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N° 4/02
LA
RELATORA ESPECIAL DE LA CIDH CULMINA VISITA PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO
La Licenciada Marta Altolaguirre, Relatora Especial sobre los
Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
culminó el día de hoy una visita de dos días a Ciudad Juárez y al
Distrito Federal de México, a invitación del Gobierno de Presidente
Vicente Fox, y en atención a previas expresiones de preocupación por
diversos representantes de la sociedad civil.
La visita tuvo el propósito de evaluar la situación de los
derechos de la mujer en Ciudad Juárez.
Durante dicha visita, la Relatora Especial contó
con la asistencia de la doctora Elizabeth Abi-Mershed, Especialista
Principal de la CIDH. La
Licenciada Altolaguirre, miembro de la Comisión, fue nombrada Relatora
Especial en 2000, y actualmente integra la mesa directiva de dicho órgano
como Vicepresidenta. De
acuerdo con el mandato de la Relatoría, sus funciones son las de proteger
y promover un mayor respeto a los derechos de la mujer en el Hemisferio.
Analiza, en especial, la medida en que las leyes y prácticas de
los Estados miembros de la OEA cumplen con las obligaciones de igualdad
ante la ley y no discriminación bajo los instrumentos aplicables.
Dichos instrumentos incluyen, en especial, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (“Convención Americana”), de la cual México
es parte desde 1981, y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém
do Pará”), que dicho Estado ratificó en 1998.
La
CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), compuesto de siete miembros elegidos a título personal por la
Asamblea General de dicha organización.
La Comisión tiene el mandato de promover la observancia de los
derechos humanos en el Hemisferio conforme a los parámetros establecidos
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Como parte de los compromisos asumidos, los Estados partes de la
OEA y de dicha Convención deben otorgar a la CIDH todas las facilidades
necesarias para llevar a cabo sus misiones de observación con plena
libertad, con el fin de dar cumplimiento a su mandato.
La visita de la Relatora Especial se realizará en el marco de la
competencia que establece la Convención Americana y el Reglamento de la
CIDH.
En el transcurso de estos dos días, la Relatora Especial cumplió
una intensa agenda que incluyó reuniones con autoridades federales, tales
como la Senadora Susana Stephenson Pérez, Presidenta de la Comisión de
Equidad y Género del Senado de la República, Diputada Federal Concepción
González Molina, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara
de Diputados, las Diputadas Silvia López Escoffié y Olga Haydee Juárez,
y las Senadoras Leticia Burgos y María del Carmen Ramírez García, también
integrantes de dichas Comisiones; el Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado; el Lic. David Rodríguez Torres, Diputado
Federal integrante de la Comisión Especial para Esclarecer los Homicidios
de Mujeres en Ciudad Juárez; Lic. Mariclaire Acosta Urquidi,
Subsecretaria para Derechos Humanos y Democracia y Lic. Patricia Olamendi,
Subsecretaria para Temas Globales, ambas de la Secretaría de Relaciones
Exteriores; Lic. Patricia Espinosa Torres, Presidenta del Instituto
Nacional de las Mujeres, y Martha Laura Carranza, Secretaría Técnica del
Inmujeres; Lic. Carlos Vega Memije, Subprocurador de Procedimientos
Penales “B” de la Procuraduría General de la República, Dra. María
de la Luz Lima Malvido, Subprocuradora de Coordinación General y
Desarrollo de la PGR, Lic. Eduardo Ibarrola Nicolin, Subprocurador Jurídico
y de Asuntos Internaciones de la PGR, Dr. Miguel Oscar Aguilar Ruiz,
Director General de Servicios Periciales de la PGR, y Dr. Mario I. Alvarez
Ledesma, Director General de Protección a los Derechos Humanos de la PGR
. La
Relatora Especial también se entrevistó con autoridades del Estado de
Chihuahua y de la Municipalidad de Ciudad Juárez, inter
alia, Lic. Jesús José Solís Silva, Procurador General de Justicia
del Estado, Lic. Lorenzo Aquino Miranda, Delegado de la PGR en Chihuahua,
Lic. Suly Ponce, Coordinadora Regional de la Zona Norte de la PGJE, Lic.
Zulema Bolivar, Fiscal Especial para la Investigación de Homicidios
Contra Mujeres; Lic. Sergio A. Martínez Garza, Secretario General de
Gobierno del Estado de Chihuahua; Lic. Oscar Francisco Yáñez Franco,
Presidente, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Lic. José
Luis Armendáriz, Secretario Técnico de la CEDH, Lic. Jaime Flores Castañeda,
Visitador Titular de Ciudad Juárez
(CEDH); Lic. José Reyes Ferriz, Presidente Municipal de Ciudad Juárez y
varios funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Asimismo,
recibió información y testimonios de familiares de víctimas, y se
entrevistó con representantes de organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil a nivel local
y nacional, inclusive inter alia,
Casa Amiga Centro de Crisis, A.C., Red de No Violencia y Dignidad Humana,
Campaña “Alto a la Impunidad: Ni Una Muerte Más”,
Grupo Feminista Ocho de Marzo de Chihuahua, FEMAP, CIESAS, Círculo
de Estudios de Género, Asociación de Amigos y Personas Desaparecidos A.C.,
MILETNIA, Pastoral Obrera, Pastoral Juvenil Obrera, CETLAC, Comisión de
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), Despacho Obrero,
Centro Mujeres, Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, Asociación
de Trabajadores Sociales, A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y
la Equidad, Centro Norte Americano para la Solidaridad Sindical
Internacional AFL-CIO, Milenio Feminista Convergencia Socialista, ELIGE
Red de Jóvenes para los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C., Mujeres
Trabajadores Unidas, A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, y Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana – Comisión
de Equidad y Género. La
Relatora Especial agradece al Gobernador de Chihuahua y al Presidente
Municipal de Ciudad Juárez y su equipo por las atenciones que tuviera
durante la visita. También
agradece la disposición del Gobierno del Presidente Fox para permitirle
realizar su trabajo y la voluntad mostrada para colaborar en la búsqueda
de soluciones a los problemas planteados, y especialmente a la Secretaría
de Relaciones Exteriores, y la Subsecretaria Patricia Olamendi por su
acompañamiento en las entrevistas. Concretamente,
esa voluntad se ha reflejado en un acercamiento del Presidente Vicente Fox
y las autoridades pertinentes para atender las recomendaciones de la
Comisión Interamericana. Se
puede mencionar al respecto el caso reciente de la liberación del General
Gallardo, en respuesta a una recomendación emitida por la Comisión
Interamericana. Asimismo,
desea extender su agradecimiento a los representantes de la sociedad
civil, y en especial a las personas directamente afectadas por esta
situación, por la colaboración y la importante información que le
suministraron durante esta visita. La
Relatora Especial informará al plenario de la CIDH sobre la visita
durante su próximo período de sesiones, que se iniciará a fines del mes
en curso. El cúmulo de
información recibida durante esta visita será analizado por la Relatoría
en detalle, con el propósito de elaborar un informe con sus conclusiones
sobre la situación de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, para
la consideración y aprobación del plenario de la CIDH.
Dicho informe, que será puesto a consideración del Estado
mexicano y hecho público en un futuro próximo, ofrecerá una serie de
recomendaciones destinadas a ayudar al Estado a perfeccionar su
cumplimiento con sus obligaciones internacionales en la materia.
La Comisión Interamericana evaluará las medidas adoptadas para
cumplir con estas recomendaciones a través de un proceso de seguimiento. Sin
perjuicio de lo anterior, en el marco de la colaboración existente con el
Gobierno y con el objetivo de contribuir en la búsqueda de una mayor
protección de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, la Relatora
Especial desea manifestar unas reflexiones iniciales, en especial sobre la
preocupante situación de violencia contra la mujer en dicha localidad.
Desde noviembre de 2001, la Relatoría ha recibido una serie de
comunicaciones firmadas por más de trescientas organizaciones detallando
que desde 1993 hasta la fecha, más de doscientas mujeres han sido
asesinadas con una violencia brutal en dicha ciudad fronteriza,
denunciando la ineficacia de la administración de justicia, y solicitando
que la Relatoría realice una visita a México con el fin de constatar la
situación de violencia que viven las mujeres de esa ciudad.
En respuesta a la preocupación manifestada por la Relatora
Especial ante esta información, el Gobierno de México extendió la
invitación a realizar la visita in
loco que concluye en la fecha.
Durante la visita, la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Chihuahua presentó información sobre 268 homicidios de mujeres en
Ciudad Juárez desde enero de 1993 hasta enero de 2002.
En muchos casos, se trata de jóvenes mujeres, obreras de las
maquiladoras o estudiantes, algunas menores de edad, que fueron violadas,
estranguladas o acuchilladas, y cuyos cadáveres aparecieron abandonados
en las inmediaciones de la ciudad. La
PGJE informó que, en relación con estos casos, que clasifica como
homicidios múltiples, la vasta mayoría sigue bajo investigación sin
esclarecimiento. También
informó que de las 4.154 desapariciones denunciadas durante el mismo período,
la vasta mayoría habían sido resueltas a través de la localización de
la persona, mientras que por lo menos 257 quedan pendientes.
Aunque otras fuentes cuestionan dichas cifras y los criterios que
la PGJE aplica para clasificar los crímenes, lo que queda absolutamente
claro es la gravedad de la situación y el alto grado de impunidad.
Como
se explica en una carta presentada a la Relatora Especial durante la
visita, “Desde 1993 las mujeres que viven en Ciudad Juárez tienen miedo.
Miedo de salir a la calle y recorrer la distancia del camino de su
casa a su trabajo. Miedo a
las 10, a los 13, a los 15, a los 20 años, no importa si es niña o ya
mujer...”. Esta situación
que se vive en Ciudad Juárez ha impactado a la conciencia de la población;
de hecho, la carta en referencia fue presentada con cinco mil firmas.
Además, la Secretaría Ejecutiva, a través de la Dra. Abi-Mershed,
recibió dos peticiones relacionadas con víctimas específicas, y otras
organizaciones señalaron que van a presentar peticiones a la CIDH en el
próximo futuro.
El impacto también se refleja en varias iniciativas impulsadas por
el sector estatal y orientadas hacia el esclarecimiento de los asesinatos
de mujeres en Ciudad Juárez. Complace
a la Relatora Especial la información que recibió sobre las actividades
de las Comisiones de Equidad y Género del Honorable Congreso de la República,
y la Comisión Especial de la Honorable Cámara de Diputados establecida
en noviembre de 2001 para esclarecer los homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez. Dicha Comisión
Especial ha realizado reuniones con los familiares de las víctimas, las
organizaciones no gubernamentales que trabajan con el tema, las
autoridades estatales, y representantes de las maquiladoras, con el fin de
dar seguimiento a las investigaciones, impulsar una verdadera colaboración
entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil y ofrecer
recomendaciones concretas relacionadas con la prevención de tales crímenes.
Asimismo, recibió información del impulso dado por el Instituto
Nacional de las Mujeres en la integración de la Mesa Interinstitucional
de Diálogo integrada por representantes de diferentes instancias del
Estado de Chihuahua y representantes de la sociedad civil.
Dicha Mesa tendrá como fin el análisis y la prosecución de los
casos de los asesinatos, inclusive la revisión de los expedientes, para
emitir observaciones y recomendaciones para el mejor desarrollo de las
investigaciones. La Relatora
Especial valora iniciativas destinadas a detener estos crímenes, unir
esfuerzos y lograr el esclarecimiento respecto a las víctimas del pasado.
Mientras
que las iniciativas descritas ofrecen esperanzas, parece que otras
iniciativas impulsadas con el fin de buscar soluciones al problema no han
recibido el seguimiento necesario. En
especial, de acuerdo a la información disponible , el importante trabajo
realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 1998
con el fin de evaluar las investigaciones de los asesinatos de mujeres y
emitir la recomendación 44/98 no ha tenido resultados concretos.
Asimismo, aunque el establecimiento de la Fiscalía Especial para
la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez ha aportado
nuevos elementos importantes para la investigación, tampoco ha producido
los resultados deseados por la comunidad afectada. La
Convención de Belém do Pará expresa que “Toda mujer tiene derecho a
una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado” (Artículo 3). Violencia
contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que
tenga lugar en la casa, y en la comunidad y que sea perpetrado o tolerado
por el Estado (Artículo 2). Asimismo,
dicha Convención consagra para la mujer el derecho al ejercicio y
protección de todos los derechos fundamentales y genera diversas
obligaciones para el Estado, principalmente que debe actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer (Artículo 7). No
obstante la gravedad de la situación y las medidas que se están
desarrollando, la respuesta estatal frente a estos crímenes sigue siendo
marcadamente deficiente. Como
expresaron varias autoridades estatales, la magnitud del problema no se
equipara con las medidas adoptadas. En
especial, tanto las autoridades pertinentes como los representantes de la
sociedad civil expresaron reiteradamente que la administración de
justicia en el Estado ha sido ineficaz para esclarecer estos crímenes, lo
que ha propiciado en consecuencia la impunidad y la inseguridad.
La impunidad existente desde 1993 sobre las graves violaciones a
los derechos humanos de las mujeres de Ciudad Juárez contribuye
significativamente a la perpetuación de la violencia contra la mujer. La
Relatora Especial ha observado una falta de confianza notable y
generalizada con respecto a la administración de justicia en el Estado de
Chihuahua. Por un lado, los
familiares y sus representantes manifestaron consistentemente que no
cuentan con la información básica y la asistencia que requieren en busca
de justicia. Es evidente que
esta falta de información juega un rol muy importante en la falta de
confianza en el sistema de justicia.
En varias entrevistas, familiares de víctimas y miembros de la
sociedad civil manifestaron dudas sobre las bases de sustentación en las
sindicaciones de personas supuestamente culpables.
Además, en algunos casos específicos, los familiares manifestaron
que tienen mucha incertidumbre sobre la identidad verdadera del cadáver
identificado por las autoridades como el de su ser querido.
Reiteradamente se mencionó la falta de consideración de algunas
autoridades hacia familiares que se acercaron para indagar sobre el estado
de las investigaciones. Asimismo,
la Relatora Especial ha recibido varios informes al efecto de que algunos
familiares se sienten desprotegidos, y que por el contrario, manifiestan
que algunos funcionarios están desprestigiando a las víctimas y a ellos
mismos. De acuerdo con estos informes, hay una tendencia a relacionar
el delito con la forma de vestirse o comportarse de la víctima,
esencialmente culpándola en vez de dirigir la atención al victimario.
Este tipo de tratamiento o respuesta refleja una discriminación
inaceptable para la CIDH. Adicionalmente,
la Relatora Especial fue informada que defensores de los derechos humanos,
miembros de ong’s
que trabajan con los familiares de las víctimas y periodistas, han
recibido amenazas en relación con este trabajo.
La Relatora desea recordar que tales defensores tienen un papel
importante en la protección de los derechos humanos, y destacar la
importancia de que personas en una situación de riesgo tengan acceso a
medidas de protección.
También es importante mencionar el deber del Estado de tomar
medidas razonables para prevenir violaciones de los derechos humanos,
tanto bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos como bajo la
Convención de Belém do Pará. En
las reuniones, los miembros de la sociedad civil y las autoridades
estatales coincidieron en señalar ciertas circunstancias o características
especiales de Ciudad Juárez, tales como el desarrollo desmesurado debido
a las maquiladoras y las oportunidades de empleo, la presencia de otros
migrantes esperando cruzar la frontera, la permeabilidad de dicha frontera,
y el crecimiento de la venta de droga y
la penetración del crimen organizado.
Asimismo, y tomando en cuenta las circunstancias de los asesinatos
bajo investigación, se mencionó reiteradamente la necesidad de mejorar
las medidas de seguridad y políticas públicas para garantizar la vida e
integridad personal de las mujeres juarenses, en relación, por ejemplo,
al alumbrado, el transporte público y elementos de seguridad pública.
Al respecto, el Presidente Municipal informó a la Relatora
Especial que en los últimos meses, tras una serie de reuniones con
representantes de la sociedad civil, se emprendieron acciones, inter
alia, para gestionar ante TELEMEX la instalación de una línea
especial para recibir denuncias de emergencia de mujeres en peligro por
violencia intrafamiliar, acoso en la calle, etc.; implementar un programa
de control más estricto para la contratación de choferes en el servicio
de transporte público; instalar más alumbrado; poner en marcha un nuevo
programa de denuncia anónima “Juntos contra la Delincuencia”; y
trabajar con algunas maquiladoras con el fin de adoptar medidas para que
una mujer no queda sola en los camiones que las transportan.
La Relatora espera recibir información sobre los resultados de éstas
y otras iniciativas en el próximo futuro.
En conclusión, la Relatora Especial desea reconocer los esfuerzos
del Gobierno mexicano y de la sociedad civil por buscar soluciones al
problema de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, los que apoya
plenamente, en especial en cuanto a la necesidad de unir esfuerzos entre
todos los niveles de Gobierno y la sociedad civil.
Como refleja la Convención de Belém do Pará, la violencia contra
la mujer no es un problema privado, sino fundamentalmente social y afecta
a todos los miembros de la sociedad civil.
Sin
embargo, dada la gravedad de la situación, la Relatora Especial no puede
sino expresar su decepción ante la lentitud de los avances registrados en
una situación que data desde 1993. Por
un lado, es fundamental esclarecer estos crímenes y castigar a los
culpables de acuerdo a derecho. Por
el otro, es igualmente importante adoptar políticas eficaces con el
presupuesto adecuado para prevenir y erradicar la violencia contra la
mujer. La Relatora Especial
reitera su disposición de continuar colaborando con las autoridades y con
la sociedad civil dentro del marco de los instrumentos aplicables a fin de
contribuir al fortalecimiento de los mecanismos internos e internacionales
para la protección de los derechos de la mujer y en especial el derecho a
una vida libre de violencia. Finalmente, la Relatora Especial desea agradecer el interés
de los periodistas y los medios de comunicación por la cobertura de esta
visita. México,
13 de febrero de 2002 |
