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COMUNICADO DE PRENSA No. 26/02
La
Comisión expresa su viva preocupación con respecto a la vigencia |
1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto fin a su
visita a la República de Haití,
efectuada por invitación del Gobierno de ese país y en el marco de la Resolución
806 de la OEA. La delegación estuvo formada por el responsable de la Comisión,
Sr. Clare K. Roberts, el Secretario Ejecutivo de la misma, Sr. Santiago A. Cantón,
el Relator para la Libertad de Expresión, Sr. Eduardo Bertoni, la Especialista
Principal, Sra. Christina Cerna, y la Especialista en Asuntos Haitianos, Sra.
Raquel Poitevien. 2.
La CIDH es uno de los principales órganos de la Organización de los
Estados Americanos (OEA). Su mandato consiste en promover la vigencia de los
derechos humanos en todo el Hemisferio. La Comisión agradece al Gobierno de
Haití por todas las facilidades proporcionadas para el cumplimiento de la
presente visita y por la invitación de volver a visitar periódicamente el país
a fin de realizar el seguimiento. La presente visita de la CIDH se ha realizado
en el marco de la Resolución 806 de la OEA del 15 de enero de 2002, a fin de
restablecer un clima de confianza y de seguridad, de modo de resolver la crisis
política en Haití. La CIDH, en el contexto de sus atribuciones, ha recibido el
mandato de evaluar e informar sobre la situación actual de los derechos humanos
y sobre los hechos que tuvieron lugar el 17 de diciembre de 2001. Esas
actividades se realizaron en estrecha colaboración con las restantes entidades
de la OEA y con el Secretario General de la OEA en Haití, respetando al mismo
tiempo la autonomía e independencia de las actividades de la CIDH. 3.
En el curso de la visita, la delegación mantuvo encuentros con las
autoridades del Gobierno haitiano, los representantes de la oposición y la
sociedad civil. La delegación se reunió asimismo con el Presidente de la República,
Sr. Jean Bertrand Aristide; el Primer Ministro, Sr. Yvon Neptune; el Ministro de
Relaciones Exteriores; el Ministro de Justicia y Seguridad Pública; el Ministro
del Interior y de las Colectividades Territoriales; el Director General de la
Policía Nacional de Haití; el Inspector General de la Policía Nacional, y el
Secretario de Estado de Seguridad Pública. La delegación se reunió también
con los representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil, entre
los cuales los representantes de las organizaciones no gubernamentales, los
representantes de diferentes partidos políticos, los representantes de las
Iglesias Católica y Protestante, y los representantes de la prensa. También
mantuvo encuentros con los representantes del Programa de las Naciones Unidas en
Haití, los representantes de la USAID y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. La delegación agradece igualmente las opiniones del Grupo de
Amigos de Haití sobre las condiciones actualmente imperantes. 4.
La Comisión ha tomado nota del contexto difícil en que vive la sociedad
haitiana, que se manifiesta en la pobreza extrema de la mayor parte de la
población, las elevadas tasas de analfabetismo, la elevada tasa de mortalidad
materno-infantil y la desnutrición, entre otros aspectos. Es conveniente señalar
que todas esas circunstancias crean una situación de crisis social y
representan de por sí una serie de violaciones de los derechos humanos de la
población. En ese contexto, el respeto efectivo de los derechos humanos no
abarca solamente los derechos cívicos y políticos, sino también los derechos
económicos, sociales y culturales, que constituyen un desafío de gran
envergadura que no puede resolverse sin una participación profunda y un plan
concreto de desarrollo por parte del Gobierno haitiano, con la colaboración de
diversos sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional.
5. La
Comisión expresa su profunda preocupación por la debilidad del Estado de
Derecho y del proceso democrático, principalmente en algunos ámbitos que han
sido evaluados en el curso de la presente visita. La Comisión desea hacer mención,
en especial, a la falta de independencia del Poder Judicial, la impunidad, el
estado de inseguridad de los ciudadanos, la existencia de grupos armados que actúan
con total impunidad y las amenazas de que han sido objeto algunos periodistas.
Todos esos aspectos obedecen a la falta de diálogo entre los principales
sectores de la sociedad y representan una debilidad evidente de los pilares
fundamentales para el establecimiento de un Estado de Derecho según los términos
de la Convención Americana y de la Carta Democrática Interamericana.
6. La
Comisión expresa la importancia y la urgencia, conforme a las obligaciones
internacionales previstas en la Convención Americana, de acelerar el proceso de
cambio de la grave situación en que se encuentra el sistema judicial, debido
principalmente a su falta de independencia, a la impunidad existente y a
restricciones presupuestarias y logísticas. 7.
La Comisión ha tomado conocimiento de las declaraciones del Presidente
Aristide con respecto a la “Tolerancia Cero”. No es de competencia de la
Comisión formular recomendaciones sobre el tipo de política criminal que
eligen los gobiernos. No obstante, en el ámbito de sus atribuciones, desea
recordar que es fundamental, en la aplicación de la política criminal elegida,
respetar los derechos individuales de todas las personas. 8.
En ese contexto, la Comisión expresa que es indispensable que el
monopolio de la fuerza esté exclusivamente en manos de la fuerza de seguridad pública.
Es esencial realizar investigaciones sobre la existencia de grupos armados y
proceder a su desarme del modo más completo y rápido posible. La Comisión
reconoce como un acto positivo las recientes declaraciones del Presidente
Aristide, en que anunció la puesta en marcha de un programa de desarme a nivel
nacional. La Comisión seguirá de cerca el avance de ese programa, que
considera esencial para lograr un mayor respeto de los derechos de la persona
humana. 9.
La Comisión expresa su viva preocupación por la falta de avance en las
investigaciones iniciales relativas a los asesinatos de los periodistas Jean Dominique y Brignol Lindor. La impunidad en el caso de
esos periodistas asesinados contribuye de manera significativa a la perpetración
de actos de violencia contra los periodistas. Por otra parte, las informaciones
recogidas indican que si bien en Haití es posible formular críticas a las
autoridades, en algunos casos esas críticas pueden tener como consecuencia
amenazas que ponen a los periodistas en situación vulnerable, lo que tiene como
efecto impedirles realizar su labor.
10. La CIDH
reitera su oferta de colaborar con el Gobierno y con la sociedad civil en su
conjunto, a fin de contribuir a reforzar la defensa y la protección de los
derechos humanos en un contexto democrático y de legalidad institucional.
Espera regresar muy pronto para realizar el seguimiento de las recomendaciones y
observaciones presentadas en este comunicado. Puerto
Príncipe, viernes 31 de mayo de 2002
ANEXO OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA CIDH AL CONCLUIR SU VISITA EN HAITI La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) terminó una visita in
loco a la República de Haití, la cual fue realizada por invitación del
Gobierno de Haití y en cumplimiento de la Resolución 806 de la OEA.
La delegación estuvo compuesta por el Comisionado Clare K. Roberts,
el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton, el Relator para la Libertad
de Expresión, Eduardo Bertoni, la
Especialista Principal, Christina Cerna y la Especialista responsable de los
asuntos de Haití, Raquel Poitevien.
La CIDH es un órgano principal
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el mandato de promover
la observancia de los derechos humanos en el hemisferio y cuyas atribuciones se
derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA,
instrumentos ratificados por la República de Haití. La Comisión está compuesta de siete miembros elegidos a título
personal por la Asamblea General de la OEA.
La Comisión lleva acabo investigaciones y tramita denuncias sobre
violaciones de derechos de la persona, efectúa visitas in
loco, elabora proyectos de tratados y declaraciones relativos a los derechos
de la persona, así como informes sobre la situación de los derechos de las
personas de los países de la región. La Comisión agradece al
Gobierno de Haití todas las facilidades que ha brindado para la realización de
la presente visita y la invitación para visitar el país periódicamente con la
finalidad de hacer seguimiento. La
presente visita de la CIDH se realiza dentro del marco de la Resolución 806 de
la OEA del 15 de enero de 2002. Esta Resolución fue elaborada con la activa
colaboración del Estado haitiano y adoptada en el seno de la Organización de
los Estados Americanos. El propósito
de esta resolución es restaurar un clima de confianza y seguridad para resolver
la crisis política en Haití a través de varios mecanismos:
1) la creación de una Misión Especial para fortalecer la democracia;
2) la realización de una
investigación independiente sobre los sucesos del 17 de diciembre de 2001 a
través de la Comisión de Investigación Independiente;
y 3) la reparación a los
individuos y las organizaciones que sufrieron daños como resultado directo de
la violencia que se desató en esa fecha. La
Comisión Interamericana, dentro del área de su competencia recibió el mandato
de analizar e informar sobre las condiciones actuales de los derechos humanos y
los sucesos relacionados con el 17 de diciembre de 2001.
Estas actividades se realizan en
estrecha colaboración con las demás entidades de la OEA anteriormente
descritas y con el representante del Secretario General de la OEA en Haití,
respetando la autonomía e independencia de las actividades que realiza la CIDH. Durante su visita, la delegación
se entrevistó con el Presidente de la Republica, señor Jean Bertrand Aristide
y con el Primer Ministro, señor Yvon Neptune. También se entrevisto con el
Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia y Seguridad Publica,
el Ministro del Interior y de las Colectividades Territoriales, el Director
General de la Policía Nacional de Haití, el Inspector General de la Policía
Nacional y el Secretario de Estado de la Seguridad Publica.
Asimismo, la delegación se reunió también con representantes de los
diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellas representantes de
organizaciones no-gubernamentales de la Plataforma de Organizaciones haitianas
de derechos de la persona. Asimismo, se entrevistó con representantes de
diferentes partidos políticos de la oposición agrupados en la Convergencia
Democrática y representantes de las iglesias católica y protestante. Asimismo, la CIDH se reunió
con representantes de la Federación Haitiana de Prensa, la Asociación de
Periodistas de Haití y la Asociación de Mujeres Haitianas Periodistas. Además,
la CIDH se reunió con representantes del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo en Haití y representantes de USAID. La delegación también
agradece los puntos de vista sobre las condiciones actuales ofrecidas por el
Grupo de Amigos de Haití. La CIDH ha seguido muy de cerca la situación de los derechos
humanos en Haití. En los últimos cuatro años la CIDH ha realizado varias
visitas y ha producido informes y documentos sobre la situación de los derechos
humanos en Haití. La Comisión continuara realizando visitas en forma periódica,
y oportunamente producirá los informes de las mismas. En consideración de la periodicidad de las visitas, la
Comisión analizará
oportunamente, dentro de sus atribuciones convencionales y estatutarias,
distintos derechos que normalmente forman parte de los informes de la
Comisión, como ser los derechos de la mujer, derechos de los niños, situación
carcelaria y otros. En esta oportunidad la Comisión
se ha concentrado principalmente en algunos aspectos sobre el Estado de Derecho
en Haití que considera de suma importancia para lograr una vigencia plena de
los derechos humanos en Haití. Particularmente,
la Comisión se ha concentrado en la independencia del Poder Judicial, la
impunidad, la seguridad ciudadana y la libertad de expresión. Sin perjuicio de ello, en el
marco de la colaboración existente con el
Gobierno y con el objetivo de contribuir en la búsqueda de una mayor
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos haitianos, la
Comisión, con base en las funciones y atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace
de público conocimiento sus observaciones preliminares sobre las impresiones
recogidas antes y durante la presente visita. En primer lugar, la Comisión
desea subrayar la difícil coyuntura en la cual se desarrolla la vida cotidiana
de la sociedad haitiana. La extrema
pobreza en la cual vive la mayoría de la población, las tasas elevadas de
analfabetismo, la alta tasa de mortalidad materno-infantil, la malnutrición,
entre otros aspectos, crean una situación de crisis social y representan en sí
mismos una seria violación a los derechos humanos de la población de Haití.
En este contexto, el respeto efectivo de los derechos humanos, no sólo
comprende los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos,
sociales y culturales. Su vigencia efectiva constituye un desafío de gran
alcance, el cual no puede enfrentarse con éxito sin un profundo compromiso y un
plan concreto de desarrollo del gobierno haitiano y sin la colaboración de los
diversos sectores de la sociedad y sin el apoyo solidario de la comunidad
internacional. La Convención Americana señala
en su preámbulo que "sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre,
exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de
sus derechos civiles y políticos". Asimismo,
en el Preámbulo del Protocolo de San Salvador se ha
señalado la estrecha relación que existe entre la vigencia de los
derechos económicos, sociales culturales y la de los derechos civiles y políticos,
por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo
indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la
persona humana. Por ello, exigen una tutela y promoción
permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás
pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros. A. Estado
de Derecho en Haití La CIDH desea resaltar la
importancia del sistema democrático y la vigencia del Estado de Derecho para la
efectiva protección de los derechos humanos. En una sociedad democrática los
derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de
Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define,
completa y adquiere sentido en función de los otros. La democracia se asienta sobre
el principio de que es el pueblo el titular de la soberanía política, y que en
ejercicio de esa soberanía elige a sus representantes para que ejerzan el poder
político, respetando el derecho a las minorías. Los representantes ejercen así
un mandato de sus representados, que aspiran a tener una vida digna, en libertad
y democracia, que solamente se alcanza con el control efectivo del poder público
y los equilibrios necesarios entre los órganos del Estado. Al mismo tiempo, los
ciudadanos eligen a sus representantes pero también participan de las
decisiones a través de múltiples formas de expresión y asociación pacíficas.
La vigencia de los derechos humanos requiere un orden jurídico e institucional
en el que las leyes se antepongan a la voluntad de los gobernantes y en el que
exista un control de algunas instituciones sobre otras con el objeto de
preservar la pureza de la expresión de la voluntad popular: el Estado de
Derecho. Según la Carta Democrática
Interamericana, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre
otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el
acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración
de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de
partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los
poderes públicos. Asimismo, son componentes fundamentales del ejercicio de la
democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa (Carta Democrática
Interamericana, artículos 4 y 5). La Comisión fue informada por
representantes de la comunidad internacional y nacional sobre los esfuerzos que
se están realizando para reiniciar el dialogo entre el Gobierno y
representantes de la oposición. La falta de dialogo con distintos sectores de
la sociedad tiene un indudable efecto negativo sobre la protección de los
derechos humanos. La experiencia de
la Comisión demuestra que la plena vigencia de los Derechos Humanos se alcanza
principalmente a través del dialogo con todos los sectores de la sociedad.
La Comisión espera que en el corto plazo se reinicie el dialogo que
permita que todos los sectores de la sociedad haitiana participen en la
elaboración de una política integral de derechos humanos. En el actual
contexto haitiano, únicamente cuando se dejen de lado los intereses sectoriales,
se podrá avanzar en una protección efectiva de los mismos. B. Los
acontecimientos de diciembre del 2001 Con relación a los hechos del
17 de diciembre la Comisión reitera su más enérgica condena por los hechos
violentos que costaron la vida a varias personas y ocasionaron numerosos heridos
y perdidas significativas al patrimonio de varios ciudadanos.
No corresponde a la CIDH, de acuerdo a su competencia, determinar las
responsabilidades criminales individuales por tales acontecimientos, pero si
insistir en la obligación internacional del Estado de investigar y juzgar a los
responsables de los hechos ocurridos en diciembre, de conformidad con las reglas
del debido proceso, y asegurar que tales crímenes no queden en la impunidad.
La CIDH subraya la necesidad y urgencia de una investigación profunda,
imparcial y objetiva de los crímenes cometidos y el establecimiento de las
responsabilidades y sanciones respectivas. Especialmente es necesario investigar
las responsabilidades de quienes hayan ordenado, fomentado o tolerado la
presencia de personas y grupos civiles armados.
Es de particular preocupación para la Comisión, la información
recibida que indica que algunas personas identificadas como autores de algunas
de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en diciembre del 2001 no
están siendo debidamente investigadas. La Comisión ha tomado
conocimiento sobre las iniciativas del Gobierno de Haití en coordinación con
la Comunidad Internacional, particularmente la OEA, orientadas a restaurar un
clima de confianza y seguridad, mediante la realización de una investigación
independiente sobre los sucesos del 17 de diciembre a través de la Comisión de
Investigación Independiente. La
CIDH valora estas iniciativas y espera que permitan identificar y castigar a los
responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, lo que permitiría
consolidar el Estado de Derecho en Haití. C. Administración
de Justicia El poder judicial ha sido
establecido para asegurar el cumplimiento de las leyes y es indudablemente el órgano
fundamental para la protección de los derechos humanos. En el sistema
interamericano de derechos humanos, el funcionamiento adecuado del poder
judicial es un elemento esencial para prevenir el abuso de poder por parte de
otros órganos del Estado, y por ende, para la protección de los derechos
humanos. Para que el poder judicial pueda servir de manera efectiva como órgano
de control, garantía y protección de los derechos humanos, no sólo se
requiere que éste exista de manera formal, sino que además el poder judicial
debe ser independiente e imparcial. La
existencia de un poder judicial independiente es imprescindible para la vigencia
práctica de los derechos humanos y la democracia, y constituye un derecho que
los Estados miembros de la OEA, como Haití, se encuentran en la obligación de
respetar y de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción. La Comisión, en Agosto del año 2000, luego de la visita in
loco, expresó su seria preocupación por la
debilidad del sistema de justicia haitiano debido a su marcada falta de
independencia del Poder Ejecutivo y la impunidad imperante en gran numero de
casos. Durante la presente visita,
la Comisión pudo comprobar que lamentablemente
no han existido avances considerables que permitan hacer mención a mejoras significativas en la
administración de justicia. Asimismo, el sistema judicial haitiano continua sufriendo problemas crónicos
como falta de personal judicial, falta de medios económicos y recursos logísticos.
Estas carencias se reflejan en las demoras en los procesos judiciales y
en violaciones sistemáticas al debido proceso. Asimismo, la Comisión fue
informada sobre la inexistencia del aparato judicial a nivel de las
subdivisiones de base, que son las Comunas. La Comisión ha expresado en
numerosas oportunidades sobre la necesidad de combatir la impunidad.
La
Comisión considera que la impunidad existente
de violaciones a los derechos humanos contribuye en gran medida a la perpetuación
de la violencia. La investigación,
juzgamiento y sanción de los culpables es fundamental para la erradicación de
la violencia. La Comisión expresa
su preocupación por la falta de judicialización de
numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que han afectado a
la población civil, así como por el lento avance o el estancamiento de las
investigaciones. La Comisión
fue informada en forma especifica sobre casos de asesinatos que luego de varios
años de haberse iniciado el proceso aun continúan en la absoluta impunidad y
las investigaciones se encuentran detenidas, como son, entre otros, el caso del
periodista radial Dominique. Asimismo,
fue informada en forma genérica sobre la impunidad general existente en un gran
numero de casos que conduce a una total falta de credibilidad de la sociedad
haitiana en su sistema de justicia. Sin
embargo, la CIDH también ha tenido conocimiento de que en los casos de Raboteau
y Carrefour Feuilles, las investigaciones judiciales han tenido resultados,
lo que demuestra que cuando existe voluntad se logra esclarecer los hechos y
castigar a los culpables de violaciones de derechos humanos. Si bien estos casos
representan un avance, este es notoriamente insuficiente, dada la gran cantidad de casos similares que siguen en
la impunidad. Otro aspecto fundamental para una adecuada administración de justicia es
una clara independencia del Poder Judicial, en particular en relación con el
Poder Ejecutivo. La Comisión pudo
constatar que este aspecto de la administración de justicia tiene serias
debilidades. Varios elementos caracterizan la dependencia del Poder Judicial del
Ejecutivo. Entre otros, se pueden
mencionar, la atribución del Presidente de la República
para nombrar y revocar los jueces, los
Comisarios del Gobierno y sus substitutos son agentes del Poder Ejecutivo ante
los Tribunales; la Policía Nacional, la cual tiene entre sus funciones la
investigación de los delitos, depende del Poder Ejecutivo. Además, los jueces
de paz son auxiliares de las Oficinas de los Comisarios de Gobierno (parquet)
y se encuentran bajo la órbita de
sus instrucciones. La Comisión
también fue informada sobre la falta de autonomía del Poder Judicial al
depender en gran medida de los recursos que le otorga el Ejecutivo. El poder
judicial se ha caracterizado por la concentración en el Poder Ejecutivo de la
facultad de designar, nombrar y remover a los funcionarios del Poder Judicial,
constituyendo esto en una injerencia que afecta gravemente su independencia. La Comisión expresa la
importancia de que, de manera inmediata y conforme a las obligaciones internacionales derivadas de la Convención
Americana, se acelere el proceso destinado a revertir la grave situación en la
que se encuentra el sistema judicial haitiano debido principalmente a su falta
de independencia, impunidad existente y limitaciones presupuestarias y logísticas. D.
Seguridad Ciudadana En relación con la seguridad ciudadana, la Comisión desea expresar su
preocupación por el lento progreso que ha encontrado desde la realización de
la ultima visita. Oportunamente, la Comisión expreso que con relación a la
seguridad de los ciudadanos ha sido informada sobre mejoras de la Policía
Nacional, de sus efectivos, de los planes previstos para la formación de estos
últimos y los mecanismos de supervisión. La CIDH debe señalar que los 5600
efectivos policiales que están llamados a garantizar la seguridad de 8 millones
de habitantes en todo el territorio del país son manifiestamente insuficientes.
Las autoridades competentes han reconocido que la policía esta
concentrada en las zonas urbanas y que las zonas rurales no se benefician de la
presencia policial. Esta ausencia
ha creado un terreno propicio a abusos y casos de linchamiento en la población.
La CIDH ha recibido denuncias de actos perpetrados por agentes de la Policía
Nacional de Haití, abusos y tratamientos degradantes, así como actos de
tortura, de ejecuciones extrajudiciales, que constituyen delitos de lesa
humanidad que no son susceptibles de prescripción. La Comisión ha tomado conocimiento sobre las expresiones del Presidente
Jean Bertrand Aristide sobre la política de “Tolerancia Cero”.
No es competencia de la Comisión hacer recomendaciones sobre el
tipo de política criminal que elijan los gobiernos.
Sin embargo, dentro del uso de sus facultades, desea recordar que más
allá de la política criminal elegida, es fundamental que en la implementación
de las mismas, se respeten los derechos individuales de todas las personas. La Comisión recibió
información de distintos sectores sobre hechos de violencia policial que podrían
haber sido originados en una mala interpretación por algunos oficiales de la
Policía Nacional del principio de “Tolerancia Cero”.
En particular se mencionaron algunos casos de ejecuciones extrajudiciales. Sobre este particular, el Presidente Aristide expreso a la Comisión su
total convencimiento sobre la necesidad de que la política de “Tolerancia
Cero” sea implementada teniendo en cuenta un apego irrestricto a la ley
y a los estándares internacionales de respeto a las garantías
individuales. La Comisión celebra la aclaración efectuada por el Presidente
Jean Bertrand Aristide y espera que, con la mayor brevedad, esta aclaración de
apego irrestricto a la ley y principios internacionales, sea transmitida a todos
los oficiales de la Policía Nacional de Haití. E.
Organizaciones Populares Distintos sectores expresaron a la Comisión su preocupación por las
actividades de las denominadas Organizaciones Populares. En la actualidad son
definidas por las autoridades como grupos organizados en las comunidades para
enfrentar los problemas de la misma comunidad. Sin embargo, distintas personas
expresaron que algunas de estas organizaciones se encuentran armadas y son
utilizadas por las autoridades con fines de amedrentamiento a la oposición. Inclusive algunas organizaciones
estarían supuestamente vinculadas con los graves hechos de diciembre del 2001. La participación política, el derecho de asociación y la libertad de
expresión son derechos garantizados en la Convención Americana, y en tal
sentido, las Organizaciones Populares, en tanto grupos libres de ciudadanos u
organizaciones de base que apoyan el proyecto político del Presidente, pueden
ser bajo ciertas condiciones un canal idóneo para el ejercicio de estos
derechos. Sin perjuicio de ello, la
Comisión
entiende que la expresión de ciertas ideas políticas partidarias no puede ser
privilegiadas en detrimento de otras, ni ser justificativas para actos de
violencia o restricciones a derechos de terceros con visiones políticas diferentes. El Estado compromete su responsabilidad internacional si grupos de civiles
actúan libremente violando derechos, con el apoyo o la aquiescencia del
Gobierno. La Comisión llama al Gobierno a investigar
seriamente los hechos de violencia atribuidos a algunas Organizaciones Populares
y adoptar de la manera más urgente posible todas las acciones que sean
necesarias para prevenir que estos hechos se repitan en el futuro. Es indispensable que el monopolio de la fuerza sea mantenido exclusivamente
por los agentes de seguridad publica. Resulta esencial investigar la existencia
de estos grupos armados y proceder a su desarme de la manera mas completa y con
la mayor celeridad posible. La Comisión desea reconocer como positivas el reciente anuncio del
Presidente Aristide sobre el inicio de un programa de desarme a nivel nacional.
La Comisión seguirá de cerca el avance de dicho programa que considera
esencial para lograr un mayor respeto a los derechos humanos. F.
Libertad de Expresión La libertad de expresión en el
hemisferio es una de las principales preocupaciones de la CIDH; prueba de ello
es que decidió crear la figura del Relator Especial para la Libertad de Expresión
que tuvo amplio apoyo de los jefes de Estado y de Gobierno durante la Cumbre de
las Américas celebrada en Chile en abril de 1998. La CIDH ha dado especial
atención a la situación de la libertad de expresión en Haití a través de
sus informes anuales y el informe suministrado por la Relatoría sobre la visita
realizada en febrero del presente año. Es
importante remarcar que, de la información recibida durante la presente visita,
se puede concluir que mucha de las observaciones de la CIDH en sus informes y
las de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión continúan vigentes.
Resulta preocupante la falta de
progreso en las investigaciones iniciadas con relación a los asesinatos de los
periodistas Jean Dominique y Brignol Lindor. La impunidad existente en los casos
de los periodistas asesinados contribuye significativamente en la perpetuación
de actos de violencia contra periodistas. Por
otro lado, la información recibida indica que a pesar de que en Haití es
posible efectuar críticas a las autoridades, en algunos casos estas críticas
traen como consecuencia amenazas que exponen a los periodistas a una situación
de vulnerabilidad que tiene un efecto amedrentador sobre su trabajo; según la
información recibida, esta situación los ha llevado a la autocensura o al
abandono de la profesión. Vale destacar que la libertad de expresión no se
encuentra garantizada únicamente con la inexistencia de actos de censura previa;
las amenazas dirigidas a los comunicadores sociales constituyen también una
restricción indirecta a la libertad de expresión y es responsabilidad del
Estado proveer la protección necesaria para que puedan ejercer su función de
informar a la población. La CIDH recibió información
sobre la existencia de leyes que penalizan las expresiones ofensivas dirigidas a
funcionarios públicos. La CIDH ya se ha pronunciado sobre la incompatibilidad
de estas normas con el articulo 13 de la Convención Americana en virtud de que
las leyes conocidas como “desacato” le otorgan una protección mayor a los
funcionarios públicos que actúan en carácter oficial del que no disponen los
demás integrantes de la sociedad. La
CIDH entiende que el uso de tales poderes para limitar las expresiones e ideas
se presta al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones criticas o
impopulares, restringiendo el debate abierto, fundamental para el funcionamiento
eficaz de la democracia. Es de
esperar que dicha normativa sea revisada por el Estado haitiano en concordancia
con el articulo 13 de la Convención Americana y teniendo en cuenta los
criterios emanados de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
de la CIDH. REFLEXIONES FINALES La principal fuente de
legitimación democrática es la otorgada por la voluntad popular expresada en
elecciones libres, periódicas y universales. Sin perjuicio de ello, las
elecciones por sí mismas no constituyen elementos suficientes para asegurar una
plena vigencia de la democracia. Como lo señala la Carta Democrática
Interamericana son elementos esenciales de la democracia representativa, entre
otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el
acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración
de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de
partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los
poderes públicos. Asimismo, son componentes fundamentales del ejercicio de la
democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a
la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de
todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para
la democracia. En este contexto, el funcionamiento de un Poder Judicial
independiente e imparcial como garante de la protección de los derechos humanos,
como vehículo para la obtención de justicia por parte de las víctimas y como
órgano de fiscalización y control del accionar de los otros poderes del estado
es fundamental para un Estado de Derecho. En esta oportunidad, la Comisión
desea expresar su seria preocupación por la debilidad del Estado de Derecho y
el proceso democrático en Haití. Esta
preocupacion se origina en varios de los aspectos que fueron evaluados durante la presente visita.
En particular, la Comisión desea hacer mención a la falta de
independencia del Poder Judicial, la impunidad, el estado de inseguridad
ciudadana, la existencia de grupos armados actuando con impunidad y las amenazas
a algunos periodistas. Todos estos aspectos, sumados a
la falta de un dialogo entre los principales sectores de la sociedad,
representan una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia
del Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Convención
Americana y de la Carta Democrática Interamericana. La Comisión apela a las
autoridades del Estado y a las distintas expresiones de la sociedad civil para
que analicen el presente comunicado así como los informes y comunicados de las
futuras visitas, para ir discutiendo de manera constructiva la forma de aplicar
sus recomendaciones, en interés de avanzar hacia la vigencia irrestricta de los
derechos humanos de los habitantes de Haití, sin distinción alguna. La CIDH seguirá observando de
manera muy atenta el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Haití.
La visita que culmina en el día de hoy, constituyó una oportunidad inmejorable
para cumplir este fin, así como para profundizar el diálogo, que dentro del
marco de su competencia, la Comisión mantiene con las autoridades y con la
sociedad haitiana. La CIDH reitera su ofrecimiento de colaborar con el Gobierno,
así como con la sociedad en su conjunto, a fin de contribuir al fortalecimiento
de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático
y de legalidad institucional. Asimismo, espera realizar en el corto plazo una nueva visita
para dar seguimiento a las recomendaciones y conclusiones preliminares
presentadas en este comunicado. Puerto Príncipe, 31 de mayo de 2002. |