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COMUNICADO DE PRENSA
Nº 16/06
CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual en donde incluyó una sección sobre los derechos humanos en Colombia. En dicha sección la Comisión destacó entre los avances en materia de derechos humanos los esfuerzos del gobierno por continuar con su “Programa de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sociales” y su “Programa de protección de comunidades en riesgo” administrados por el Ministerio del Interior. Este programa cobija a numerosos beneficiarios de medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, y contribuye a la protección de la vida y la integridad personal de miles de personas amenazadas por los actores del conflicto armado en Colombia. Asimismo la Comisión resaltó los autos de cumplimiento emitidos por la Corte Constitucional, instando a las instituciones del Estado a responder frente a las consecuencias del desplazamiento interno, el respeto por sus derechos, y el compromiso en la atención de la población desplazada. Adicionalmente la CIDH tomó nota que Colombia adoptó un paso importante hacia la universalización del sistema interamericano de protección de los derechos humanos mediante la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 12 de abril de 2005.
En relación con el proceso de desmovilización, la Comisión en primer lugar resaltó la importancia de los esfuerzos desplegados por el Estado a fin de combatir a los actores armados y terminar con la violencia en la República de Colombia. Este, además de ser un deber del Estado, es un objetivo de fundamental importancia para la paz, la estabilidad y la gobernabilidad en Colombia, compartido por el Estado y la sociedad civil. Asimismo, la CIDH observó con preocupación que los miembros de los bloques paramilitares involucrados en el proceso de desmovilización han sido repetidamente señalados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluyendo masacres de civiles indefensos; asesinatos selectivos de líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia, y periodistas, entre otros; actos de tortura, hostigamiento e intimidación; y acciones orientadas a forzar el desplazamiento de comunidades enteras.
En lo que respecta a la obligación del Estado colombiano de asegurar la verdad, la justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado, el 22 de julio de 2005 el Presidente Uribe autorizó la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 conocida como la “Ley de Justicia y Paz”. En su informe, la CIDH observó que entre los objetivos de la norma no se cuenta el establecimiento de la verdad histórica sobre lo sucedido durante las últimas décadas del conflicto ni sobre el fomento del paramilitarismo y el grado de involucramiento de los diversos actores en la comisión de crímenes contra la población civil. La CIDH también señaló que las disposiciones de la ley no establecen incentivos para que los desmovilizados confiesen en forma exhaustiva la verdad sobre su responsabilidad en la comisión de nuevos crímenes que aún no han sido investigados, a cambio de los importantes beneficios judiciales que recibirán. Consecuentemente, el mecanismo establecido no constituye garantía de que los crímenes perpetrados sean debidamente esclarecidos y, por lo tanto, en muchos casos sus autores podrán gozar de impunidad. Asimismo, la CIDH observó que los mecanismos institucionales creados por la Ley de Justicia y Paz no parecen contar con la fortaleza necesaria para afrontar con efectividad la tarea de esclarecer judicialmente los numerosos crímenes cometidos por los actores armados durante los últimos años.
Este proceso se encuentra en un estadio crucial en el cual tanto las negociaciones como el respeto del compromiso al cese del fuego asumido por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la administración de justicia, deben guiarse por los principios y estándares establecidos en el derecho internacional para asegurar la justicia, la verdad y la reparación para las personas bajo la jurisdicción del Estado.
La Comisión informó que más allá del compromiso de cese de hostilidades por parte del llamado “Comando mayor negociador” de las AUC, continuaron los actos de violencia e intimidación contra la población civil por parte de todos los actores en el conflicto: paramilitares plegados o no a las negociaciones en Santafé de Ralito, grupos guerrilleros –en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) — y agentes del estado. Las acciones de violencia cometidas en el curso del conflicto armado interno continúan traduciéndose en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en contra de la población civil y, en particular, de los sectores más vulnerables: los pueblos indígenas, las comunidades afro descendientes y los desplazados. Durante el año 2005 continuaron además los homicidios selectivos y desapariciones forzadas contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales, periodistas y candidatos a cargos de elección popular –incluyendo a miembros de la Unión Patriótica— entre otros.
La Comisión informó que durante el año 2005 continuó agravándose la situación de violencia que aqueja a los pueblos indígenas en Colombia, los cuales continúan siendo víctimas de masacres, ejecuciones selectivas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado de sus territorios ancestrales, reclutamiento forzado, pérdida o contaminación de sus fuentes de alimentación, bloqueos alimentarios, señalamientos y amenazas a su autonomía. Esta situación fue verificada por la CIDH durante una visita in loco conducida en junio de 2005. En su informe, la CIDH resaltó que los constantes actos de violencia perpetrados en contra de los pueblos indígenas amenazan no sólo la vida e integridad personal de sus miembros sino también su existencia como pueblos.
En cuanto a las comunidades afro-descendientes, la CIDH informó que éstas y sus consejos comunitarios continúan afectados por bloqueos alimentarios, constantes actos de hostigamiento y violencia, asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados.
La Comisión también informó que la situación de vulnerabilidad de las defensoras y defensores de derechos humanos siguió siendo preocupante durante el año 2005. Los patrones de amenazas, homicidios y actos de hostigamiento continuaron entorpeciendo la labor de las defensoras y defensores a lo largo del país. Asimismo, la CIDH observó que persisten los señalamientos por parte de autoridades estatales que desacreditan su labor y ponen en riesgo la vida de los defensores de derechos humanos. En cuanto a la situación de líderes sindicales y sociales, la Comisión informó con preocupación que continuaron los ataques y amenazas contra su vida e integridad personal.
Durante el año 2005 la CIDH ha continuado recibiendo –a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión- información en torno a amenazas, secuestros, intimidaciones y otros actos de violencia sufridos por periodistas y medios de comunicación en Colombia. Asimismo, en el año 2005 la CIDH aprobó el Informe Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: Análisis de la Situación de la Libertad de Expresión en Colombia (Disponible en la sección Informes sobre Países en: http://www.cidh.org/relatoria).
Con respecto a la administración de justicia en Colombia, la CIDH informó que durante el año 2005 no se han registrado avances significativos en las investigaciones de crímenes que involucran violaciones a los derechos humanos en los que se ha establecido la responsabilidad internacional del Estado. Persiste por lo tanto el problema de la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos así como presiones contra fiscales, jueces y operadores de justicia involucrados en investigaciones de dichas violaciones.
La CIDH concluyó su informe reconociendo que una situación tan compleja, dolorosa y prolongada como la colombiana requiere desactivar a los actores armados mediante mecanismos de negociación. Por ello, para asegurar la perdurabilidad de la paz, se debe garantizar la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. Ello requiere el esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar en forma integral a las víctimas a la luz de sus obligaciones internacionales conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA.
Washington D.C., 2 de mayo de 2006 |
