Según indica la información disponible, la falta de apoyo a la decisión de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de hacer efectivo el arresto del General del Río Rojas, suscitó la renuncia forzada de su Director, el doctor Pedro Díaz Romero y la liberación del General.  La Comisión también ha tomado conocimiento de que se habrían ordenado acciones judiciales y disciplinarias en contra de fiscales de la Unidad y miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) que participaron de la investigación y el correspondiente arresto. 

            La CIDH, conforme a su facultad de formular recomendaciones a los Estados miembros e la OEA (artículo 18 del Estatuto) ha expresado en forma consistente su apoyo a la labor de la Unidad Nacional de Derechos Humanos que, desde su creación en 1995, ha tenido un importante papel en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado al llevar adelante cerca de mil investigaciones tendientes al esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos que podrían involucrar la responsabilidad tanto de agentes del Estado como de miembros de grupos paramilitares o grupos armados disidentes.  La Comisión no puede sino expresar su seria preocupación ante estos actos que cohiben y reprimen la labor de dicha Unidad y que en consecuencia restringen la independencia y la eficacia de la administración de justicia y la lucha contra la impunidad en Colombia. 

Según le consta a la CIDH y a otros organismos intergubernamentales, la independencia y determinación con las que ha actuado la Unidad frecuentemente la han hecho blanco de ataques públicos y amenazas que en algunos casos han forzado a sus miembros al exilio.  Consecuentemente, la Comisión ha otorgado medidas cautelares, conforme al artículo 25 de su Reglamento, en favor del saliente Director de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de un número de fiscales adscriptos a dicha Unidad y miembros del CTI, y se ha dirigido al Estado con el objeto de solicitar se adopten las medidas necesarias para proteger su integridad física y la de sus familias y se eviten actos de represalia contra los miembros de la Unidad por las acciones emprendidas en ejercicio legítimo de sus funciones. 

Por último, la CIDH llama a la República de Colombia a respaldar el trabajo de la Unidad de Derechos Humanos, respetar la independencia de sus fiscales y actuar en consonancia con sus avances investigativos.  El Estado debe responder con justicia a la violencia e impunidad.  La construcción de la paz debe cimentarse en el esclarecimiento, juzgamiento, sanción y reparación efectiva de las violaciones a los derechos humanos.