Nº 12/00

El día 9 de agosto de 2000, en ciudad de Guatemala, el Estado guatemalteco en un acto público y a través del Presidente de la República, Dr. Alfonso Portillo, reconoció su responsabilidad en diez casos de violaciones a los derechos humanos que se encuentran pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En representación de la Comisión asistieron el Decano Claudio Grossman, Primer Vicepresidente de la CIDH y Relator para Guatemala, y el Embajador Jorge Taiana, Secretario Ejecutivo de la misma. 

          Estos casos son los de Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo y Otro (caso 10.441); Miguel Pu López y Francisco Pu Chach (caso 10.556); Tomas Lares Cipriano y Otros (caso 11.171); Finca la Exacta (caso 11.382); Maritza Urrutia (caso 11.043); Plan de Sánchez (caso 11.763); Irma Flaquer (caso 11.766); Marco Antonio Molina Theissen (caso 12.101); Rosal Paz (caso 9.168); Juan C. Sosf Váquez (matanza de Atitlán, caso 10.725).  

          Asimismo, el Estado guatemalteco aceptó “el acaecimiento de los hechos constitutivos que dieron lugar a la presentación de las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y se comprometió a iniciar procesos de solución amistosa en estos casos.  

De igual manera, el Estado guatemalteco se comprometió a que los procesos de solución amistosa comprenden una reparación y/o asistencia adecuada de las víctimas o sus familiares y a "dar seguimiento y promover las investigaciones de los hechos objeto de la presente declaración, a enjuiciar tanto civil, como penal y administrativamente a las personas que, en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada…”.   

La CIDH valora este importante paso del Gobierno del Presidente Alfonso Portillo, de reconocer responsabilidad por violaciones a los derechos humanos en los casos señalados y el compromiso que asumió de iniciar soluciones amistosas para hacer justicia a través de la búsqueda de la verdad, sanción de los responsables e indemnización a las víctimas o sus familiares.  

La Comisión insta al Estado guatemalteco y a los peticionarios de cada caso a que inicien a la brevedad los procesos de solución amistosa, para seguir avanzando en una efectiva protección de los derechos humanos en Guatemala. Por último, expresa su voluntad y disposición de seguir facilitando dichos procesos dentro de los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.

Washington, D.C., 17 de agosto de 2000