COMUNICADO DE PRENSA

Nº 13/06

CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN

POR LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ECUADOR

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual en donde incluyó una sección sobre los derechos humanos en Ecuador. En dicha sección, la Comisión informó sobre las deficiencias institucionales que marcaron al país durante el período comprendido en el informe. Al respecto, la Comisión sostuvo que la sustitución de un Presidente elegido por voto popular, antes de la terminación de su mandato, es un hecho grave y requiere una mirada crítica desde la perspectiva de la defensa de la democracia y las libertades fundamentales.  A su vez, condenó el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas masivas llevadas a cabo por la población y lamentó profundamente la pérdida de vidas humanas. Destacó también que el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho a través de una reestructuración que respete la separación de poderes es un ámbito que merece carácter prioritario.  En este sentido, recomendó que se adopten medidas para reforzar la independencia judicial, la probidad y el profesionalismo judicial, como un medio para recobrar la confianza de la población.

Respecto a la situación del poder judicial, la Comisión observó que la crisis institucional afectó particularmente al poder judicial debido a irregularidades como la destitución de magistrados, entre otras.  La CIDH resaltó la necesidad de establecer un balance entre independencia y rendición de cuentas, señalando que en cualquier nivel jerárquico  la independencia judicial debe responder a un marco de limitaciones éticas, estipulado por la ley.  De esta manera, la Comisión entiende que el principal problema a superarse no es únicamente el de la reorganización formal del poder judicial, sino el de recuperar la confianza en las instituciones judiciales del Estado.

A su vez, la Comisión reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno del Ecuador en el restablecimiento del poder judicial, reflejados principalmente en la posesión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuya elección fue fruto de un proceso innovador que contó con la participación a nivel de observadores de reconocidas organizaciones internacionales.  Al respecto, la CIDH manifestó su esperanza de que esta tendencia continúe consolidándose en el futuro.

La Comisión informó también sobre el estado de efectividad de las garantías judiciales en el Ecuador y manifestó su preocupación en relación a que, al momento de elaboración del informe, el Tribunal Constitucional no había sido reconstituido.  La Comisión reiteró que la legislación que prevé la presentación del recurso de habeas corpus ante un Alcalde, quien forma parte de la rama ejecutiva del gobierno local, no es acorde a los estándares exigidos por la Convención Americana.  En cuanto al recurso de habeas data, la CIDH notó con beneplácito la promulgación, en el año 2004, de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reconociendo también que la integración de dicha norma en el desenvolvimiento cotidiano implica un cambio en el paradigma social de la población y sus representantes, por lo cual recomendó se vigile con especial cuidado su observancia.

Respecto a la protección de los derechos individuales, la Comisión recordó que la adecuada administración de justicia es un elemento esencial para garantizar que las personas responsables de violaciones al derecho a la vida y otros derechos sean identificadas, declaradas responsables y castigadas.   Asimismo, la CIDH observó que a la fecha,  Ecuador no ratificó aun la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.  Sobre el derecho a la integridad personal, la Comisión manifestó su preocupación por la información recibida que da cuenta del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos cuando se ha tratado de reprimir manifestaciones o protestas públicas.  Así también señaló su preocupación con respecto a denuncias en las cuales se alegan casos de tortura y malos tratos por parte del Estado. Asimismo, la Comisión instó al Estado ecuatoriano a hacer uso preferente de la jurisdicción ordinaria sobre los fueros militares o policiales cuando se trate de violaciones a los derechos humanos.  Finalmente, en cuanto al derecho a la libertad personal, la CIDH reiteró su preocupación por la situación de hacinamiento y violencia en las cárceles, destacando que esta situación requiere la atención prioritaria del Gobierno.

         Finalmente, la Comisión resaltó que la estabilidad política es un componente fundamental para permitir el desarrollo de políticas efectivas que protejan los derechos humanos.  La CIDH reconoció el consenso logrado para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, notando la importancia de respetar la independencia del poder judicial.  Al mismo tiempo, la Comisión valoró los esfuerzos de la sociedad ecuatoriana para procurar el reestablecimiento del estado de derecho y la reorganización de la rama judicial.

Washington D.C., 2 de mayo de 2006