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SOBRE LOS SUCESOS DE VENEZUELA No. 14/02 Ante
los acontecimientos recientes en Venezuela, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos expresa su más enérgica condena por los hechos de
violencia que costaron la vida de al menos 15 personas y causaron heridas
a más
de un centenar. La Comisión subraya la necesidad y urgencia de una
adecuada investigación imparcial y objetiva de los crímenes cometidos y
el establecimiento de las responsabilidades y sanciones respectivas.
Especialmente es necesario investigar las responsabilidades de
quienes hayan ordenado, fomentado o tolerado la presencia de personas y
grupos armados en el contexto de una marcha cívica, y de quienes hayan
intentado ocultar y silenciar esos hechos de violencia. Asimismo, debe
ofrecerse a todas las víctimas la posibilidad de acceder a la justicia
por los mecanismos procesales vigentes. Hacer justicia en estos casos es
una obligación de las autoridades que detentan el poder público en
Venezuela, no sólo para honrar a esas víctimas, sino también para
demostrar su compromiso con la eventual consolidación de la
institucionalidad y el Estado de Derecho. En los últimos meses, la
Comisión se dirigió en reiteradas oportunidades al gobierno del
Presidente Chávez para reclamar por las violaciones a la libertad de
expresión y de asociación, por considerar que tales hechos afectaban la
institucionalidad democrática.
En este sentido, la CIDH lamenta constatar nuevos hechos que podrían
representar violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de la cual Venezuela es parte. Preocupa también a la CIDH la
información sobre la detención de algunas figuras políticas
consideradas adictas al gobierno recientemente destituido. La CIDH insiste
en la investigación de los hechos ocurridos el 11 de abril, pero advierte
sobre la necesidad de que en todas las etapas de las investigaciones
correspondientes se respeten las garantías judiciales protegidas por la
Convención Americana. En especial, deben garantizarse los derechos de
toda persona detenida a ser informada sobre las razones de su detención,
sobre la autoridad que ha ordenado la misma, y a ser asistido por un
defensor de su elección con quien pueda comunicarse libre y privadamente.
Asimismo,
la Comisión sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos
generados por la destitución o renuncia del Presidente Hugo Chávez Frías.
La Comisión deplora la destitución, por decreto del gobierno instalado
el 12 de abril, de las más altas autoridades judiciales y de funcionarios
independientes del Ejecutivo, así como el cese del mandato de los
miembros del Poder Legislativo. Estos hechos, en opinión de la CIDH, podrían
configurar los supuestos de interrupción del orden constitucional
contemplados en la Carta Democrática. La
CIDH exhorta a Venezuela a un pronto retorno al Estado de Derecho y al
sistema democrático de gobierno garantizando el pleno respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
La convocatoria a elecciones y la instalación inmediata de
instituciones independientes e imparciales constituirán pasos esenciales
hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En las circunstancias que vive Venezuela, tales medidas serán
también indispensables para garantizar la vigencia efectiva de los
derechos humanos de todos los venezolanos. La CIDH manifiesta su deseo de
dialogar, dentro del marco de su competencia, con las autoridades y con el
pueblo de Venezuela, a fin de contribuir al fortalecimiento de la defensa
y protección de los derechos humanos en un contexto democrático y de
legalidad institucional. Washington, D.C., 13 de abril de 2002 |