COMUNICADO DE PRENSA


N° 19/04

 

 LA CIDH COMPLETA SU VISITA A  Haití

 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó la visita realizada a la República de Haití, por invitación del Gobierno de ese país, entre el 1 y 3 de septiembre de 2004.  La delegación estuvo formada por el Comisionado Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente y Relator para Haití,  Brian Tittemore, Especialista Principal en Derechos Humanos, Bernard Duhaime, Funcionario Asociado de la OEA y Profesor de Derecho en la Universidad de Quebec (Montreal), Candis Hamilton, Abogada Consultora de la IACHR, y Julie Santelices, Ayudante Administrativa.

 

Dicha visita fue la primera realizada por la Comisión desde el período de violencia armada que tuvo lugar en Haití a principios de 2004 y determinó la partida del ex Presidente Aristide y la instalación del actual Gobierno de transición.  En consecuencia, en el curso de su visita la Comisión procuró obtener información referente al estado del sistema de protección de los derechos humanos en Haití tras esos acontecimientos.

 

A la luz de la información recopilada, siguen preocupando a la Comisión varios ámbitos clave en que los derechos y libertades básicos de los haitianos siguen siendo precarios y corren peligro.  A la vez, la Comisión confía en que el nuevo Gobierno, en colaboración con la comunidad internacional,  aprovechará esta oportunidad de superar las dificultades del pasado y hacer avanzar a Haití hacia un futuro de plena realización del Estado de derecho, la democracia y el respeto de los derechos humanos.

 

Durante la visita, la Comisión se reunió con representantes del Gobierno de transición y miembros de la sociedad civil de Haití, así como con entidades internacionales.  La Comisión se reunió con el Presidente de la República, Sr. Boniface Alexander; el Primer Ministro, Sr. Gérard Latortue, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Yvon Siméon; el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sr. Bernard Gousse, el Ministro del Interior, Sr. Hérar Abraham, la Ministra de Asuntos de la Mujer, Sra. Adeline Magloire Chancy, el Director General de la Policía Nacional de Haití, Sr. Leon Charles, y el Defensor del Pueblo  de Haití, Sr. Necker Dessables.  Dialogó también con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, incluidas numerosas organizaciones no gubernamentales que sustentan diferentes opiniones, y con asociaciones de jueces, abogados y magistrados.  Además se reunió con el Jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), Embajador Juan Gabriel Valdés, y con otros funcionarios de MINUSTAH y de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Comisión realizó asimismo un seminario de capacitación sobre el sistema interamericano de derechos humanos con autoridades y funcionarios de diversos ministerios y otros organismos gubernamentales.

 

Preocupa especialmente a la Comisión la situación de seguridad imperante en Haití, en que grupos armados parecen controlar la seguridad en amplias regiones del país, y en el que el Estado no ofrece protección eficaz a los habitantes de las mismas.  La Comisión hace hincapié en la obligación del Estado de garantizar la seguridad de su población y de hacer efectivo el derecho de la misma a la protección judicial, y hace un llamamiento al Estado haitiano para que, en colaboración con la comunidad internacional, adopte las medidas urgentes necesarias para desarmar a esos grupos y garantizar la seguridad de la población.

 

Otro motivo de grave preocupación es el referente a la debilidad de la administración de justicia en Haití, que en algunos aspectos precede al actual Gobierno de transición, así como al continuo problema de la impunidad.  Las fallas del sistema judicial incluyen todavía una grave escasez de recursos para los jueces, magistrados, tribunales y la Policía, así como prevalencia de violaciones del debido proceso, como detención prolongada de personas sin que sean llevadas a juez.  Durante su visita, la Comisión fue enterada de que la fuerza policial se compone de apenas 3.000 miembros, aproximadamente, para una población de más de ocho millones de habitantes.  Al mismo tiempo se informó a la Comisión que el Gobierno ha elaborado un plan a corto y a largo plazo de reclutamiento y entrenamiento de personal policial adicional.  Análogamente, según información proporcionada a la Comisión, los miembros del Poder Judicial habían recibido aumentos de salarios, y si bien los mismos quizá sigan siendo insuficientes, dichas medidas constituyen un primer paso en los esfuerzos tendientes a mejorar la administración de justicia en el país. 

 

Se formularon objeciones ante la Comisión con respecto al tratamiento dado a determinadas personas en el sistema judicial del Estado, inclusive en el contexto del reciente juicio de ex miembros de un grupo paramilitar y de la Policía por el asesinato de Antoine Izméry y el arresto y la detención de ex ministros del anterior Gobierno, como Yvon Neptune y Jocelerme Privert. Durante su visita, la Comisión tuvo la oportunidad de reunirse con esos ex ministros en la Penitenciaría Nacional y verificar su condición.  En reilación con esos asuntos y otros similares, la Comisión desea reiterar las preocupaciones expresadas en su anterior comunicado de prensa, No. 17/04, con respecto a la obligación del Estado de poner fin a la impunidad por todos los abusos contra los derechos humanos a través de la observancia de procedimientos probadamente justos y eficaces, congruentes con normas internacionales, y del correspondiente derecho de todas las personas al debido proceso y a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, sin discriminación de ningún tipo. 

 

La Comisión recibió además datos e informes sobre supuestos actos de violencia contra personas, cometidos en virtud de su afinidad, real o supuesta, con el ex Presidente y su partido político.  También se informó a la Comisión sobre actos de violencia que, según se afirma, pueden atribuirse a partidarios del antiguo Gobierno, tales como un reciente incidente en que el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Francia fue atacado durante su visita a un hospital en Cité Soleil. La Comisión condena los incidentes de esa naturaleza y hace hincapié en la obligación del Estado de investigar alegaciones de actos de violencia de ese tipo y, cuando se confirmen, de procesar y castigar a los responsables.

 

La Comisión expresa también su grave preocupación con respecto a informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas contra integrantes de determinados grupos, como mujeres, niños y defensores de los derechos humanos.  Según la información recibida, la violación de mujeres y niñas cometida por grupos armados y bandidos, entre otros, sigue siendo un grave problema en la sociedad haitiana.  Se afirma también que algunos niños han sido víctimas de sistemas de trabajo infantil, secuestros y violencia perpetrada por grupos armados.  La Comisión reitera la necesidad de que el Estado adopte medidas concretas para prevenir actos de ese tipo, inclusive a través de la efectiva investigación de las denuncias de los mismos y el procesamiento de los responsables.  En relación con estos temas, la Ministra de Asuntos de la Mujer dio a conocer a la Comisión sus esfuerzos tendientes a promover iniciativas de reforma jurídica pertinentes para atender necesidades de la mujer, incluidos proyectos de penalización de la violación en la legislación haitiana y programas de creación de grupos de mujeres en todas las regiones de Haití.  

 

La Comisión tomó nota una vez más de que problemas fundamentales, como la pobreza extrema, las altas tasas de analfabetismo y la desnutrición siguen privando a los haitianos de derechos económicos, sociales y culturales básicos y a la vez exacerban las consecuencias del desconocimiento de derechos civiles y políticos básicos.  La Comisión reconoce que ello plantea un formidable reto al Estado haitiano e insta al Gobierno para que, en colaboración con todos los sectores de la sociedad y con el respaldo de la comunidad internacional, diseñe y aplique un plan de desarrollo que permita hacer frente a las necesidades económicas y sociales fundamentales de cada ciudadano haitiano.

 

Finalmente, si bien la Comisión cree que Haití sigue confrontado con numerosos problemas graves referentes a la protección de los derechos humanos, termina su visita con una sensación de esperanza para la población haitiana. En sus reuniones con la Comisión, los representantes del Gobierno de transición expresaron la firme determinación de hacer de la protección de los derechos humanos un componente cardinal de su labor.  El Primer Ministro, por ejemplo, expresó a la Comisión su determinación de suprimir la práctica en virtud de la cual a algunos ex altos funcionarios del Gobierno haitiano se les puede prohibir la salida del país sin permiso.  La Comisión está deseosa de proseguir el diálogo con el Gobierno sobre esta y otras medidas tendientes a avanzar en la protección de los derechos humanos.

 

La Comisión hace hincapié asimismo en la importancia de las elecciones que según lo previsto tendrán lugar en Haití en 2005, y que brindan la oportunidad de crear mayor estabilidad para el futuro del país.  En relación con este reto, y con todos los demás desafíos con los que se ven confrontados Haití y su población, la Comisión hace un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcione a Haití el respaldo y la asistencia necesarios para superar las dificultades del pasado y hacer avanzar al país hacia un futuro de plena realización del Estado de derecho, la democracia y el respeto de los derechos humanos..

 

La Comisión desea expresar su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Haití por la colaboración, los servicios y la hospitalidad que le proporcionaron en el curso de su visita; a la Misión Especial de la OEA por su vital asistencia en la organización y ejecución de la visita, y a las organizaciones no gubernamentales, las instituciones de la sociedad civil y las entidades internacionales interesadas, por su valiosa participación en las actividades de la Comisión.  

 

Washington, D.C.,  7 de septiembre de 2004 

 

 

 

OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA CIDH AL TÉRMINO DE SU VISITA A HAITÍ

 

            1.         La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) concluyó la visita realizada a la República de Haití, por invitación del Gobierno de ese país, entre el 1 y 3 de septiembre de 2004.  La delegación estuvo formada por el Comisionado Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente y Relator para Haití,  Brian Tittemore, Especialista Principal en Derechos Humanos, Bernard Duhaime, Funcionario Asociado de la OEA y Profesor de Derecho en la Universidad de Quebec (Montreal), Candis Hamilton, Abogada Consultora de la IACHR, y Julie Santelices, Ayudante Administrativa.

 

2.         La CIDH es el principal de los órganos de la Organización de los Estados Americanos encargados de promover la observancia y protección de los derechos humanos en el Hemisferio.  Sus siete miembros son electos con carácter personal por la Asamblea General de la OEA y cumplen un mandato de cuatro años de duración.  Los términos de referencia de la Comisión emanan de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados que fueron ratificados por la República de Haití. 

 

3.                  La Comisión realizó la visita conforme al mandato y a las funciones que le confieren la  Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES.2058 (XXXIV-O/04), referente al fortalecimiento de la democracia en Haití, en que la Asamblea General instó a la CIDH a realizar el seguimiento de la situación de los derechos humanos en Haití e informar al respecto, y a colaborar con la Misión Especial de la OEA en la promoción y observancia de esos derechos.

 

4.         La visita fue la primera realizada por la Comisión desde la partida de Haití del ex Presidente Jean Bertrand Aristide, en febrero de 2004.  En consecuencia,  fueron objetivos de la visita el mantenimiento de contactos con autoridades del nuevo gobierno de transición, la recepción de información sobre la situación imperante en Haití en materia de derechos humanos y la planificación de las futuras actividades de la Comisión en Haití. La Comisión realizó asimismo un seminario de capacitación sobre el sistema interamericano de derechos humanos con autoridades y funcionarios de diversos ministerios y otros organismos gubernamentales.

 

5.         La Comisión  expresa su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Haití por la colaboración, los servicios y la hospitalidad que le proporcionaron en el curso de su visita; a la Misión Especial de la OEA por su vital asistencia en la organización y ejecución de la visita, y a las organizaciones no gubernamentales, las instituciones de la sociedad civil y las entidades internacionales interesadas, por su valiosa participación en las actividades de la Comisión.  

 

6.         Durante la visita, la Comisión se reunió con representantes del Gobierno de transición y miembros de la sociedad civil de Haití, así como con entidades internacionales.  La Comisión se reunió con el Presidente de la República, Sr. Boniface Alexander; el Primer Ministro, Sr. Gérard Latortue, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Yvon Siméon; el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sr. Bernard Gousse, el Ministro del Interior, Sr. Hérar Abraham, la Ministra de Asuntos de la Mujer, Sra. Adeline Magloire Chancy, el Director General de la Policía Nacional de Haití, Sr. Leon Charles, y el Defensor del Pueblo  de Haití, Sr. Necker Dessables.  Dialogó también con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, incluidas numerosas organizaciones no gubernamentales que sustentan distintas opiniones, y con asociaciones de jueces, abogados y magistrados.  Además se reunió con el Jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), Embajador Juan Gabriel Valdés, y con otros funcionarios de MINUSTAH y de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  La Comisión realizó asimismo un seminario de capacitación sobre el sistema interamericano de derechos humanos con autoridades y funcionarios de diversos ministerios y otros organismos gubernamentales..

 

7.         En el curso de su visita, la Comisión tomó conocimiento, en especial, de los brutales hechos que tuvieron lugar en Haití en febrero y marzo de 2004, en que oponentes armados del Gobierno llevaron a cabo una rebelión violenta contra el anterior gobierno.  Al producirse esos hechos, la Comisión lamentó la violencia ocurrida en Haití, que causó pérdida de vidas, deterioro de la situación humanitaria y abusos de los derechos humanos, y formuló un urgente llamamiento a todos los grupos que recurrían a la violencia a resolver sus diferencias pacífica, democrática y constitucionalmente, en observancia de la Carta Democrática Interamericana y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. 

 

8.         En ese contexto, fueron objetivos de la Comisión, durante su visita, recibir información acerca de si los derechos fundamentales de todos los haitianos gozan de garantías y respeto, y en qué medida.  A la luz de la información recopilada, siguen preocupando a la Comisión varios ámbitos clave en que los derechos y libertades básicos de los haitianos siguen siendo frágiles y están en peligro.  A la vez, la Comisión confía en que actual Gobierno aprovechará esta oportunidad, en colaboración con la comunidad internacional, para superar las dificultades del pasado y hacer avanzar a Haití hacia un futuro de plena realización del Estado de derecho, la democracia y el respeto de los derechos humanos.

 

Situación de Haití en materia de seguridad

 

9.         Según la información de que dispone la Comisión, la falta de seguridad efectiva para la población en gran parte del territorio haitiano, ha sido y sigue siendo un problema urgente.  Al parecer, tras la rebelión de febrero y marzo, grupos armados ilegales han mantenido el control de la seguridad en muchas zonas del país, especialmente en la región septentrional, y en algunos casos esos grupos han operado en colaboración con la Policía Nacional, o sustituyéndola.  En consecuencia, el Estado no ha garantizado eficazmente la seguridad de la población en muchas de esas regiones. 

 

10.       A este respecto la Comisión considera esencial para la futura estabilidad del país que el Gobierno haitiano, en colaboración con la comunidad internacional, adopte las medidas urgentes necesarias para recuperar el control de la seguridad en todas las regiones del país, desarmar a los grupos que en ellas operan y garantizar los derechos de las personas en todo el territorio del Estado.  La Comisión reitera asimismo su insistente llamamiento al respeto de los derechos humanos de todas las personas en el proceso de restablecimiento del orden y la seguridad en el país, y a una investigación eficaz de toda violación de derechos humanos que se produzca, así como al procesamiento y castigo de los responsables, sean quienes fueren. 

 

Administración de justicia e impunidad

 

11.       Inquietan asimismo a la Comisión las fallas que presenta la administración de justicia en Haití, algunas de las cuales anteceden al actual Gobierno.  Según las fuentes disponibles, el sistema judicial sigue siendo sumamente imperfecto y padece fallas fundamentales, como grave escasez de recursos para los jueces, magistrados, tribunales y la Policía, y prevalencia de violaciones del debido proceso, como detención prolongada de personas sin que sean llevadas a juez.  Durante su visita, la Comisión fue enterada de que la fuerza policial se compone de apenas 3.000 miembros, aproximadamente, para una población de más de ocho millones de personas, lo que constituye un ejemplo de falta crítica de recursos.

 

12.       El Estado ha señalado que está adoptando medidas tendientes a atender

algunas de esas preocupaciones.  Informó a la Comisión, por ejemplo, que se están elaborando proyectos de leyes tendientes a transferir, del Ministerio de Justicia a un órgano independiente, las facultades de designación, promoción y aplicación de sanciones a los jueces, y que recientemente se incrementaron los salarios de los jueces.  Si bien esos incrementos quizá sigan siendo insuficientes, dichas medidas constituyen un primer paso en los esfuerzos tendientes a mejorar la administración de justicia en el país.  Se informó también a la Comisión que el Gobierno ha elaborado un plan a corto y a largo plazo de reclutamiento y entrenamiento de nuevos miembros de la fuerza de policía, y que se prevé el ingreso de 1.500 agentes más antes de las elecciones previstas para el año próximo.  El Gobierno señaló asimismo que en el proceso de selección de nuevos reclutas se excluirá a los candidatos que puedan estar vinculados con abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado, y que se ha incluido la educación sobre derechos humanos como componente clave de la instrucción policial.  La Comisión alienta esas medidas y hace hincapié en que el Estado, con apoyo de la comunidad internacional, siga adoptando las medidas necesarias para hacer frente a esos y otros problemas que afectan al sistema judicial. 

 

13.              Un problema continuo, vinculado con las fallas de la administración de justicia en Haití, es el de la impunidad por abusos de los derechos humanos cometidos en el pasado.  La Comisión sigue recibiendo informes de omisiones de las autoridades haitianas de investigar eficazmente las violaciones graves de derechos humanos y hacer efectivo el procesamiento y castigo de sus autores, así como denuncias de realización de actuaciones penales con fines impropios y políticos.  En relación con tales alegaciones, la Comisión desea hacer hincapié en el derecho de toda persona al debido proceso y a tener acceso a un sistema judicial justo, imparcial e independiente, y en la correspondiente obligación del Estado de garantizar esos derechos sin discriminación de ningún tipo, incluida la basada en opiniones políticas.

 

            14.       En especial, la Comisión recibió críticas sobre el tratamiento recibido por determinadas personas dentro del sistema judicial del Estado.  Las mismas se refirieron, por ejemplo, a supuestas irregularidades en el juicio reciente de Louis-Jodel Chamblain y Jackson Joanis por el asesinato de Antoine Izméry. También se expresaron preocupaciones con respecto al arresto y detención de varios miembros del gobierno anterior, como el ex Primer Ministro Yvon Neptune y el ex Ministro del Interior Jocelerme Privert.  Durante su visita, la Comisión tuvo la oportunidad de reunirse con ambos ex ministros en la Penitenciaría Nacional y verificar su condición.  En relación con otros asuntos, la Comisión desea reiterar las preocupaciones expresadas en su anterior comunicado de prensa No. 17/04, referente a la obligación del Estado de poner fin a la impunidad por todos los abusos contra los derechos humanos a través de la observancia de procedimientos probadamente justos y eficaces, congruentes con normas internacionales, y del correspondiente derecho de todas las personas al debido proceso y a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, sin discriminación de ningún tipo.  La Comisión señala asimismo que si bien determinados procedimientos judiciales pueden ser compatibles con la legislación interna, el Estado está obligado a garantizar que la investigación de violaciones de derechos humanos y el procesamiento y castigo de los responsables sean congruentes con las normas internacionales.  La Comisión hace hincapié asimismo en la obligación del Estado, conforme al Artículo 54 del Reglamento de la Comisión, de no adoptar represalias de ningún género contra ninguna persona o entidad que proporcione información o declare como testigo ante la Comisión.

 

15.  La Comisión recibió además datos e informes sobre supuestos actos de violencia contra personas, cometidos en virtud de su afinidad, real o supuesta, con el ex Presidente y su partido político.  También se informó a la Comisión sobre actos de violencia que según se afirma, pueden atribuirse a partidarios del antiguo Gobierno, tales como un reciente incidente en que el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Francia fue atacado durante su visita a un hospital en Cité Soleil. La Comisión condena los incidentes de esa naturaleza y hace hincapié en la obligación del Estado de investigar alegaciones de actos de violencia de ese tipo y, cuando se confirmen, procesar y castigar a los responsables.

 

Situación de grupos especiales

 

            16.       En el curso de su visita, la Comisión tomó nota también de circunstancias referentes a grupos que revisten especial interés para la labor de la Comisión, como mujeres, niños y defensores de los derechos humanos.  Según la información recibida, la violación de mujeres y niñas cometidas por grupos armados y bandidos, entre otros, sigue siendo un grave problema en la sociedad haitiana.  Se afirma también que algunos niños han sido víctimas de sistemas de trabajo infantil, secuestros y violencia perpetrada por grupos armados, y que con frecuencia se los mantiene en detención junto con adultos en cárceles.  La Comisión reitera la necesidad de que el Estado adopte medidas concretas para prevenir actos de ese tipo, inclusive a través de la efectiva investigación de denuncias de los mismos y el procesamiento de los responsables. A este respecto, la Ministra de Asuntos de la Mujer informó a la Comisión sobre sus esfuerzos tendientes a promover reformas jurídicas pertinentes para atender necesidades de la mujer, incluidos proyectos de penalización de la violación en la legislación haitiana y programas de creación de grupos de mujeres en todas las regiones de Haití.  

 

17.       También se formularon denuncias según las cuales los defensores de los derechos humanos siguen siendo víctimas de acoso y amenazas.  La Comisión ha hecho hincapié repetidamente en que a falta de disuasivos contra actos de coacción de ese tipo, los defensores de los derechos humanos quedarán en situación vulnerable y en la práctica les será imposible cumplir su labor. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a establecer mecanismos eficaces para responder a incidentes de ese tipo, y prevenirlos. 

 

18.       Los motivos de preocupación identificados por la Comisión deben examinarse además a la luz de problemas fundamentales de la sociedad haitiana, como la extrema pobreza, las altas tasas de analfabetismo y la desnutrición, que siguen privando a los haitianos de derechos económicos, sociales y culturales fundamentales y a la vez exacerban las consecuencias del desconocimiento de derechos civiles y políticos básicos.  La Comisión reconoce el hecho de que ello representa un desafío formidable para el Estado haitiano e insta al Gobierno a que, en colaboración con todos los sectores de la sociedad y con el apoyo de la comunidad internacional, diseñe y aplique un plan de desarrollo que permita hacer frente a las necesidades económicas y sociales fundamentales de cada uno de los ciudadanos haitianos.  

 

Consideraciones finales

 

19.       En sus reuniones con la Comisión, los representantes del Gobierno de transición expresaron la firme determinación de hacer de la protección de los derechos humanos un componente cardinal de su labor.  El Primer Ministro, por ejemplo, expresó a la Comisión su determinación de suprimir la práctica en virtud de la cual a algunos ex altos funcionarios del Gobierno haitiano se les puede prohibir la salida del país sin permiso.  La Comisión está deseosa de proseguir el diálogo con el Gobierno sobre esta y otras medidas tendientes a promover los derechos humanos.

 

20.       A la luz de la información recopilada durante su visita, siguen preocupando a la Comisión la precaria situación política imperante en Haití y los numerosos y graves problemas que sigue enfrentando el Estado para proteger los derechos humanos.  Al mismo tiempo, la Comisión ha partido con la esperanza de que el actual Gobierno, en colaboración con la comunidad internacional,  aprovechará esta oportunidad de superar las dificultades del pasado y hacer avanzar a Haití hacia un futuro de plena realización del Estado de derecho, la democracia y el respeto de los derechos humanos.

 

21.       A este respecto, la Comisión subraya la importancia de las elecciones que según lo previsto tendrán lugar en Haití en 2005, y ofrecen la oportunidad de crear una mayor estabilidad para el futuro del país.  Deben hacerse los mayores esfuerzos para que se celebren elecciones libres y justas en forma oportuna, conforme a las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.  En relación con este reto, y todos los demás que enfrentan Haití y su pueblo, la Comisión hace un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcione a Haití el apoyo y la asistencia necesarios para alcanzar un futuro más próspero.

 

22.         La Comisión continuará realizando un estrecho seguimiento de la evolución de la situación de los derechos humanos en Haití, y reitera su determinación de colaborar con el Gobierno de ese país y con toda la sociedad haitiana para fortalecer la defensa y protección de los derechos humanos.

 

Washington, D.C., 7 de septiembre de 2004