COMUNICADO DE PRENSA

Nº 11/00 

1.          El día de hoy, 25 de agosto de 2000, finaliza la visita in loco que realizara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH” o “Comisión”), por invitación que cursara oportunamente el Gobierno de Haití, con el objeto de observar la situación de los derechos humanos en este país.  Participaron en la visita los siguientes miembros de la Comisión: Profesor Helio Bicudo, Presidente; Embajador Peter Laurie y Dr. Julio Prado Vallejo.  La Comisión recibió la asistencia del Embajador Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo; del Dr. David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto; y las Especialistas en Derechos Humanos, Dra. Bertha Santoscoy, encargada de los asuntos de Haití, y Dra. Raquel Poitevien Cabral.  También fue acompañada por la intérprete Rose Marie Brierre y el oficial del Departamento de Información Pública, Luiz Coimbra.  Asimismo, contó con el apoyo administrativo de las señoras Martha Keller y Gloria Amanda Molina. 

2.          La Comisión es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (“OEA”) que de manera imparcial, se encarga de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el Continente.  Las atribuciones de la CIDH derivan fundamentalmente de la propia Carta de la OEA, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (en adelante la “Convención Americana”).  Con tal propósito, la Comisión investiga y decide sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos, efectúa visitas in loco (como la actual que se ha efectuado en Haití), prepara proyectos de tratados y declaraciones sobre derechos humanos, así como informes sobre la situación de los derechos humanos en los países de la región.  La Comisión está integrada por siete miembros elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA, por un período de cuatro años. 

3.            Durante la visita, la CIDH se entrevistó con autoridades de los diferentes poderes del Estado haitiano, e igualmente con diferentes sectores de la sociedad civil, tales como organizaciones de derechos humanos y otros grupos de ayuda social y humanitaria, representantes de la Iglesia Católica, presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos y con periodistas de diversos medios de comunicación.  La Comisión también visitó la Penitenciaría Nacional y el Fuerte Nacional, centro de detención de mujeres y niños. 

4.       La Comisión se entrevistó con su excelencia el señor Presidente de la República, el señor René G. Préval; el Presidente de la Corte de Casación, señor Claudel Debrosse; el Presidente del Senado, señor Edgard Leblanc, el Ministro de Relaciones Exteriores y de Culto, señor Fritz Longchamp; el Ministro de Justicia y de la Seguridad Pública, señor Camille Leblanc, y el Director General del Ministerio del Interior y de las Colectividades Territoriales, señor Lubraine Bienaimé.  También se reunió con el Director General de la Policía Nacional Haitiana, señor Pierre Denizé; el Director de la Administración Penitenciaria, señor Cliford Larose; el Director del Centro Penitenciario, señor Rene Jean Daniel; el Director de la Escuela de la Magistratura, señor Willy Lubin y con la Directora Adjunta de la Oficina de Protección del Ciudadano y de la Ciudadana, Dra. Florence Elie.

5.                  Asimismo, la CIDH se reunió con los representantes de varios partidos políticos y con representantes de organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, a través de la Misión Internacional Civil de Apoyo en Haití (MICAH), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), así como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).  La Comisión también tuvo oportunidad de conversar con el representante de la Iglesia Católica, Monseñor Serge Miott, Arzobispo de Puerto Príncipe y con numerosas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.  La CIDH contó con el apoyo de MICAH en la organización de varias entrevistas con sectores de la sociedad civil haitiana y en la organización de un “Seminario sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, en el cual participaron representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos y, de ayuda social y humanitaria.  El Gobierno de Haití extendió a la Comisión en todos los ámbitos la más plena asistencia y cooperación a fin de hacer posible la realización de su programa. 

6.            Durante su visita a Haití la Comisión recibió quejas de violación de derechos humanos.  También recabó información adicional sobre el caso Guy Malary, el cual se encuentra pendiente ante la CIDH, y en este contexto se reunió con el señor Camille Leblanc, Ministro de Justicia, y con el peticionario, el Lawyers Committee for Human Rights representado por el señor John Beaglehole. 

7.            La presente visita in loco, celebrada cinco años después de la última visita de la Comisión a Haití, ha permitido profundizar la relación con el Estado y la sociedad civil, para continuar trabajando juntos en la tarea permanente de protección y promoción de los derechos humanos.  El programa desarrollado por la CIDH permitió obtener una apreciación, por ahora necesariamente preliminar y provisional, de la situación general de los derechos humanos en Haití. 

8.            La amplia y compleja información recibida, será analizada en profundidad en la próxima reunión que la Comisión celebrará en su sede, con el objeto de elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití.  Es importante señalar que, al recibir, tramitar y decidir peticiones individuales de personas que denuncian violaciones a los derechos humanos, la CIDH desempeña funciones jurisdiccionales.  Por lo tanto, la CIDH se abstiene de efectuar pronunciamientos específicos que puedan prejuzgar sobre el fondo de los casos individuales sometidos a su consideración. 

9.            Sin perjuicio de lo anterior, al finalizar su visita, la Comisión desea expresar las siguientes consideraciones generales: 

10.            La CIDH debe destacar las dramáticas circunstancias en que se desarrolla la vida cotidiana de la sociedad haitiana.  La extrema pobreza en que se encuentra sumergida la mayoría de la población, condenada al desempleo o el sub-empleo, las elevadas tasas de analfabetismo, la reducida expectativa de vida, los altos índices de mortalidad materno-infantil y la desnutrición, configuran una situación de emergencia social que ha sido reiteradamente señalada en Haití por los más diversos sectores sociales y políticos, y que es confirmada por todos los informes de organismos internacionales. 

11.            Esta situación se ve agravada por la crónica debilidad de las instituciones estatales.  Los limitados recursos presupuestarios y una larga historia de abusos y corrupción, hacen que la infraestructura del país sea obsoleta y no pueda ofrecer servicios a amplios sectores de la población:  La energía eléctrica, las comunicaciones, la seguridad, la administración de justicia, la educación, la salud, todas las áreas presentan limitaciones extremas, las más graves en nuestro hemisferio. 

12.            En este marco, la vigencia efectiva de los derechos humanos, tanto los civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales representan un desafío de gran magnitud, que solo será posible enfrentar exitosamente, con el más amplio compromiso de los diversos sectores de la sociedad y Gobierno haitiano, y con el apoyo solidario de la comunidad internacional. 

13.            La Comisión desea expresar su agrado por la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de derechos humanos por parte del Estado haitiano el 3 de marzo de 1998.  De esa manera se fortalece la protección de los derechos humanos. 

14.            La Comisión también desea destacar la importancia que atribuye a la Oficina de Protección del Ciudadano y la Ciudadana creada por la Constitución de 1987.  Esta institución puede cumplir un papel significativo en la protección de los derechos de los ciudadanos y la CIDH espera que se concrete el fortalecimiento de su mandato y de su autonomía operativa. 

I.            DERECHOS POLÍTICOS 

15.            La Comisión considera que el aspecto más crítico y preocupante de la situación actual de los derechos humanos en Haití es el deterioro del ambiente político hasta el punto que parece no existir ningún consenso político sobre la forma de consolidar la naciente democracia del país. 

16.            Desde 1997 se ha producido una crisis política prolongada en Haiti que durante tres años dejó al país sin un Gobierno constitucional establecido y durante 18 meses sin Parlamento.  

17.            La comunidad nacional e internacional, esperaba que las elecciones legislativas y municipales, efectuadas finalmente el 21 de mayo 2000, iban a solucionar la crisis política con la instalación de un nuevo Parlamento.  Fue alentador observar que el 90% de los electores haitianos capacitados para votar se habían registrado, y que el 60% de estos electores votaron durante la primera vuelta de las elecciones. 

18.            De acuerdo con los observadores electorales nacionales e internacionales, existieron numerosas irregularidades en el proceso electoral.  Sin embargo, hubo consenso que la conducta general de las elecciones del 21 de mayo de 2000, fue libre y transparente.  No obstante, la decisión de las autoridades electorales, apoyada por el Gobierno, de determinar los resultados de las elecciones para el Senado en forma contraria a lo que establece la ley electoral, fue considerada por los observadores nacionales e internacionales como ilegal e inaceptable. 

           19.            Esta situación provocó una crisis inmediata en el Consejo Electoral Provisional (CEP), lo que llevó a la renuncia de dos de sus miembros y al exilio del Presidente del Consejo.  A pesar de que tanto en Haiti como en la comunidad internacional se expresó profunda preocupación por la ilegalidad de las elecciones del Senado, las autoridades haitianas procedieron a organizar el 9 de julio una segunda vuelta solamente para la Cámara de Diputados, y con ello se pretendió validar los resultados del Senado.

20.            La Comisión ha observado que luego de estas irregularidades en las elecciones legislativas se han intensificado la polarización política y un clima de intimidación en Haití que afectan la consolidación de la frágil democracia en el país.  La Comisión recibió expresiones de seria preocupación de distintos sectores sociales y políticos, sobre el estado de derecho, la imparcialidad de la justicia y de la policía, y por intimidaciones por bandas organizadas dirigidas contra la libertad de expresión y reunión.  El despido o renuncia de personas que ocupaban importantes posiciones en la comunidad, incluso su salida del país, son testimonios de la creciente intolerancia y sensación de inseguridad personal.   

21.            De otra parte, la Comisión no tiene ninguna duda sobre el compromiso irrevocable del pueblo haitiano con la realización de sus aspiraciones democráticas. 

22.            La Comisión, por lo tanto, insta a todos los sectores en Haití y especialmente al Gobierno, a buscar un consenso para el fortalecimiento de la democracia.  Una resolución satisfactoria de la controversia sobre las elecciones legislativas debería ser un elemento esencial para alcanzar dicho consenso. 

23.            El goce de los derechos humanos sólo puede realizarse dentro de una democracia efectiva que tenga como objetivo incluir y no exluir.  La democracia esta basada no sólo en el derecho de la mayoría a gobernar sino también, en el derecho de la minoría a disentir.  Estos derechos sólo pueden ser garantizados dentro de un contexto institucional de vigencia del estado de derecho, debido proceso, y plena libertad de expresión y asociación. 

II.                  DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

24.            La administración de justicia en Haití se ha caracterizado históricamente por la debilidad de sus estructuras, la escasez de recursos, la falta de formación adecuada de muchos de sus miembros y por su falta de independencia frente al Poder Ejecutivo.  Todas estas características se traducen en un elevado índice de impunidad ante el delito y en la imposibilidad de más de la mitad de la población de acceder a la justicia. 

           25.            La dependencia del Poder Judicial al Poder Ejecutivo se manifiesta, asimismo, en la designación y revocación de los Jueces de Paz por parte del Ministro de Justicia según lo establece la Constitución de 1987 y en que los mismos son auxiliares de los Comisarios del Gobierno.  Por otra parte, la CIDH recibió información de que, en muchas oportunidades, las decisiones judiciales no se cumplen, lo que en la práctica afecta la independencia y efectividad del Poder Judicial. 

26.            La CIDH recibió numerosas denuncias relativas al incumplimiento en Haití de las normas del debido proceso establecidas en la legislación haitiana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Esas denuncias incluyen:  a)  La falta de investigación de los delitos que se cometen;  b)  En numerosas oportunidades se viola el plazo de 48 horas para la presentación del detenido ante un Juez, el cual deberá decidir sobre la legalidad de la detención, según lo establecido en el artículo 26 de la Constitución;  c)  El derecho a la defensa se ve afectado en gran medida porque el Estado no provee defensores públicos y la gran mayoría de las personas procesadas no pueden pagar defensores privados;  d)  La gran mayoría de las personas procesadas se encuentran detenidas preventivamente sin sentencia por períodos más allá del plazo razonable como lo establece el artículo 8 de la Convención Americana.  e)  La inefectividad del habeas corpus;  f)  Presiones a jueces cuando deben adoptar decisiones que afectan intereses del sector político.  La CIDH reitera que el derecho a un debido proceso es una condición esencial para la protección de los derechos humanos y fundamental para la democracia.  La información recibida sobre estos aspectos resulta altamente preocupante para la CIDH sobre la base de su amplia experiencia hemisférica, por lo que en su Informe final analizará detalladamente este importante tema. 

27.            La CIDH ha tomado conocimiento de diversas iniciativas que  tienen como objeto la Reforma del Poder Judicial para modernizarlo y hacerlo más eficiente.  La Comisión espera que éstas puedan desarrollarse a corto plazo y expresa la importancia de un sistema judicial competente, independiente e imparcial.  La CIDH desea destacar la importante labor que ha venido desarrollando la Escuela de la Judicatura en la formación de los nuevos jueces. 

28.            La CIDH fue informada de los trágicos sucesos ocurridos el 28 de mayo de 1999 durante una aglomeración de la población en Carrefour-Feuilles situada al Sur-Este de la capital, donde murieron 11 personas víctimas de la agresión por parte de agentes de la Policía Nacional de Haití.  La CIDH expresa su satisfacción por el inicio del juicio el 21 de agosto de 2000 y espera la debida conclusión del proceso, el castigo a los culpables y la indemnización a las víctimas.  

29.            Por otra parte, la CIDH insta al Estado haitiano a continuar sus esfuerzos para combatir la impunidad de los hechos investigados por la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia de Haití.  Con relación a las mismas, también recibió información de que en octubre de 1999, el Juez que investiga el caso Raoul Cedras y otros altos oficiales –la mayoría de ellos viven fuera del país—dictó cargos en contra de los inculpados por la autoría intelectual de los homicidios cometidos durante el período correspondiente a su mandato.  La CIDH urge que los esfuerzos para extraditar, juzgar y castigar estas personas continúen hasta que se haya alcanzado la justicia en este caso.  Asimismo, la CIDH recibió información que en el caso Raboteau –el cual se refiere a una masacre ocurrida en 1994-- comenzará el juicio el 12 de septiembre de 2000, sin embargo, en relación con la masacre en 1993 en Cité Soleil, la CIDH no ha recibido información de que haya tenido algún resultado.  La Comisión reitera en esta ocasión el principio de que frente a las violaciones de los derechos humanos el Estado tiene la obligación irrenunciable de investigar, sancionar a sus responsables e indemnizar a las víctimas.   

30.            La CIDH se entrevistó con las autoridades penitenciarias y visitó la Penitenciaría Nacional y el Fuerte Nacional.  La CIDH comprobó los esfuerzos realizados en los últimos años por mejorar la situación de los detenidos.  Sin embargo, debe señalar  que la escasez de recursos y el hacinamiento en que viven los detenidos en condiciones infrahumanas atentan contra la integridad, la salud y la dignidad de los mismos.  El numero de detenidos en 19 cárceles en todo el país es de 3.800 de los cuales 2.200, que representan el 48%, se encuentran en la Penitenciaria Nacional cuya capacidad es de 1.200 personas.  Asimismo, la CIDH encontró tres niños menores de 18 años en celdas de la Penitenciaría Nacional, uno de los cuales, en las celdas de castigo.  La CIDH se encuentra preocupada por esta situación e insta al Estado que sea corregida.   

31.              En relación con la seguridad ciudadana, la CIDH fue informada del mejoramiento de la Policía Nacional, de sus efectivos, planes de capacitación y mecanismos de supervisión.  La CIDH debe destacar que la existencia de 5.600 efectivos policiales para garantizar la seguridad de 8 millones de habitantes en todo el territorio es manifiestamente insuficiente.  Las mismas autoridades reconocen que la policía se concentra en las zonas urbanas y que prácticamente no hay presencia policial en las áreas rurales.  Esta ausencia ha permitido abusos y casos de linchamiento por parte de la población como la ocurrida en Belle Fontaine, del 5 al 8 de agosto en curso, en donde más de 1.000 campesinos se movilizaron para linchar a un grupo de jóvenes a los que consideraban responsables de numerosos robos de ganado.  También, la CIDH recibió denuncias de la existencia de abusos y tratos degradantes, asi como de torturas y ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional que comportan delitos de lesa humanidad que no prescriben.  

III.            DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

32.            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da la más alta importancia a la libertad de expresión, un derecho fundamental para garantizar el pleno ejercicio de la democracia y el estado de derecho y para ello cuenta con una Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión.  La Comisión pudo observar en Haití un debate pluralista en los medios de comunicación con opiniones encontradas, permitiendo ventilar diferentes puntos de vista que enriquecen la información que tiene el pueblo y el Gobierno.  Sin embargo, la CIDH recibió diversas quejas de periodistas relativas a amenazas de que son objeto, las cuales se incrementan en períodos pre-electorales y producen un ambiente de inhibición que fomenta la autocensura. 

33.            La CIDH recibió información sobre las circunstancias del asesinato del destacado periodista Jean Dominique, el 3 de abril pasado, y sobre el estado en que se encuentra la investigación.  La CIDH otorga la más alta prioridad al esclarecimiento de este crimen contra la libertad de expresión. 

IV.            DERECHOS DE LA MUJER Y DE LOS NIÑOS 

34.            La CIDH recibió información sobre la situación de las mujeres en Haití.  En particular, sobre la violencia doméstica y las diversas formas de discriminación que las efectan.  Las tasas de mortalidad de mujeres durante el parto continúan siendo altas dadas las deficiencias en las condiciones sanitarias.  La discriminación en la educación se manifiesta en la disminución del acceso a los niveles superiores de educación. 

35.            La CIDH también otorga una atención primordial a la situación de los derechos del niño, y dentro de este contexto acaba de crear una Relatoría Especial sobre los Derechos del Niño.  La CIDH recibió además denuncias sobre serias situaciones que afectan los derechos del niño, entre las que se destacan: la falta de escolaridad, el trabajo infantil y graves denuncias sobre explotación sexual y abusos cometidos contra los niños qui reste-avec.  La Comisión analizará seriamente las denuncias recibidas y las demás situaciones que afectan a los derechos del niño haitiano. 

36.            Finalmente, la CIDH desear expresar su agradecimiento al Gobierno de la República de Haití, en la persona de su Presidente, señor René Preval, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades estatales, por la hospitalidad, facilidades y colaboración que brindaron a la CIDH para la realización con éxito de esta visita, así como a los diversos sectores de la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales y a los particulares que en forma franca y transparente contribuyeron con sus valiosos testimonios y documentación al eficaz cumplimiento de su misión durante la visita. 

37.            De acuerdo con las funciones que le atribuyen la Carta de la OEA, la Convención Americana y los demás instrumentos jurídicos internacionales aplicables, la Comisión continuará el seguimiento de la situación de los derechos humanos y elaborará en los próximos meses un Informe Final, el cual contendrá las conclusiones y recomendaciones que le formulará la Comisión al Estado haitiano teniendo en cuenta la situación real del país y de su cultura.  Dicho informe luego de cumplir los trámites reglamentarios, será hecho público dándose a conocer a la sociedad haitiana y a los demás Estados miembros de la OEA.  La CIDH reitera su deseo de continuar colaborando con las autoridades y con el pueblo de Haití, dentro del marco de su competencia, a fin de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos internos e internacionales para la defensa y protección de los derechos humanos dentro del marco del Estado Democrático y Constitucional de Derecho. 

Port au Prince, Haití, 25 de agosto de 2000