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COMUNICADO DE PRENSA
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La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), principal órgano de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) con el mandato de fomentar y
proteger los derechos humanos en el hemisferio, concluyó hoy una visita de
cinco días a la República de Haití. La delegación de la Comisión estuvo
integrada por la Sra. Marta Altolaguirre, Presidenta de la Comisión, el Sr.
Clare K. Roberts, Vicepresidente y Relator para Haití, el Sr. Mario López
Garelli, abogado y Especialista Principal en Derechos Humanos, y el Sr. Bernard
Duhaime, Especialista en Derechos Humanos. La Comisión visitó Haití del 18 al 22 de agosto por invitación del
Estado y de conformidad con el mandato que le otorgan la Carta de la OEA y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las resoluciones de la
OEA CP/Res. 806 y AG/RES. 1841. La CIDH estuvo presente en las ciudades de
Port-au Prince, Cap Haitian y Gonaïves para observar la situación de derechos
humanos. En esta visita, la Comisión se centró más particularmente en la
administración de justicia, el régimen de derecho y la impunidad. Durante la visita, la delegación se reunió con funcionarios del
gobierno de Haití y con representantes de la sociedad civil, las organizaciones
políticas y las organizaciones de derechos humanos. La delegación se reunió
también con el Primer Ministro, Sr. Yvon Neptune, el Ministro de Relaciones
Exteriores, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Director General de
la Policía Nacional, el Inspector General de la Policía Nacional, el
Presidente de la Suprema Corte, el Presidente de la Corte de Apelaciones, el
Fiscal General, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia de
Port-au-Prince, Cap-Haitien y Gonaïves, y el Comisario Departamental y Jefe de
Policía de Cap-Haitien y Gonaïves. La delegación
se reunió también con el Defensor de los Derechos Humanos y con
representantes de la Escuela de Magistrados. También se reunió en las tres
ciudades con representantes de numerosas organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos, de los Colegios de Abogados, de las asociaciones de jueces y
de algunos partidos políticos. La Comisión tomó nota de las dificultades que enfrenta actualmente Haití,
más particularmente, de las graves penurias económicas y la persistente y
tensa crisis política, como telón de fondo para observar el desempeño del
Estado en relación con el respeto por los derechos humanos y la garantía del
libre y pleno ejercicio de tales derechos a todas las personas bajo su
jurisdicción. Pese a ello, y como lo señaló reiteradamente en el pasado reciente, la
CIDH se siente profundamente preocupada por la situación de derechos humanos de
Haití, más específicamente con respecto al derecho a la libertad y la
seguridad personales, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la
protección judicial, consagrados por los instrumentos interamericanos de
derechos humanos. La Comisión desea subrayar la importancia de estos derechos y
su necesaria interrelación con el debido funcionamiento de las instituciones
democráticas y la vigencia del régimen de derecho, como lo recalca la Carta
Democrática Interamericana. La CIDH considera que siguen existiendo en Haití graves problemas en
cuanto al respeto por el derecho a la libertad y seguridad personales. Más
específicamente, la Comisión observó que los arrestos no siempre se efectúan
de acuerdo con la ley y los procedimientos aplicables y que las personas son
posteriormente detenidas por períodos más prolongados que los admitidos por la
legislación interna. Además, la Comisión ha observado que con frecuencia las
personas tienen dificultades para recurrir a un tribunal competente que decida
en torno a la legalidad de su arresto o detención. Asimismo, la CIDH ha observado graves problemas en relación con el
derecho de las personas a una audiencia, dentro de un plazo razonable, ante un
tribunal competente, independiente e imparcial. Preocupa también a la Comisión el número de personas detenidas en
penitenciarías sin haber sido llevadas ante un juez. Se informó a la Comisión
que nada menos que el 70% o el 80% de los detenidos de Haití no han comparecido
ante un juez. Si bien la Comisión tomó nota de los esfuerzos considerables del
Estado para capacitar a jueces y magistrados, entiende que es preciso empeñarse
más para superar las demás limitaciones, a efectos de que el procesamiento en
plazo de los arrestados sea la norma y no la excepción. Asimismo, la Comisión
recomienda la aprobación de una ley que estructure adecuadamente la Escuela de
Magistrados. Preocupan en particular a la Comisión las sustanciales limitaciones
existentes a la independencia del poder judicial de Haití. La CIDH observó que
la legislación y las prácticas administrativas del país, en especial las
vinculadas a la designación, ascenso y sanción de magistrados y jueces y las
relacionadas con los aspectos presupuestarios y administrativos de las
instituciones judiciales pueden dar lugar a la dependencia del poder ejecutivo.
Más alarmante es que la Comisión recibió información creíble conforme a la
cual algunos jueces y magistrados han sido presionados por las autoridades, por
bandas o grupos violentos y a veces armados que procuran incidir en el resultado
de ciertos casos, en particular cuando se trata de materias con connotaciones
políticas. Algunos jueces y magistrados han admitido inclusive que temen por su
vida o integridad física cuando se ocupan de tales casos. Temores similares han
sido expresados por defensores de los derechos humanos y abogados, quienes,
junto a los jueces y magistrados, están en la primera línea de la protección
de los derechos humanos. En cuanto a las garantías del debido proceso, la CIDH observa que
algunas personas sometidas a proceso penal no gozan del derecho a ser asistidas
sin cargo por un traductor o intérprete, cuando no entienden o hablan el idioma
del tribunal o la corte. Análogamente, algunas personas sometidas a proceso
penal no gozan del derecho a la asistencia de un letrado por cargo del Estado,
cuando el acusado no puede contratar su propio asesor dentro del plazo legal. Además, la CIDH observó graves problemas en torno al derecho a la
protección judicial. Preocupa en particular a la Comisión que en algunos casos
las autoridades competentes no ejecuten las órdenes judiciales, en particular
las órdenes de liberación. Análogamente, la CIDH observó que, si bien el
Estado logró avanzar algo para poner fin a la impunidad en el tratamiento de
ciertos casos, el problema sigue siendo grave. Aún no se han resuelto varios
casos de notoriedad, en especial los relacionados con los hechos del 17 de
diciembre de 2001 y los casos de Jean Dominique y Brignol Lindor, para nombrar sólo
algunos. También preocupan mucho a la CIDH los informes de la existencia en Haití
de grupos armados que actúan fuera de la ley y con impunidad, a veces
aterrorizando a la población de ciertas zonas. La Comisión considera que la
incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de la población en ciertas
zonas del país y de poner fin a la impunidad y garantizar el derecho a la
protección judicial atenta contra el régimen de derecho. Corresponde señalar que un número sustancial de funcionarios del Estado
negó la existencia de los problemas señalados, o culparon de ello a la crisis
económica o a la parcialidad de la comunidad local de derechos humanos, de la
prensa y de la oposición. La Comisión considera que el primer paso para
mejorar la situación de derechos humanos de Haití es que el Estado y sus órganos
reconozcan que algunas de sus prácticas pueden constituir violaciones de los
derechos fundamentales de sus ciudadanos. En consecuencia, el Estado tiene que
ser consciente de su deber de investigar efectivamente tales denuncias. La Comisión se siente especialmente complacida por la activa participación
de las personas que comparecieron ante ella, tanto de los organismos del Estado
como de la sociedad civil, y reitera al respecto que, de conformidad con el
Reglamento de la CIDH, el Estado debe otorgar las debidas garantías de protección
a quienes brindaron a la delegación información, testimonios o pruebas. La CIDH agradece al Gobierno de la República de Haití la asistencia en
la preparación de la visita, las facilidades y las garantías de seguridad que
le brindó. La Comisión agradece la hospitalidad del Gobierno y el pueblo de
Haití. Asimismo, expresa su reconocimiento a las organizaciones no
gubernamentales, las instituciones de la sociedad civil y las organizaciones
internacionales, en especial la Misión Especial de la OEA en Haití, por el éxito
de la visita. La Comisión desea reiterar su ofrecimiento de cooperar con los
gobiernos del hemisferio para fomentar, garantizar y proteger los derechos
humanos. Port-au
Prince, 22 de agosto de 2003 |
