COMUNICADO DE PRENSA

N° 45/02

          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su repudio por el asesinato del defensor de derechos humanos José Rusbell Lara, miembro del Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, ocurrido el 8 de noviembre de 2002 en la cabecera municipal de Tame, Departamento de Arauca, República de Colombia, y hace llegar condolencias a sus familiares.

En vista de las amenazas y el riesgo al que se encontraba expuesto el señor Lara y al que aun se ven expuestos otros defensores de derechos humanos que operan en la región de Arauca, la CIDH solicitó al Estado colombiano que adoptara medidas especiales de protección a su favor a partir del 29 de julio de 2002, conforme prevé el Reglamento de la Comisión para casos de extrema gravedad y urgencia, con el fin de evitar daños irreparables a las personas.  Sin embargo, a pesar de la solicitud de la CIDH, la información disponible indica que al momento del atentado el señor Lara no contaba con la implementación efectiva de medidas de protección.

Corresponde recordar que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la Resolución AG/Res. 1842 (XXXII-O/02) "Defensores de derechos humanos en las Américas: apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas" aprobada por la Asamblea General de la OEA el 4 de junio de 2002, resolvieron:

2. Condenar los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de los derechos humanos en las Américas.

3. Exhortar a los Estados Miembros a que intensifiquen los esfuerzos para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los mismos, de acuerdo con su legislación nacional y de conformidad con los principios y normas reconocidos internacionalmente.

          La CIDH lamenta la falta de implementación efectiva de medidas de protección por parte del Estado colombiano y lo urge a investigar este crimen en forma exhaustiva, juzgar y sancionar a los responsables, así como asegurar que el resto de los defensores de derechos humanos cobijados por la solicitud de la Comisión reciban la debida protección.

Washington, D.C., 12 de noviembre de 2002