LA RELATORA ESPECIAL DE LA CIDH EVALUA LA VIGENCIA DEL DERECHO

DE LA MUJER GUATEMALTECA A VIVIR LIBRE DE

LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN

          1.       La Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Doctora Susana Villarán, culminó hoy una visita a la República de Guatemala.  La visita se realizó entre el 12 al 18 de septiembre de 2004 a invitación del Gobierno del Presidente Oscar Berger y a pedido de representantes de la sociedad civil preocupadas por la situación de los  asesinatos y de otras formas de violencia padecidas por la mujer guatemalteca.   La Relatora sostuvo reuniones con las más altas autoridades del Estado de Guatemala, así como con víctimas, familiares de víctimas, académicas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos de la mujer en Ciudad de Guatemala, Escuintla, Villanueva, Palín y Santa Cruz del Quiché.  Además, con la colaboración de la Defensoría de la Mujer Indígena, las Relatorías sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre los Derechos de la Mujer de la CIDH realizaron un taller sobre el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos con la participación de 40 mujeres indígenas.

          2.       La visita ha tenido lugar en el año en que se conmemora los 10 años de la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), en la que se consagra el derecho de la mujer a vivir libre de violencia y de discriminación, así como de acceder a una justicia eficaz para proteger estos derechos. Cabe recordar que  el Estado de Guatemala suscribió y ratificó este instrumento, el 4 de abril de 1995.

3.       El objetivo de la visita de la Relatoría sobre los Derechos de a Mujer de la CIDH fue investigar y obtener información calificada sobre la situación de discriminación y de violencia contra la mujer, evaluar la eficacia de las políticas e instituciones de prevención, así como los obstáculos para que las víctimas y sus familiares accedan a la justicia. Así mismo, al ser Guatemala un Estado multiétnico y multicultural, conocer, la situación de los derechos de la mujer indígena.  La CIDH agradece el alto grado de colaboración que ha recibido durante esta visita, tanto por parte del Gobierno y los poderes del Estado de Guatemala, como por parte de organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad académica, y de organismos internacionales lo que constituye una muestra de voluntad de encontrar soluciones a los graves problemas de la discriminación y la violencia contra la mujer. La Relatora Especial desea destacar la apertura que encontró en los representantes del Estado con quienes se entrevistó, y la transparencia y agilidad con la que se  brindó la información requerida por la delegación de la CIDH.  Desea igualmente, realzar la cooperación que recibió por parte de las mujeres guatemaltecas quienes juegan un rol vital en la definición de las estrategias y acciones para promover y proteger sus derechos fundamentales. Particularmente, la Relatora desea destacar la dignidad, confianza y coraje con los que las víctimas y sus familiares le hicieron entrega de sus  dolorosos testimonios.

•         Violencia y discriminación

5.       En primer lugar, es necesario destacar que la violencia contra la mujer es un problema de derechos humanos que afecta no sólo a la mujer, sino también  a sus hijos e hijas, a su familia y a la sociedad en su conjunto.  Como lo expresa la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la violencia contra la mujer es una expresión de discriminación y tiene sus raíces en las “relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.  La violencia y la discriminación contra la mujer guatemalteca, como en otros países, son problemas graves de derechos humanos y de salud pública que siguen siendo, desafortunadamente, ignorados e invisibilizados. 

•        Compromisos pendientes

6.       La violencia contra la mujer guatemalteca hoy en día tiene sus raíces también en la situación de violencia, discriminación y exclusión que convulsionó al país durante los 36 años del conflicto interno.  Los acuerdos de paz contienen una serie de compromisos importantes para combatir y superar estos obstáculos al goce de los derechos humanos y específicamente a los derechos de la mujer.  Varios de estos compromisos siguen pendientes, y es necesario cumplirlos, entre ellos, la tipificación del delito de acoso sexual como delito de acción pública, la revisión de la legislación civil y penal para eliminar todas las formas de discriminación por razones de género, la participación en condiciones de igualdad en la toma de decisiones, igual acceso a la educación, así como obligaciones en materia de prestaciones de salud, entre otros.

•          Formas de violencia

7.       Con respecto a las formas de violencia bajo análisis, durante esta visita las autoridades estatales confirmaron que desde 2001 hasta hoy se han registrado 1,188 asesinatos de mujeres.  Para el año 2004 específicamente, desde enero hasta la fecha se han registrado 352 casos de mujeres asesinadas en el país.  Varias fuentes afirmaron que la situación de los asesinatos y homicidios de mujeres refleja un aumento no sólo en términos numéricos, sino un agravamiento en el grado de violencia y ensañamiento ejercidos contra los cuerpos de muchas de las víctimas.  En este sentido, la Relatora recibió informes consistentes sobre asesinatos “ejemplificadores”, en los cuales los abusos reflejados en la condición del cuerpo de la víctima y el lugar en los que fueron dejados los cadáveres,  persiguen el objetivo  de enviar un mensaje de terror e intimidación.
 

•         Violencia contra la mujer como problema de seguridad ciudadana

8.       La Relatora Especial tiene muy presente que en años recientes se ha presentado un aumento no sólo en el número de asesinatos de mujeres, sino de hombres y niños, y que existe una gran preocupación a nivel nacional por el aumento de la criminalidad, existiendo una preocupante percepción de inseguridad en el conjunto de la sociedad guatemalteca.  Esta es una realidad que inquieta a la CIDH, tal como lo expresara en el capítulo sobre esta materia en el Informe “Guatemala, justicia e inclusión social, los desafíos de la democracia en Guatemala”, entregado al Presidente Berger el 22 de marzo de este año. Sin embargo, la Relatora ha observado que las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana no toman en cuenta las necesidades específicas de la mujer.  La violencia intrafamiliar y doméstica afecta particularmente a la mujer pero no están tomado en cuenta como un problema de seguridad ciudadana.   Además, se puede ver la invisibilización de violencia contra la mujer en la ausencia de estudios o estadísticas sobre la prevalencia de violencia intrafamiliar o doméstica, así como la poca información que existe sobre la prevalencia de delitos sexuales que afectan principalmente a la mujer.  

•         Más allá de las estadísticas

10.     La Relatora recibió también información y testimonios sobre otras formas de violencia que afectan a la mujer, tales como violencia intrafamiliar y doméstica, violación sexual, acoso sexual y rapto, entre otras.  De acuerdo con las estadísticas ingresadas a los órganos jurisdiccionales del ramo penal sobre los delitos cometidos contra la mujer, entre enero y junio de 2004, se reportan 2,771, de los cuales, 1,559 son violaciones sexuales. 

11.     En la búsqueda de soluciones para el problema de los asesinatos de mujeres, es necesario tomar plenamente en cuenta la interrelación entre las diferentes formas de violencia.  Más específicamente, muchos cadáveres muestran señales de violencia sexual, y en un número significante de los homicidios, la víctima había sido sujeta a violencia intrafamiliar. De acuerdo con los datos brindados por las autoridades, de los 152 casos a cargo de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, el 28% de las víctimas habían sido agredidas sexualmente y en un 31% de los casos habían sido previamente amenazadas. El asesinato de la mujer a consecuencia de estas formas de violencia por razones de género es una expresión máxima de discriminación.

•         Obligaciones del Estado y avances normativos e institucionales

12.     Guatemala está obligado a aplicar la debida diligencia para prevenir la violencia contra la mujer, y enjuiciar y sancionar a quienes perpetran actos de esta naturaleza; así como a adoptar medidas para erradicar tal violencia en su sociedad.  Las normas nacionales y regionales brindan garantías fundamentales contra la violencia y la discriminación por razones de género.  En especial, la Convención de Belém do Pará establece que “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.  La violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tiene lugar en la casa, y en la comunidad y que es perpetrado o tolerado por el Estado.  Asimismo, dicha Convención reconoce que la mujer tiene el derecho a ejercer todos los derechos fundamentales, y  establece obligaciones para el Estado, principalmente le exige actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

          13.     Tras la firma de los acuerdos de paz, y la ratificación de la Convención de Belém do Pará, el Estado Guatemalteco ha adoptado pasos importantes para mejorar el marco normativo e institucional encaminado a superar formas históricas de discriminación y violencia contra la mujer.  Estas significativas iniciativas incluyen, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, así como su Reglamento; y la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. Igualmente, dentro de las políticas de Estado,  caben destacar, la Política Nacional de Promoción de Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas, el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006 y el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (PLANOVI 2004-2014) . La creación de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), la  Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), la Secretaría Presidencial  de la Mujer ( SEPREM), la Secretaría de Obras Sociales de la Primera Dama (SOSEP), las Oficinas de Equidad de Género y de Atención a la Víctima, y la Sección de Homicidios de Mujeres de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía de la Mujer y la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, entre otros, son avances institucionales que merecen destacarse. Sin embargo, se ha constatado que estas instituciones tienen escasos recursos presupuestales para llevar adelante su misión y que no existe la necesaria coordinación interinstitucional.

•            La situación  de la mujer indígena

14.     Guatemala es un país multicultural donde la mayoría de sus habitantes son miembros de pueblos indígenas. Las políticas de Estado dirigidas a las mujeres deben considerar medidas específicamente destinadas a las mujeres indígenas, respetando su identidad cultural.

15.       Durante la visita, la Relatora recibió una serie de informaciones de parte de organizaciones de mujeres indígenas que demuestran una continuidad de patrones discriminatorios en razón de su origen étnico y que se reflejan en distintos ámbitos del quehacer nacional.

16.       La Relatora muestra su preocupación en relación con los derechos de las mujeres indígenas respecto de las siguientes situaciones:

No existe un clasificador étnico en las estadísticas, informes, archivos y demás documentación de denuncias que recibe el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil y las otras instancias involucradas en la seguridad ciudadana y en las políticas de prevención de violencia en contra de las mujeres.

En cuanto a las víctimas, no existe programas dirigidos a mujeres indígenas que contribuyan a la salud mental de las mismas o bien la atención a hijos de víctimas.

El acceso a la justicia continúa siendo un importarte problema para las mujeres indígenas en Guatemala. Si bien, el Estado ha dado avances al respecto, como por ejemplo, contar con interpretes o personal bilingüe en algunos juzgados de la República en los cuales la mayoría de la población es indígena, estos esfuerzos aún son claramente insuficientes. Se pudo constatar que en muchas regiones las mujeres indígenas no tienen la posibilidad de ser comprendidas en su propio idioma sea que acudan a la justicia en calidad de víctimas o acusadas de la comisión de un presunto delito.

En relación con la norma establecida en el Código Penal que permite eximir de responsabilidad penal al autor de violación que se casa con la víctima, norma que en reiteradas ocasiones la CIDH ha manifestado es contraria a los derechos humanos de las mujeres, la Relatora ha sido informada que es una práctica de uso habitual en las regiones del interior del país, avalada incluso por las autoridades de la administración de justicia.

Asimismo, la Comisión fue informada del uso frecuente de la llamada práctica de la “pernada”, utilizada en determinadas áreas rurales en contra de las jóvenes mujeres indígenas. Esta práctica que tiene sus raíces en la edad media, actualmente es una afrenta a la integridad y dignidad de las mujeres.

Representantes de la sociedad civil denunciaron una serie de actos de discriminación en contra de las mujeres indígenas por el hecho de usar su traje tradicional, que forma parte de su propia identidad cultural, y que en ciertas ocasiones por el hecho de usarlo han sido impedidas de entrar en establecimientos públicos.

•         La impunidad y el ciclo de la violencia

17.     Una manifestación grave del ciclo de violencia contra la mujer es la impunidad en la cual quedan dichas violaciones a los derechos fundamentales de la mujer.  Tanto las autoridades estatales como los representantes de la sociedad civil expresaron reiteradamente durante esta visita que la administración de justicia no ha respondido eficazmente a estos crímenes, lo que ha propiciado la impunidad y aumentado la sensación de inseguridad.  La delegación durante esta semana quiso hacer la ruta que toda víctima de violencia debe hacer para acceder a la justicia. Nuestra constatación, mediante las visitas a la PNC, al Ministerio Público (Fiscalía de la Mujer, Oficina de Atención a la Víctima), a la morgue y al organismo judicial, es que al final, no se encuentra la justicia a la que se tiene derecho.

18.     Representantes del Estado y de la sociedad civil, así como víctimas de violencia o sus familiares confirmaron que de los casos denunciados, pocos llegan a la etapa de debate.  Como ejemplo, de los casos de asesinatos tramitados por la Fiscalía de la Mujer sólo uno ha llegado a la etapa de debate. La inmensa mayoría  de delitos se quedan en  la etapa de investigación.  La Relatoría recibió información sobre casos concretos, como es el de  un adolescente asesinada unos meses después de haber cumplido quince años, en el que se alega una grave falta al debido proceso en la tramitación de la investigación.  Aunque su madre ha seguido el proceso, y recogido y ofrecido datos e información concreta para la investigación, expresa que el caso sigue pendiente en una etapa inicial sin medidas reales destinadas a esclarecer y castigar a los responsables.  La Relatora asimismo recibió valiosos testimonios de otros víctimas y familiares que han enfrentado innumerables obstáculos en su afán de obtener justicia.

          19.     Existe un conjunto de falencias en la investigación de casos de violencia contra la mujer. Esta falta al debido proceso es aún mayor cuando la víctima no cuenta con los recursos o la información necesarios para hacer un seguimiento e insistir para que las autoridades responsables cumplan con sus obligaciones de ley.  Las normas del derecho nacional e internacional establecen que el Estado tiene la obligación de aplicar la debida diligencia para investigar y esclarecer los casos de violaciones a los derechos fundamentales.  

20.     Entre las debilidades, las propias autoridades confirmaron que no cuentan con recursos de personal, de infraestructura, equipos y presupuestos para llevar a cabo su tarea de investigación y persecución del delito. La investigación y los procesos se sustentan casi exclusivamente en testimonios; existe una clamorosa ausencia  de prueba física y científica.  Los y las operadoras de justicia confirmaron que muchos casos no salen de la etapa de investigación por falta de prueba, y en aquellos que  llegan a debate, la ausencia de pruebas físicas o científicas para corroborar la prueba testimonial, pone en riesgo la confiabilidad de los procesos.  Otra consecuencia de la falta de los recursos y prácticas para producir prueba física y científica es que muchas víctimas que entran en la morgue como N.N. quedan sin identificación.  Como ejemplo, destacamos de los datos de la Fiscalía de la Mujer que de un total de 152 casos de homicidio, 24 de las víctimas no han sido identificadas. Hemos constatado que en Guatemala no existe un registro nacional de personas desaparecidas ni tampoco un registro nacional de identificación lo que dificulta el cruce necesario de datos para identificar a los cadáveres. A lo anterior,  hay que añadir la ausencia del Estado  en vastas áreas del territorio nacional en las que las víctimas no tienen dónde reclamar sus derechos.

•        Falta de acceso a medidas eficaces de protección

21.     Los casos de violencia intrafamiliar o doméstica ilustran dramáticamente la relación entre violencia por razones de género y la subordinación de la mujer.  Uno de los aspectos de la problemática actual que demuestra la necesidad de tomar medidas urgentes para romper el ciclo de violencia contra la mujer es la cantidad de asesinatos en los cuales la víctima habría denunciado previamente una situación de violencia intrafamiliar o doméstica.  De los casos de homicidio aportados por  la Fiscalía de la Mujer, un 31% de las víctimas habían sido amenazadas previamente. De otro lado, representantes, tanto del Estado como de la sociedad civil, confirmaron que las medidas de seguridad que la ley otorga a las mujeres sujetas a estas formas de violencia en su entorno personal o familiar, no son eficaces. Como ejemplo, dos de las mujeres asesinadas llevaban una orden de protección consigo.  Esto indica  que las medidas no son suficientes para impedir que el agresor se acerque a su víctima ya que tras la emisión de la orden, la Policía llega a la casa una vez y nunca más regresa. 

22.     Otro hecho que coloca en mayor riesgo a la mujer amenazada o previamente agredida es la ausencia de albergues temporales o casas de crisis. Las mujeres y sus hijos, luego de presentar la denuncia, no tienen otra alternativa que regresar a la casa donde habita el agresor. 

23.     A lo anterior, hay que añadir que la mayoría de las víctimas pertenecen a los estratos más pobres de la sociedad. La Policía Nacional Civil, a través de la Oficina de Atención a la Víctima y comisarías informan que el 84% de las personas que denuncian haber sido víctimas de algún delito pertenecen al estrato socio económico bajo de la sociedad.. En este contexto, la ausencia de servicios legales gratuitos, aleja a estas víctimas del amparo de la justicia.

24.     Muchos de los familiares con los cuales la Relatora se entrevistó manifestaron que no cuentan con la información básica y la asistencia jurídica que requieren en busca de justicia.  Esta falta de información y apoyo genera además una falta de confianza generalizada en la administración de justicia. 

25.     Por otra parte, la Relatora recibió información y testimonios sobre amenazas u otros actos intimidatorios contra víctimas o sus familiares, así como contra algunas organizaciones de la sociedad civil que les apoyan, y sobre la falta de medidas eficaces de protección no solo para víctimas sino también para testigos.  

•         Estigmatización de las víctimas

26.     La relatoría ha recibido testimonios del trato que en muchos casos, las diversas entidades encargadas de la investigación y persecución del delito del que han sido víctimas, las han tratado de manera poco respetuosa. Estos testimonios dan cuenta de la manera como operan estereotipos discriminatorios en la práctica. Estas actitudes demuestran desde una falta de sensibilidad frente a la problemática de la persona, hasta actitudes abiertamente hostiles y discriminatorias que desvalorizan a las personas. Por ejemplo, echan la culpa a la víctima y su familia por su estilo de vida, por la ropa que usan, o por las horas en las que están en calle; finalmente, la calificación de muchos de estos crímenes como “pasionales” sin una debida investigación indican este patrón discriminatorio. Esta falta de respeto para la dignidad de las víctimas o sus familiares tiene el efecto de “re-victimizarlas”.     

•         Legislación anacrónica

27.     La persistencia de leyes anacrónicas también tiene el efecto de invisibilizar la violencia contra la mujer.  La relatora planteó al Congreso de la República  varios cambios indispensables en relación con la extinción de responsabilidad penal cuando el perpetrador se casa con la víctima de violación; la necesidad de tipificar la violencia intrafamiliar como delito; tipificar el acoso u hostigamiento sexual como delito, así como la eliminación del concepto de honestidad en relación con delitos sexuales. La Relatora recibió la información que se encuentran en debate  varios proyectos de reformas legislativas con el fin de corregir algunas de estas deficiencias. 

•         Educación para cambiar patrones y estereotipos.

28.     La conciencia  que tengan las mujeres de ser sujetos de derechos y de ser tratadas con dignidad depende en gran medida de la educación que reciban. A este respecto es importante recordar que la Convención de la Convención de Belem Do Pará consagra “el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y practicas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.

29.     Un aspecto que ha llamado la atención de la delegación es la frecuente referencia al rol que los medios de comunicación deberían jugar para promover una cultura de no violencia hacia la mujer; y al mismo tiempo, el reconocimiento de las organizaciones de mujeres guatemaltecas de que algunos medios han colocado en la agenda pública la violencia contra la mujer en Guatemala. Sin embargo, se han recibido opiniones de  analistas en las que se destaca el  hecho que el sensacionalismo y la falta de respeto a las personas víctimas de violencia, colocando sus rostros en primera plana, y más grave aún, divulgando nombres de menores de edad, tiene un doble efecto pernicioso. Por un lado, victimizan a la mujer aún más y de otro, sirven como caja de resonancia  de grupos que podrían estar interesados en generar un clima de miedo e intimidación en la sociedad guatemalteca.

•        Tiempo de miedo

•         Enfrentar la impunidad

31.     El gran desafío pendiente es cerrar la brecha entre los compromisos asumidos por el Estado y la violencia y discriminación que las mujeres siguen sufriendo en su vida diaria.  Un compromiso fundamental en este sentido es que el Estado garantice que las mujeres tengan acceso a una justicia eficaz para proteger y reivindicar sus derechos.

32.     La Relatoría desea enfatizar que la falla para investigar, procesar y castigar a los responsables de esta violencia contra la mujer ha contribuido profundamente a un ambiente de impunidad que perpetua la violencia contra las mujeres guatemaltecas.  El bajo número de condenas en casos de asesinatos de mujeres o violencia intrafamiliar refleja notoriamente que la gran mayoría de dichos hechos de violencia quedan sin resolución.  Es urgente que el Estado intensifique sus esfuerzos para combatir la violencia y discriminación contra la mujer a través de medidas que incluyen la aplicación de la debida diligencia para investigar y esclarecer los hechos de violencia contra la mujer, enjuiciar y sancionar a los responsables, y proporcionar acceso a las medidas de protección y servicios de apoyo a las víctimas.  Es crucial que el Estado no sólo se preocupe por el problema de violencia contra la mujer, sino que se ocupe plenamente de proporcionar soluciones eficaces.

Antecedentes

          La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), compuesto de siete miembros elegidos a titulo personal por la Asamblea General de dicha Organización.  Tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos en el Hemisferio. 

          La Doctora Susana Villarán, miembro de la CIDH, fue nombrada Relatora Especial en 2003, y actualmente integra la mesa directiva de dicho órgano como Vicepresidenta.  De acuerdo con el mandato de la Relatoría, sus funciones son las de proteger y promover un mayor respeto a los derechos de la mujer en el Hemisferio.  Analiza, en especial, la medida en que las leyes y practicas de los Estados miembros de la OEA cumplen con sus obligaciones de igualdad y no discriminación bajo las normas del sistema.  Dichos instrumentos regionales incluyen la Convención Americana sobre Derechos Humanos (¨Convención Americana¨), de la cual Guatemala es parte desde 1978, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (¨Convención de Belém do Pará¨), que dicho Estado ratificó en 1995. 

          La Delegación de la CIDH durante la presente visita fue compuesta por la Dra. Susana Villarán, Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer; Elizabeth Abi-Mershed, Especialista Principal de Derechos Humanos; Maria Claudia Pulido, Especialista Principal de Derechos Humanos, Isabel Madariaga, Especialista Principal de Derechos Humanos, y Julie Santelices, Asistente Administrativo.

Durante su estadía, la Comisión se entrevistó con funcionarios gubernamentales de alto nivel y con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, inclusive con familiares de mujeres víctimas de violencia y sobrevivientes, y organizaciones no gubernamentales.  Se reunió, entre otras autoridades, con el Presidente de la Republica Óscar Berger y la Primera Dama  Wendy Widmann de Berger, el Vice-Presidente de la Republica Eduardo Stein, el Licenciado Jorge Briz, Ministro de Relaciones Exteriores; la Licenciada Martha Altolaguirre, Vice-Ministra de Relaciones Exteriores, Brig. Gen. Cesar Augusto Méndez Pinelo, Ministro de la Defensa, el Licenciado Juan Carlos Villacorta, Vice-Ministro de Gobernacion; Licenciado Juan Luis Florido, Fiscal General de la Nación; Licenciado Jorge Carillo, Presidente del Organismo Judicial, Licenciado Napoleon Gutierrez Vargas, Presidente Camara Penal, Licenciada Amanda Ram{irez, encargada de temas de género en la Corte Supremea, el Licenciado Sergio Morales, Procurador de Derechos Humanos, el Director y el Director Adjunto de la Policia Nacional Civil, con el Presidente de la Comision Presidencial para los Derechos Humanos Frank La Rue, SEPREM, PROPEVI, SOSEP, el Ministerio Publico, CONAPREVI, Defensoria de la Mujer Indigena, varios miembros del Consejo Asesor de Seguridad, y con miembros de la Plataforma Estatal de la Mujer, Instituto de la Defensa Publica Penal, Procuraduria General de la Nacion, Ministerio del Trabajo, y la Comision Nacional de Resarcimiento.

La Relatora recibió valiosos testimonios de mujeres que han estado sujeta a violencia y familiares de mujeres asesinadas.  También se reunió con organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover y proteger los derechos de la mujer, entre otras, la Red de la No Violencia Contra la Mujer, Grupo Guatemalteco de Mujeres, Union Nacional de Mujeres Guatemalatecas, Asociación Ixqik-Petén, Asociación de Mujeres Vamos Adelante, Consejo de Mujeres Cristianas, Instancia Coordinadora de la Maquila, Sector de Mujeres, Asociación de Mujeres Indigenas, Asociación Mujeres en Solidaridad, Colectiva de Lesbianas Liberadas, y CLADEM.  Asimismo, la Relatora se reunio con organizaciones de derechos humanos como el Centro Para la Accion Legal en Derechos Humanos, Centro de Investigacion, Capacitacion y Apoyo a la Mujer, Alianza contra la Impunidad, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Asociacion Fomento y Desarrollo, y Colectivo Madre Selva.  Además, la Relatora recibió información importante de CONAVIGUA y una amplia gama de organizaciones indígenas.

          La Relatora se entrevistó asimismo con grupos académicos como FLACSO, representantes de la Universidad de San Carlos, Organismo Nalebe, Proyecto de Victimas a Actores de Cambio, Comision de la Mujer de la Universidad de San Carlos, Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Voces de Mujeres, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, y representantes de la Universidad de San Rafael.
 

Asimismo, la Relatora recibió aportes valiosos de entidades internacionales como Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, UNICEF, Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, y UNIFEM.

Además, con el apoyo de la Defensoría de la Mujer Indígena, las Relatorías sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Derechos de la Mujer realizaron un taller sobre el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos con la participación de 40 liderezas, abogadas y otras representantes indígenas.

          Durante la visita, en adición a las actividades realizadas en la Capital, la delegación se traslado a Escuintla, Villa Nueva, Palín y Santa Rosa en El Quiché con el fin de entender la situación de violencia contra la mujer en el interior del país.  En Villanueva, la Relatora se entrevistó con la Policía Nacional Civil, Ministerio Publico, Juzgados de Paz, Defensa Publica, Procurador de Derechos Humanos, Oficina de Atención a la Victima del Ministerio Público, Juez de Sentencia, y Coordinadora y Alcaldesa de la Colonia Israel Zarzal, Coordinadora Finca Zarzal, Comité Ejecutivo de Justicia de Villanueva, Comisión de Prevención del Delito, Pro-Mujer, Casa Adulam, Consejo para Prevención del Delito en Villanueva.  La Relatora también viajó a Palin, en donde se entrevistó con grupos de la sociedad civil, incluyendo la Asociación Jarual Tinimit, Grupo la Paz de Villanueva, Mujeres de Palin Escuintla.  Asimismo, la Relatora tuvo la oportunidad de entrevistarse con un grupo importante de mujeres indígenas en Santa Cruz del Quiché, autoridades locales y operadores de justicia.  Esta actividad organizada por la DEMI permitió conocer los avances y dificultades de las mujeres indígenas para acceder a la justicia.  

La Relatora Especial y su equipo agradecen la cooperación y las facilidades suministradas por el Gobierno de Guatemala y por las organizaciones no gubernamentales, instituciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales, incluida la Oficina de la OEA en Guatemala, durante la preparación de esta visita.  La Relatora desea agradecer la disposición del Gobierno del Presidente Berger para colaborar en la recopilación de información, y la voluntad mostrada para buscar soluciones a los problemas planteadas, y especialmente a la COPREDEH por su acompañamiento en las visitas oficiales.  Esta voluntad de buscar soluciones a los efectos de mejorar la protección de los derechos humanos se ha mostrado recientemente en la aceptación por parte del Estado de su responsabilidad internacional en los casos de la masacre de Plan de Sánchez, Marco Antonio Molina Theissen, Jorge Carpio Nicolle ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En términos de los resultados de esta visita, la Relatora Especial informará al plenario de la CIDH sobre la misma durante su próxima sesión.  Asimismo, analizará con su equipo toda la información recogida en mayor detalle para preparar un informe con sus conclusiones sobre la situación de violencia y discriminación contra la mujer en Guatemala para la consideración del plenario de la CIDH.  Dicho informe, que será puesto en conocimiento del Estado guatemalteco y hecho público en un próximo futuro, ofrecerá una serie de recomendaciones destinadas a ayudar al Estado a mejorar su cumplimiento con sus obligaciones internacionales.  Luego, la CIDH y su Relatoría seguirán con una evaluación de las medidas adoptadas poner estas recomendaciones en práctica.