La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido informada que la República de Trinidad y Tobago presentó al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos un instrumento de denuncia, de fecha 26 de mayo de 1998, mediante el cual anunció su intención de denunciar, dentro de un año, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 78 de dicha Convención.1 Esta decisión no tienen precedentes en el sistema interamericano puesto que ningún Estado ha expresado su intención de denunciar la Convención Americana desde su entrada en vigencia en 1978.

La Comisión deplora esta lamentable decisión, especialmente durante este importante año en que la OEA celebra el cincuentenario de la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión observa que, una vez que la denuncia de la Convención entre en vigor, Trinidad y Tobago, como Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos, seguirá sujeto a la jurisdicción de la Comisión y a las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA, la Declaración Americana y el Estatuto de la Comisión.

En la opinión de la Comisión, esta decisión del Gobierno de Trinidad y Tobago significa un grave retroceso en el empeño del Hemisferio por fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, ratificado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Segunda Cumbre de las Américas celebrada recientemente en Santiago, Chile.

La Comisión hace un llamado al Gobierno de Trinidad y Tobago para que reconsidere su decisión de denunciar la Convención y confía que, mientras tanto, continúe cooperando con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su consideración de casos pendientes y respetando las decisiones adoptadas por ambos órganos conforme a la Convención y sus reglamentos.

Washington D.C.  28 de mayo de 1998

1  El artículo 78 dice:  1.   Los Estados partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.  2.  Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto."

El día 1 de junio de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("Comisión" o "CIDH") presentó ante la Asamblea General de la OEA, a través de la persona de su Presidente, el Dr. Carlos Ayala Corao, su Informe Anual 1997, sendos Informes sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador y Brasil, y su "Informe sobre los Hechos Ocurridos en las Localidades de Amayapampa, Llallagua y Capasirca, Norte del Departamento de Potosí, Bolivia en Diciembre de 1996." También estuvieron presentes los Comisionados Robert K. Goldman (1er Vicepresidente) y Jean Joseph Exumé (2do Vicepresidente), y el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Jorge E. Taiana.

La presentación de estos informes se da en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Organización de Estados Americanos y de la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Se trata, sin duda, de un contexto adecuado para la reflexión sobre el camino recorrido por la Organización y sobre los desafíos presentes y futuros en materia de observancia y defensa de los derechos humanos en el Continente americano.

I. LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 1997

El Informe Anual de la Comisión está dividido en siete capítulos donde se da cuenta del trabajo realizado por este órgano de la OEA durante 1997 y se publican, entre otros, sus decisiones sobre casos, informes temáticos y de países y recomendaciones generales.

El primer capítulo del Informe contiene una síntesis del origen y bases jurídicas de la Comisión, donde también se describen las relaciones que ha mantenido con otros organismos regionales y universales dedicados a los derechos humanos, durante 1997. El capítulo segundo se refiere a las principales actividades llevadas a cabo por la Comisión, así como los asuntos que consideró en el transcurso de sus 95, 96, 97 y 98 períodos de sesiones.

El capítulo tercero, titulado "El sistema de peticiones y casos individuales", contiene los informes adoptados por la Comisión durante 1997 y lo que va de 1998 en ejercicio de su competencia jurisdiccional. Este año, se presenta una cifra récord de más de 100 decisiones relativas a casos individuales. El Informe incluye decisiones sobre el fondo en los siguientes casos:

- Jorge Luis Bronstein y otros (Informe No. 2/97, Casos 11.205 y otros) Argentina

- Gustavo Carranza (Informe No. 30/97, Caso 10.087) Argentina

- Juan Carlos Abella (Informe No. 55/97, Caso 11.137) Argentina

- Joao Canuto de Oliveira (Informe No. 24/98, Caso 11.287) Brasil

- Ul Moscue y Coicue (Informe No. 4/98, Caso 9853) Colombia

- Alvaro Moreno Moreno (Informe No. 5/98, Caso 11.019) Colombia

- Arturo Ribón Avila (Informe No. 26/97, Caso 11.142) Colombia

- Tarcisio Medina Charry (Informe No. 3/98, Caso 11.221) Colombia

- Alfonso René Chanfeau Orayce y otros (Informe No. 25/98, Casos 11.505 y otros) Chile

- Manuel García Franco (Informe No. 1/97, Caso 10.258) Ecuador

- William Andrews (Informe No. 57/96, Caso 11.139) Estados Unidos

- Samuel de la Cruz Gómez (Informe No. 11/98, Caso 10.606) Guatemala

- Severiano Santiz Gómez y otros "Ejido Moreli" (Informe No. 48/97, Caso 11.411) México

- Tomás Porfirio Rondín, "Aguas Blancas" (Informe No. 49/97, Caso 11.520) México

- Arges Sequeira Mangas (Informe No. 52/97, Caso 11.218) Nicaragua

- Estiles Ruíz Dávila (Informe No. 41/97, Caso 10.491) Perú

- Angel Escobar Jurado (Informe No. 42/97, Caso 10.521) Perú

- Hugo Bustíos Saavedra (Informe No. 38/97, Caso 10.548) Perú

- Héctor Pérez Salazar (Informe No. 43/97, Caso 10.562) Perú

- Camilo Alarcón y otros (Informe No. 40/97, Caso 10941 y otros) Perú

- Martín Javier Roca Casas (Informe No. 39/97, Caso 11.233) Perú

- Luis Lizardo Cabrera (Informe No.35/96, Caso 10.832) República Dominicana

- Eleazar Ramón Mavares (Informe No. 49/96, Caso 11.068) Venezuela

El capítulo incluye las siguientes decisiones sobre admisibilidad: Emiliano Castro Tortrino (Informe No. 7/98, Caso 11.597) Argentina; Newton Coutinho Mendes (Informe No. 33/97, Caso 11.405) Brasil; Aluísio Cavalcanti Júnior y otros (Informe No. 17/98, Casos 11.286 y otros) Brasil; Edson Damiao Calixto y Roselindo Borges Senado (Informe No.18/98, Casos 11.285 y 11.290) Brasil; Ovelário Tames (Informe No.19/98 Caso 11.516) Brasil; Ruth Garcés Valladares (Informe No.14/98, Caso 11.778) Ecuador; Emilio Tec Pop (Informe No. 53/97, Caso 11.312) Guatemala; Francisco Guarcas Cipriano (Informe No. 22/98, Caso 11.275) Guatemala; José Sucunú Panjoj (Informe No. 21/98, Caso 11.435) Guatemala; María Eugenia de Sierra (Informe No. 28/98, Caso 11.625) Guatemala; Walter Humberto Vásquez (Informe No. 46/97, Caso No. 11.166) Perú; Baruch Ivcher Broinstein (Informe No. 20/98, Caso 11.762) Perú; Narciso González (Informe No. 16/98, Caso 11.324) República Dominicana.

También se incluyen decisiones declarando inadmisibles a los siguientes casos y peticiones: Ernesto Máximo Rodríguez (Informe No. 6/98, Caso 10.382) Argentina; Carlos García Saccone (Informe No. 8/98, Caso 11.671) Argentina; Jorge Enrique Benavides (Informe No. 34/97, petición) Colombia; Luis Humberto Correa Mena y otros "Partido Acción Nacional" (Informe No. 9/98, Caso 11. 537) México; Tabacalera Boquerón S.A., (Informe No. 47/97, petición) Paraguay.

La Comisión también da cuenta en su informe de la solución amistosa alcanzada en el caso Paulo Guardatti (Informe No. 31/97, Caso 11.217) Argentina. Se incluye también las decisiones sobre el archivo de 19 casos

Así mismo, se da cuenta de 49 solicitudes de medidas cautelares adoptadas por la Comisión, y 9 solicitudes de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante 1997, la Comisión litigó 17 casos contenciosos y una opinión consultiva (OC-16) ante la Corte Interamericana.

El capítulo cuarto reproduce el Programa Interamericano para la Promoción de los Derechos Humanos preparado por la CIDH en colaboración con otros órganos, organismos y entidades del sistema interamericano; destacándose, en particular, la brindada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El Plan "diseñado en respuesta a una solicitud de la Asamblea General (AG/RES. 1489, XXVII-O/97)" se basa en orientaciones doctrinarias y tres grandes objetivos: 1) divulgación de los mecanismos y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos; 2) fortalecimiento de las instituciones nacionales publicas y privadas responsables de promover y proteger los derechos humanos; y c) educación de la población y, en particular, los grupos vulnerables en este tema. Se propone alcanzar estos objetivos mediante tres áreas programáticas que incluyen 45 programas y actividades. Se trata de algunas actividades que en parte ya realizan la Comisión, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y ciertas unidades especializadas de la OEA, y de otras actividades que requerirán financiación especial.

El capítulo quinto incluye cuatro informes relativos a la evolución de la situación en materia de derechos humanos durante 1997 en los Estados de Cuba, Guatemala, Haití y Perú, respectivamente.

El capítulo sexto reproduce dos informes de la Comisión sobre el trabajo realizado en las relatorías sobre los derechos de la mujer, a cargo del Decano Claudio Grossman y sobre los trabajadores migratorios y sus familias, a cargo del Dr. Alvaro Tirado Mejía.

El Informe sobre el "Status de la Mujer en las Américas" presenta un análisis de la legislación y la práctica doméstica a la luz de las obligaciones sobre igualdad y no discriminación establecidos en la Convención y la Declaración Americana, elaborado a partir de un cuestionario enviado a todos los Estados miembros. El informe incluye un número de conclusiones preliminares sobre temas tales como garantías institucionales y legales; capacidad jurídica; derecho de participar en asuntos públicos; derecho a la vida y la integridad física; y derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. En cuanto a la sustancia del informe, éste señala que la legislación vigente en ciertos Estados miembros aun no se ajusta a los estándares vigentes y que éstos tienen la obligación de adaptar su legislación toda vez que una disposición legal resulte discriminatoria, ya sea por el mero hecho de estar en vigor, por sus efectos o a través de su interpretación y aplicación en la práctica. El informe presenta un número de recomendaciones relativas a la identificación y supresión de la discriminación de facto y de jure y sus consecuencias, e insta a los Estados miembros a fortalecer los recursos legales internos para la defensa de los derechos de la mujer. La Comisión espera que las reformas legislativas necesarias se produzcan antes del año 2000. El Informe también provee información sobre la manera en la cual los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos pueden ser utilizados para remediar las deficiencias legislativas que afectan los derechos de la mujer.

En cuanto a la relatoría sobre la Situación de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, el Capitulo sexto reproduce un Informe de Progreso donde, entre otras cosas, se da cuenta de envío de cuestionarios a los Estados miembros de la OEA y a organizaciones, ya sea intergubernamentales o no gubernamentales, especializadas en el tema. Una vez recibidas las respuestas a los cuestionarios, y recopilados los datos necesarios, la Comisión analizará la información obtenida y preparará el Informe correspondiente.

El capítulo séptimo está dedicado a las recomendaciones que, basada en su evaluación de la situación de los de los derechos humanos en el Continente, la CIDH ha considerado pertinente dirigir a los Estados miembros.

Concretamente, la Comisión recomienda a los Estados miembros de la OEA que adopten medidas tendientes a mejorar la administración de justicia en sus respectivas jurisdicciones; así como el funcionamiento del sistema penitenciario y las condiciones de reclusión y detención. También recomienda delimitar el papel de las Fuerzas Armadas y de seguridad en el contexto del Estado de Derecho, y poner especial empeño en garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

La CIDH llama a los Estados a tomar las medidas necesarias para dar protección especial a ciertos grupos de personas, entre ellos, los niños, los discapacitados físicos y mentales, y los trabajadores migratorios y sus familias. Así mismo, insiste en el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer en la legislación local y su efectivo respeto y protección. También recomienda a los Estados miembros cuya legislación contemple el servicio militar obligatorio, que tomen medidas para garantizar la protección de los derechos individuales de los conscriptos.

En este capítulo, la Comisión resalta su preocupación por la seguridad de los defensores de los derechos humanos que trabajan bajo la jurisdicción de los Estados miembros y recomienda que se les brinde protección adecuada. Considera también pertinente recomendar a los Estados miembros que respeten las normas consuetudinarias y convencionales del derecho internacional humanitario.

Por último, la Comisión incluye una serie de recomendaciones relativas al funcionamiento mismo del Sistema de protección. Invita a los Estados miembros a adoptar mecanismos para la ejecución en el ámbito interno de sus recomendaciones sobre casos individuales e insta a quienes no lo hubieran hecho aun, a ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Protocolos Adicionales y demás instrumentos de derechos humanos adoptados en el ámbito interamericano, así como a aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También invitó a los Estados miembros a considerar y aprobar la propuesta de "Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas" presentada por la Comisión el año pasado ante la Asamblea General de la Organización.

II.    LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ESPECIALES SOBRE BOLIVIA, ECUADOR Y BRASIL

La Comisión tiene el mandato de observar la evolución de los derechos humanos en cada Estado miembro con el objeto de emitir informes y formular recomendaciones al Estado de que se trate, para asistirlo en la tarea de alcanzar los estándares de la Convención Americana, otros tratados de derechos humanos y la Declaración Americana. Este año, la Comisión presenta a la Asamblea General de la OEA dos informes sobre situación general en los Estados de Ecuador y Brasil, y un informe sobre ciertos hechos acaecidos bajo la jurisdicción del Estado boliviano. En cada uno de estos informes la Comisión presenta sus conclusiones y las recomendaciones correspondientes.

En febrero de 1997, el Gobierno de Bolivia solicitó a la Comisión que esclareciera los hechos de violencia que habían tenido lugar en diciembre del año anterior, en ciertas localidades del Departamento de Potosí. En respuesta, la Comisión decidió llevar a cabo una visita in loco en forma casi inmediata. Las conclusiones alcanzadas sobre la base de la información recopilada durante la visita, han sido volcadas en el "Informe sobre los Hechos Ocurridos en las Localidades de Amayapampa, Llallagua y Capasirca, Norte del Departamento de Potosí, Bolivia en Diciembre de 1996" que la Comisión presenta ante la Asamblea General.

El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador fue elaborado en base a datos aportados por fuentes gubernamentales y no gubernamentales, la información recogida mediante la tramitación de peticiones individuales y la observación directa que realizara la Comisión en la visita in loco que llevara acabo en noviembre de 1994. Consta de once capítulos referidos al contexto legal y socioeconómico, la administración de justicia y el respeto a ciertos derechos tales como el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal. También se trata la situación de las personas sujetas al sistema penitenciario, y los derechos de los habitantes del interior del Ecuador afectados por las actividades de desarrollo. El informe presta especial atención a los derechos humanos de los indígenas, los afroecuatorianos y las mujeres. La Comisión valora la actitud positiva y constructiva demostrada por el Estado en las observaciones que realizara a este informe, sus conclusiones y recomendaciones.

El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil fue elaborado, entre otras fuentes, sobre la base de la información recabada durante una misión de observación que tuviera lugar en noviembre y diciembre de 1995. Consta de diez capítulos que presentan un panorama del ordenamiento jurídico local; el respeto a los derechos económicos y sociales; la violencia policial y el fuero privativo militar; el sistema penitenciario. El informe se ocupa de la situación de ciertos grupos vulnerables, tales como las mujeres, los discapacitados, los menores y los pueblos indígenas, y los derechos de los trabajadores rurales.

En sus conclusiones y recomendaciones, la Comisión presenta un análisis de ciertas áreas que considera relevantes y valora la importancia del Plan Nacional de Derechos Humanos puesto en práctica por el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil brasileña.

Al presentar su Informe Anual y los informes especiales antes referidos, la Comisión ha dado así cumplimiento una vez más a su mandato como órgano principal de la OEA, de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los diversos Estados miembros de la Organización.

La Comisión hace votos para que los Estados continúen realizando sus mejores esfuerzos para promover la plena vigencia de los derechos humanos en sus jurisdicciones, y para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.

Caracas, 2 de junio de 1998

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó hoy la visita al terreno en California, que realizó por invitación del Gobierno de los Estados Unidos de América, con el propósito de observar los procesos de inmigración y asilo en esa región y de recoger información al respecto. En esa oportunidad la Comisión visitó Los Ángeles los días 6 y 7 de julio y San Diego los días 8 y 9 de julio de 1998.

La delegación de la Comisión estuvo integrada por el Dr. Carlos Ayala Corao, Presidente de la Comisión; el Dr. Jean Joseph Exumé, Segundo Vicepresidente; el Dr. Álvaro Tirado Mejía, miembro de la Comisión; el Embajador Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo; el Dr. David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto; los Dres. Relinda Eddie, abogada especialista en derechos humanos y Pablo Saavedra, abogado; la señorita Tania Hernández, asistente administrativa; el Sr. Marcelo Montecino y la Sra. Michèle De Grauwe, intérpretes.

La Comisión es un cuerpo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se creó de conformidad con su Carta, con el fin de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas y para servir como órgano consultivo de la OEA en ese campo. La visita se realizó en el marco de las disposiciones de la Carta de la OEA, de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, así como del Estatuto y el Reglamento de la Comisión. Esos instrumentos definen el derecho internacional sobre derechos humanos dentro del Sistema interamericano para las personas en los Estados Unidos de América.

Durante su visita a Los Ángeles, la delegación de la Comisión se reunió con el Sr. Richard K. Rogers, Director de Distrito del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) del Departamento de Justicia; la Sra. Rosemary Melville, Subdirectora de Distrito del INS y otros miembros del personal de Los Ángeles; el Sr. Tom Graber, Director del Aeropuerto de Los Ángeles; y el Sr. Art Subia de las operaciones en el terreno del INS de Washington, D.C. Asimismo, la Comisión se reunió con las siguientes personas de la oficina del Gobernador de California; Sr. John Duncan, Director de Relaciones Industriales, Sr. José Millán, Director de Aplicación de Normas Laborales y el Sr. Mark Carleson, del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA).

En San Diego la Comisión se reunió con la Sra. Adele Fasano, Subdirectora de Distrito del INS; el Sr. Kim Porter, Asistente Auxiliar del Director de Distrito del INS; el Sr Peter Saldiana, Asistente Auxiliar del Director Portuario, San Ysidro; y la Sra. Ralia Sarinetti, Asistente del Director Portuario, San Ysidro; la Sra. Sally Carrillo, Asistente del Director de la Zona Portuaria, Otay Mesa; y Phyllis Yodz, Inspector Principal de Aduanas, Otay Mesa; el Sr. Kenneth Stitt, Asistente del Jefe de Patrulla, Chula Vista; el Sr. Mario Villareal, Agente Supervisor de la Patrulla de Frontera, Chula Vista; el Sr. Tom Wacker, Jefe de la Patrulla de Frontera, El Centro; el Sr. Ramón T. Ortega, Subjefe de la Patrulla de Frontera, El Centro; y el Sr. Héctor Najera, Jr. Oficial supervisor de Detención y Deportación, El Centro; el Sr. T.S. Thorpe, Director interino del Puerto de entrada Claxico; así como con otros miembros del personal del INS.

Durante su visita a Los Ángeles y San Diego, la delegación de la Comisión también se reunió con varios abogados, promotores y representantes de organizaciones no gubernamentales, incluidos el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, Coalición pro Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW), la Fundación de Asistencia Legal Rural de California, el Comité del Servicio Amigos Americanos, la Clínica de servicios sanitarios de North County, la Universidad del Estado en San Diego, la Escuela de estudios superiores sobre Salud Pública y Ciencia del Comportamiento, Proyecto de Estudio de inmigrantes menores.

Por otra parte, durante su estadía en esa zona, la Comisión visitó varios puertos de entrada y centros de detención, incluidos los del Aeropuerto de Los Ángeles, Calexico, Chula Vista, Otay Mesa, San Ysidro y El Centro, donde entrevistó a los detenidos. En El Centro la Comisión conversó con varios detenidos que habían realizado una huelga de hambre como protesta por las condiciones en que estaban recluidos. Durante sus visitas a los centros y puertos de entrada, la Comisión también observó audiencias de detención y traslado, así como los procedimientos que se utilizan para las personas que solicitan asilo y los inmigrantes en general.

Asimismo, en California la Comisión recibió información sobre cuestiones relacionadas con el objetivo de su visita, incluidos el mandato del Servicio de Naturalización e Inmigración, procedimientos de tramitación de las personas que solicitan asilo y los migrantes, la Operación Puerta de Entrada, el procedimiento de traslado acelerado en el marco de la Ley de Inmigración, las condiciones del lugar de detención, el acceso a abogados y representación legal, el tráfico ilícito de migrantes, los abusos alegados de los derechos humanos de los migrantes, así como las condiciones de educación, trabajo, médicas y de vivienda de los migrantes.

Durante su visita la Comisión recibió un caudal importante de información que se propone utilizar para preparar un informe sobre la situación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias en el hemisferio. Este proyecto fue endosado por la Cumbre Presidencial de las Américas que se realizó recientemente en Santiago de Chile, así como por la resolución que adoptó el mes pasado la Asamblea General de la OEA, en su reunión de Caracas, Venezuela. Para ampliar el estudio, la Comisión prevé visitar diferentes puertos de entrada y centros de detención de inmigrantes en los Estados Unidos y en otros países de la región.

La Comisión desea agradecer una vez más al Gobierno de los Estados Unidos de América, a sus funcionarios, abogados, promotores y organizaciones no gubernamentales por la colaboración y asistencia que le prestaron durante su visita.

San Diego, 9 de julio de 1998

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desea expresar su complacencia ante el acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano en lo hechos violentos de Villatina, Caloto y Los Uvos, y en los casos de Roison Mora y Faride Herrera, que tuvo lugar ayer en la Casa de Nariño en Bogotá y que fuera encabezado por el Presidente de la República de Colombia, doctor Ernesto Samper Pizano.

En el texto de su alocuci6ó pública, el Presidente Samper Pizano indicó que el Estado colombiano reconoce su responsabilidad "en los graves hechos en los que perdieron la vida de manera inocente 49 colombianas y colombianos", en atención a "las obligaciones internacionales y especialmente a los compromisos adquiridos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" .

El jefe del Estado colombiano senaló también que los casos de Roison Mora y Faride Herrera, un menor de edad y una abogada que murieron a mano de miembros de la fuerza pública en 1992 y en 1993, son los primeros que su país acepta resolver mediante el procedimiento de solución amistosa, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH encuentra muy positiva la actitud de las autoridades colombianas al reconocer su responsabilidad y asumir sus obligaciones internacionales por los cinco episodios mencionados, y confía en que, de conformidad con la Constitución y las leyes nacionales, se esclarezcan los hechos, se sancione a los culpables y se indemnice a las familias de las víctimas.

La CIDH aprovecha esta ocasión para formular sus mejores votos por el éxito del nuevo Gobierno de Colombia, especialmente en la búsqueda y consecución de la paz que tanto anhela la sociedad colombiana, y reitera su voluntad de seguir colaborando con la administración entrante en la plena vigencia de los instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano.

Washington, D. C., julio 30 de 1998

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a invitación del Gobierno de Guatemala, inicia hoy (6 de agosto de 1998), una visita in loco, con el objeto de observar la situación general de los derechos humanos en este país. Dicha visita tendrá lugar del 6 al 11 de agosto de 1998.

La CIDH durante muchos años ha acompañado la lucha y los esfuerzos del pueblo de Guatemala, por vivir en paz con pleno respeto a los derechos humanos. Esta es la primera visita que realiza la CIDH luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a décadas de enfrentamiento armado, e iniciaron una nueva etapa histórica de gran esperanza para todos los guatemaltecos. Como en el pasado, la CIDH y la comunidad internacional acompañarán a la sociedad guatemalteca en esta nueva etapa. Tal como es el caso en el hemisferio en general, la nueva y promisoria situación dependerá de la contribución de todos para crear y fortalecer poderes judiciales modernos y justos, policías eficientes, asegurar que nadie esté sobre la ley, otorgar igualdad de oportunidades sin discriminación alguna, garantizar la seguridad a que justificadamente aspira la ciudadanía, en su único marco posible: el del respeto al Estado de derecho, la ley y los derechos humanos.

La CIDH ofrece su experiencia internacional al pueblo y Gobierno de Guatemala en la noble tarea de asegurar la vigencia de los valores que representan la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; valores que comparte Guatemala con la comunidad hemisférica.

La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se encarga de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el hemisferio. La Comisión está integrada por siete miembros, elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA por un período de cuatro años. Las atribuciones de la CIDH derivan fundamentalmente de tratados internacionales: la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA, instrumentos ratificados por la República de Guatemala.

La Delegación de la CIDH estará integrada por su Presidente, Dr. Carlos Ayala Corao, y los miembros de la Comisión, Decano Claudio Grossman y Profesor Hélio Bicudo. La Comisión contará con el apoyo técnico de su Secretario Ejecutivo, Embajador Jorge E. Taiana; del Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David Padilla; y de los abogados Elizabeth Abi-Mershed, Dr. Osvaldo Kreimer y Verónica Gómez. Como personal de apoyo administrativo actuarán las señoras Martha Keller y Ana Cecilia Adriazola.

Durante su estadía en Guatemala, la Delegación de la CIDH tiene previsto reunirse con autoridades estatales incluyendo al Presidente de la República y sus Ministros, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, las autoridades del Congreso, el Fiscal General, la Presidenta de COPREDEH y el Procurador de Derechos Humanos. Se reunirá además con diferentes sectores de la población, tales como organizaciones de derechos humanos, grupos populares, representantes eclesiásticos, dirigentes sindicales, presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos y otros. La Comisión visitará también centros penitenciarios y se trasladará a diferentes regiones del país.

Como es habitual en estas visitas, la CIDH, durante su estadía en Guatemala, está dispuesta a recibir quejas de quienes aleguen, directamente o a través de sus representantes, que sus derechos humanos han sido violados. Asimismo, recibirá información pertinente de quienes tengan casos en trámite ante la CIDH. Para tales efectos se dispone de una oficina en el Hotel Camino Real, en la ciudad de Guatemala, que estará habilitada de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 15:00 a las 18:00 horas desde el 6 hasta el 11 de agosto.

Al término de la visita la Comisión celebrará una conferencia de prensa en el Hotel Camino Real, en la ciudad de Guatemala.

Al finalizar su visita la Comisión regresará a su sede en Washington, D.C., donde continuará el estudio y la evaluación de las informaciones recibidas, con el propósito de preparar su informe final.

La Comisión agradece la cooperación y las facilidades que en la preparación de la visita, ha provisto el Gobierno de Guatemala, así como las organizaciones no gubernamentales, instituciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales y reitera una vez más, su disposición de cooperar con los gobiernos democráticos del hemisferio en la promoción y protección de los derechos humanos.

Guatemala, 6 de agosto de 1998