COMUNICADO DE PRENSA
N°
35/05
CIDH INFORMA SOBRE SITUACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS AL CONCLUIR SESIONES
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) informó acerca de las actividades
desarrolladas durante su 123º período ordinario de sesiones. La CIDH
está integrada por Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán,
Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; y
los Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy
Gutiérrez y Florentín Meléndez. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es
el Dr. Santiago A. Canton.
Desde su anterior
período ordinario de sesiones, la CIDH ha constatado algunos importantes
avances en materia de derechos humanos: la decisión de la Corte Suprema
de Justicia de Argentina que anula las leyes de obediencia debida y
punto final, recomendado por la Comisión Interamericana; una amplia
reforma constitucional en Chile, que elimina obstáculos para una
participación política igualitaria, también recomendado por la CIDH en
un informe sobre un caso individual; firma de acuerdos e importantes
avances en procesos de solución amistosa en casos sobre Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. Se destaca
también avances normativos en materia de derechos de las mujeres, tales
como la adopción de la Ley
de Violencia Familiar en Chile y la ratificación por parte de Colombia
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer. Asimismo, la CIDH tomó
nota de los profundos cambios que el Gobierno del Presidente Luiz Inacio
Da Silva está realizando en materia de promoción de la igualdad racial
en Brasil. La Comisión Interamericana también está observando avances y
buenas prácticas en materia de derechos humanos en otros Estados de la
región, de los que dará cuenta oportunamente.
La CIDH destaca asimismo
el continuo crecimiento de la legitimidad y efectividad del sistema
interamericano de derechos humanos, expresado a través del constante
incremento en el número de personas que acuden a plantear sus
peticiones, la diversidad de temas que se presentan y organizaciones que
asisten a las sesiones y audiencias, el alto nivel de representación
estatal y de la sociedad civil en las mismas, el aumento de utilización
de la jurisprudencia del sistema por múltiples tribunales de nuestra
región, y los importantes resultados logrados en la defensa de los
derechos humanos gracias a la utilización del sistema. Asimismo, la
Comisión Interamericana desea reconocer el importante trabajo que
realizan los defensores de derechos humanos en el hemisferio y reiterar
a los Estados miembros la obligación de otorgar a las personas que
acuden a las audiencias todas las garantías necesarias.
Lamentablemente, persisten aún muchos desafíos. La debilidad del Estado
de derecho en varios países de la región afecta la plena vigencia de los
derechos humanos. La situación socioeconómica de la gran mayoría de los
Estados miembros de la OEA impide el goce efectivo de los derechos
económicos, sociales y culturales de sus habitantes. Asimismo,
persisten problemas estructurales de décadas anteriores referentes a la
impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos, como por
ejemplo, en casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales; la detención
arbitraria; la fragilidad del Poder Judicial; hacinamiento y otras
condiciones inhumanas que sufren las personas privadas de libertad.
Tampoco ha variado la situación de desigualdad fáctica y jurídica que
afecta a grupos tradicionalmente discriminados, tales como las mujeres,
los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
En estas
sesiones, la Comisión Interamericana volvió a recibir información sobre
la creciente inseguridad pública por el aumento de la criminalidad, así
como la insuficiente respuesta institucional compatible con los
principios de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos
humanos y libertades fundamentales.
Asimismo, recibió
información sobre la situación general de los derechos humanos en
distintos países de la región. Cabe mencionar en particular algunas
consideraciones sobre Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Nicaragua
y Venezuela.
En
Bolivia, la Comisión ha venido siguiendo de cerca la crisis
institucional en la República de. En lo que va del año, deben
resaltarse los desarrollos positivos para superar tal crisis, que se
espera serán consolidados una vez que concluya el proceso electoral en
curso. Al mismo tiempo, la CIDH recibió información durante las
sesiones sobre tendencias políticas, desigualad e inequidad social que
continúan afectando la estabilidad de las instituciones democráticas.
Causa especial preocupación la situación de las llamadas “comunidades
cautivas” del pueblo guaraní en el Chaco boliviano,
que se encuentran en condiciones
comparables a la esclavitud.
En Colombia,
a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 conocida como
“Ley de Justicia y Paz” en el marco del proceso de desmovilización de
grupos armados al margen de la ley, la CIDH formuló una serie de
observaciones generales sobre el contenido de la norma a la luz de las
obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación,
mediante un comunicado de prensa de 15 de julio de 2005. Durante el
123° período de sesiones, la Comisión recibió información sobre el
proceso de desmovilización, las violaciones al cese del fuego decretado
por los líderes de las AUC y la aplicación de esta normativa tanto por
parte de organizaciones de la sociedad civil como del Estado. Una
situación tan compleja, dolorosa y prolongada como la colombiana
requiere desactivar a los actores armados mediante mecanismos de
negociación. Por ello, para asegurar la perdurabilidad de la paz, se
debe garantizar la no repetición de crímenes de derecho internacional,
de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho
internacional humanitario, incluyendo el esclarecimiento y la reparación
de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para
establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar en
forma integral a las víctimas a la luz de sus obligaciones
internacionales conforme a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Carta de la OEA.
En cuanto a Cuba,
la Comisión siguió recibiendo información sobre la situación de los
derechos humanos, en especial sobre las condiciones de detención a que
están sometidas las personas privadas de libertad en razón de su
posición de disidencia al gobierno; sobre la violación sistemática del
derecho a la libertad de expresión; la vulneración de los derechos
laborales y sindicales de los trabajadores y las restricciones impuestas
al ejercicio del derecho de residencia y tránsito de los habitantes de
la isla. Las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de
expresión y de difusión del pensamiento ha conformado durante décadas
una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos
fundamentales de los ciudadanos cubanos. Esta situación se ve
particularmente agravada por la completa falta de independencia del
Poder Judicial. Por último, la CIDH reitera que las sanciones
económicas y comerciales impuestas al gobierno tienden a agravar la
falta de disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y
culturales del pueblo cubano, e insta a que sean levantadas.
En Ecuador, la
fragilidad institucional del Estado de derecho sigue siendo motivo de
profunda preocupación para la Comisión Interamericana. La inestabilidad
política que ha caracterizado a dicho país volvió a ponerse de
manifiesto cuando nuevamente un Presidente electo no concluyó su mandato
constitucional en circunstancias de masivas protestas sociales. Varios
de los líderes sindicales, sociales, indígenas, políticos, estudiantiles
que encabezaron tales protestas han sufrido actos de violencia,
hostigamiento y amenazas. La falta de funcionamiento regular y efectivo
de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional ha afectado
la tutela de los derechos humanos y, en particular, el goce de las
garantías judiciales de los habitantes de dicho país. En este contexto,
la CIDH continúa recibiendo denuncias en las que se alegan graves abusos
policiales y hechos de corrupción que afectan particularmente la
independencia del Poder Judicial en todos sus niveles.
En cuanto a Haiti,
la CIDH recibió información respecto a la situación de derechos humanos
en particular lo referente a problemas como la impunidad, detención
preventiva prolongada, persistencia de condiciones de inseguridad en la
ciudad capital de Puerto Príncipe, así como la continua falta de control
de la seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional Haitiana y la
Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que
ha resultado en que partes de dicha ciudad hayan sido sobrepasadas por
pandillas armadas. La Comisión Interamericana ruega que el Gobierno y
la comunidad internacional adopten todas las medidas urgentes que
resulten necesarias, en un marco de respeto de los derechos humanos, a
efectos de crear condiciones conducentes a la realización de las
elecciones generales y asistir al pueblo haitiano en asegurar un futuro
esperanzador.
Nicaragua está
atravesando por una grave crisis institucional, situación que fue objeto
de audiencias el marco del presente período ordinario de sesiones.
Las autoridades
estatales, líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil
nicaragüense han coincidido en resaltar los efectos negativos que dicha
crisis política tiene sobre la vigencia efectiva de los derechos humanos
en el país. En particular, coincidieron el Gobierno y las
organizaciones de la sociedad civil que la falta de independencia e
imparcialidad de las autoridades judiciales se ha visto exacerbada por
las tensiones políticas del país y a la identificación partidaria de la
gran mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta
situación podría afectar el normal desarrollo de los procesos
electorales a celebrarse en el curso del año 2006, a través de la
arbitraria exclusión de candidatos.
En cuanto a Venezuela,
la CIDH recibió información sobre los problemas en la administración de
justicia y el sistema penitenciario y sobre actos de hostigamiento y
persecución contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además,
se analizó la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales de
campesinos venezolanos. Sobre este último tema, la CIDH destaca como
aspecto positivo la información ofrecida por parte del Estado
venezolano, así como los esfuerzos destinados a enfrentar integralmente
este grave problema. Por otra parte, la Comisión Interamericana deplora
la situación crítica de las personas privadas de la libertad.
Igualmente, la CIDH expresa su preocupación por los efectos para el
ejercicio de la libertad de expresión que están produciendo tanto las
reformas a la legislación penal, como la conocida “ley de
responsabilidad social para la radio y la televisión”. Por ultimo, la
Comisión Interamericana reiteró su interés en efectuar una visita de
investigación in loco.
La Comisión Interamericana
lamenta profundamente la ejecución de Marlin Gray en el estado de
Missouri, Estados Unidos de América, a pesar de que la Comisión
Interamericana había otorgado medidas cautelares en las que se solicitó
que se preservara la vida de dicha persona condenada a muerte hasta
tanto se pronunciase sobre el fondo de al petición presentada en su
favor. La negativa de un Estado miembro de la OEA de preservar la vida
de una persona condenada a pena de muerte, con lo que hizo caso omiso a
la decisión sobre admisibilidad del asunto y al hecho de que sigue
pendiente la revisión de los méritos por la Comisión Interamericana,
resulta contrario a las obligaciones internacionales de dicho Estado y
socava la eficacia del sistema interamericano.
En el período ordinario de
sesiones que hoy concluye, la CIDH desarrolló un intenso programa de
trabajo, dedicado principalmente al estudio y revisión de peticiones y
casos referentes a distintos Estados del hemisferio. Los informes
aprobados incluyen 30 de admisibilidad, 11 de inadmisibilidad, 16 sobre
el fondo, 7 de solución amistosa y 2 de archivo. Durante la segunda de
las tres semanas, la Comisión Interamericana celebró 55 audiencias sobre
casos y peticiones individuales en el hemisferio, y sobre situaciones de
derechos humanos que cubren las áreas del mandato de la Comisión
Interamericana. La CIDH consideró asimismo el proyecto de Informe Anual
en el que da cuenta del trabajo realizado durante 2005, y planificó las
actividades a ser desarrolladas durante 2006.
Antes de
finalizar sus sesiones, la Comisión Interamericana hizo un especial
reconocimiento a los Comisionados Susana Villarán y José Zalaquett, por
ser éste su último período ordinario de sesiones. Se destacó en
numerosas oportunidades la activa participación y la invalorable
contribución que hizo cada uno de ellos al fortalecimiento del sistema
interamericano de derechos humanos.
* * * * * * *
La CIDH decidió celebrar
su próximo período ordinario de sesiones del 27 de febrero al 17 de
marzo de 2006. El informe completo del 123º período de sesiones puede
leerse en la página
www.cidh.org.
Washington, D.C., 28 de
octubre de 2005
INFORME DEL 123º PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES DE LA CIDH
ANEXO AL COMUNICADO DE PRENSA 35/05
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos presenta el informe de las actividades desarrolladas
durante su 123º período ordinario de sesiones. La CIDH está integrada
por Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera
Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vice Presidente; y por
los Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy
Gutiérrez y Florentín Meléndez. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es
el Dr. Santiago A. Canton.
Durante este período de
sesiones, la CIDH aprobó 66 informes sobre casos y peticiones
individuales. Entre el 17 y el 21 de octubre de 2005 se celebraron 55
audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas
cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos.
La presencia de representantes de los Estados miembros de la OEA, como
de quienes lo hicieron a título personal o en carácter de peticionarios
constituye una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de
protección de los derechos humanos de los habitantes del hemisferio. La
Comisión Interamericana valora y agradece dicha asistencia y
participación. Al respecto, cabe destacar la participación de altas
autoridades gubernamentales, incluyendo a Ministros y Subsecretarios de
Estado, así como Fiscales y Procuradores Generales de varios países, en
una demostración de voluntad de diálogo de sus respectivos Estados con
la CIDH y la sociedad civil.
La Comisión Interamericana
se reunió con Víctor Abramovich, de Argentina, y Paolo Carozza, de
Estados Unidos, que fueron electos como Comisionados durante la más
reciente sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA. El
encuentro resultó propicio para intercambiar ideas con ambos juristas
sobre el trabajo futuro de la Comisión Interamericana.
Asimismo, la Comisión
Interamericana en un esfuerzo de facilitar el acceso al sistema
interamericano y agilizar el trámite de peticiones individuales, hizo el
lanzamiento oficial de su nuevo formulario en línea, al que puede
accederse en la página electrónica:
https://www.cidh.oas.org/cidh_sistema/instructions.asp?gc_language=S.
I. INFORMES
SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES
La CIDH prosiguió el
estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan
violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana,
la Declaración Americana, y otros instrumentos interamericanos.
Los informes aprobados por
la CIDH reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de
derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren, entre
otros asuntos, al respeto al derecho a la vida y la integridad
personal, las garantías del debido proceso y protección judicial, los
derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los
derechos económicos, sociales y culturales.
Los informes aprobados
incluyen 30 de admisibilidad, 11 de inadmisibilidad, 16 sobre el fondo,
7 de solución amistosa y 2 de archivo. Una vez que sean notificadas
las partes, la Comisión Interamericana publicará la lista de casos en
que la decisión es de carácter público y luego estarán disponibles en su
página electrónica.
II. AUDIENCIAS
Entre el
17 y el 21 de octubre de 2005, la CIDH celebró 55 audiencias relativas a
casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones
generales y específicas de derechos humanos en distintos Estados y
regiones. El programa de este período de sesiones fue ampliado para
incluir un día más, debido a que se recibió un mayor número de
solicitudes de audiencias de interés para la Comisión Interamericana.
Las audiencias referidas a casos y peticiones individuales versaron
sobre cuestiones de admisibilidad, fondo, solución amistosa y
seguimiento.
Las personas que acuden
a brindar testimonios o información durante las audiencias deben gozar
de todas las garantías necesarias.
En tal sentido, la CIDH deplora
la situación de riesgo, estigmatización e intimidación que corren
algunos defensores de derechos humanos en Venezuela y por el clima de
hostilidad que enfrentan estas organizaciones especialmente cuando
asisten a audiencias o litigan casos ante el sistema interamericano.
Por ello, exhorta al Estado venezolano a que aplique de manera efectiva
la resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES. 1044 de 8 de
junio de 1990, en la que se solicita a los Gobiernos que “que otorguen
las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos a fin de que puedan continuar
contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y
respeten la libertad e integridad de los miembros de tales
organizaciones”.
A. Situación
general en Estados miembros de la OEA
La CIDH celebró audiencias
sobre la situación general de derechos humanos en varios países de la
región. Durante las audiencias, se recibió información general sobre
la situación en Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Nicaragua y
Venezuela.
En Bolivia,
la Comisión ha venido siguiendo de cerca la crisis institucional en la
República de. En lo que va del año, deben resaltarse los
desarrollos positivos para superar tal crisis, que se espera serán
consolidados una vez que concluya el proceso electoral en curso. Al
mismo tiempo, la CIDH recibió información durante las sesiones sobre
tendencias políticas, desigualad e inequidad social que continúan
afectando la estabilidad de las instituciones democráticas. Causa
especial preocupación la situación de las llamadas “comunidades
cautivas” del pueblo guaraní en el Chaco boliviano,
que se encuentran en condiciones
comparables a la esclavitud.
En Colombia,
a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 conocida como
“Ley de Justicia y Paz” en el marco del proceso de desmovilización de
grupos armados al margen de la ley, la CIDH formuló una serie de
observaciones generales sobre el contenido de la norma a la luz de las
obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación,
mediante un comunicado de prensa de 15 de julio de 2005. Durante el
123° período de sesiones, la Comisión recibió información sobre el
proceso de desmovilización, las violaciones al cese del fuego decretado
por los líderes de las AUC y la aplicación de esta normativa tanto por
parte de organizaciones de la sociedad civil como del Estado. Una
situación tan compleja, dolorosa y prolongada como la colombiana
requiere desactivar a los actores armados mediante mecanismos de
negociación. Por ello, para asegurar la perdurabilidad de la paz, se
debe garantizar la no repetición de crímenes de derecho internacional,
de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho
internacional humanitario, incluyendo el esclarecimiento y la reparación
de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para
establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar en
forma integral a las víctimas a la luz de sus obligaciones
internacionales conforme a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Carta de la OEA.
En cuanto a Cuba,
la Comisión siguió recibiendo información sobre la situación de los
derechos humanos, en especial sobre las condiciones de detención a que
están sometidas las personas privadas de libertad en razón de su
posición de disidencia al gobierno; sobre la violación sistemática del
derecho a la libertad de expresión; la vulneración de los derechos
laborales y sindicales de los trabajadores y las restricciones impuestas
al ejercicio del derecho de residencia y tránsito de los habitantes de
la isla. Las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de
expresión y de difusión del pensamiento ha conformado durante décadas
una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos
fundamentales de los ciudadanos cubanos. Esta situación se ve
particularmente agravada por la completa falta de independencia del
Poder Judicial. Por último, la CIDH reitera que las sanciones
económicas y comerciales impuestas al gobierno tienden a agravar la
falta de disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y
culturales del pueblo cubano, e insta a que sean levantadas.
En Ecuador, la
fragilidad institucional del Estado de derecho sigue siendo motivo de
profunda preocupación para la Comisión Interamericana. La inestabilidad
política que ha caracterizado a dicho país volvió a ponerse de
manifiesto cuando nuevamente un Presidente electo no concluyó su mandato
constitucional en circunstancias de masivas protestas sociales. Varios
de los líderes sindicales, sociales, indígenas, políticos, estudiantiles
que encabezaron tales protestas han sufrido actos de violencia,
hostigamiento y amenazas. La falta de funcionamiento regular y efectivo
de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional ha afectado
la tutela de los derechos humanos y, en particular, el goce de las
garantías judiciales de los habitantes de dicho país. En este contexto,
la CIDH continúa recibiendo denuncias en las que se alegan graves abusos
policiales y hechos de corrupción que afectan particularmente la
independencia del Poder Judicial en todos sus niveles.
En cuanto a Haití,
la CIDH recibió información respecto a la situación de derechos humanos
en particular lo referente a problemas como la impunidad, detención
preventiva prolongada, persistencia de condiciones de inseguridad en la
ciudad capital de Puerto Príncipe, así como la continua falta de control
de la seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional Haitiana y la
Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que
ha resultado en que partes de dicha ciudad hayan sido sobrepasadas por
pandillas armadas. La Comisión Interamericana ruega que el Gobierno y
la comunidad internacional adopten todas las medidas urgentes que
resulten necesarias, en un marco de respeto de los derechos humanos, a
efectos de crear condiciones conducentes a la realización de las
elecciones generales y asistir al pueblo haitiano en asegurar un futuro
esperanzador.
Nicaragua
está atravesando por una grave crisis institucional, situación que fue
objeto de audiencias el marco del presente período ordinario de
sesiones. Las
autoridades estatales, líderes políticos y organizaciones de la sociedad
civil nicaragüense han coincidido en resaltar los efectos negativos que
dicha crisis política tiene sobre la vigencia efectiva de los derechos
humanos en el país. En particular, coincidieron el Gobierno y las
organizaciones de la sociedad civil que la falta de independencia e
imparcialidad de las autoridades judiciales se ha visto exacerbada por
las tensiones políticas del país y a la identificación partidaria de la
gran mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta
situación podría afectar el normal desarrollo de los procesos
electorales a celebrarse en el curso del año 2006, a través de la
arbitraria exclusión de candidatos.
En cuanto a Venezuela,
la CIDH recibió información sobre los problemas en la administración de
justicia y el sistema penitenciario y sobre actos de hostigamiento y
persecución contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además,
se analizó la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales de
campesinos venezolanos. Sobre este último tema, la CIDH destaca como
aspecto positivo la información ofrecida por parte del Estado
venezolano, así como los esfuerzos destinados a enfrentar integralmente
este grave problema. Por otra parte, la Comisión Interamericana deplora
la situación crítica de las personas privadas de la libertad.
Igualmente, la CIDH expresa su preocupación por los efectos para el
ejercicio de la libertad de expresión que están produciendo tanto las
reformas a la legislación penal, como la conocida “ley de
responsabilidad social para la radio y la televisión”. Por ultimo, la
Comisión Interamericana reiteró su interés en efectuar una visita de
investigación in loco.
B. Otras
audiencias generales
La Comisión
Interamericana recibió información referente a los derechos humanos en
Chile, en particular sobre la situación de las personas privadas
de la libertad en dicho país. También celebró audiencias sobre la
situación en Brasil, particularmente sobre la vigencia de los derechos
civiles y políticos y sobre violencia e impunidad en los estados de
Ceará y Pará.
La CIDH recibió asimismo información de seguimiento de
las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú
(CVR). La Comisión Interamericana reitera la importancia de que las
mismas sean cumplidas a cabalidad. Asimismo, recibió con interés
información sobre la situación del sistema judicial peruano y de los
esfuerzos del Estado para perseguir penalmente a personas acusadas de
hechos de corrupción.
C.
Audiencias temáticas
El programa desarrollado
por la Comisión Interamericana incluyó varias audiencias sobre temas
específicos correspondientes a su mandato, o para analizar la situación
de los derechos de personas que pertenecen a grupos determinados.
La CIDH fue
informada sobre la situación que afecta a algunos empleados y empleadas
domésticas de funcionarios diplomáticos e internacionales,
particularmente lo relativo a su indefensión jurídica debido a abusos de
la inmunidad que gozan sus empleadores.
La situación de
seguridad ciudadana, así como de abusos policiales continúa siendo una
de las temáticas centrales presentadas a la Comisión Interamericana, y
que permanecen pendientes de solución. En una audiencia muy positiva,
la CIDH recibió un detallado análisis sobre la seguridad ciudadana en
los países de las Américas y una solicitud de elaboración de un informe
especial sobre el tema. La problemática de las maras en Honduras y El
Salvador fue considerada en el curso de sendas audiencias, en las que la
Comisión Interamericana destacó la obligación estatal de respetar los
derechos fundamentales en el marco de la lucha contra la criminalidad.
También se recibió información sobre la impunidad de hechos de tortura
contra afrodescendientes en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
Los derechos de los
pueblos indígenas fueron objeto de audiencia temática en este período de
sesiones. En particular, cabe mencionar en cuanto a Bolivia, que se
recibió información sobre la situación de los miembros de las llamadas
comunidades cautivas, que se encuentran en condiciones comparables a la
esclavitud en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. La
Comisión deplora la permanencia de esta situación e insta al Estado de
Bolivia a tomar acciones inmediatas y contundentes dirigidas a combatir
esta práctica de explotación y procurar que las personas que las
conforman cuenten con documentos de identidad y asistencia estatal a fin
de que puedan ejercer eficazmente sus derechos ciudadanos. Igualmente,
la CIDH realizó audiencias sobre casos individuales de miembros de
pueblos indígenas en Argentina, Colombia, Ecuador y México.
Durante el período de sesiones, la CIDH
recibió información sobre el estado de protección del derecho de las
mujeres a acceder a servicios adecuados de salud y avances sobre la
jurisprudencia internacional en la materia. La CIDH fue informada de
fallas y discriminación en la protección de varios derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, incluyendo el derecho a la maternidad
voluntaria y segura y los derechos de las mujeres embarazadas portadoras
del VIH/SIDA en Chile.
La CIDH celebró una
audiencia sobre la determinación del paradero de niños y niñas
desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador, situación aún
pendiente de resolución. Durante una audiencia relativa al régimen
jurídico sobre castigo corporal a niños y niñas en América Latina, se
solicitó a la CIDH que requiera a la Corte Interamericana una opinión
consultiva en dicha materia. En el transcurso de una audiencia sobre un
caso individual se analizó la situación de los menores condenados a
prisión perpetua en Argentina. También se recibió información referente
a las niñas y niños en situación de calle en Paraguay.
La grave situación en la
que se encuentran las personas privadas de la libertad en las Américas
fue un tema recurrente en varias audiencias sobre la situación general
de los derechos humanos en distintos Estados. También se celebró una
audiencia sobre la situación de las personas privadas de libertad en las
penitenciarías de Mendoza, Argentina.
La Comisión recibió
igualmente información sobre el creciente problema de la trata de
personas en el hemisferio y la falta de legislación adecuada o la
inexistencia de la tipificación de tal delito en la mayoría de los
Estados miembros. En tal sentido, la Comisión urge a los Estados a que
desarrollen, desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos,
políticas integrales y normas dirigidas a prevenir y sancionar la trata
de personas.
Durante el corriente período de sesiones se realizaron audiencias sobre
la situación de la libertad de expresión en Panamá y Venezuela.
Respecto de la situación en Panamá, la CIDH recibió información acerca
de los avances legislativos dados durante el mandato del actual
Presidente de la República, Martín Torrijos. Sin embargo, la CIDH fue
informada sobre decisiones judiciales que son consecuencia de la aún
vigente legislación civil y penal que estaría siendo utilizada con fines
intimidatorios contra periodistas. En cuanto a la situación del derecho
a la libertad de expresión en Venezuela, la CIDH fue informada sobre los
efectos para el ejercicio de la libertad de expresión que están
produciendo tanto las reformas a la legislación penal, como la conocida
“ley de responsabilidad social para la radio y la televisión”.
Asimismo, se
consideró durante las audiencias la situación de las defensoras y
defensores de derechos humanos desde el punto de vista regional y
particular en algunos países. Respecto de la situación en
Centroamérica, la Comisión recibió las conclusiones de la Primera
Consulta Centroamericana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos,
que tuvo lugar el pasado mes de agosto. Las conclusiones de esta
consulta señalan que, en
el último año, las defensoras y defensores han enfrentado un aumento de
la difamación como una forma de intimidación y deslegitimación de su
trabajo, así como un aumento de las amenazas, intimidaciones y
asesinatos de defensoras y defensores en Centroamérica. La Comisión
también recibió información respecto de varios países de la región sobre
los problemas que impiden o afectan los
esfuerzos para defender los derechos humanos, que van desde amenazas y
asesinatos, hasta restricciones indebidas y otras formas de
hostigamiento. Preocupa
a la Comisión el aumento de denuncias respecto de controles financieros
y administrativos abusivos que impiden el libre desarrollo de las
actividades de las defensoras y defensores.
Con relación a la
situación de afrodescendientes, la Comisión recibió en audiencia a la
Ministra Matilde Ribeiro, a cargo de la Secretaría para la Promoción de
la Igualdad Racial de Brasil, quien informó de los importantes esfuerzos
desplegados por su gobierno en materia de acción afirmativa. También
escuchó con preocupación la información relativa a la situación de las
comunidades haitianas y dominico-haitianas en la República Dominicana,
así como la reacción negativa a la sentencia de la Corte Interamericana
en el caso Jean y Bosico. Igualmente recibió testimonios en un caso
sobre la situación de la propiedad tradicional en la comunidad garífuna
en Honduras.
D.
Audiencias sobre casos y
peticiones
· P1231/04
– Internos de la Penitenciaría de Mendoza, Argentina
· P270/02
– Menores condenados a prisión perpetua, Argentina
· Caso
12.094 – Lhaka Honhat, Argentina
· P554/04
– John Doe 1, 2 y 3, Canadá
· Caso
12.433 – Sonia Arce Esparza, Chile
· P866/03
– Wilmar A. Muñoz Muñoz y otras peticiones, Colombia
· Caso
11.999 – Medardo Ducuara Leito, Colombia
· Caso
12.491 – Gustavo Sastoque Alfonso, Colombia
· Caso
12.477 – Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros, Cuba
· Caso
12.465 – Comunidad Indígena de Sarayaku, Ecuador
· Caso
11.481 – Monseñor Romero, El Salvador
· P960/03
– Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, Honduras
· Caso
11.564 – Gilberto Jiménez Hernández y otros (La Grandeza), México
· P703-05
– Mark Teeluck, Trinidad y Tobago
· Seguimiento
del Informe 29/92, Uruguay
· P997/03
– Alicia Barbani Duarte y otros ahorristas del Banco de Montevideo,
Uruguay
· P1109/04
– Jorge, José y Dante Peirano, Uruguay
E.
Audiencias sobre medidas
cautelares
III. REUNIONES DE TRABAJO
Cabe mencionar en
particular la reunión de
trabajo en relación con el caso del atentado contra la AMIA
(Asociación Mutual Israelita Argentina), a
fin de facilitar el proceso de solución amistosa iniciado tras el
reconocimiento de responsabilidad efectuado por parte del Estado durante
el 122º período de sesiones, en marzo del corriente año. En el curso de
dicha reunión, la CIDH recibió información sobre avances importantes,
entre otros, en relación con el anteproyecto de reforma de la Ley de
Inteligencia, y diferentes actuaciones llevadas a cabo con el objeto de
avanzar en la investigación. Los peticionarios destacaron su
preocupación por el transcurso del tiempo desde el atentado en 1994 y
las consecuencias negativas para la investigación y eventual
esclarecimiento de los hechos, en especial tomando en cuenta el plazo de
prescripción que se aplicaría en la jurisdicción interna.
Asimismo, la Comisión Interamericana saluda los
importantes avances en el proceso de búsqueda de una solución amistosa
en el marco de la petición
presentada por Nelson Caravajal Caravajal”. Durante la reunión de
trabajo, los peticionarios (la Sociedad Interamericana de Prensa) y el
Estado colombiano acordaron iniciar el proceso de solución amistosa. La
CIDH ve con beneplácito el acuerdo de ambas partes y se puso a
disposición, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, para dar seguimiento al proceso.
En el mismo sentido, la
Comisión expresa su satisfacción por información sobre el pago de las
pensiones adeudadas y la indemnización por daños morales y materiales a
los jubilados de VIASA, en el marco de un acuerdo suscripto ante la CIDH
entre el Estado y los representantes de la petición 667/01 Jesús Manuel
Naranjo Cárdenas y otros (Jubilados de la Empresa Venezolana de Aviación
VIASA). La Comisión espera que el Estado continúe con los esfuerzos
dirigidos a dar cumplimento pleno a los compromisos asumidos que
incluyen, entre otros aspectos, el reconocimiento de responsabilidad y
la puesta en marcha de un mecanismo de adscripción que permita a las
victimas y sobrevivientes cobrar a futuro sus pensiones jubilatorias.
El Secretario Ejecutivo
Santiago A. Canton participó asimismo en una reunión de trabajo con
defensores de derechos humanos, a la que acudieron varios representantes
de la sociedad civil de las Américas. Los asuntos abordados incluyen
varios problemas que impiden o afectan los esfuerzos para defender los
derechos humanos en la región, que van desde amenazas y asesinatos,
hasta restricciones indebidas y otras formas de hostigamiento.
La Comisión Interamericana
insta a todos los Estados miembros a cumplir de buena fe las
recomendaciones en sus informes sobre casos individuales, conforme a sus
obligaciones internacionales libremente asumidas.
IV. SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES DE LA CIDH
El cabal cumplimiento
de las decisiones de la Comisión Interamericana constituye un elemento
indispensable para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos en
los Estados miembros de la OEA, así como para contribuir al
fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos
humanos. Durante el presente período de sesiones, la Comisión
Interamericana celebró varias audiencias y reuniones de trabajo
referentes al cumplimiento de sus recomendaciones en casos individuales.
En materia de seguimiento
de recomendaciones, cabe mencionar que la CIDH recibió en audiencia
información acerca del Caso 11.481 de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y
Galdamez (El Salvador). En dicha audiencia, la Comisión constató que
siguen pendientes de cumplimiento las recomendaciones sobre la
investigación completa, imparcial y efectiva de los autores materiales e
intelectuales del asesinato de Monseñor Romero. Asimismo, la CIDH
constató que el Estado salvadoreño ha incumplido su obligación de
reparar adecuadamente a las víctimas y de modificar su legislación
interna a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.
Finalmente, la CIDH hizo un llamado a que el Estado desplegara todos los
esfuerzos tendientes a cumplir plenamente con las recomendaciones de
dicho caso.
La Comisión Interamericana
analizó junto al Estado uruguayo y los peticionarios respectivos el
cumplimiento de las recomendaciones de su Informe No. 29/92 relativo a
la Ley de Caducidad de la pretensión Punitiva de dicho país. La CIDH
fue informada sobre diferentes iniciativas del Gobierno del Presidente
Tabaré Vásquez en materia de búsqueda de personas desaparecidas en
Uruguay durante la dictadura militar. Por su parte, los peticionarios
aludieron a la situación de impunidad en que se encuentran graves casos
de violaciones de derechos humanos cometidas durante dicha época, debido
a que el Estado no ha dejado sin efecto la Ley de Caducidad tal como lo
recomendara la Comisión Interamericana en su informe citado.
Asimismo, la CIDH convocó
al Estado mexicano a dos reuniones de trabajo referentes al seguimiento
de sus recomendaciones en el informe No. 53/01 sobre el Caso 11.565 –
Hermanas González Pérez; y en el Informe 43/96 sobre el Caso 11.430 -
Gral. Gallardo. En la reunión respecto al Informe 53/01 la Comisión
Interamericana verificó en presencia de las partes que siguen pendientes
de cumplimiento las recomendaciones sobre la investigación completa,
imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para
determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de
derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y
Delia Pérez de González, así como las correspondientes reparaciones. En
cuanto al caso del General Gallardo, la CIDH lamenta que el Estado
mexicano decidiera no comparecer, a pesar de haber sido notificado
debidamente, ya que siguen igualmente pendientes de cumplimiento las
recomendaciones sobre la sanción a los responsables y la justa
indemnización a la víctima.
V. RELATORÍAS
El Relator para
afrodescendientes realizó una visita de trabajo a Brasil.
La visita se hizo en respuesta a una
invitación oficial del Gobierno de la República Federativa de Brasil. En
el transcurso de la visita, el Relator Especial participó en la Primera
Conferencia Nacional de Promoción de la Igualdad Racial y se reunió con
autoridades y con diferentes sectores de la sociedad civil,
particularmente con el Movimiento Social Negro Brasileño. El Relator
Especial estuvo en la capital brasileña, en Salvador y en São Paulo.
En dicho viaje, el Comisionado Roberts fue
informado acerca de los profundos cambios que el Gobierno del Presidente
Luiz Inacio Da Silva está realizando en materia de promoción de la
igualdad racial. El Relator tuvo la oportunidad de expresar a las
autoridades brasileñas su gratitud por el decidido apoyo que ha venido
brindando a la Relatoría, en particular en la persona de la Secretaria
Matilde Ribeiro. En el mes de agosto de 2005, el Relator participó en
San José de Costa Rica en la creación del Parlamento Negro de las
Américas. Durante el presente período de sesiones, el Relator especial
realizó una presentación ante el Grupo de Trabajo de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA encargado
de la redacción de una nueva Convención Interamericana contra la
Discriminación Racial. En su presentación, el Comisionado Roberts
resaltó la importancia que tal Convención tendrá para una lucha más
efectiva contra la discriminación en el hemisferio. La Relatoría actúa
como asesora técnica de dicho Grupo de Trabajo. También durante el
período de sesiones, el Relator realizó una presentación a la Consulta
Interagencial sobre Raza en América Latina, que congrega además de la
CIDH, al Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento de Desarrollo
Internacional del Gobierno de Inglaterra, la Organización Panamericana
de Salud, la Fundación Ford, la Fundación Interamericana, y el Diálogo
Interamericano que sirve como la secretaría de la IAC.
En la fecha, la Comisión anunció la convocatoria a una beca destinada a
un abogado o abogada afrodescendiente con el objeto de trabajar durante
un año en la Relatoría.
B. Mujeres
C. Pueblos
indígenas
La Relatoría de
derechos de los pueblos
indígenas ha continuado colaborando en la tramitación de las peticiones
sobre derechos de los pueblos indígenas, ha participado en las visitas
realizadas a Guatemala, Colombia y México y ha continuando asesorando al
Presidente del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Proyecto
de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Al
respecto, la Comisión Interamericana reitera su reconocimiento al
esfuerzo realizado por los Estados miembros de la OEA y los
representantes de los pueblos indígenas del continente, en el proceso de
negociación del proyecto y celebra los logros alcanzados. Asimismo, la
CIDH insta a la adopción de la declaración, porque un instrumento de tal
envergadura enriquecerá la normativa interamericana de derechos humanos
y el propio sistema regional de protección y contribuirá a fortalecer
las democracias en nuestros países. Finalmente, es importante destacar
que en materia de derechos de los pueblos indígenas, el sistema
interamericano de derechos humanos en los últimos años ha venido
desarrollando una línea de jurisprudencia progresiva a través de sus
decisiones, dando forma a diversos derechos colectivos de los pueblos
indígenas y estableciendo formas especiales de reparación en casos donde
la víctima es un pueblo indígena.
D. Niños
La Relatoría para la Niñez participó
activamente en las diversas audiencias relacionadas con derechos de los
niños que se celebraron en el presente periodo de sesiones. En la
audiencia sobre castigo corporal a niños y niñas, el Relator de la Niñez
recibió con interés la sugerencia de los peticionarios respecto a que la
CIDH considere la posibilidad de solicitar a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la materia. En el
presente periodo de sesiones el Relator de la Niñez informó a la CIDH
sobre la visita que efectuará próximamente con UNICEF a Haití, y
mencionó igualmente posibles visitas a República Dominicana y a Paraguay
en breve plazo.
E. Trabajadores
migratorios y miembros de sus familias
La Relatoría
siguió observando los desarrollos políticos y económicos, así como los
desastres naturales que tuvieron repercusiones en materia migratoria en
la región. Como lo venía realizando el año anterior, la Relatoría
continuó participando en la discusión y elaboración del Programa
Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de
los Migrantes, en el ámbito del Grupo de Trabajo creado por el Comité de
Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA. La
Relatoría prestó asesoría técnica en materia de derechos humanos al
proceso de negociación del Programa. Asimismo, durante el año la
Comisión ha venido recibiendo preocupante información sobre el creciente
problema de la trata de personas en el hemisferio y la falta de
legislación adecuada o la inexistencia de la tipificación de tal delito
en la mayoría de los Estados miembros. En tal sentido, la Comisión urge
a los Estados a que desarrollen, desde una perspectiva respetuosa de los
derechos humanos, políticas integrales y normas dirigidas a prevenir y
sancionar la trata de personas.
F. Personas
privadas de libertad
Desde el anterior
período de sesiones, el Relator Especial sobre Derechos de las Personas
Privadas de la Libertad realizó diversas actividades de promoción,
observación y asesoramiento. En ejercicio de sus funciones de
promoción, el Comisionado Relator Florentín Meléndez participó en el
seminario organizado por la Asociación para la Prevención de la Tortura
(APT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la
Comisión Teotônio Vilela
sobre “El Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura: Implementación en Brasil y otros Estados
Federales y Descentralizados”, que tuvo lugar
del 22 al 24 de junio de 2005 en Sao Pablo, Brasil. Asimismo, junto con
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la
Argentina auspició y participó en las
“Jornadas sobre las Buenas Prácticas en Justicia Penal Juvenil”,
celebradas en el mes de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. En ese
mismo mes, participó en el seminario “Construyendo la Justicia
Restaurativa en América Latina”, que se llevó a cabo en San José, Costa
Rica, con el auspicio del Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y
el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y la Confraternidad Carcelaria
Internacional. Por otra parte,
el Relator Especial preparó un proyecto de
Declaración de Principios sobre el Tratamiento de las Personas Privadas
de la Libertad en las Américas, que fue sometido a la consideración de
la CIDH durante su 123º período de sesiones. En el proceso de
preparación contó con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la
CIDH. En cuanto a sus actividades de observación, el Relator Meléndez
realizó una visita al Centro de Internamiento de Menores Infractores de
la Ley “Tatuapé”, Sao Pablo, Brasil, el 23 de junio de 2005 y rindió un
informe dentro del trámite medidas cautelares otorgadas por la CIDH en
beneficio de los jóvenes detenidos en dicho complejo carcelario.
Finalmente, como una actividad de asesoramiento,
es de destacar el documento sobre “Comentarios
y sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al
anteproyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional de Honduras”,
preparado por el Relator Meléndez a solicitud del Gobierno de dicho
país. Los comentarios y sugerencias fueron remitidos al Gobierno en nota
del 1 de junio de 2005 para ser utilizados en el proceso de discusión
legislativa en la República de Honduras.
G. Libertad de expresión
La Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión, a cargo del Dr. Eduardo Bertoni, es una
oficina de carácter permanente, con independencia funcional y
presupuesto propio, creada por la CIDH y que opera dentro del marco
jurídico de ésta. Durante el corriente período de sesiones el Relator
informó a la CIDH sobre cuestiones inherentes a su mandato, destacando
los progresos en la derogación de las leyes de desacato en algunos
países, los avances respecto al acceso a la información pública, y su
preocupación por la persistencia de actos de violencia contra
periodistas especialmente en Brasil, Colombia, Haití y México. Por otro
lado, la Relatoría realizó una intensa actividad de promoción desde el
anterior período ordinario de sesiones de la CIDH, participando en
eventos en Belice, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.
Asimismo, la Relatoría organizó durante el mes de agosto en un seminario
destinado a periodistas de la Región del Caribe; el evento se realizó en
Antigua & Barbuda y está enmarcado dentro de un proyecto para promover
los estándares del sistema interamericano en esa región de las Américas.
Dentro del marco del mismo proyecto la Relatoría otorgó, luego de un
concurso, dos becas a periodistas del Caribe, quienes desarrollaran
tareas en la oficina durante dos meses. Finalmente, la Relatoría realizó
una visita in loco a Colombia entre el 25 y el 29 de abril. El
resultado de esa visita se publicó en septiembre en el informe
“Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado en Colombia” (OEA/Ser.L/V/II
Doc.51).
H. Defensores
de derechos humanos
El trabajo que
realizan las defensoras y defensores es fundamental para asegurar el
pleno reconocimiento de los derechos básicos de cada persona. Durante
este período de sesiones, la Comisión Interamericana se reunió con
representantes de distintas organizaciones que suministraron información
sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el
hemisferio. Igualmente, la Unidad de Defensores de Derechos Humanos
sostuvo reuniones informales con representantes de organizaciones de la
mayor parte de los países del hemisferio, en las que recibió información
actualizada acerca de la situación de las defensoras y defensores. En
particular, la Comisión Interamericana recibió información sobre
acciones que impiden o dificultan su trabajo y, en algunos casos,
aumenta el riesgo del que ya son víctimas, como el aumento de discursos
públicos de descrédito a la labor que realizan. Además, la CIDH recibió
información sobre restricciones a las labores de las defensoras y
defensores a través de la creación de normas que restringen --y en
algunos casos penalizan-- el financiamiento de las organizaciones con
fondos internacionales. Asimismo, la Comisión recibió denuncias de
varios países en los que distintas defensoras y defensores han sido
objeto de señalamientos públicos, seguidos de amenazas, por su
participación en sesiones y audiencias ante los órganos de protección
del sistema interamericano. La Comisión urge a los Estados para que, en
cumplimiento de la Resolución
AG/RES. 2067 (XXXV-O/05)
aprobada por la Asamblea General el 7 de junio de 2005, apoyen
la labor desarrollada por las defensoras y
defensores de derechos humanos y que reconozcan la valiosa contribución
de éstos en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y
libertades fundamentales.
VI. TRABAJO ANTE
LA CORTE INTERAMERICANA
La
Comisión consideró el estado general de los casos que litiga ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual éste órgano tiene
el mandato convencional de intervenir en todos los casos y asuntos. La
CIDH también discutió algunos temas de carácter general con respecto a
aspectos procesales y analizó los avances en la jurisprudencia de la
Corte Interamericana. En la actualidad, se hallan en trámite 19 casos
ante la Corte Interamericana, mientras que 56 casos están en etapa de
supervisión de cumplimiento. Asimismo, se hallan en trámite ante la
Corte 35 medidas provisionales respecto a varios países.
A. Casos contenciosos
Desde el anterior período ordinario de sesiones de la Comisión
Interamericana, se han sometido cuatro nuevos casos a la jurisdicción
contenciosa de la Corte:
- Gerardo Vargas Areco (Paraguay)
- Goiburú, Mancuello y Villalba (Paraguay)
- Claude Reyes y otros (Chile)
- Almonacid Arellano (Chile)
B. Sesiones de la Corte
Durante la XXVI sesión extraordinaria de la Corte, celebrada
en mayo de 2005 en Asunción, Paraguay, la Comisión Interamericana
compareció a la audiencia de testimonios y pericias en el caso Palamara
Iribarne contra Chile, y presentó sus argumentos orales finales en el
caso; lo mismo respecto del caso García Asto y Ramírez Rojas contra Perú.
En la misma sesión, la Comisión compareció ante la Corte para presentar
sus observaciones y posición respecto de las medidas provisionales que
están en vigor respecto de dos centros de reclusión penal en Mendoza,
Argentina; y respecto del pueblo indígena Sarayaku, en Ecuador.
En junio de 2005, durante el LXVII Período Ordinario de
Sesiones de la Corte, la Comisión Interamericana compareció a la
audiencia de fondo y reparaciones del caso Blanco Romero y otros
(Desaparecidos de Vargas contra Venezuela), para la cual también ofreció
testigos y peritos. El día siguiente la Comisión presentó su prueba y
alegatos en el caso López Álvarez contra Honduras y, al término de dicha
audiencia, compareció también ante el Tribunal a presentar su posición
respecto de las medidas provisionales que han sido adoptadas por la
Corte, a solicitud de la Comisión, en el caso de Eloísa Barrios y otros,
respecto de Venezuela.
En septiembre de 2005, durante el LXVIII Período Ordinario
de Sesiones de la Corte, la Comisión Interamericana presentó testigos y
peritos, e interrogó a los presentados por otras partes, en los casos
Pueblo Bello (Colombia); SITRAMUN (Perú); y La Granja y El Aro
(Colombia). En todos ellos, al término de la recepción de prueba, la
Comisión presentó sus argumentos finales orales ante el Tribunal, y
absolvió las consultas de los miembros de la Corte.
VII. TALLER SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
En
cumplimiento del mandato expresado en la Resolución
AG/RES. 2074 (XXXV-O/05)
de la Asamblea General, la Comisión Interamericana
prosiguió su reflexión acerca de las mejores estrategias para el trabajo
efectivo en la protección de los derechos económicos, sociales y
culturales. Con tal motivo, desarrolló en el marco de las sesiones un
taller sobre la materia, al que acudieron expertos internacionales,
representantes de Estados miembros de la OEA que participan del Grupo de
Trabajo encargado de redactar una propuesta de Carta Social de las
Américas, y representantes de la sociedad civil.
El panel de expertos incluyó a
Philippe Texier, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas; Roberto Cuéllar, Director del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos; y Audrey Chapman, Directora del
Programa de Derechos Humanos de la American Association for the
Advancement of Science. Debe destacarse en especial la
participación activa en dicho taller de los Comisionados electos Víctor
Abramovich y Paolo Carozza.
VIII. CURSO REGIONAL
SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
Como parte de sus funciones de
promoción de los derechos humanos, la CIDH decidió auspiciar junto con
el Servicio Internacional de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho
de American University (Washington College of Law) un curso de
capacitación para integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
En el curso participaron 16 defensores de derechos humanos de 10 Estados
miembros de la OEA. Dicho curso representa una continuación del que fue
realizado en marzo de 2005 en conjunto con la Corte Interamericana y el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
IX. SITUACIÓN FINANCIERA
La Comisión
Interamericana sigue afectada adversamente por la severa crisis
financiera de la OEA. El problema fundamental que enfrenta la CIDH es
el de insuficiencia de recursos humanos y presupuestarios, que se
agudiza ante el creciente aumento de peticiones y mandatos adicionales.
Nuevamente este año,
la CIDH se vio en la situación de no contar con fondos suficientes para
celebrar su segundo período de sesiones. Con tal motivo, debió
solicitar a los órganos políticos de la OEA, por intermedio de la
Secretaría General, una asignación extraordinaria de recursos, que fue
decidida a último momento. La Comisión Interamericana es plenamente
consciente de la crisis financiera que atraviesa la OEA. Sin embargo,
el porcentaje del presupuesto regular de la Organización asignado a la
CIDH es de 3.8%. Los
montos previstos en el programa-presupuesto anual de la Organización no
corresponden a las necesidades reales de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Ante esta
situación, la Comisión Interamericana apeló a una solución pronta a la
situación insostenible que la afecta.
En este
contexto, la Comisión Interamericana destaca y agradece nuevamente los
importantes aportes financieros efectuado por los gobiernos de
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos,
Finlandia, Italia, México y Suecia; igualmente, los recursos aportados
por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, la
Fundación Ford, la Fundación Mc Cormick y la Universidad de Notre Dame.
Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del
sistema interamericano de derechos humanos en el hemisferio americano.
Washington, D.C., 28 de
octubre de 2005
El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a
todas las personas que concurran a una audiencia o que durante
ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o
pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar
a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra
ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o
dictámenes rendidos ante la Comisión.
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