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Nº 7/97 El día de hoy 25 de abril de 1997 concluyó el 96º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que participaron su Presidente, Embajador John S. Donaldson, el Primer Vicepresidente, Profesor Carlos Ayala Corao, el Segundo Vicepresidente, Profesor Robert K. Goldman y los demás miembros, doctores Oscar L. Fappiano, Alvaro Tirado Mejía, Jean Joseph Exumé y Decano Claudio Grossman. La Comisión recibió en audiencia al Representante Permanente de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos, Embajador Brian Dickson quien, en nombre de su Gobierno, invitó a la CIDH para que realice una visita a fin de observar el proceso de determinación de la calidad de refugiado y los recursos que disponen quienes desean obtener refugio en Canadá. La Comisión aceptó la invitación del Ilustrado Gobierno de Canadá. Durante este período de sesiones el Presidente de la CIDH presentó el Informe Anual de la Comisión ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, en la sesión que ésta última celebró el día 24 de abril de 1997. Asimismo la Comisión aprobó diversos informes sobre peticiones individuales relativos a la admisibilidad de las mismas así como sobre el fondo de las cuestiones planteadas por los peticionarios. La Comisión procedió a modificar el artículo 71, párrafo 1, de su Reglamento, el cual ha quedado redactado de la siguiente forma:
La CIDH acordó celebrar el 97º período ordinario de sesiones del 29 de septiembre al 17 de octubre 1997. Washington, D.C., 25 de abril de 1997.
Nº 8/97 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizará una visita in loco, con la anuencia del Gobierno de la República Dominicana, con el objeto de observar la situación general de los derechos humanos en este país. Dicha visita tendrá lugar del 16 al 20 de junio de 1997. La Delegación de la Comisión estará integrada por su Presidente, Embajador John S. Donaldson, Decano Claudio Grossman, Emb. Alvaro Tirado Mejía y Dr. Oscar Luján Fappiano, Miembros de la CIDH. Los Comisionados serán asistidos durante esta visita por el Secretario Ejecutivo, Embajador Jorge E. Taiana, Dra. Bertha Santoscoy, Especialista a cargo de los asuntos de la República Dominicana, por los abogados Denise Gilman e Ibrahim García y la Srta. Rose Marie Brière, intérprete. Como personal de apoyo administrativo actuarán la señora Cecilia Adriazola y señorita Tania Hernández. La CIDH es uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos que se encarga de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el hemisferio, y de servir como órgano consultivo en la materia. Los siete miembros de la Comisión son elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA, por un período de cuatro años, y representan a todos los Estados Miembros. Las atribuciones de la Comisión derivan fundamentalmente de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada esta última, por la República Dominicana el 19 de abril de 1978. Durante su estadía en la República Dominicana, la Delegación se entrevistará con autoridades gubernamentales y se reunirá con diferentes sectores de la población, tales como organizaciones de derechos humanos, grupos populares, representantes de la iglesia, dirigentes sindicales, etc. La Comisión visitará también varios centros penitenciarios y se trasladará al interior del país, a fin de dialogar con todas las fuerzas vivas del país. La visita de la Comisión se realiza dentro de la competencia que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de su Reglamento, y dentro de ese marco jurídico, los Estados Partes se comprometen a otorgar todas las facilidades necesarias para que la Comisión pueda llevar a cabo su misión de observación y en particular se compromete a no tomar represalias de ningún tipo en contra de las personas o entidades que cooperen con ella, proporcionando informaciones o testimonios. Al finalizar su visita, la Comisión regresará a su sede en Washington D.C., donde iniciará el estudio y la evaluación de las observaciones realizadas, con el propósito de preparar su informe final. La Comisión agradece la cooperación y las facilidades que ha tenido el Gobierno de la República Dominicana en la preparación de esta visita, y una vez más, manifiesta que tiene la mejor disposición para cooperar con los gobiernos democráticos del hemisferio en la promoción y protección de los derechos humanos. Santo Domingo, 4 de junio de 1997
Nº 9/97 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con ocasión de encontrarse en la ciudad de Lima para asistir al vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, recibió información adicional, a través de los medios de comunicación y de una entrevista personal que se llevó a cabo a solicitud de los afectados, de la situación creada a raíz de la destitución, por el Congreso de la República del Perú, de tres miembros del Tribunal Constitucional y la consecuente renuncia del Presidente de ese Alto Tribunal. La CIDH ha podido constatar que los distintos sectores de la sociedad peruana se han pronunciado señalando la gravedad de estos acontecimientos, por el efecto negativo que el mismo tiene para la democracia y el Estado de Derecho y, en especial, para la independencia e imparcialidad de los jueces, factor fundamental para la protección de los derechos humanos. En forma reiterada la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han destacado en sus respectivos pronunciamientos (con base en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la importancia que tienen los tribunales independientes e imparciales para el funcionamiento efectivo de las garantías judiciales de protección de los derechos humanos. Así, la CIDH en su Informe Anual correspondiente al año 1996, ha formulado una serie de recomendaciones a todos los Estados miembros de la Organización, entre las cuales se encuentra -en primer lugar- la necesidad de adoptar las medidas necesarias para fortalecer la independencia y autonomía de los órganos judiciales, a fin de lograr una protección más efectiva de los derechos humanos. La importancia del Tribunal Constitucional peruano para la protección de los derechos humanos, como instancia jurisdiccional última y definitiva en las acciones de garantía constitucional, en especial de amparo y de habeas corpus, y como órgano que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, justifica la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos ocurridos. Dada la importancia institucional del Tribunal constitucional, la CIDH espera que se reinicie su funcionamiento regular lo antes posible, garantizándose el debido respeto a su independencia, imparcialidad y autonomía por parte de los demás órganos del Poder Público, a fin de lograr su consolidación como máximo intérprete de la Constitución y de los derechos humanos. Lima, 5 de junio de 1997
N° 10/97 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finaliza el día de hoy, 20 de junio de 1997, su visita in-loco, realizada por invitación del Gobierno de la República Dominicana, con el objeto de observar la situación general de los derechos humanos en este país. Participaron en la visita los siguientes Miembros de la Comisión: Sr. John S. Donaldson, Presidente de la CIDH; Decano Claudio Grossman y Embajador Alvaro Tirado Mejía. La Comisión contó con el apoyo técnico del Embajador Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo; Dra. Bertha Santoscoy, Especialista Principal y encargada de los Asuntos de la República Dominicana, los abogados Ibrahim García y Denise Gilman; la Sra. Rose Marie Briere, interprete; así como las señoras Cecilia Adriazola y Tania Hernández, secretarias de la CIDH. La CIDH es el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos, encargado de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el hemisferio y servir como órgano consultivo en la materia. Los siete miembros de la Comisión son elegidos a titulo personal por la Asamblea General de la OEA, por un período de cuatro años, y representan a todos los Estados miembros. Las atribuciones de la Comisión derivan fundamentalmente de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada esta última, por la República Dominicana el 19 de abril de 1978. Durante su visita, la CIDH se entrevistó con el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna. Además, la Comisión se reunió con el Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Eduardo Latorre; el Secretario de Estado de Interior y Policía, Norge Botello, y los Subsecretarios de Trabajo, Lic. Rosario Graciana y Lic. Washington González; autoridades del Congreso Nacional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Procurador General de la República, el Procurador Fiscal de Distrito Nacional, el Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, la Directora General de Promoción de la Mujer, el Director de Migración, el Director de Prisiones, el Director del Consejo Estatal del Azúcar y el Jefe de la Policía. Igualmente, la Comisión se reunió con representantes de organismos internacionales, tales como: ONU, ACNUR, UNICEF y OIM; y con organismos no gubernamentales de derechos humanos, representantes del Colegio de Abogados, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, representantes de trabajadores haitianos y de medios de comunicación social. Durante el curso de su visita, la CIDH llevo a cabo un extenso programa de trabajo en la ciudad de Santo Domingo y se traslado a la ciudad de Barahona, donde se reunió con autoridades gubernamentales, incluyendo al Gobernador Provincial de Barahona, Dr. Bolívar De Oleo; el Procurador Fiscal, sacerdotes y pastores de la iglesia, el Administrador del Ingenio Barahona, y numerosos representantes de la sociedad civil de la Provincia de Barahona. La Comisión visitó el centro penitenciario La Victoria y la cárcel de San Pedro de Macoris, con la finalidad de observar las condiciones de dichos centros penitenciarios y la situación de los prisioneros. Igualmente, la Comisión visitó diferentes bateyes con el objeto de observar la situación de los trabajadores del corte de caña. La agenda desarrollada por la Comisión le permitió obtener un conocimiento y apreciación global de la situación de los derechos humanos en este país. Dicha apreciación es obviamente preliminar, toda vez que la información recopilada será analizada, en forma detallada, en su próxima reunión ordinaria que se celebrará en su sede en Washington, D.C., en septiembre del presente año. La Comisión desea señalar que en el curso de esta visita, contó con todas las facilidades y amplia libertad para reunirse con todas las personas que consideró conveniente, así como para desplazarse a cualquier lugar del territorio dominicano. El Gobierno de la República Dominicana otorgó a la CIDH una plena y completa cooperación, lo cual le permitió realizar un vasto programa de actividades. La Comisión desea destacar que la invitación formulada por el Gobierno del Presidente Leonel Fernández Reyna, para realizar esta visita in loco, revela la importancia que se atribuye, hoy en día, al tema de los derechos humanos. La CIDH pudo comprobar durante su visita, la importancia que el Gobierno y la sociedad civil dominicana otorgan a la vigencia plena de los derechos humanos. Numerosos temas de gran relevancia para los derechos humanos -la reforma del poder judicial por ejemplo- se encuentran en la agenda del país y son objeto de valiosas iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil. Los medios de expresión revelan la existencia de un rico debate en que con entera libertad se confrontan ideas sobre la consolidación, expansión y fortalecimiento de instituciones y normas relativas a los derechos humanos. La CIDH valora la voluntad política y el espíritu de modernización con que el gobierno del Presidente Fernández Reyna, ha contribuido a abrir nuevos espacios y anunciar nuevas iniciativas de promoción y protección de los derechos humanos. Durante su visita, la Comisión recibió informaciones sobre la crítica situación del Poder Judicial, incluyendo el retardo excesivo en los procesos judiciales, la existencia de procedimientos engorrosos y la falta de confianza de la población en el sistema. La Comisión valora que tanto el Gobierno como vastos sectores de la sociedad civil están conscientes de la situación por la que atraviesa el poder judicial. En este sentido, la Comisión conoció de los importantes trabajos que realiza el Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia dirigidos a lograr el establecimiento de un poder judicial moderno y eficiente. Asimismo, la Comisión presenció la actual fase en que se encuentra el proceso dirigido al nombramiento de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia. Para la vigencia plena de los derechos humanos, la existencia de un poder judicial moderno, independiente y justo es esencial. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos recoge estos conceptos sobre debido proceso e independencia del poder judicial. La CIDH seguirá observando el proceso de transformación del poder judicial actualmente en desarrollo en la República Dominicana. La Comisión sostuvo un valioso dialogo con el Jefe de la Policía y fue informada de diversas iniciativas dirigidas a modernizar esa institución que incluyen: la suspensión de las redadas, el establecimiento del derecho a llamadas telefónicas de los detenidos, la suspensión del procedimiento de exhibición pública de detenidos y la directiva de respetar el plazo de 48 horas para poner a los detenidos a disposición de la autoridad judicial. La Comisión fue positivamente impresionada por la disposición del Jefe de la Policía de impulsar medidas dirigidas a la educación del personal en el respeto a los derechos humanos, incluyendo el uso de técnicas de investigación compatibles con dichos derechos. Sin perjuicio de estas iniciativas, la CIDH recibió durante su visita denuncias de conductas policiales que incluyen detenciones irregulares, malos tratos, solicitud de pagos ilegales, abuso de detenidos, detención arbitraria de familiares de sospechosos para forzar que éstos se entreguen, uso excesivo de fuerza y ejecuciones extrajudiciales. La CIDH investigará estas denuncias. La existencia de un cuerpo de policía profesional y eficiente es esencial para el logro de la seguridad a que legítimamente tiene derecho la población. La CIDH considera que tal objetivo es plenamente compatible con el respeto a los derechos humanos, por lo que otorga gran importancia a los avances que se logren en el desarrollo de la Policía en la República Dominicana. Durante su visita, la Comisión recibió información indicando que los presos dominicanos viven en condiciones extremadamente difíciles, que incluyen: una insuficiente alimentación, escasez de agua potable, instalaciones sanitarias inadecuadas, hacinamiento, insuficiente atención médica, problemas relacionados con excarcelación y fianzas, falta de programas de rehabilitación, educación y trabajo para los reclusos, y la falta de separación de adultos y menores y de procesados y condenados. La Comisión valora el compromiso asumido por el Director de Prisiones sobre la modernización del sistema a su cargo. La Comisión constató que se están llevando a cabo importantes obras de construcción en el sistema carcelario dominicano, incluyendo la edificación de una nueva prisión y la remodelación de la prisión La Victoria, la más grande del país. Existen, además, planes para el mejoramiento de las otras cárceles. La Comisión considera que, como parte del proceso de modernización de las prisiones dominicanas, es de suma importancia la creación de una Escuela Penitenciaria para el entrenamiento de un cuerpo civil para servir en las prisiones y el fortalecimiento de la dirección civil de cárceles. La Comisión recibió además información acerca de la iniciación de un programa para la rehabilitación de encarcelados drogadictos. La Comisión considera necesario que se provean los fondos necesarios para ejecutar ese tipo de programa. También durante su visita, la Comisión fue informada que, principalmente a causa de los retrasos judiciales, la gran mayoría de prisioneros dominicanos, 85% según las estadísticas más recientes de la Dirección General de Prisiones, se encuentran en estado de prisión preventiva y no han sido condenados. La Comisión ha podido notar que las autoridades dominicanas están conscientes de este problema y que están haciendo un gran esfuerzo para mejorar la situación. Un ejemplo de un primer paso es el hecho de que la población carcelaria esta siendo reducida mediante una decisión para dejar en libertad a los detenidos que llevan en prisión preventiva más tiempo que el que habrían sido recluidos si hubieran sido encontrados culpables y condenados a la pena máxima prevista por el crimen de que fueron acusados. La Comisión ha tomado conocimiento de las importantes reformas de leyes que se están llevando a cabo en el campo de la mujer y valora los avances logrados por la Dirección de la Promoción de la Mujer, en particular la reciente Ley 24-97 sobre derechos de la mujer, la cual refleja una positiva intención política de avanzar en este tema. La Comisión valora igualmente las importantes iniciativas que esta tomando dicha Dirección en temas como violencia doméstica, violaciones y abusos sexuales, reformas legales dirigidas a alcanzar la plena igualdad y actividades de promoción y educación. Sin perjuicio de estos avances, existe aún un largo trecho por recorrer hasta que se pueda garantizar plenamente la protección de los derechos de la mujer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias, sobre tráfico de mujeres para explotación sexual, falta de acción adecuada en casos de violencia doméstica, discriminación salarial e incumplimiento de leyes laborales que protegen a la mujer. En sus entrevistas con las autoridades dominicanas, la CIDH tomó conocimiento del deseo del Gobierno de avanzar en conversaciones con autoridades haitianas para resolver distintos aspectos sobre la situación de los trabajadores migrantes y flujos de población. Sin perjuicio del valor de tales iniciativas, que revelan la voluntad política de no recurrir a medidas unilaterales en este complejo problema, la CIDH considera necesario destacar que hay aspectos relacionados a haitianos que residen por largos años en la República Dominicana y a haitianos dominicanos, por ejemplo, que guardan relación con la responsabilidad de la República Dominicana hacia personas en su territorio. La Comisión visitó los Bateyes: San Joaquín, Culata y Mata los Indios en las cercanías de Santo Domingo y el Batey Nº 5 en la Provincia de Barahona. La Comisión verificó algunos avances desde la llegada de las actuales autoridades en electrificación y otras medidas materiales que incluyen planes de mejoras de caminos, escuelas e higiene mínima. La CIDH conoció también de la implementación de medidas de control de pesaje para evitar abusos. La CIDH observó sin embargo, las precarias e insalubres condiciones en que viven los trabajadores y sus familias. Numerosas viviendas son inadecuadas, la falta de higiene, agua potable, y el hacinamiento constituyen gravísimos problemas. Numerosos niños tienen síntomas evidentes de desnutrición, y muchos de ellos no van a las escuelas por ayudar a sus padres a lograr un sustento miserable. Esto crea un ciclo trágico en que el futuro de miseria es prácticamente inescapable. La CIDH no ignora que condiciones de pobreza severa afectan a otros sectores de la vida nacional. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que numerosos cortadores de caña trabajan para el Estado y residen en tierras e instalaciones del mismo. La CIDH recibió además denuncias de organismos no gubernamentales e individuales sobre problemas relativos a la falta de documentación y registro de individuos nacidos en la República Dominicana, asimismo de la existencia de trabas y actitudes burocráticas arbitrarias en el caso de inscripciones de carácter legal. En la zona de Barahona la Comisión recibió además denuncias sobre solicitudes de dinero por personal militar en puestos de control. La CIDH investigará el desarrollo y avances que se vayan dando en esta importante materia para los derechos humanos. La Comisión pudo examinar en la República Dominicana diversos casos que se encuentran en trámite ante la Comisión, incluyendo el caso de Narciso González. La CIDH está tramitando estos casos de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Convencion Americana y su Reglamento. Estos textos jurídicos requieren que efectué su labor hasta que se logre la identificación y castigo de los responsables de los hechos criminales y la compensación de las victimas. La CIDH esta plenamente consciente de que numerosos problemas que afectan la plena vigencia de los derechos humanos en la República Dominicana no son el resultado de una política de estado dirigida a violar los derechos humanos. Como en el caso de numerosos países, las autoridades se enfrentan, en diversa medida, a problemas a menudo estructurales, pautas culturales heredadas de experiencias autoritarias, instituciones anacrónicas e insuficiencia de recursos. En virtud de las funciones que le atribuyen la Carta de la OEA, la Convencion Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos jurídicos internacionales aplicables, la Comisión expresa su voluntad de colaborar con las autoridades dominicanas, dentro del marco de su competencia, en el fortalecimiento de los mecanismos de promoción y defensa de los derechos humanos y en el avance hacia su plena vigencia. La Comisión desea expresar su agradecimiento al Gobierno de la República Dominicana, a su Presidente, Doctor Leonel Fernández Reyna, a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades que brindaron su colaboración en la en la realización de esta visita, así como a los organismos no gubernamentales y a los particulares, que en forma franca y objetiva, contribuyeron con su información y documentación en el eficaz cumplimiento de nuestra visita. La Comisión desea agradecer además el interés de los medios de comunicación en esta visita, que cubrieron ampliamente y sin limites la presencia y trabajos de la CIDH en la República Dominicana. Santo Domingo, 20 de junio de 1997
N° 11/97 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió, el día 23 de junio de 1997, copia de un artículo publicado el 22 de junio en el diario Clarín de la ciudad de Buenos Aires, en el cual se hace referencia al informe preliminar elaborado por la CIDH en el caso Juan Carlos Abella y Otros, que trata sobre circunstancias vinculadas con los hechos de la Tablada. La CIDH desea dejar constancia que dicho informe preliminar fue transmitido exclusivamente al Gobierno de la República Argentina el cual, en virtud del articulo 50 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos y el Reglamento de la CIDH, no esta autorizado a publicar. El propósito de la confidencialidad es otorgar al Estado la oportunidad de estudiar las conclusiones y recomendaciones preliminares, de hecho y de derecho, elaboradas por la CIDH y adoptar las medidas pertinentes, sin la publicidad que pueda conducir a la politización de las cuestiones planteadas en el caso. La CIDH deplora la publicidad no autorizada del mencionado informe preliminar y confía en que este tipo de incidentes lamentables no volverá a producirse. Washington, D.C. 24 de junio de 1997.
Nº 12/97 El día viernes 25 de julio de 1997, Jean Joseph Exume miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA fue atacado y herido gravemente por desconocidos en la ciudad de Port-Au-Prince, Haití, donde reside. El Dr. Exume fue hospitalizado y esta fuera de peligro. Los motivos de esta agresión son desconocidos. La CIDH repudia y lamenta profundamente este ataque contra una persona que, tanto como miembro de este organismo internacional de promoción y defensa de Derechos Humanos como a través de toda su vida profesional, ha puesto su inteligencia, sus esfuerzos y aun su vida al servicio permanente del imperio del derecho, la búsqueda de la paz y el respeto a los Derechos Humanos. A través de su Presidente el Embajador John Donaldson, la Comisión Interamericana se ha hecho presente hoy en Haití para expresar personalmente su solidaridad al Dr. Exume, y para llamar la atención sobre el valor de su persona y de su acción para la defensa y vigencia de los derechos humanos en todo el continente americano. La Comisión cree importante hacer este llamado de atención sobre la necesidad del respeto a la vida, integridad y dignidad de todas las personas. Jean Joseph Exume es uno de los defensores mas aguerridos y comprometidos, justamente, en la defensa de esos derechos para todos. Washington D.C., 4 de agosto de 1997
Nº 13/97 El día 17 de octubre de 1997 concluyó el 97º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual estuvo integrada por el Embajador John Donaldson, Presidente; Dr. Carlos M. Ayala Corao, Primer Vice-Presidente; Profesor Robert Kogod Goldman, Segundo Vice-Presidente; Embajador Alvaro Tirado Mejía, Dr. Oscar Luján Fappiano y el Decano Claudio Grossman. El Dr. Jean Joseph Exumé no pudo asistir a este período de sesiones debido a su delicada situación de salud, a causa del atentado sufrido el mes de julio del presente año. Durante este período de sesiones la Comisión concedió sesenta audiencias, en las que recibió a representantes de Estados, y de algunas de las víctimas cuyos casos se tramitan ante la Comisión. En dichas audiencias, se escucharon testimonios en relación con la situación de derechos humanos en diferentes Estados miembros de la Organización y sobre casos individuales actualmente en trámite ante la Comisión. Asimismo, la Comisión consideró la importancia que tiene en el hemisferio la libertad de expresión como fundamento del sistema democrático de gobierno y como garantía del ejercicio de las libertades públicas y los derechos humanos, por lo que durante el presente período de sesiones, decidió la creación de una relatoría sobre Libertad de Expresión, cuyo mandato y propósito será definido en su próxima sesión ordinaria. Por invitación del Gobierno de Canadá, la Comisión llevará a cabo una visita in loco en ese país, con la finalidad de observar directamente el proceso de determinación de la condición de refugiado en Canadá, y los recursos internos que ofrece el país a quienes la solicitan. Dicha visita se realizará en el mes de octubre del presente año y comprenderá las ciudades de Ottawa, Toronto y Montreal. La Comisión aprobó los preparativos sobre la visita in loco que se llevará a cabo en Colombia, a principios del mes de diciembre del presente año, con el objeto de observar directamente la situación de los derechos humanos en ese país. El Gobierno de Colombia ha reiterado a la Comisión una completa cooperación en la realización de dicha visita. La Comisión valora y agradece la positiva actitud del Gobierno colombiano, y considera que la próxima visita representa una importante oportunidad para investigar y evaluar de manera profunda la situación de los derechos humanos en ese país. Durante el presente período de sesiones, la Comisión aprobó igualmente la invitación del Gobierno de Guatemala para realizar una visita in loco a dicho país el año próximo. Durante el presente período de sesiones, la Comisión se refirió a la visita de observación in loco que llevó a cabo en la República de Bolivia, el mes de abril de 1997, a fin de investigar los hechos violentos acaecidos en las minas de Amayapampa y Capasirca en ese país. Participaron en esta visita el Embajador John Donaldson, Presidente de la CIDH, el Decano Claudio Grossman y el Dr. Jean Joseph Exumé, acompañados por el Emb. Jorge Taiana, Secretario Ejecutivo, el Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto y el Dr. Milton Castillo. El informe fue discutido y aprobado por la CIDH y enviado al Gobierno de Bolivia el 8 de julio. Éste realizó sus observaciones y el informe final fue aprobado el 29 de julio. Cabe destacar que el Gobierno aceptó el informe y las recomendaciones, iniciándose una serie de acciones administrativas en ese sentido. La Comisión valora la aceptación del informe por el Gobierno de Bolivia y continuará observando el cumplimiento de las recomendaciones de su informe. Igualmente, la Comisión consideró los resultados de la visita in loco, realizada en la República Dominicana, del 16 al 20 de junio del presente año, con el objeto de observar la situación general de los derechos humanos en ese país. Participaron en ella el Embajador John Donaldson, Presidente de la CIDH, el Decano Claudio Grossman y el Embajador Alvaro Tirado Mejía, Miembros de la Comisión. De parte de la Secretaría participaron el Embajador Jorge Taiana, Secretario Ejecutivo, los doctores Bertha Santoscoy, Denise Gilman e Ibrahim García. La Comisión decidió aprobar un esquema inicial del informe especial que se encuentra en preparación. La Comisión agradece al Gobierno de la República Dominicana su amplia cooperación, mediante la cual la Comisión pudo obtener abundante información sobre la situación de los derechos humanos en ese país. La Comisión se refirió también a las visitas que realizó para seguimiento de situaciones generales y casos en trámite, incluyendo algunos en solución amistosa, a saber: La visita realizada a México, durante el mes de julio de 1997, con la finalidad de reunirse con autoridades del Gobierno y con peticionarios, en relación a varios casos que se encuentran en el proceso de solución amistosa. Participaron en esta visita el Dr. Carlos Ayala Corao, Primer Vicepresidente de la CIDH, el Dr. Jorge Taiana, Secretario Ejecutivo, y el abogado Ibrahim García. La visita realizada a Brasil, que incluyó las ciudades de Río de Janeiro, Brasilia y Sao Paulo, en julio de 1997, con el objeto de entrevistarse con altas autoridades y peticionarios para discutir aspectos generales de la relación entre el Estado y la tarea de la Comisión. Formaron la Delegación el Profesor Robert Goldman, Segundo Vicepresidente, y el Dr. Osvaldo Kreimer. La visita a Paraguay, también a comienzos de julio, para participar en el seminario sobre el sistema interamericano de derechos humanos realizado en Asunción y varias audiencias en procedimientos de solución amistosa de casos en trámite ante la Comisión. Formaron la Delegación los miembros de la Comisión, el Decano Claudio Grossman, el Embajador Alvaro Tirado Mejía, el Dr. Oscar L. Fappiano; y la Dra. Christina Cerna, abogada de la Comisión. La visita realizada a Venezuela, durante los día 29 y 30 de septiembre de 1997, con el propósito de observar la actividad judicial sobre el caso Nº 11.068 (Eleazar Ramón Mavares), tendiente a sancionar a los responsables en dicho caso. La Delegación Especial de la CIDH estuvo formada por el Comisionado, Dr. Oscar Luján Fappiano, y el abogado Milton Castillo. Durante el presente período de sesiones, la Comisión examinó 34 casos por denuncias de violación a los derechos humanos y, en consideración al estado de algunos de esos expedientes, aprobó 29 informes sobre casos individuales referidos a diferentes países. Asimismo, la Comisión consideró el seguimiento de tres de sus Informes: 28/92 (Argentina), 29/92 (Uruguay) y 43/96 (México). La Comisión celebró audiencias en los tres casos anteriores con los respectivos peticionarios y representantes de los Estados, a fin de analizar el cumplimiento de las recomendaciones de cada uno de los mencionados informes. La Comisión aprobó un informe de solución amistosa en el caso 11.217 (Paulo Christian Guardatti). El señor Guardatti fue detenido por un policía en la Provincia de Mendoza, Argentina, el 23 de mayo de 1992, y hasta la fecha se desconoce su paradero. El Estado argentino y los peticionarios en el caso se sometieron al procedimiento previsto en el artículo 49 de la Convención Americana. Como resultado del acuerdo alcanzado, se creó una Comisión "ad-hoc" de investigación que emitió su informe, el 16 de agosto de 1996, y se logró un fallo arbitral que fijó una compensación monetaria para la madre del señor Guardatti. En su informe sobre este caso, la Comisión Interamericana decidió continuar supervisando las medidas que adopte el Estado argentino hasta que se haya alcanzado el pleno cumplimiento del acuerdo, y recomendó al Estado la publicación y difusión amplia del informe de la Comisión "ad-hoc". Igualmente, durante su 97º período de sesiones, la Comisión celebró ocho audiencias relativas a casos de Colombia y a la situación general de ese país. La Comisión expresa su complacencia especialmente en relación con los casos de Caloto y Los Uvos, en los cuales el Comité que ha estado dando seguimiento al proceso de solución amistosa ha informado a la Comisión que el Gobierno de Colombia ha decidido reconocer su responsabilidad internacional en relación con dichos casos. La Comisión sigue acompañando con gran interés otros casos en los cuales se ha puesto a disposición de las partes para llegar a una solución amistosa, como es el caso de Villatina y el caso de la Unión Patriótica. La Comisión ve con satisfacción la disposición y voluntad que existe entre el Gobierno de Colombia y los organismos no gubernamentales, para colaborar en forma cabal para lograr soluciones amistosas en los casos a consideración de la CIDH. La Comisión celebró 6 audiencias en relación a casos individuales sobre México y a la situación general de los derechos humanos en ese país. En el curso de dichas audiencias, la Comisión recibió valiosa información tanto de las autoridades del Estado, como de los organismos no gubernamentales de derechos humanos. La Comisión recibió a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien informó sobre las labores que dicha institución realiza en el marco de su función principal de promover y proteger los derechos humanos en México. La Comisión también celebró una audiencia relacionada con el procedimiento de solución amistosa que se tramita con respecto a diversos casos de desapariciones forzadas ocurridos en Honduras en la década de los ochenta. En esa oportunidad, la Representante Permanente de Honduras, hizo referencia al Decreto Ejecutivo Nº PCM-007-97, dictado por el Presidente Carlos Roberto Reina, que crea en Honduras, con carácter temporal, una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, que tendrá como finalidad participar en las negociaciones y actuaciones que deben realizarse dentro del mencionado procedimiento de solución amistosa, el cual incluirá "los casos pendientes por denuncias presentadas contra el Estado de Honduras ante la CIDH, relacionados con desapariciones forzadas de ciudadanos hondureños acaecidas durante el período comprendido entre los años 1981 y 1989". Durante la audiencia relativa al caso Nº 11.068 (Eleazar Ramón Mavares), la Comisión recibió del representante del Estado venezolano, los pagos correspondientes a indemnizaciones, mediante dos cheques a nombre de un familiar de la víctima por la suma de Bs. (Bolívares) 7.116.327.00 y Bs. 7.883.673.00, respectivamente. Ello, en cumplimiento de la recomendación contenida en el numeral 148 del Informe Nº 49/96, aprobado por la Comisión el 17 de octubre de 1996. La Comisión aprobó la publicación del informe sobre este caso, dejando constancia de su valoración por los avances logrados. Asimismo durante este período de sesiones, la Comisión también escuchó en audiencia el caso 11.791 del periodista peruano Gustavo Gorriti, Director Asociado del diario La Prensa de Panamá, contra quien, según los denunciantes, existía la amenaza inminente de deportación, luego de haberle negado la extensión de su permiso de trabajo, como represalia por su labor en el ejercicio de su actividad profesional. En esa audiencia los representantes del Gobierno de Panamá, luego de aclarar que no existió inminencia en la deportación del periodista Gorriti, cuyo reclamo se encuentra ante los tribunales panameños, informaron que el día 14 del presente mes se le había otorgado un permiso de trabajo para que pudiera continuar ejerciendo su profesión de periodista, y se ordenó a las autoridades de inmigración regularizar su situación. En esa misma audiencia informaron los representantes del Gobierno que el Poder Ejecutivo estaba empeñado en la modificación de dicha legislación a fin de adaptarla a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y que a tales fines, mantendría informada a la Comisión sobre el avance del proceso de reforma legislativa. La Comisión valora las acciones adoptadas por el Gobierno de Panamá, las cuales revelan el esfuerzo de encontrar una solución dentro del marco de la protección de los derechos humanos. La Comisión escuchó también en audiencia el caso del empresario periodístico Baruch Ivcher contra el Estado del Perú. El peticionario reclama contra el Estado del Perú con motivo de la pérdida de su nacionalidad peruana y la confiscación de sus acciones en el canal de televisión "Frecuencia Latina". La Comisión tomó nota de que la Sra. María Elena Loayza fue puesta en libertad por el Estado peruano, en cumplimiento parcial de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión aprecia dicha medida, y confía que el Estado peruano dará cabal cumplimiento a todos los aspectos del fallo de la Corte de fecha 17 de septiembre de 1997. La Comisión desea destacar el avance obtenido durante las audiencias relativas a siete casos de Paraguay, en donde se abrió el procedimiento de solución amistosa. En los Casos 11.558 (Soler) y 11.559 (Goiburú), el Gobierno ha otorgado reparación a las viudas de las víctimas. En el caso Soler, se pronunció recientemente sentencia penal, en tanto que el caso Goiburú está pendiente en los tribunales paraguayos. En los casos 11.665 (Mancuello), 11.667 (Villalba), 11.666 (Centro de detención juvenil "Panchito López"), 11.713 (Comunidad "Enxet-Lamenxay") y 11.669 (Víctor Hugo Maciel), se acordaron decisiones respecto de medidas para adelantar el proceso de solución amistosa, disponiendo la presentación de los informes pertinentes en el próximo período ordinario de sesiones. La Comisión examinó asimismo diversas solicitudes de medidas cautelares presentadas para evitar daños irreparables a las personas y acordó, en los casos debidamente acreditados, solicitar a los Gobiernos respectivos la adopción de medidas para evitar que se consume un daño irreparable, requiriendo, igualmente, informar a la Comisión en relación con las medidas adoptadas a la brevedad posible. La Comisión informó que desde el último período de sesiones a esta fecha se han solicitado 12 medidas cautelares en diversos casos en una variedad de países. Asimismo, la Comisión consideró y aprobó el esquema del Informe Anual correspondiente al año 1997, que será presentado a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en junio del año próximo. Durante el presente período de sesiones, la Comisión se refirió a la aprobación del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, en el curso del pasado 96º período de sesiones. Dicho informe fue trasmitido en su forma final al Gobierno del Ecuador el 1 de julio de 1997, así como al Secretario General de la OEA para su remisión al Presidente del Consejo Permanente, a efectos de su ulterior elevación a la Asamblea General de la OEA. La Comisión espera recibir información sobre la evolución de la situación de derechos humanos en Ecuador, para evaluarlo en su oportunidad, y reitera su disposición para colaborar con ese Estado. La Comisión aprobó la publicación del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil. Este es el primer informe que la Comisión produce sobre este país, y en él se refleja el resultado de la visita de observación que por invitación del Gobierno realizara en diciembre de 1995, y de informaciones posteriores. Este informe será publicado a fines del próximo mes de noviembre. Como es práctica de la Comisión, la versión final de los mencionados informes es redactada después de evaluar los comentarios y observaciones que los Gobiernos respectivos formulan sobre la versión preliminar. Un borrador del Informe sobre Prisiones fue presentado y estudiado por la Comisión. Se preparará un documento final para la consideración de la Comisión, en su sesión de febrero de 1998. Este informe estará compuesto, entre otras cosas, por el informe presentado ante esta sesión y el preparado por el ex Comisionado, Prof. Michael Reisman. Durante el 97º período de sesiones y en el contexto del examen de sus prácticas y procedimientos, la Comisión adoptó varias decisiones importantes en relación con asuntos de su competencia. La CIDH aprobó la constitución de una Comisión Especial compuesta por su directiva, a fin de iniciar una evaluación general de su Reglamento, con miras a su revisión, actualización y reforma. Además, la Comisión adoptó una serie de disposiciones procedimentales, a fin de mejorar sus trámites. En este sentido en el futuro, cuando en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 29 de su Reglamento la Comisión adopte una solicitud de medidas cautelares, lo hará en principio hasta por un lapso determinado de 6 meses, exigiendo del Estado información periódica; y publicará también un comunicado de prensa al respecto, a fin de contribuir a la certeza de su contenido. En cuanto a los informes finales referentes a casos individuales, a partir de ahora los mismos se harán públicos en la fecha de aprobarse su publicación. Por último, la Comisión decidió agregar un nuevo párrafo al literal h del artículo 63 del Reglamento. Dicho literal queda redactado de la siguiente manera:
Durante el presente período de sesiones, la Comisión consideró los resultados de la reciente reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, los días 6 y 7 de septiembre del corriente año. Se trataron temas generales, como la celebración del 50 aniversario de la OEA, el seguimiento de la Cumbre de las Américas, la modificación del Reglamento de la Comisión sobre su representación en los casos ante la Corte, y temas específicos como problemas de traducción, del material probatorio, cumplimiento de plazos para presentar observaciones a informes de gobiernos sobre medidas provisionales, entre otros. La Comisión desea expresar su satisfacción por la ratificación del Protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos, sociales y culturales, depositado por el Gobierno de Paraguay el 3 de junio del corriente año, lo cual representa un avance y apoyo en el sistema de protección de los derechos humanos. La Comisión espera que en un futuro próximo se reúna el número necesario de once ratificaciones para la entrada en vigor del mencionado Protocolo. Hasta la fecha lo han ratificado ocho países. Con motivo del 50º aniversario de la aprobación de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Colombia, en mayo de 1948, la Comisión decidió aceptar las invitaciones formuladas por los Gobiernos de Colombia y Venezuela, con la finalidad de que participe en los eventos de conmemoración oficial de la OEA que se efectuarán en la ciudad de Santafé de Bogotá, del 29 al 30 de abril, y celebrar una sesión extraordinaria junto con actividades de promoción de derechos humanos en la ciudad de Caracas, del 1º al 5 de mayo de 1998, respectivamente. La Comisión analizó los avances de la futura "Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas" actualmente a consideración de la Asamblea General de la OEA, del Consejo Permanente y de los Estados; y expresó su esperanza de que la misma pueda ser adoptada por los Estados miembros en la Asamblea General en 1998 en conmemoración del 50ª Aniversario de la Organización y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El Relator Especial sobre los derechos de la mujer, Decano Claudio Grossman, informó al plenario de la Comisión de los progresos en torno a este proyecto. A la fecha, 13 Estados miembros han respondido al cuestionario distribuido por la Comisión para recoger datos sobre el proyecto: Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, México, República Dominicana y Uruguay. La Comisión agradece a los Estados miembros, así como a las organizaciones no gubernamentales, la amplia información suministrada. La Comisión reiteró el pedido de información a los Gobiernos que aún no han dado respuesta. Con el objeto de considerar futuras opciones relacionadas con este proyecto, la Comisión convocó a una reunión de expertos para el 6 y 7 de noviembre de este año. El Relator Especial sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus familias en el hemisferio, Embajador Alvaro Tirado Mejía, informó a la Comisión acerca del estado de este estudio y las gestiones que se han llevado a cabo para la elaboración del cuestionario que será enviado a los Estados miembros. La Comisión conoció sobre el nuevo "homepage" en Internet que contendrá los documentos publicados por ella. Este sitio electrónico que será conectado al público en noviembre de este año, permitirá acceder directamente vía Internet a los informes anuales y especiales, comunicados de prensa y otros documentos públicos emitidos por la CIDH. La Comisión se refirió asimismo, a las actividades realizadas en el área de la promoción de los derechos humanos, en particular señaló que como parte de este programa emprendido dos años atrás, se habían llevado a cabo seminarios sobre el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos en Argentina, Brasil, Paraguay, y en este período de sesiones, aprobó realizar dos más. El primero tendrá lugar en Nicaragua, del 30 al 31 de octubre y el segundo en Haití del 10 al 11 de diciembre del presente año. La Comisión desea agradecer las invitaciones formuladas por los Gobiernos de los Estados respectivos y valora la plena colaboración ofrecida durante el desarrollo de estas actividades. Como parte de las actividades de promoción de derechos humanos, el Presidente de la Comisión, Emb. John Donaldson, asistió por invitación de la Unidad de Promoción de la Democracia, a una conferencia sobre "Democracia, Derechos Humanos, y Gobernabilidad" en Barbados del 9 al 10 de septiembre del año en curso. Asimismo, el Emb. John Donaldson participó en una conferencia internacional de derechos humanos en Brasilia, convocada por el Colegio de Abogados del 14 al 17 de septiembre de los corrientes. Del 4 al 5 de agosto de 1997, el Emb. John Donaldson, acompañado de la abogada Relinda Eddie, visitaron Haití para reunirse con el Comisionado Jean Joseph Exumé, después del ataque del que fuera objeto. La Delegación también se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Dr. Fritz Longchamps. La Comisión se reunió con el Presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, Dr. Pedro Niken, y su Director Ejecutivo Dr. Juan Méndez, con el propósito de intercambiar opiniones e ideas con miras a la elaboración de un programa de promoción de los derechos humanos, tal y como fuera solicitado por la Asamblea General de la OEA. Durante este período de sesiones, la Comisión se reunió con el Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria, con la finalidad de tratar diversos temas de derechos humanos, entre ellos, la Comisión mencionó su posible contribución a la Cumbre Hemisférica que tendrá lugar en Santiago de Chile el año próximo. La Comisión ve en esta importante Cumbre una gran oportunidad para que los Estados del Hemisferio reiteren su apoyo al fortalecimiento del sistema interamericano. Al término de su período de sesiones, la Comisión acordó efectuar su próxima reunión ordinaria del 16 de febrero al 6 de marzo de 1998. Washington, D.C., 17 de octubre de 1997
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