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COMUNICADO DE PRENSA
Nº 16/05
CIDH PIDE MAYOR ACCION INTERNACIONAL EN haití
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concluido una visita a la República de Haití por invitación del Gobierno de ese país. Esta visita fue realizada entre el 18 y el 22 de abril de 2005. La delegación estuvo integrada por el Presidente de la Comisión y Relator para Haití Clare K. Roberts, los abogados de la Comisión Ismene Zarifis y Brian Tittemore y la becaria Rómulo Gallegos Ourania Georgoulas, y contó con la asistencia en parte de su visita del Miembro Asociado del personal de la OEA y Profesor de Derecho de la Universidad de Quebec en Montreal Bernard Duhaime.
El objetivo de la visita de la Comisión, la primera de 2005, era obtener información general sobre la situación actual de derechos humanos en Haití, en particular, teniendo en cuenta las elecciones fijadas para fines de este año, y continuar la labor anterior de la Comisión en el país sobre la cuestión de la administración de justicia. En base a la información recogida, la Comisión considera que existe una necesidad urgente de mayor acción de parte de la comunidad internacional y los correspondientes esfuerzos del gobierno de Haití para abordar los problemas más acuciantes de la inseguridad, las carencias del sistema judicial y las deficiencias fundamentales de la atención de la salud, el empleo y la educación. Al mismo tiempo, debe establecerse un cimiento para las iniciativas a más largo plazo que emprenda el nuevo gobierno que asuma a comienzos de 2006 en estas áreas.
Durante la visita, la Comisión se reunió con representantes del Gobierno haitiano y miembros de la sociedad civil, así como con representantes de las organizaciones internacionales. La Comisión se reunió con el Presidente de la República, Sr. Boniface Alexander, el Primer Ministro, Sr. Gérard Latortue, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Hérard Abraham, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sr. Bernard Gousse, el Ministro del Interior, Colectividades Territoriales y Seguridad Nacional, Sr. Georges Moise, el Presidente y los Magistrados de la Suprema Corte de Haití, el Vicepresidente y los Magistrados de la Corte de Apelaciones de Haití, el Presidente y Secretario del Tribunal de Primera Instancia de Haití y el Procurador General de Port-au-Prince. La Comisión se reunió también con el Inspector General de la Policía Nacional de Haití, Sr. Franz Jean François, el Jefe de Gabinete del Director General de la Policía Nacional de Haití, Sr. Max Jacques Louis y el Defensor del Pueblo de Haití, Sr. Necker Dessables, así como con representantes del Consejo Electoral Provisional y del Consejo de Personas Eminentes. Además, la Comisión mantuvo conversaciones con representantes de distintos sectores de la sociedad civil, incluida una amplia gama de organizaciones no gubernamentales nacionales, organizaciones de mujeres y la asociación de magistrados, y representantes de asociaciones no gubernamentales internacionales, como el International Crisis Group y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Además, la Comisión se reunió con personal de la Misión Especial de la OEA en Haití, con el Jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), Embajador Juan Gabriel Valdés, y otros funcionarios de la MINUSTAH, incluidos representantes de su sección de derechos humanos. Asimismo, la delegación de la Comisión visitó la Penitenciaría nacional de Port-au-Prince.
Al comienzo de la visita, la Comisión realizó un seminario de capacitación en el sistema interamericano de derechos humanos, con funcionarios de varios ministerios y organismos gubernamentales y, con el apoyo del Primer Ministro y el Ministro de Relaciones Exteriores, se sentaron las bases para el establecimiento de un grupo de trabajo interministerial que coordinará las responsabilidades internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Como complemento de esta iniciativa, el gobierno expresó su compromiso de ratificar los tratados pendientes del sistema interamericano de derechos humanos, medida que ayudará más a consolidar la protección de los derechos humanos y el régimen de derecho en Haití.
La preocupación principal de la Comisión al concluir esta visita se relaciona con la falta de control de la seguridad del país, que se ha deteriorado notoriamente desde la última visita de la Comisión, en septiembre de 2004. Antes de la visita y durante la misma, la Comisión recabó información que indica que miles de armas siguen en manos de grupos y pandillas armadas ilegales, y de otras personas no autorizadas. La Comisión comprobó que aún no se ha emprendido ninguna iniciativa sistemática o amplia de desarme, por lo cual exhorta a la rápida implementación del programa de desarme, desmovilización y reinserción. Al mismo tiempo, la Fuerza Policial haitiana sigue gravemente mal dotada y sin capacitación suficiente para cumplir su función de brindar una seguridad efectiva. Por ejemplo, los cálculos del número total de policías en el país siguen entre 3.000 y 5.000 para una población total de ocho millones, y la fuerza policial carece de equipo esencial suficiente como vehículos y armas. En gran parte como consecuencia de esta delicada situación, se estima que, desde el 30 de septiembre de 2004, fueron muertas más de 600 personas, incluidos 19 funcionarios policiales. Los secuestros de personas y automóviles y otros episodios de violencia son comunes, en particular en la capital Port-au-Prince, y se han denunciado incidentes de ejecuciones arbitrarias por la policía. Aunque el esfuerzo cooperativo de MINUSTAH y la policía han logrado algunos resultados contra los grupos armados en los meses recientes, sigue siendo evidente que estos esfuerzos no bastan y que deben acelerarse y ampliarse. La Comisión subraya la obligación del Estado de garantizar la seguridad de su población y su derecho a la protección judicial. La Comisión exhorta al Gobierno de Haití a que, en colaboración con la comunidad internacional, adopte las medidas urgentes necesarias para garantizar la seguridad del pueblo haitiano.
La situación de seguridad también exacerbó los problemas de la administración de justicia. La proliferación de la violencia ha recargado la labor de la policía, los jueces carecen de la protección necesaria para desempeñar sus funciones sin temor a amenazas contra su integridad física, y las sedes judiciales en algunas zonas precarias se han visto obligadas a cerrar sus puertas. Asimismo, dos disturbios en la Penitenciaría Nacional del país en diciembre de 2004 y febrero de 2005 dieron lugar a la fuga de unos 491 reclusos, que en su mayoría permanecen prófugos. El antiguo problema de la prolongada detención de personas sin cargos y sin juicio sigue siendo un problema grave. De acuerdo con un informe de noviembre de 2004 preparado por la Oficina de la Defensoría del Pueblo, un promedio de 90% de las personas detenidas en los diez departamentos geográficos del país no han sido juzgadas ni condenadas. Por ejemplo, la Comisión visitó la Penitenciaría Nacional y descubrió que, de los 1.054 reclusos, sólo nueve habían sido condenados de algún delito. Durante su visita, la Comisión fue informada de que se habían hecho algunos esfuerzos por abordar este problema, como la fijación de audiencias vespertinas adicionales ante los jueces en los casos penales. Al mismo tiempo, es evidente la necesidad de medidas más inmediatas y firmes para enfrentar esta crisis, al igual que son necesarios mayores recursos y otro tipo de asistencia de parte de la comunidad internacional. A este respecto, la Comisión subraya la obligación del Estado de garantizar el derecho de todas las personas de su jurisdicción al debido proceso, lo que incluye el derecho a conocer los cargos que se les imputan y a ser juzgadas dentro de un plazo razonable. El Estado también tiene obligación de poner fin a la impunidad de los abusos de los derechos humanos a través de procedimientos demostrablemente justos y efectivos que se conformen con las normas internacionales. La Comisión, por tanto, exhorta al gobierno a que, en cooperación con la comunidad internacional, adopte las medidas urgentes necesarias para revisar y aclarar la condición legal de todas las personas detenidas, de modo de garantizar su derecho al debido proceso, de acuerdo con el derecho interno e internacional.
La violencia en Haití sigue teniendo graves efectos en la población local y ha deteriorado aún más la situación desesperada de las mujeres y los niños del país. Según miembros de la sociedad civil, las mujeres y niñas siguen siendo víctimas de violencia sexual de parte de miembros de grupos y pandillas armadas y otros, con impunidad. Las mujeres detenidas están por períodos prolongados en condiciones inhumanas. Si bien la Comisión celebra la información que indica que se ha aprobado una ley que tipifica el delito de violación, subraya también la necesidad de hacer cumplir esta ley mediante una investigación, un procesamiento y un castigo efectivos. La delicada situación de seguridad sigue planteando peligros para los defensores de los derechos humanos, los miembros de los medios de comunicación y otros que participan en la tarea de garantizar el respeto por los derechos fundamentales y la gobernabilidad democrática. En los últimos meses, la Comisión recibió numerosas denuncias de amenazas y ataques contra miembros de organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicación, incluido el asesinato de periodistas. Al respecto, la Comisión reitera la necesidad de que el Estado adopte medidas concretas para evitar un comportamiento de esta naturaleza, incluyendo una investigación y un procesamiento efectivos de las denuncias de tales actos.
También preocupan a la Comisión las amenazas que la violencia generalizada del país plantea a las elecciones fijadas para octubre y noviembre de este año. Es esencial un ambiente seguro para el debate político, la campaña y la votación a fin de tener unas elecciones libres e imparciales. Por tanto, deben tomarse medidas urgentes para eliminar la violencia y asegurar que los arreglos para las elecciones procedan en forma expedita, incluido el complejo proceso de inscripción y facilitando otros preparativos del Consejo Electoral Provisional. A este respecto, la Comisión se sintió complacida al enterarse de la creación de una tarjeta nacional de identidad que no sólo permitirá que los haitianos voten, sino que también les proporcionará una identificación para otros fines pertinentes, dando así efecto al derecho de todas las personas a una identidad. Asimismo, la Comisión espera que el proceso de Diálogo Nacional, que empezó hace unas dos semanas, logre movilizar a todos los haitianos, inclusive a sus diversos grupos políticos, dejando de lado el enfrentamiento y avanzando a la reconciliación, lo cual es esencial para la prosperidad futura del país.
Por último, la Comisión subraya que el respeto por los derechos civiles y políticos fundamentales del pueblo haitiano no podrá lograrse plenamente sin los correspondientes esfuerzos por abordar los graves problemas sociales y económicos del país, incluidos la pobreza, la falta de acceso a una adecuada atención de la salud, el desempleo y el analfabetismo. A este respecto, la información recibida por la Comisión indica que más del 80% de los habitantes de Haití viven bajo la línea de pobreza y más de dos tercios de la fuerza de trabajo carece de un empleo formal. Las condiciones de la salud son deficientes y sólo el 53% de la población se considera alfabetizada. El Primer Ministro informó a la Comisión que, pese a esta situación desesperada, sólo el 10% de los cerca de US$1.400 millones prometidos por los donantes en 2004 fue efectivamente desembolsado. En este contexto, la comunidad internacional, incluidos los Estados miembros de la OEA, con la colaboración del Gobierno haitiano, deben hacer todo lo posible por asegurar el desembolso y distribución urgente de todos los fondos y demás recursos prometidos a Haití. Con el desembolso de los fondos prometidos, podrán emprenderse las funciones más inmediatas del Estado, como la educación, la atención de la salud y la creación de empleo, así como atenderse los aspectos de seguridad y del debido funcionamiento de la policía y la justicia. Haití debe contar con la capacidad de asegurar su estabilidad y prosperidad a largo plazo.
A este comunicado de prensa seguirá un informe preliminar de las conclusiones de la Comisión, que será difundido poco después del regreso de la delegación a Washington.
La Comisión desea expresar su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Haití por la cooperación, las instalaciones y la hospitalidad brindados en el curso de su visita, a la Misión Especial de la OEA por su asistencia crucial en la organización y realización de la visita, a la MINUSTAH, por su apoyo de seguridad, y a las organizaciones no gubernamentales, las instituciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales pertinentes por su valiosa participación en las actividades de la Comisión.
Port-au-Prince, Haití, 22 de abril de 2005 |
