gobierno y considera fundamental que este proceso se base en el fortalecimiento del diálogo democrático y del Estado de derecho.
Bolivia es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural, donde los pueblos indígenas que representan más del 60% de la población, han padecido históricamente la discriminación y exclusión social, encontrándose aproximadamente el 70% en situación de pobreza o extrema pobreza con escaso acceso a la educación y a servicios mínimos de salubridad tales como agua potable y servicios sanitarios. Gran parte de la población afectada por la pobreza o la extrema pobreza se encuentran en doble situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y personas indígenas de la tercera edad. La Comisión reconoce que los graves problemas que afectan a la mayoría de los bolivianos tienen sus orígenes en décadas anteriores y han sido heredados por el actual gobierno. Las presentes observaciones preliminares y el Informe que la Comisión realice sobre la presente visita, tienen como propósito colaborar con el Estado boliviano, señalando aquellos aspectos centrales necesarios para garantizar los derechos humanos de todos los habitantes.
En Bolivia se han realizado importantes reformas para garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas al haberse dictado leyes especiales, creado ministerios específicos para atender estos asuntos, haberse ratificado el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y al haberse declarado constitucionalmente un Estado multicultural. Sin embargo, en la práctica, estos importantes avances no han logrado todavía tener un impacto concreto que mejore sustancialmente la situación de los pueblos indígenas y otros sectores históricamente discriminados.
La pobreza y la exclusión social pueden llevar a violaciones de derechos humanos. La falta de participación equitativa impide el desarrollo de sociedades democráticas y pluralistas y exacerba la intolerancia y la discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo, es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones. La Convención Americana señala en su preámbulo que "sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
En el marco de recientes iniciativas, la Comisión Interamericana valora positivamente la creación y puesta en funcionamiento del Viceministerio de Justicia Comunitaria, como un primer paso para la coordinación y armonización de la justicia formal con la justicia comunitaria. Asimismo, la Comisión destaca positivamente la reciente ratificación de Bolivia del Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y espera que este importante avance en el reconocimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos continúe con la pronta ratificación de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, como así también del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Finalmente, la Comisión recomienda muy especialmente que en el contexto del actual proceso constituyente se le otorgue rango constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Bolivia.
La Comisión reitera que en todo proceso de inclusión social es fundamental la plena independencia de los poderes públicos y, particularmente, la garantía de imparcialidad del poder judicial, el acceso a la justicia, la exigibilidad de los derechos reconocidos constitucional e internacionalmente, el estricto cumplimiento del debido proceso sin discriminación alguna, la existencia de políticas de coordinación entre la justicia comunitaria y la justicia formal, y muy especialmente la lucha contra la grave situación de impunidad de violaciones a los derechos humanos. Durante la presente visita la Comisión le prestó especial atención a cada una de estas temáticas.
La CIDH tuvo conocimiento de cifras alarmantes que se encuentran directamente relacionadas con el acceso a la justicia, con marcada incidencia en las zonas rurales. Especialmente tomó nota de que tan sólo el 55% de los municipios del país cuenta con la presencia de alguna autoridad judicial y el 23% cuenta con la presencia de algún fiscal.
Asimismo, se observó con suma preocupación que únicamente en el 3% de los municipios del país opera la institución de la Defensa Pública. Sobre este aspecto, aunque la Comisión tomó nota de la Ley de Defensa Pública como una iniciativa positiva, lamenta que pasados casi tres años de su entrada en vigencia, aún persistan graves falencias en su funcionamiento. La Comisión reitera que toda ley debe estar acompañada de la voluntad política de implementarla con los medios presupuestarios y humanos necesarios, especialmente cuando tienen directa incidencia en el ejercicio pleno de los derechos humanos tales como el debido proceso y el acceso a la justicia.
En cuanto al Ministerio Público, la CIDH considera positivos los recientes esfuerzos desplegados por la Fiscalía General de la República, como ser la creación de unidades de descongestión, centrales de notificaciones y archivos de seguridad de evidencias. Es fundamental que las autoridades efectúen todas las gestiones necesarias, tanto de presupuesto como de apoyo técnico y humano, a efectos de que estas iniciativas puedan ser implementadas rápidamente.
La Comisión también observó la ausencia durante años de una política de persecución penal uniforme, agravada por los obstáculos en la implementación efectiva de la carrera fiscal. De igual forma, la Comisión tomó nota de las dificultades en cuanto a la coordinación entre las Fiscalías Distritales, los Fiscales de Materia, y los oficiales de la Policía Técnica Judicial que ejercen labores de investigación. Asimismo, a partir de la implementación del sistema penal acusatorio, dicha Policía debería estar bajo mando y control de las fiscalías correspondientes. Sin embargo, la Comisión recibió información que indica que siguen siendo los funcionarios de policía quienes se atribuyen la función investigativa bajo órdenes de sus superiores jerárquicos y no de los funcionarios del Ministerio Público.
Otro aspecto preocupante en cuanto a las investigaciones es la falta de cooperación entre diversos organismos de otros poderes del Estado, especialmente la renuencia a brindar información indispensable por parte de los organismos de seguridad como las Fuerzas Armadas. Asimismo, a pesar de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, la CIDH tuvo conocimiento sobre el rechazo de denuncias y sobreseimiento de investigaciones por parte del Ministerio Público que podrían estar incrementando los niveles de impunidad,
Con relación al funcionamiento del Poder Judicial, la Comisión observó el alarmante retraso en el procesamiento de casos en las diversas materias, especialmente las relacionadas con la reivindicación de derechos laborales y de seguridad social, así como en materia penal.
Sobre este punto, preocupa la directa incidencia del retraso procesal en cuanto al elevado número de personas detenidas sin sentencia, el cual supera el 70%. Asimismo, es necesario que se adopten medidas inmediatas para resolver el hacinamiento carcelario, como también la separación de las personas privadas de libertad según las categorías específicas, especialmente jóvenes, condenados y procesados y la implementación de medidas para lograr que la convivencia familiar al interior de las prisiones se haga respetando los estándares internacionales de derechos humanos.
Uno de los elementos centrales que el Estado debe garantizar a efectos de mitigar el retraso en la administración de justicia, es la existencia y funcionamiento efectivo de un sistema disciplinario transparente, independiente e imparcial, que garantice el apego de los jueces de la República a las normas constitucionales y a la ley.
En similar sentido, es indispensable el fortalecimiento de la carrera judicial a través de la consolidación de procedimientos transparentes en la selección de jueces en todas las instancias como medio para garantizar su idoneidad, independencia e imparcialidad. Con relación a este aspecto, la Comisión observó con preocupación el alto número de vacantes en las más altas esferas, tanto del Ministerio Público, cuya máxima autoridad tiene el carácter de interino, así como de cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia y cinco Magistrados titulares y/o suplentes del Tribunal Constitucional.
Asimismo, en cuanto a la aplicación de la justicia penal militar, la Comisión destaca la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2004 que recepta los estándares internacionales en la materia, así como los recientes pronunciamientos de autoridades militares orientados a llevar a cabo investigaciones y juicios por los graves hechos de septiembre y octubre de 2003 en la justicia ordinaria. Sin embargo, expresa su preocupación por los abiertos intentos de desacato por parte de las Fuerzas Armadas, que en su momento pretendieron desconocer el precepto constitucional y continuar bajo la jurisdicción militar. En particular, aun no es claro el sometimiento de los militares imputados por los hechos de febrero del 2003 a la jurisdicción ordinaria.
La CIDH valora positivamente algunos avances en cuanto al reconocimiento de la justicia comunitaria y del derecho indígena, tanto en la Constitución como en la normativa procesal penal, y observa con preocupación la ausencia de políticas estatales de fortalecimiento de dichas instituciones así como de pautas claras de armonización y estructuración con la justicia formal. La Comisión considera que el reconocimiento de un pluralismo jurídico que incluya el respeto a la justicia indígena, debe estar acompañado de mecanismos que garanticen su aplicación efectiva en el marco de los parámetros constitucionales e internacionales de derechos humanos.
Finalmente, se mantuvieron reuniones de trabajo sobre peticiones, casos y medidas cautelares en trámite ante la Comisión, con la participación de representantes del Estado, de peticionarios y víctimas. La Comisión expresa su satisfacción por la voluntad y predisposición expresada por las partes en algunos de estos asuntos en el sentido de iniciar soluciones amistosas, así como también el compromiso manifestado por el Estado para dar cumplimiento a las medidas cautelares tratadas. La CIDH dará seguimiento a estos asuntos y seguirá observando de manera muy atenta el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Bolivia.
La visita que hoy culmina, constituyó una valiosa oportunidad para profundizar el diálogo, que dentro del marco de su competencia, la Comisión mantiene con las autoridades y con la sociedad boliviana. La CIDH continuará colaborando con el Gobierno de Bolivia, así como con la sociedad civil, a fin de contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos.
La Comisión destaca que tuvo la más amplia libertad para reunirse con las personas de su elección. Las autoridades del Estado de Bolivia extendieron a la CIDH la más plena asistencia y cooperación a fin de posibilitar la realización de su agenda. La Comisión agradece al Gobierno del Presidente Evo Morales por estas facilidades. Asimismo, la Comisión agradece la colaboración e información proporcionada por diversas organizaciones y representantes de la sociedad civil.
En el marco de la colaboración existente con el Gobierno y con el objetivo de contribuir en la búsqueda de una mayor y mejor protección de los derechos humanos en Bolivia, la Comisión, sobre la base de las funciones y atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, plasmará sus observaciones sobre las impresiones recogidas antes y durante la presente visita, así como también sus conclusiones y recomendaciones finales en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, el cual será puesto a consideración del Estado boliviano y hecho público próximamente.
Ciudad de La Paz, Bolivia, 17 de noviembre de 2006 |
