COMUNICADO DE PRENSA
 

N° 8/03

RESUMEN EJECUTIVO

1.                 El 29 de diciembre de 1996 se firmó en Guatemala el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.  Este acuerdo expresa la voluntad de millones de guatemaltecos, quienes, luego de 36 años de guerra y más de 150,000 muertos y miles de desaparecidos, iniciaban un camino necesario y difícil para superar las violaciones graves y masivas de derechos humanos así como la debilidad de las instituciones democráticas y avanzar hacia la construcción de una genuina democracia, bajo el imperio del Estado de Derecho, que asegure la participación e integración de todos los sectores de la sociedad.

2.                 Los acuerdos de paz marcaron el comienzo de un proceso que, innegablemente, ha resultado en significativos avances en los planos de la paz social y en la creación de espacios políticos y de diálogo.  A partir de 1996, y en cumplimiento de diferentes objetivos de los acuerdos de paz, se han dictado nuevas leyes y creado diversas instituciones, en cuya gestión y debate ha participado a menudo la sociedad civil.

3.                 Durante estos años también ha habido muchas razones para lamentar retardos y omisiones en el cumplimiento de los pasos necesarios para construir un Estado de Derecho y alcanzar los objetivos de los Acuerdos de Paz. 

4.                 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido con especial atención la evolución del proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, reconociendo avances y marcando insuficiencias.  En tiempos recientes, la Comisión ha notado con preocupación ciertos alarmantes indicios acerca de la posibilidad de retrocesos en los progresos alcanzados hacia la consolidación del Estado de Derecho.  Por ello, para la presente visita, la Comisión se concentró en recabar información sobre aspectos fundamentales para la vigencia del Estado de Derecho.  En particular, la Comisión se ocupó de indagar sobre la administración de justicia, la situación de impunidad, la seguridad ciudadana, las amenazas a los operadores de justicia y defensores de derechos humanos, la situación de los pueblos indígenas, la niñez y las mujeres; y la libertad de expresión.

5.                 El Poder Judicial es el instrumento principal para sostener el imperio de la ley y para solucionar los conflictos que ocurren a diario en la sociedad. Una sociedad sin un Poder Judicial debidamente estructurado y eficiente que resuelva los conflictos entre los individuos y entre éstos y el Estado es proclive a la violencia, la corrupción y el estancamiento.  En Guatemala, los ataques y amenazas a los operadores de justicia, la existencia de presiones e influencias indebidas sobre los jueces, la insuficiencia de recursos, la falta de investigaciones serias y oportunas por parte del Ministerio Público, en particular en casos de especial trascendencia, y la difícil situación por la cual atraviesa la Defensoría Pública, son factores que contribuyen, entre otros, a la impunidad generalizada que afecta seriamente el Estado de Derecho. 

6.                 Durante su permanencia en Guatemala, la Comisión recibió valiosos testimonios sobre materias relacionadas con la seguridad ciudadana.  La intromisión de las Fuerzas Armadas en esferas que se encuentran fuera de la competencia establecida en los Acuerdos de Paz, el abuso y la corrupción en la Policía Nacional Civil, son algunas de las cuestiones que obstaculizan el desarrollo de una fuerza de seguridad eficiente para prevenir y combatir la criminalidad.

7.                  La Comisión tomó conocimiento también sobre cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que realizan operaciones de narcotráfico, secuestros, contrabando, así como ataques y amenazas a los defensores de derechos humanos y a los operadores de justicia. Durante la visita, tanto las autoridades como la sociedad civil reconocieron la existencia de estos cuerpos paralelos, que atentan contra la continuidad del Estado de Derecho.  La Comisión valora la iniciativa del Procurador de Derechos Humanos, de la sociedad civil y el Gobierno de crear la Comisión para la Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). La CIDH insta al Estado guatemalteco a cumplir estrictamente con los términos del acuerdo suscrito el 13 de marzo de 2003 y exhorta a la comunidad internacional a cooperar con esta importante institución.

8.                 La información recibida durante la visita muestra un incremento significativo en las intimidaciones hacia los defensores de derechos humanos y operadores de justicia, que incluye registros ilícitos a las oficinas de las organizaciones de derechos humanos, robo de equipos e información, amenazas de muerte, ataques contra la integridad física, seguimientos, secuestros, e inclusive asesinatos. Los operadores de justicia y defensores de derechos humanos son una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera.  Cuando los operadores de justicia y defensores de derechos humanos son silenciados por el asesinato, la intimidación o el miedo, se perjudica también a las personas a quienes asisten, así como a toda la sociedad.

9.                 Guatemala es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural, donde los pueblos indígenas mayas, garífuna y xincas, que representan más de la mitad de la población y el 83% de las víctimas del conflicto armado, han sido históricamente discriminados y constituyen gran parte de la población pobre o en extrema pobreza.  El Gobierno reconoció que los Acuerdos de Paz relativos a la inclusión social de los pueblos indígenas son los que acusan un menor grado de cumplimiento.  Ello afecta la democracia guatemalteca, la cual no se consolidará mientras no se termine con la discriminación sistemática en contra de los pueblos indígenas.

10.             El fin del conflicto interno y el nuevo temario establecido en los Acuerdos de Paz han posibilitado que las mujeres tengan un rol protagónico en el logro de importantes avances en el marco legal y de políticas públicas para superar la discriminación que impide su participación plena en la toma de decisiones.  Sin embargo, estos avances no han sido seguidos por otros cambios estructurales imprescindibles para remediar la discriminación contra la mujer.  Es especialmente preocupante que el Estado no haya dado los pasos necesarios para erradicar ciertas disposiciones legales que discriminan por razones de género.  Además de ello, y pese a ciertos avances legislativos, subsisten disposiciones legales anacrónicas que perpetúan formas de subordinación. Más aún, existe un contraste marcado entre los avances en el plano legal y la insuficiencia de cambios reales en la práctica.  También debe notarse que aunque el Estado ha asumido importantes compromisos internacionales en relación con los derechos de la mujer, son pocos los operadores de justicia que conocen y aplican los instrumentos relevantes. 

11.             La Comisión expresa su profunda preocupación en relación con la situación de la niñez guatemalteca.  La CIDH constató que aún no se ha adecuado la normatividad interna a la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual el Estado guatemalteco es parte. También recibió información sobre la subsistencia de violaciones a los derechos a la vida e integridad física de los niños y la falta de investigación, enjuiciamiento y castigo de los responsables de tales violaciones, así como la falta de servicios y programas para atender las necesidades básicas de la niñez en riesgo.  La Comisión expresa especial preocupación en relación con las denuncias de la llamada “limpieza social” y la violencia e inseguridad a la cual los niños, niñas y jóvenes de la calle están expuestos.

12.             La Comisión nota también con preocupación el aumento en las amenazas y actos de hostigamiento a los periodistas, particularmente aquellos que cubren investigaciones relacionadas con actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.  Por ello se hace un deber enfatizar la necesidad de proteger las fuentes de información de los periodistas y el libre ejercicio del derecho de acceso a la información. A su vez, expresa su preocupación por la inexistencia de reglamentación sobre las concesiones de televisión y radiodifusión que tome en cuenta criterios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos, particularmente en relación con la inclusión de los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres y los jóvenes.

13.             Al finalizar esta visita, la CIDH no puede ocultar su seria preocupación sobre la falta de avances en asuntos cruciales para la preservación y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por el contrario, desde su visita anterior en 1998, la Comisión ha encontrado un deterioro significativo en varios aspectos.  El Estado de Derecho y la democracia en Guatemala no se consolidará si el Poder Judicial continúa siendo ineficiente para tratar las gravísimas violaciones a los derechos humanos del pasado, así como las violaciones del presente y la impunidad sigua imperando en el sistema de justicia; si grupos armados actúan impunemente al margen de la ley; si los defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, sindicalistas y otros representantes de sectores sociales son objeto de asesinatos, amenazas e intimidaciones; si los pueblos indígenas, las mujeres y los niños y niñas sufren distintas formas de discriminación y marginación social; y si las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia continúan participando en actividades de seguridad ciudadana y no se subordinan a las autoridades civiles.

14.             La Comisión considera que los factores previamente mencionados, en particular la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y la exclusión social de diversos sectores, representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y restringen el pleno goce de los derechos humanos que la Convención Americana reconoce a toda persona.

15.             La Comisión desea reiterar su apoyo al proceso de paz que puso fin a  36 años de enfrentamiento armado interno. El desarrollo de una cultura de tolerancia, de respeto a la ley y de rechazo a la impunidad requiere un esfuerzo de todos y todas; empeño en el que han sido y serán acompañados solidariamente por la comunidad internacional. La Comisión es consciente de las dificultades de dicha tarea y de lo que falta aún por lograr.  La CIDH comprende la frustración de diversos sectores de la sociedad guatemalteca por el escaso avance del proceso. La CIDH enfatiza que dichas dificultades no deben conducir al desaliento. Por el contrario, se deben preservar y fortalecer los espacios de cooperación y participación existentes.

16.             La CIDH resalta una vez más la importancia de los Acuerdos de Paz como instrumentos para avanzar en la tarea de la construcción de un país más democrático, justo, tolerante y respetuoso de los derechos humanos. La Comisión hace un llamado al Estado y a la sociedad civil para que redoblen sus esfuerzos para la plena implementación de estos acuerdos.

17.             La CIDH seguirá observando de manera muy atenta el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Guatemala. La visita que culmina en el día de hoy constituyó una valiosa oportunidad  para cumplir este fin, así como para profundizar el diálogo, que dentro del marco de su competencia, la Comisión mantiene con las autoridades y con la sociedad guatemalteca. La CIDH reitera su ofrecimiento de colaborar con el Gobierno de Guatemala, así como con la sociedad guatemalteca en su conjunto, a fin de contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático.  Por otra parte, la Comisión agradece la colaboración de las instituciones del gobierno y de la sociedad civil que facilitaron el buen desarrollo de la presente visita.

18.             La Delegación de la CIDH[1] para esta visita estuvo integrada por su Primer Vicepresidente José Zalaquett (Chile); Segundo Vicepresidente Clare Roberts (Antigua y Barbuda); Susana Villarán (Perú); Juan E. Méndez (Argentina); Julio Prado Vallejo (Ecuador) y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo.  El Relator Especial para la Libertad de Expresión Eduardo Bertoni acompañó a la delegación.   

I.          INTRODUCCIÓN

19.             En el día de la fecha, la Comisión finalizó su visita in loco a la República de Guatemala. La visita –realizada por invitación del Gobierno del Presidente Alfonso Portillo— se extendió desde el lunes 24 hasta el sábado 29 de marzo de 2003 y tuvo por objeto observar la situación de los derechos humanos en dicho país.

20.             La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el mandato de promover y proteger la observancia de los derechos humanos en el Hemisferio y cuyas atribuciones se derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA, instrumentos ratificados por la República de Guatemala. La Comisión está compuesta de siete miembros elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA. La Delegación de la CIDH[2] para esta visita estuvo integrada por su Primer Vicepresidente José Zalaquett (Chile); Segundo Vicepresidente Clare Roberts (Antigua y Barbuda); Susana Villarán (Perú); Juan E. Méndez (Argentina);  Julio Prado Vallejo (Ecuador) y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo.  El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, acompañó a la delegación.  Asimismo, formaron parte de la Delegación las Especialistas Maria Claudia Pulido, Elizabeth Abi-Mershed, Isabel Madariaga, Andrea Galindo y Tamara Taraciuk.  La delegación contó con el apoyo administrativo de las señoras Gloria Hansen, Martha Keller y Laura Ferrer.

21.             La CIDH destaca que tuvo la más amplia libertad para reunirse con las personas de su elección, así como para desplazarse a cualquier lugar del territorio que estimara conveniente. Las autoridades del Estado de Guatemala extendieron a la Comisión la más plena asistencia y cooperación a fin de posibilitar la realización de su programa. La Comisión agradece al Gobierno del Presidente Portillo y en particular a COPREDEH por estas facilidades. Agradece asimismo la colaboración e información proporcionada por diversas organizaciones y representantes de la sociedad civil.

22.             Durante su visita la CIDH se entrevistó con autoridades de los poderes del Estado, incluyendo el Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobernación, el Ministro de Defensa, miembros del Gabinete de Seguridad, la Secretaria de Bienestar Social, la Secretaria de la Paz, el Secretario de Comunicaciones, el Secretario del Fondo Indígena, el Director de la Policía Nacional Civil, miembros de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo,  la Defensora de la Mujer Indígena y el Presidente de COPREDEH. Asimismo, la Comisión mantuvo reuniones con miembros de la Corte Suprema de Justicia y con un magistrado de la Corte de Constitucionalidad.  Por otro lado se reunió con el Fiscal General de la Nación y miembros de Fiscalías Especializadas, así como el Defensor del Pueblo, con miembros de la Defensoría Pública, así como con el Presidente del Congreso y miembros de las Comisiones de Derechos Humanos y de la Mujer, Niñez y Familia. También se entrevistó con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, representantes de organizaciones de derechos de los pueblos indígenas, organizaciones de derechos del niño, organizaciones de derechos de la mujer, representantes de las Iglesias, representantes de organizaciones campesinas, organizaciones dedicadas al fortalecimiento de la administración de justicia, periodistas, sindicalistas y representantes del sector empresarial. Asimismo, la CIDH recibió testimonio de víctimas de violaciones a los derechos humanos.  La CIDH mantuvo contacto con organismos internacionales incluyendo a  MINUGUA y UNICEF.

23.             Asimismo, la Comisión recibió información y testimonios sobre la situación en todas las regiones del país. En especial una delegación de la CIDH se trasladó a Nevaj, departamento del Quiché, en donde se entrevistó con el Gobernador, el Alcalde, el Juez Civil, el Defensor Público, personal del Juzgado de Paz, miembros de los bufetes populares y  el Jefe de la Policía, así como también con miembros de organizaciones locales y de la Iglesia. La Comisión también pudo verificar la situación de la comunidad de Los Cimientos y la situación de violencia que sufren los jóvenes en Villanueva, ciudad de Guatemala.

24.             En el marco de la colaboración existente con el Gobierno, y con el objetivo de contribuir en la búsqueda de una mayor y mejor protección de los derechos fundamentales en Guatemala, la Comisión, sobre la base de las funciones y atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace de público conocimiento sus observaciones preliminares sobre las impresiones recogidas antes y durante la presente visita. Las conclusiones y recomendaciones finales serán plasmadas en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, el cual será puesto a consideración del Estado guatemalteco y hecho público próximamente.

25.             Durante su visita, la Comisión prestó particular atención a los siguientes temas: la administración de justicia; la lucha contra la impunidad; la seguridad ciudadana (y la amenaza que representan los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad); la situación de los defensores de derechos humanos; la discriminación y la marginación social de los pueblos indígenas, la mujer y la niñez; y la libertad de expresión. La Comisión considera que estos temas son de fundamental importancia para lograr la efectiva vigencia del Estado de Derecho en una sociedad democrática. 

26.             A su vez, la Democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Según la Carta Democrática Interamericana, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; y la separación e independencia de los poderes públicos.

II.          LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

27.             La CIDH desea reiterar la importancia de la existencia de una administración de justicia eficiente, independiente y autónoma para el perfeccionamiento de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho. Un Poder Judicial que reúne tales características pone límites a los abusos de autoridad y es garante de la legalidad y la protección de los derechos de todas las personas.

28.             Durante su visita la CIDH recibió información sobre la situación del Poder Judicial guatemalteco, incluyendo los esfuerzos y logros realizados con miras a la formación de jueces, al nombramiento de nuevos jueces de paz y a la creación de juzgados comunitarios. Asimismo, la CIDH recibió información sobre las deficiencias que aún aquejan al Poder Judicial. Entre los problemas más graves que afectan a la administración de justicia se encuentran la insuficiencia de recursos, las presiones de diversa índole sobre jueces y operadores de justicia, la falta de una carrera judicial adecuada y la inestabilidad que ello acarrea.  Por otro lado, el incremento en los ataques y atentados contra la vida e integridad de jueces y fiscales y demás operadores de justicia son de particular preocupación para la Comisión y son analizados más adelante en este Comunicado de Prensa.

29.             La Comisión recibió información que indica que el presupuesto asignado a las instituciones de justicia continúa siendo insuficiente. Por ejemplo, el Fiscal General de la Nación le informó a la Comisión que los recursos de su institución son precarios y que, en razón de ello, el Ministerio Público sólo tiene presencia en el 10% del territorio guatemalteco y cuenta con un fiscal por cada 75.000 habitantes, lo que quiere decir que tiene un promedio de 1.546 casos a su cargo. De igual manera, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia informó que el Instituto de la Defensa Pública Penal experimenta serias dificultades para continuar con varios de sus programas vitales, como ser la Defensoría de Oficio, su presencia en los Centros de Administración de Justicia, Defensorías en Sedes Policiales y Defensorías Étnicas.

30.             Asimismo, la Comisión recibió información sobre el desempeño actual de diversas Fiscalías Especializadas. La Comisión considera que el éxito de la lucha contra la impunidad depende en gran medida de la efectividad de los mecanismos de investigación y por consiguiente valora la creación de Fiscalías Especiales cuando sean necesarias. Sin embargo, la información recibida por la Comisión indica que se registran pocos avances en numerosas investigaciones criminales, particularmente aquellas relacionadas con las amenazas y ataques a operadores de justicia y periodistas. La Comisión tiene especial interés en la investigación de las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos e insta al Fiscal General a dotar a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de los recursos necesarios para cumplir con su deber.

31.             Tanto la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, como el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados y esta misma Comisión, han expresado en numerosas oportunidades la importancia de dotar al sistema de justicia de Guatemala de un presupuesto adecuado. Esta es una condición necesaria para garantizar a todos los habitantes de Guatemala el acceso equitativo a la justicia y para combatir la impunidad.

III.          IMPUNIDAD

32.             La efectiva vigencia del Estado de Derecho se logra en gran medida asegurando una administración de justicia que no tolere la impunidad. La sociedad toda debe percibir que el Poder Judicial aplica la ley por igual y garantiza a todos los habitantes el goce efectivo de sus derechos.  La Comisión Interamericana ha sostenido que “la impunidad es uno de los serios problemas concernientes a la administración de justicia en el Hemisferio”, y uno de los  obstáculos para el fortalecimiento definitivo del Estado de Derecho en varios Estados de la región.

33.             La subsistencia de altos niveles de impunidad no significa solamente que  numerosos crímenes graves queden sin castigo; se convierte además en una situación que afecta la vida misma de la nación y su cultura. Asimismo, se genera responsabilidad internacional para el Estado cuando éste no cumple con su obligación de efectuar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos y sancionar a los responsables, aun cuando no se trate de crímenes cometidos por agentes estatales. Tal omisión genera la obligación adicional de reparar a las víctimas o a sus familiares por la violación de su derecho a obtener del Estado una debida investigación de los hechos.

34.             Durante su visita in loco la Comisión tomó conocimiento de distintos factores que contribuyen a la situación de impunidad. Entre ellos se encuentran graves falencias en la actuación del Ministerio Público, del Poder Judicial y en particular de la Policía Nacional Civil; las irregularidades en la recolección y producción de prueba; la indebida influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos ajenos a sus funciones específicas; la renuencia de los organismos de seguridad a brindar a los jueces información relevante; la protección y encubrimiento por parte de algunas autoridades en investigaciones relacionadas con el crimen organizado; la falta de voluntad, negligencia o incapacidad de numerosos jueces para evitar la utilización de recursos procesales con el objetivo de obstruir la justicia; la inexistencia de una política criminal orientada a combatir la inseguridad ciudadana; las amenazas e intimidaciones contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y otros líderes sociales; y las limitaciones presupuestarias en el sistema de administración de justicia.

35.             Con relación al enjuiciamiento y sanción de los responsables por violaciones de derechos humanos del pasado, la Comisión observa con profunda preocupación que la grave impunidad de las violaciones cometidas durante el conflicto armado permanece incólume. En efecto, tanto por medio del sistema de casos, las audiencias generales otorgados por la CIDH, como en la presente visita, la Comisión ha recibido información según la cual hasta la fecha las autoridades judiciales se han abstenido de procesar y sancionar a los autores responsables de casi la totalidad de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

IV.          LA SEGURIDAD CIUDADANA

LA POLICÍA NACIONAL CIVIL

36.             Durante su permanencia en Guatemala, la Comisión recibió valiosos testimonios sobre los temas de seguridad ciudadana, la violencia y la delincuencia que afectan gravemente la vigencia del Estado de Derecho.  En cuanto a la capacidad de la PNC, conforme a la información suministrada por el Estado, ésta ha sido fortalecida de acuerdo a las posibilidades del Estado y con la colaboración de la comunidad internacional. El Gobierno indicó que con la aprobación del presupuesto de gastos para el año 2003, la Policía fue reforzada financiera y técnicamente para satisfacer las demandas de protección. Sin embargo, la Comisión tuvo noticia de la reducción del presupuesto de la Academia de la PNC, por lo que insta al Estado a que le brinde los recursos y el apoyo necesarios para asegurar la continuidad de su labor de formación y capacitación especializada a los agentes de la policía.

37.             Una de las preocupaciones de la Comisión en relación con la seguridad ciudadana es la participación de las Fuerzas Armadas en actividades que deben corresponder exclusivamente a la PNC.  En un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas.  La Comisión ha recibido información sobre la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad ciudadana e inclusive en otras áreas del Gobierno.  Por ejemplo, las Fuerzas Armadas continúan  participando en la investigación de los delitos -en particular en los casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado– en funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil.

38.             La influencia sobre la seguridad ciudadana es sólo un aspecto del amplio poder que ejercen las Fuerzas Armadas sobre el Gobierno y la sociedad guatemalteca.  Es necesario profundizar el proceso de desmilitarización iniciado con la firma de los Acuerdos de Paz, fortaleciendo principalmente el control civil, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, sobre las actividades de las Fuerzas Armadas.

LOS LINCHAMIENTOS

39.             Preocupa gravemente a la CIDH que persista el fenómeno de los linchamientos que ha sido documentado a partir de 1996. Según las cifras de MINUGUA, desde ese año hasta el año 2002 se registraron 482 casos de linchamiento que afectaron a 943 víctimas, de las cuales 240 perdieron la vida. No obstante que la PNC y la Procuraduría de Derechos Humanos han intervenido exitosamente en ciertos casos para prevenir que las víctimas sean asesinadas, la respuesta estatal ha sido, hasta hoy, notoriamente deficiente.  En muchos casos las autoridades no toman medidas preventivas ni responden con eficacia frente a los hechos violentos.  La vasta mayoría de los casos de linchamientos quedan impunes. La falta de una respuesta efectiva por parte de la administración de justicia transmite el mensaje perverso de que la “justicia popular” es una alternativa aceptable para reemplazar el Estado de Derecho y el debido proceso.

LOS CUERPOS ILEGALES Y APARATOS CLANDESTINOS DE SEGURIDAD

40.             La Comisión recibió información de las autoridades y la sociedad civil sobre la existencia de “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” que han incrementado sus actividades delictivas en los últimos años.  Estos grupos han sido asociados con narcotráfico, secuestros, contrabando, robos en gran escala y en particular con ataques y amenazas a los defensores de derechos humanos, operadores de justicia, testigos, periodistas, sindicalistas y otros sectores sociales. 

41.             La Comisión ve con beneplácito la iniciativa para crear la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS),  que investigará la actuación de estos cuerpos e insta al Gobierno a proveer a dicha Comisión de los elementos necesarios para que cumpla con su mandato de investigación de manera eficaz. Asimismo, la Comisión insta a las autoridades a que colaboren con las CICIACS y a que cumplan estrictamente con los términos en el acuerdo político del 13 de marzo de 2003.

42.             La Comisión continuará observando de cerca la evolución de la CICIACS y pone a disposición de las autoridades y la sociedad civil guatemalteca su experiencia y conocimiento para colaborar en el éxito de su misión.  La Comisión confía en que la ONU y la OEA prestarán toda su colaboración para el buen funcionamiento de la CICIACS.

          LAS PATRULLAS DE AUTODEFENSA CIVIL  (PAC)

43.             Los organismos de la sociedad civil le expresaron a la Comisión su preocupación por la reactivación de las PAC en posibles actividades de intimidación sobre la población. Sobre el particular, la Comisión desea recordar que tanto en sus informes, como en decisiones de la Corte Interamericana se ha analizado el origen, objetivos y funcionamiento de las PAC, así como su vinculación con numerosas ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto armado,  y se efectuaron recomendaciones específicas a este respecto. La Corte Interamericana ha señalado que:

...las patrullas civiles (PAC) tenían una relación institucional con las Fuerzas Armadas, realizaban actividades de apoyo a las funciones de las Fuerzas Armadas y, aún más, recibían recursos, armamento, entrenamiento y órdenes directas del Ejercito guatemalteco y operaban bajo su supervisión, y a esas patrullas se les atribuían varias violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias y extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas.

44.             Asimismo, la Comisión desea recordar que en el Informe 59/01 recomendó al Estado guatemalteco que “evite efectivamente el resurgimiento y reorganización de las Patrullas de Autodefensa Civil”.  

V.      LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA

LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

45.             La Comisión desea resaltar que en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho, los defensores de derechos humanos tienen un papel protagónico. El accionar de los defensores, a través de la protección de individuos y grupos de personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, de la denuncia pública de las injusticias que afectan a importantes sectores de la sociedad y del necesario control que ejercen sobre los funcionarios públicos y las instituciones democráticas, entre otras actividades, los convierten en una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera.  Cuando los operadores de justicia y defensores de derechos humanos son silenciados por el asesinato, la intimidación o el miedo, se perjudica también a las personas para la protección de cuyos derechos ellos desempeñan su labor, y a toda la sociedad.

46.             Asimismo, la Comisión recuerda las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA 1818 y 1842, que expresamente condenan los actos que directa o indirectamente impiden o dificulten las tareas que desarrollan los defensores de los derechos humanos en las Américas y exhortan a los Estados miembros a que intensifiquen los esfuerzos para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los mismos, de acuerdo con su legislación nacional y de conformidad con los principios y normas reconocidos internacionalmente.

47.             En julio de 2002 la Relatora para Guatemala realizó una visita al país, junto con la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. En esa oportunidad la delegación recibió denuncias que indicaban un clima creciente de ataques, hostigamientos y persecuciones contra defensores de derechos humanos en Guatemala. En la presente visita, la CIDH constató un aumento significativo de ataques que, directa o indirectamente, impiden o dificultan las tareas de los defensores de derechos humanos. 

48.             Durante todo el 2002 y lo que ha transcurrido de 2003, la Comisión recibió abundante información que evidencia un patrón de intimidación hacia los defensores.  Asimismo, durante la presente visita la Comisión recibió información sobre más de  160 ataques y actos de intimidación contra defensores, testigos y dirigentes sociales registrados entre enero de 2002 y marzo de 2003. Entre dichos ataques se encuentran registros ilícitos a las oficinas de las organizaciones de derechos humanos, robo de equipos e información, amenazas de muerte proferidas por teléfono y por escrito, ataques contra la integridad física, seguimientos, secuestros, y en algunos casos, asesinatos. 

49.             En los últimos tiempos la Comisión solicitó al Estado de Guatemala el otorgamiento de medidas cautelares en beneficio de defensores de derechos humanos que han sido amenazados, intimidados o víctimas de actos de violencia.  En esta oportunidad, la Comisión desea reiterar la importancia que el Estado de Guatemala cumpla en su totalidad con las medidas cautelares de la Comisión.

LOS OPERADORES DE JUSTICIA

50.             La Comisión recibió con profunda preocupación información según la cual se han incrementado significativamente los actos de amenazas, hostigamientos y otros actos de intimidación contra operadores de justicia. El Presidente de la Corte Suprema informó a la Comisión que en los primeros tres meses de este año, 39 jueces fueron amenazados, dos sufrieron atentados, uno fue asesinado. Esto representa un aumento significativo con respecto a la cifra del año 2002 en que 74 fueron amenazados en todo el año.

51.             En los últimos meses, la Comisión solicitó medidas cautelares al Estado guatemalteco para que provea seguridad a las personas que son objeto de amenazas y otros ataques por motivos relacionados con procesos judiciales. Sin embargo, la Comisión recibió información que indica que la seguridad es insuficiente y la investigación casi inexistente. En el caso de los funcionarios judiciales, la Corte Suprema de Justicia creó una Dependencia de Seguridad Judicial encargada de estudiar los problemas de seguridad y formular recomendaciones.  

52.             Se informó a la Comisión que el 7 de febrero de 2001 fue creada la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia, a la cual le fueron asignados 114 casos durante el año 2001 y 47 en el primer semestre del 2002. La Comisión alienta el trabajo realizado por el Ministerio Público en la protección de los operadores de justicia; sin embargo, ha recibido información según la cual no se han producido avances significativos en las investigaciones de la Fiscalía.

VI.          DISCRIMINACIÓN Y MARGINACIÓN SOCIAL

53.             La Carta Democrática Interamericana recuerda que la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación por razón de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

54.             La Comisión observa que en Guatemala se vive una exclusión social, particularmente de los pueblos indígenas, de las mujeres y de la niñez.  La exclusión social que la Comisión constata en Guatemala comprende la falta de acceso a la justicia, así como al ejercicio efectivo de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de estos sectores de la sociedad.  Por lo tanto, la puesta en marcha de estrategias de inclusión social indisolublemente unidas a la promoción, protección y respeto de los derechos humanos de estos sectores debe ser una prioridad  para el Estado y la sociedad guatemalteca.  El Estado de Derecho en Guatemala sólo podrá consolidarse cuando estos sectores históricamente marginados logren una participación más igualitaria  en la sociedad y en las decisiones que afectan sus vidas.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS

55.             Guatemala es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural, donde los pueblos indígenas mayas, garífuna y xincas representan más de la mitad de la población. De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico los pueblos indígenas constituyeron el 83% de las víctimas del conflicto armado. La  CIDH en el Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala del año 2001 expresó que los pueblos indígenas históricamente han sido discriminados, constituyen gran parte de la población pobre o en extrema pobreza y son mayoría en los departamentos con los más altos índices de exclusión social. Dos años después de dicha afirmación la Comisión constata que la situación no ha variado.

56.             Los Acuerdos de Paz representaron la oportunidad histórica para superar dichos flagelos, en especial el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, a ocho años de su firma la CIDH constata que es el de menor grado de cumplimiento, cuestión reconocida por el propio Presidente de la República el 24 de marzo del presente año en el marco de la presentación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala.

57.             La Comisión valora los esfuerzos del Estado de Guatemala encaminados a reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas en áreas como justicia, educación y derechos culturales. No obstante, estos esfuerzos no han sido suficientes. La CIDH ha podido verificar en la presente visita que el acceso a la justicia sigue siendo una de las tareas pendientes. Asimismo, los grados de desnutrición crónica en niños y niñas indígenas, la falta de asistencia médica, la necesidad de una educación culturalmente pertinente, y la discriminación que sufre en especial la mujer indígena, son ejemplos de la exclusión social a la que continúan sometidos los pueblos indígenas de Guatemala.

58.             La Comisión valora las iniciativas estatales de sancionar una ley sobre discriminación y de crear la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala. Es de esperar que esta Comisión,  surgida a propuesta de organizaciones indígenas e integrada por cinco dirigentes indígenas, pueda formular políticas públicas que garanticen la erradicación de la discriminación y del racismo contra los pueblos indígenas.

59.             Un medio de comunicación fundamental de los pueblos indígenas son las radios comunitarias. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recomendó al Estado que suspendiera la subasta de frecuencias radiales, con el objeto de que las disponibles fueran entregadas a las comunidades indígenas en cumplimiento de los Acuerdos de Paz.  Sin embargo, según se informó a la Comisión, el Estado ha reanudado las subastas, sin reservar las frecuencias necesarias para las radios comunitarias.  La CIDH solicita al Estado que en cumplimiento de los Acuerdos de Paz reglamente el acceso de los pueblos indígenas a frecuencias radiales.

60.             Entre los obstáculos que la Comisión advierte para garantizar la erradicación de la discriminación y del racismo se encuentra la falta de implementación efectiva de instrumentos internacionales que el Estado de Guatemala ha ratificado,  tales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas.

LA MUJER

61.             Con base en el reconocimiento de que diversas formas correlacionadas de discriminación impedían la participación plena de la mujer en los espacios de toma de decisiones y de desarrollo nacional, los Acuerdos de Paz establecieron una serie de compromisos fundamentales respecto a los derechos de la mujer. A partir de esos compromisos, se adoptaron algunas iniciativas importantes, tales como la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, la Ley contra Violencia Intrafamiliar, la Ley de Desarrollo Social, la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades. Además se crearon instancias como  la Defensoría de la Mujer Indígena, el Foro de la Mujer, la Secretaría Presidencial de la Mujer y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer (CONAPREVI). Las mujeres tuvieron un rol protagónico en la formulación de dichos avances, los cuales establecieron un nuevo temario orientado hacía la superación de la discriminación histórica.

62.             Durante su visita in loco, sin embargo, la Comisión recibió consistentes informes en el sentido de que estos valiosos avances no han sido seguidos por otros cambios imprescindibles para remediar la discriminación sistemática que sigue obstaculizando que las mujeres ejerzan sus derechos libre y plenamente.  En este sentido, es un tema de especial preocupación que el Estado no haya dado los pasos necesarios para erradicar disposiciones legales que discriminan por razones de género. Por ejemplo, durante la visita varias fuentes hicieron hincapié en el hecho de que siguen vigentes disposiciones del Código Penal que restringen la protección de la ley a la mujer “honesta” o que permiten la extinción de la responsabilidad penal por ciertos tipos de delitos sexuales cuando el perpetrador se casa con la víctima.  Por otra parte, varias organizaciones enfatizaron la necesidad de que se establezcan sanciones legales para el hostigamiento y el acoso sexual.  Adicionalmente, la Comisión recibió información sobre la necesidad de derogar ciertas disposiciones del Código Civil, por ejemplo, la que permite que la mujer se excuse de ejercer ciertos tipos de tutela simplemente por ser mujer, y asimismo ciertas normas discriminatorias del Código de Trabajo. 

63.             Es evidente que cuando la ley misma consagra distinciones injustificadas por razones de género, lejos de garantizar el principio de igualdad se convierte en un factor de subordinación.  Es urgente que el Estado tome las medidas necesarias para identificar y erradicar tales distinciones injustificadas. 

64.             Pese a ciertos avances legislativos, subsisten disposiciones legales anacrónicas que perpetúan formas de discriminación. Existe un contraste marcado entre los compromisos positivos asumidos por el Estado y las escasas medidas que ha adoptado para ponerlos en práctica.  Por ejemplo, aunque el Estado reconoce que la representación de la mujer en los altos cargos de la administración pública sigue siendo muy escasa, no se han adoptado medidas eficaces para impulsar la participación de la mujer en la vida política en condiciones de equidad con el hombre.  Tampoco se han tomado medidas decisivas para solucionar las elevadas tasas de analfabetismo y mortalidad materna.  Además, durante esta visita la Comisión recibió abundante información que indica que las entidades estatales con competencia en los temas de discriminación y violencia por razones de género no cuentan con el presupuesto mínimo necesario para lograr sus metas, y que falta una coordinación entre ellas para asegurar la incorporación transversal de la perspectiva de género a las políticas públicas.  

65.             La Comisión recibió información alentadora sobre la creación de la Oficina de Equidad y Género de la PNC para incorporar e impulsar en dicha institución la perspectiva de género en el ámbito interno y en la prestación de servicios.  Es esencial que el Estado adopte medidas para incorporar dicha perspectiva en el trabajo de todas las instituciones públicas.  Como se reconoce en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la violencia contra la mujer es una expresión de la discriminación basada en las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.  Cuando ratificó dicha Convención, el Estado de Guatemala se comprometió a aplicar la debida diligencia tanto en la prevención como en la respuesta a tal violencia: En especial, el Estado está obligado a investigar, procesar y sancionar la violencia independientemente de que ocurra en la casa o a manos de agentes del Estado.  Al respecto, la creación de la Coordinadora para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer (CONAPREVI) es una medida valiosa. La información recibida más recientemente indica, sin embargo, que este avance no ha sido seguido por la adopción de medidas decisivas para poner fin a esta problemática.  En relación con los importantes compromisos internacionales adoptados por el Estado en relación con los derechos de la mujer, la Comisión desea expresar su preocupación por el hecho de que muchos operadores de justicia no conocen los instrumentos relevantes ni cómo aplicarlos debidamente. 

66.             En relación tanto con el tema de violencia como con el de discriminación por razones de género, la Comisión desea expresar su especial preocupación acerca de los obstáculos de hecho y de derecho que las mujeres encuentran cuando requieren la protección judicial de sus derechos.  Por ejemplo, la Comisión recibió información que indica que una mujer que desea denunciar una situación de violencia intrafamiliar enfrenta el llamado “efecto péndulo”, en el sentido de que cada vez que acude a una autoridad es dirigida a otra, sin lograr resultados oportunos y eficaces.  Más aún, la mujer pobre se ve limitada en su acceso a la justicia por la falta de asesoría jurídica gratuita.    

67.             Sobre esta materia, el desafío prioritario para Guatemala es eliminar la brecha profunda que existe entre los compromisos asumidos formalmente por parte del Estado y la discriminación que padecen muchas mujeres guatemaltecas.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

68.             Los valores de una sociedad se reflejan profundamente en la forma en la cual trata a sus niños.  En el sistema regional de derechos humanos se ha dado especial prioridad y protección a los derechos del niño, porque la juventud de nuestro Hemisferio representa nuestra posibilidad colectiva de “crear un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. 

69.             De acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención Americana, así como bajo la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado de Guatemala se compromete a adoptar las medidas legislativas y las prácticas necesarias para asegurar la protección de los derechos del niño guatemalteco. En este sentido la Comisión expresa su profunda preocupación por la falta de un marco normativo adecuado para proteger esos derechos.  Aunque es evidente que el Código de Menores de 1979 no refleja los compromisos del Estado bajo el derecho internacional, ni bajo la Constitución, no se han tomado las medidas necesarias para avanzar hacia una protección integral de los derechos de la niñez.  La ausencia de las protecciones legales requeridas pone en grave riesgo a la niñez guatemalteca.  La Comisión exhorta al Estado, y en especial al Congreso, a que se adopten las medidas necesarias para cumplir con sus deberes inmediatamente.

70.             Por otra parte, las deficiencias en la administración de justicia señaladas anteriormente en este Comunicado, implican que los niños son vulnerables al abuso, al cual no se responde con la investigación, el enjuiciamiento y el castigo necesarios.  En este sentido, la situación de los niños y jóvenes de la calle es emblemática.  Desde hace años, la Comisión ha prestado especial atención a este sector de alto riesgo. Precisamente por la falta de medidas adecuadas de prevención y respuesta frente a las violaciones que padecen, la Comisión presentó el caso “Niños de la Calle” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó, entre otras medidas, que el Estado tome las acciones necesarias para adecuar el marco normativo para cumplir con sus obligaciones. 

71.             Durante esta visita, la Comisión recibió información actualizada sobre graves violaciones a los derechos a la vida e integridad física de los niños y niñas, así como sobre la falta de servicios y programas para atender sus necesidades básicas. De acuerdo con la información recibida, hay cerca de  8000 niños de la calle en el país, aproximadamente 3500 de los cuales viven en Ciudad de Guatemala.  Durante la visita, muchas organizaciones hicieron hincapié en las violaciones graves que padecen muchos de estos niños y adolescentes, y en particular, acciones de hostigamiento y persecución por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.  Informaron asimismo sobre un aumento en el número de asesinatos y ataques contra niños y adolescentes desde diciembre de 2002. En particular, la Comisión recibió información según la cual en enero de 2003 fueron asesinados 37 jóvenes. Dichas fuentes también opinaron que en ciertos casos las características de estos asesinatos, que incluyen señales de tortura o tiros de gracia, son consistentes con la llamada “limpieza social”.  La información recibida indica que casi todos los casos de violencia contra niños de la calle u otros niños en situaciones de alto riesgo quedan en la impunidad. 

72.             La Comisión recibió también información sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez guatemalteca, y en especial sobre el impacto de la pobreza en el desarrollo del capital humano del país.  De acuerdo con los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aproximadamente el 64% de la niñez vive en la pobreza, y dentro de este grupo la mayoría es indígena. La desigualdad y marginación social ha repercutido sobre la educación y sus resultados, en especial en relación con el acceso a la educación primaria, la inseguridad alimentaria y las tasas de desnutrición elevadas, así como el elevado índice de trabajo infantil. 

73.             Con el fin de avanzar hacia la construcción de una sociedad multicultural, democrática y participativa, los Acuerdo de Paz pusieron énfasis en la educación como un  eje central. La Comisión supo de iniciativas positivas a favor de la reforma educativa y la educación bilingüe, pero también recibió información que indica que muchos niños todavía no tienen acceso a los tres primeros años de educación.  Por otra parte, varias organizaciones expresaron la necesidad de incorporar la participación de la niñez en la formulación de los programas y políticas que la afectan. La Comisión recibió información sobre un mecanismo de participación de la niñez en el ámbito municipal en el que actúan UNICEF, la sociedad civil, y representantes estatales.  La Comisión alienta la búsqueda de mecanismos para ampliar la participación de la niñez. 

74.             La adopción infantil en Guatemala es un tema de especial preocupación para la Comisión debido a que el país presenta uno de los mayores índices de adopción internacional y no cuenta con un marco normativo adecuado.  De acuerdo con la información recibida durante esta visita, el año pasado se realizaron más de 2000 adopciones, casi exclusivamente internacionales.  Sin embargo, la tramitación respectiva no requiere la aprobación judicial y no hay control estatal sobre el origen del niño, sobre el consentimiento libre e informado de los padres biológicos ni sobre la idoneidad de los padres adoptantes. 

75.             Dada dicha falta de control estatal y el alto precio que pagan los adoptantes internacionales, la adopción, en lugar de ofrecer una solución apropiada para niños huérfanos o en abandono, se ha convertido en una operación comercial rentable, que involucra, además, la existencia de redes de tráfico de niños.  En vista de la gravedad de la situación, la Comisión celebra que el Estado ha dado un importante paso al ratificar la Convención de la Haya sobre la cooperación en materia de adopción entre países.  Por otra parte, la Comisión recibió información sobre una iniciativa de ley de adopción, bajo consideración actualmente en el Congreso, que ofrecería unos avances importantes.  En vista de que el Estado no está cumpliendo con sus deberes bajo la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos del Niño de adecuar sus normas y prácticas, la Comisión exhorta al Congreso a que proceda a la aprobación pronta de las reformas necesarias. 

76.             Finalmente, durante su visita la Comisión recibió información sobre iniciativas no gubernamentales destinadas a aclarar la situación de los niños desaparecidos durante el conflicto, y los resultados positivos que se han producido en más de una decena de casos.  En relación con esta cuestión, debe recordarse que tanto los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico como del proyecto REMHI recomendaron establecer una comisión especial para esclarecer el destino de los niños y adultos desaparecidos, y que el Presidente Portillo declaró su voluntad de implementarla. La Comisión llama al Estado a cumplir con su deber pendiente de investigar y esclarecer los hechos.

VII.          LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

77.             El pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión es otro de los temas que la Comisión incluyó en la agenda para el análisis de la situación de los derechos humanos en Guatemala. El Relator Especial para la Libertad de Expresión acompañó a la CIDH en sus encuentros con funcionarios del Estado y miembros de la sociedad civil, reuniéndose además con el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Alejandro Pérez Martínez, representantes del Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria, de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), periodistas y directores de medios de comunicación. Esta visita ha servido al Relator para recabar información necesaria para la preparación de una futura visita específica sobre el tema de su mandato.

78.             La Comisión observa con preocupación un aumento de amenazas a periodistas, particularmente aquellos que cubren investigaciones relacionadas con actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Los casos de las periodistas Elizabel Enriquez y María de los Angeles Monzón son ejemplo de estos ataques. También las expresiones de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación por parte de altas instancias del Gobierno pueden constituir, si son reiteradas, actos de hostigamiento que contribuyen a crear un ambiente poco propicio para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Guatemala. La CIDH llama a las autoridades a buscar canales que permitan una mayor tolerancia hacia la crítica y el escrutinio de la administración pública.  La CIDH recibió información sobre el aumento de las citaciones a periodistas a los efectos de interrogarlos sobre sus fuentes de información; ello genera un efecto negativo en la investigación periodística dado que inhibiría a futuras fuentes de información a aportar elementos a los periodistas ante la posibilidad de que ellos pudieran ser obligados a revelar tales fuentes. La CIDH recuerda que la protección de las fuentes de los periodistas debe ser un derecho respetado por los jueces y fiscales.

79.             El derecho de acceso a la información pública fortalece las democracias al permitir alcanzar niveles necesarios de transparencia mediante la fiscalización ciudadana de la gestión pública. El Presidente del Congreso informó a la CIDH que una ley sobre acceso a la información será aprobada en el transcurso del próximo mes. La CIDH reitera al Estado guatemalteco la necesidad de sancionar leyes que permitan un acceso efectivo a la información en poder del Estado, con el objeto de garantizar mecanismos para combatir la corrupción y la impunidad fundamental para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

80.             En su Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, la CIDH recomendó que se investigara la posible existencia de un monopolio de hecho en los canales de televisión abierta y que se permitiera una mayor pluralidad de los medios. En esta oportunidad la CIDH pudo corroborar que se mantiene la situación que diera origen a esa recomendación. La CIDH reitera que la existencia de prácticas monopólicas en los medios de comunicación afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los guatemaltecos. La emisión de un nuevo canal por cable, si bien resulta una nueva vía para recibir información, es insuficiente para paliar los problemas referidos a la televisión abierta.

81.             En el mismo informe se recomendó que las reglamentaciones sobre concesiones de televisión y radiodifusión debían revisarse para incorporar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades en el acceso. En este sentido, la entrega o renovación de licencias de radiodifusión debe estar sujeta a un procedimiento claro, justo y objetivo que tome en consideración la importancia de los medios de comunicación para que la ciudadanía participe informadamente en el proceso democrático. La obligación del Estado se hace aún más evidente en el contexto guatemalteco en relación con la implementación de los Acuerdos de Paz que propician la inclusión y participación de aquellos sectores mayoritarios de la población guatemalteca tradicionalmente excluidos como son los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres y jóvenes. Resulta  por ello necesario que se garantice el ejercicio de la libre emisión del pensamiento mediante el otorgamiento de frecuencias radioeléctricas para radiodifusión, en igualdad de condiciones, que aseguren la representatividad de todos los sectores que conforman la sociedad guatemalteca.

82.             Finalmente la CIDH reitera una vez más la necesidad de que se efectúen campañas de promoción y capacitación sobre el derecho a la libertad de expresión y que se adopten medidas tendentes a eliminar obstáculos al ejercicio de libertad de expresión.   

Ciudad de Guatemala,  29 de marzo de 2003