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COMUNICADO DE
PRENSA Nº 1/95
El Dr. Alvaro Tirado Mejía, de nacionalidad colombiana, obtuvo un doctorado en historia en la Universidad de París en 1975. Ha sido miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, Presidente del Centro de Estudios de la Realidad Colombiana (CEREC), Consejero Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Colombia (1987-1989). Abogado, historiador y periodista, Profesor Universitario, ha colaborado en diversos periódicos y revistas de Colombia y ha dictado conferencias en varias universidades de Europa y de los Estados Unidos. Es autor de varios libros y publicaciones, tales como "La Reforma Constitucional de 1936" e "Introducción a la Historia Económica de Colombia". Ha representado a su país en varias oportunidades ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales y fue Embajador de Colombia en Suiza. El Prof. Claudio Grossman, de nacionalidad chilena, es actualmente Profesor y Decano de Estudios de Postgrado del "Washington College of Law" de la "American University". Su experiencia académica incluye su desempeño como Profesor de Derecho Internacional en el Departamento de Derecho de la Universidad Tecnológica de Twente, Holanda y Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es miembro de diversas organizaciones de derechos Humanos, tales como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Directorio del Grupo de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha publicado varios libros y artículos para diversas publicaciones internacionales como "Las organizaciones No-Gubernamentales y la Protección de los Derechos Humanos", el "Manual Internacional de Derechos Humanos", publicado por la Editorial Jurídica Venezolana, y artículos como "Proposal to Strengthen de Inter-American System of Protection of Human Rights", publicado en el German Book of International Law. El Embajador S. John Donaldson, distinguido diplomático de Trinidad y Tobago, es licenciado en Derecho de la Universidad de Columbia Británica, de Canadá y posee un diploma en educación legal. Se ha desempeñado como profesor en diversas entidades académicas de su país y ha prestado servicios al Gobierno de Trinidad y Tobago en diversos países tales como Estados Unidos, Gran Bretaña, Nigeria, Ghana y Sierra Leone. Fue Embajador de su país en Argelia, Senegal, Costa de Marfil y Liberia, así como Embajador Itinerante (Inspector de Misiones) para varios países. Es miembro de diversas asociaciones de su país como el "Movimiento Nacional del Pueblo" (PNM), en el cual ha desempeñado distintos cargos. Washington, D.C., 7 de febrero de 1995
COMUNICADO DE PRENSA "Honduras está dando un ejemplo al hemisferio en el cumplimiento de sus compromisos en derechos humanos" afirmó el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Alvaro Tirado Mejía, en la ceremonia durante la cual el Gobierno de Honduras se comprometió a hacer efectivo antes del 31 de marzo próximo el remanente de lo adeudado como indemnizaciones por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Manfredo Velásquez Rodríguez y Saúl Godinez Cruz, dos ciudadanos hondureños desaparecidos en 1982. En audiencia especial de la CIDH durante su 88o. Período de Sesiones en Washington, el Gobierno de Honduras, representado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Ernesto Paz Aguilar; de su Embajadora ante la Organización de los Estados Americanos, Lic. Marlene de Talbott, y del Embajador Dr. Policarpo Callejas Bonilla, entregó el documento de compromiso formal al Prof. Thomas Buergenthal como Delegado especial del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estuvo presente también el Dr. José Manuel Vivanco, quien se desempeñó como abogado de las víctimas durante todo el proceso de los casos. El Prof. Buergenthal enfatizó la importancia del compromiso en estos casos sentenciados en 1989, los primeros en que la Corte Interamericana encontró responsable a un Estado por violaciones de derechos humanos. Recordó que "al asumir el actual Presidente de Honduras, Dr. Carlos Roberto Reina, declaró que el pago de esas indemnizaciones era una 'deuda de honor del Estado'; y que un Estado que no cumple las decisiones de tribunales internacionales para compensar a víctimas de violaciones de derechos humanos no puede ser considerado bajo el imperio del derecho". En dicho acto se reconocieron los esfuerzos del Gobierno hondureño para fortalecer la vigencia de los derechos humanos, entre ellos la publicación del informe sobre los desaparecidos en Honduras en el período 1980-1994, producido por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El Presidente de la Comisión cerró la ceremonia recordando la frase del prócer colombiano Francisco de Paula Santander: "Si las armas nos dieron la independencia, serán las leyes las que nos darán la libertad". Washington, D.C., 10 de febrero de 1995
COMUNICADO DE PRENSA El 17 de febrero de 1995 concluyó el 88º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante este período la Comisión eligió su nueva mesa directiva, la cual quedó integrada de la siguiente forma: doctor Alvaro Tirado Mejía, Presidente; Profesor Claudio Grossman, Primer Vicepresidente, y Embajador John Donaldson, Segundo Vicepresidente. Forman asimismo parte de la Comisión el doctor Leo Valladares Lanza, el doctor Patrick Robinson, el doctor Oscar Luján Fappiano y el Profesor Michael Reisman. La Comisión consideró y aprobó el Informe Anual que será presentado a la Asamblea General en su vigésimo quinto período ordinario de sesiones. Aprobó también un Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos en Haití. La Comisión continuó con el análisis relativo a la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos de la mujer en el hemisferio. Durante el presente período de sesiones la Comisión consideró la situación de los derechos humanos en varios Estados miembros de la Organización Con referencia a Colombia la Comisión recibió el "Informe Final de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo, caso 11.007", aprobado unánimemente por los representantes del Gobierno de ese país y los peticionarios, en el que se señala la responsabilidad de Colombia y se recomienda investigar penal y disciplinariamente a los responsables y efectuar un pago en concepto de indemnizaciones a las víctimas. Se adoptó una resolución que valora y hace suyas las conclusiones y recomendaciones del informe de la "Comisión de Trujillo". Asimismo, ha decidido escuchar a las partes sobre el estado de instrumentación de las recomendaciones del Informe Final, por parte del Estado de Colombia, en su próximo período de sesiones de septiembre de este año. En su Informe Anual a la Asamblea General la Comisión incluirá un análisis exhaustivo de la situación general de los derechos humanos en Colombia. Sobre El Salvador, la Comisión publicará en su Informe Anual un análisis de la evolución, durante 1994, de los aspectos más importantes de los derechos humanos en el marco del proceso de paz en que está empeñado ese Estado miembro. El Informe destaca los avances logrados en materia de protección de algunos derechos fundamentales como son, por ejemplo, la disminución de desapariciones forzadas y de denuncias sobre torturas. En dicho Informe la Comisión manifiesta, por otra parte, su preocupación con relación a aquellos aspectos en los cuales subsisten problemas tales como en el sistema penitenciario, la administración de justicia, la existencia de grupos armados ilegalmente y el programa de transferencia de tierras. Con relación a Guatemala, la Comisión efectuó una visita en marzo y otra en diciembre de 1994. Se pudo constatar avances del proceso democrático y aperturas de importantes espacios de diálogo político pero amenazados por la persistencia de violaciones a los derechos humanos en un marco de impunidad. Entre los temas a los que se prestó especial atención figuran las violaciones al derecho a la vida, la preparación de un proceso limpio y legítimo para las elecciones generales a realizarse en octubre próximo, los conflictos laborales en áreas rurales y urbanas, la reorganización de los servicios públicos de seguridad, el reasentamiento de refugiados, y las violaciones cometidas por las patrullas de autodefensa civil. La Comisión incluirá en su Informe Anual un análisis de la situación de los derechos humanos en Guatemala. Con referencia a Cuba la Comisión ha continuado observando con mucha atención la forma en que ha evolucionado en ese país la situación de los derechos humanos en 1994. La información correspondiente a ese año permite estimar que la situación de los derechos humanos en Cuba se ha agravado notablemente. La CIDH considera pertinente señalar que continuará realizando un cuidadoso seguimiento a la situación de los derechos humanos en ese país, de acuerdo con su mandato de protección y promoción de los derechos fundamentales en cada uno de los países del hemisferio. La Comisión consideró nuevamente la situación de los derechos humanos en Brasil y ha avanzado sobre la preparación de un informe sobre el particular. La Comisión recibió información sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, México, e intenta continuar observando el desarrollo de la situación de los derechos humanos en esa región. Respecto de Honduras la Comisión recibió con satisfacción la información presentada por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Ernesto Paz Aguilar, en el sentido que el actual Gobierno de ese Estado miembro de la Organización, a más tardar el 31 de marzo de 1995, pagará el monto total de la indemnización fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias dictadas en los casos Velásquez Rodríguez y Godinez Cruz. La Comisión deplora la situación de enfrentamiento bélico en que se vieron involucrados Ecuador y Perú, y que afortunadamente ha finalizado mediante el cese de hostilidades acordado el día 14 de febrero, reafirmado por la Declaración de Paz de 17 de febrero del mismo mes. Sobre todo, preocupó profundamente a la Comisión la situación de la población civil afectada por las hostilidades militares registradas en la zona fronteriza entre ambos países y, en particular, los pueblos indígenas que habitan la zona de conflicto, puesto que las fuentes de información señalan que las comunidades indígenas fueron objeto de ataques directos y, a raíz de las hostilidades, se encuentran en refugios temporarios, al tener que abandonar sus asentamientos habituales. Ecuador y Perú son partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación de los Estados de respetar y asegurar los derechos humanos de sus pueblos. Durante cualquier conflicto armado sigue siendo esencial el respeto por los derechos humanos y el acatamiento de los principios del derecho internacional humanitario. La Comisión confía en que la Declaración de Paz de Itamaraty entre Ecuador y Perú, para consolidar el Acuerdo sobre cese de fuego y evitar nuevas confrontaciones contribuya al logro de una solución pacífica y duradera del conflicto entre ambos Estados miembros. Durante este período de sesiones la Comisión recibió en audiencia a Representantes Permanentes de gobiernos acreditados ante la OEA, a Organizaciones no Gubernamentales y personas individuales, de los cuales escuchó testimonios y exposiciones con referencia a la situación general de los derechos humanos en diferentes Estados, y a casos individuales actualmente en trámite en la Comisión. La Comisión recibió en audiencia a la Presidenta de la Comisión de la Verdad y Justicia de Haití, doctora Françoise Boucard. Durante este período de sesiones se analizó un borrador de un proyecto de instrumento interamericano sobre derecho de las poblaciones indígenas. La Comisión continuará la consideración de este proyecto en abril del corriente año y posteriormente lo someterá a consulta de los gobiernos y de otras instituciones interesadas en el tema. El proyecto enfoca el tema de los derechos humanos de las poblaciones indígenas en sus aspectos culturales, ecológicos, políticos, económicos, sociales y organizativos. En relación a sus obligaciones bajo el sistema de casos, la Comisión considera que la nueva situación hemisférica crea demandas diferentes a las planteadas por las violaciones masivas y sistemáticas de la década de los años setenta, y que esta nueva situación ha influido en el sistema de peticiones individuales. La carga del sistema de peticiones individuales --de mayor complejidad jurídica-- se ha visto a su vez aumentada en virtud del mayor número de casos que la Comisión debe someter a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión continuará desarrollando su capacidad a fin de dar un tratamiento adecuado a dichos casos. La CIDH tuvo oportunidad de sostener un diálogo muy fructífero con el Secretario General de la Organización, Dr. César Gaviria Trujillo, sobre fortalecimiento, promoción y protección de los derechos humanos en el actual y positivo contexto hemisférico caracterizado por la existencia de 34 gobiernos elegidos democráticamente. La Comisión valora altamente la continuación del diálogo con el Secretario General y la voluntad de éste de contribuir significativamente al fortalecimiento del sistema de promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el Hemisferio. Finalmente, la Comisión acordó celebrar su próximo, período ordinario de sesiones entre el 11 y el 22 de septiembre de 1995. Washington, D.C., 21 de febrero de 1995
COMUNICADO DE PRENSA Por invitación del Gobierno de los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizará una visita "in loco" a Lompoc, California, del 3 al 5 de mayo de 1995, a fin de analizar las condiciones carcelarias de los "Marielitos Cubanos" detenidos en ese centro. La Comisión estará representada en esta misión por el Embajador John Donaldson, Vicepresidente de la CIDH. Asimismo, será asistida por el Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, la Dra. Relinda Eddie, Especialista en Derechos Humanos y la señora Janet Pahlmeyer Davies, intérprete. La Comisión agradece la buena disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América al haber accedido a que se realice esta visita. Washington, D.C. 1 de mayo de 1995
COMUNICADO DE PRENSA El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finaliza su visita in loco a Lompoc, California, Estados Unidos. El propósito de esta visita fue evaluar las condiciones en que se encuentran los "marielitos" detenidos en el correccional de Lompoc. La visita se realizó del 3 al 5 de mayo de 1995. La delegación de la Comisión estuvo compuesta por las siguientes personas: Embajador John Donaldson, Miembro de la CIDH, Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, Dra. Relinda Eddie, Abogada y Especialista en Derechos Humanos y Janet Pahlmeyer Davies, intérprete. La Comisión es el órgano principal de la OEA encargado de promover la observancia de los derechos humanos en el hemisferio. Su autoridad emana fundamentalmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual 25 Estados son parte y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre para aquellos Estados miembros de la OEA que aún no han ratificado la Convención. Cuando la Comisión realiza una visita in loco, de acuerdo al Reglamento de la CIDH, el gobierno interesado le asegura a la Comisión que puede entrevistar y reunirse libremente con funcionarios gubernamentales y con las personas con quienes la Comisión considere pertinente hacerlo para evaluar la situación. Durante la visita realizada, la delegación de la CIDH recibió la cooperación de las siguientes personas: Jim Zangs, Administrador de la Dependencia de Detención y Servicios de Inmigración de la Dirección de Penitenciarías del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; John Castro, del Panel de Asuntos Cubanos del Servicio de Inmigración y Naturalización; Patrick Keohane, Director de Penitenciarías, y Joe Henderson, Asistente Ejecutivo Interino del Director de la Penitenciaría Federal de Lompoc; Juan Muñoz, Funcionario de Enlace entre el Servicio de Inmigración y Naturalización y la Dirección de Penitenciarías en Lompoc; Michael A. Purdy, Director de Penitenciarías; John Nash, Director Adjunto de Penitenciarías de Programas de la Institución Carcelaria Federal en Lompoc, California, y personal de ambas instituciones. La Comisión agradece la cooperación recibida de los funcionarios gubernamentales y el acceso que tuvo a los "marielitos" y continúa evaluando las condiciones en que se encuentran estos detenidos en las mencionadas instalaciones. Washington, D.C., 5 de mayo de 1995
COMUNICADO DE PRENSA Por invitación del Gobierno de los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizará una visita "in loco" a Leavenworth, Kansas, del 30 al 31 de mayo de 1995, a fin de analizar las condiciones carcelarias de los "Marielitos Cubanos" detenidos en ese centro. La Delegación de la Comisión estará compuesta por el Embajador John Donaldson y el Dr. Patrick Robinson, Miembros de la Comisión, los Dres. Relinda Eddie y Milton Castillo, Especialistas en Derechos Humanos, y las Sras. Marjorie Buergenthal y Ronnie Rodríguez, intérpretes. La Comisión agradece la buena disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América al haber accedido a la realización de esta visita. Washington, D.C., 30 de mayo de 1995
COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó hoy, 30 de mayo de 1995, la ciudad de Leavenworth, Texas, en los Estados Unidos. La visita tuvo por objeto observar las condiciones de alojamiento de los "Cubanos del Mariel" que se encuentran detenidos en la penitenciaria de esa ciudad. La delegación de la Comisión estuvo integrada por los miembros de ésta Dr. Patrick Robinson y Embajador John Donaldson, los doctores Relinda Eddie y Milton Castillo, abogados y especialistas en derechos humanos, y las intérpretes Marjorie Buergenthal y Ronnie Rodríguez. La Comisión es el principal órgano de la OEA encargado de informar acerca del cumplimiento de las normas de derechos humanos en el hemisferio. Su autoridad emana, principalmente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a los 25 Estados partes de ella, y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en lo atinente a los Estados miembros que aún no ratificaron la Convención. Toda vez que la Comisión realiza una visita, el gobierno interesado está obligado, conforme a los reglamentos, a garantizar que la Comisión podrá entrevistar y reunirse libremente con funcionarios del gobierno y con las personas que considere pertinente a efectos de evaluar la situación. Durante su estadía la Comisión recibió la colaboración de las siguientes personas: Sr. Jim Zangs, Administrador del Servicio de Detención e Inmigración de la Oficina de Prisiones del Departamento de Justicia; Sr. John Castro, del Panel de Examen para Cubanos del Servicio de Inmigración y Naturalización; Sr. Willie Scott, Alcaide saliente de la Penitenciaria de Leavenworth; Sr. Paige True, Alcaide entrante del mismo establecimiento; y otros miembros del personal de Leavenworth. La Comisión recibió información acerca de los reclusos con quienes se entrevistó, y se indagó acerca de las condiciones generales de alojamiento de éstos. Los principales aspectos tratados fueron las instalaciones y servicios médicos que tienen a su disposición los Cubanos del Mariel; alojamiento; oportunidades educacionales ofrecidas en la institución; programas vocacionales y recreativos; arreglos para la revisión anual de la detención de reclusos ya sentenciados; disponibilidad de asesoramiento jurídico para los reclusos; dificultades para las visitas de los familiares que viven lejos del establecimiento; métodos de disciplina en Leavenworth; y el temor de los reclusos a ser objeto de represalias debido al contacto con organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se preparará un informe exhaustivo acerca de las visitas de la Comisión a Lompoc, California y Leavenworth, Texas. La Comisión agradece la cooperación que recibió de funcionarios del Gobierno y de Cubanos del Mariel detenidos en Leavenworth y continúa evaluando las condiciones de reclusión de éstos. Washington, D.C., 30 de mayo de 1995
COMUNICADO DE PRENSA El día 16 de septiembre de 1995 en audiencias convocadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se presentaron los argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno de Guatemala sobre la solicitud de medidas provisionales en el caso de Jorge Carpio Nicolle, político y periodista importante de Guatemala y primo del Presidente de Guatemala Ramiro de Leon Carpio, quien fue asesinado el 3 de julio de 1993 mientras viajaba con miembros de su partido político en El Quiché. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado que la Corte ordenara las medidas cautelares necesarias, como son la protección policial y la investigación de sucesos de hostigamiento y amenazas, para proteger a las personas que están involucradas en el caso Carpio Nicolle, incluyendo familiares de Jorge Carpio Nicolle, los testigos del caso y el fiscal encargado del mismo. La Comisión fue representada en las audiencias por el Decano Claudio Grossman, Primer Vicepresidente de la Comisión y relator de Guatemala, David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión, y Denise Gilman, abogada de la Comisión. Asistiendo a los representantes de la Comisión estuvieron presentes dos abogados de CEJlL/Mesoamerica, Ariel Dulitzky y Marcela Matamoros. Durante la audiencia ante la Corte, el Gobierno de Guatemala anunció que no se oponía a que se continuaran las medidas cautelares. El mismo día, la Corte escuchó también los argumentos de las partes sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Gobierno de Guatemala en el caso de Paniagua Morales et al, conocido como el caso "Panel Blanca," caso en el cual se alega que, durante los años 1987 y 1988, agentes de la Guardia de Hacienda de Guatemala secuestraron y asesinaron a varios civiles. La Comisión fue representada por el Decano Grosman, David Padilla y Elizabeth Abi-Mershed, abogada de la Comisión. Ariel Dulitzky y Marcela Matamoros también se presentaron ante la Corte en calidad de asistentes de la Comisión. Se espera una decisión de la Corte sobre esta cuestión durante este período de sesiones. El Gobierno de Guatemala aceptó la competencia de la Corte el 9 de marzo de 1987. Hasta el momento, los siguientes países han aceptado la competencia de la Corte: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Washington, D.C. 19 de septiembre de 1995
COMUNICADO DE
PRENSA
Nº
9/95 Durante este período de sesiones la Comisión recibió en audiencia a representantes de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales y de personas individuales interesadas en la observancia y protección de los derechos humanos. Se escucharon testimonios con relación a la situación general de los derechos humanos y libertades fundamentales en diferentes Estados, y con referencia a casos individuales actualmente en trámite en la Comisión. La Comisión recibió asimismo a tres representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes ofrecieron la colaboración del CICR en algunos de los trabajos que realiza la CIDH. Con referencia a las audiencias sobre casos individuales, se acordó que en lo sucesivo las solicitudes deberán presentarse a la Secretaría de la Comisión por lo menos con treinta días de anticipación a la fecha de celebración de las audiencias y la Secretaría comunicará a las partes interesadas, con una antelación no menor de veinte días calendario, la fecha fijada para la audiencia. La Comisión reitera la importancia que tienen las audiencias para el mejor estudio de los casos y solicita a las partes interesadas la mayor colaboración a fin de poder establecer en forma eficaz las cuestiones de hecho y de derecho que configuran cada caso. La Comisión examinó la solicitud de medidas cautelares presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de un testigo y su familia en el caso del señor Nicholas Chapman Blake, víctima de una desaparición forzada en el Estado de Guatemala. La Comisión aprobó diversos informes sobre casos individuales referidos a diferentes países y confirmó la realización de una visita "in loco" a la República Federativa del Brasil, en el mes de diciembre del corriente año, y a la República de Venezuela durante el primer semestre de 1996, de acuerdo con la invitación que, respectivamente, formularon los Gobiernos de esos dos Estados miembros. La Comisión aprobó el anteproyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este documento será remitido a los gobiernos de los Estados miembros de la Organización, a entidades indígenas y a organizaciones interesadas en el tema para que formulen comentarios y observaciones sobre el mismo. A partir del próximo período de sesiones la CIDH procederá a revisar el documento teniendo en cuenta los comentarios que se formulen y presentará el proyecto final de Declaración a la Asamblea General en su vigésimo séptimo período ordinario de sesiones. Se acordó elaborar un informe sobre la situación de los trabajadores migrantes y otro sobre la situación de los niños en el hemisferio. Durante este período de sesiones, la Comisión aprobó la modificación de los artículos 12 y 13, párrafos 2 y 3; del artículo 19 párrafo 2 inciso a., y del artículo 47 párrafo 6 de su Reglamento, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:
Con relación al estudio especial sobre prisiones, la CIDH resolvió reiterar a los Gobiernos de los Estados miembros que aún no lo han hecho, que envien sus respuestas al cuestionario preparado por la Comisión sobre el tema. La Comisión espera presentar un informe de progreso sobre este asunto, así como sobre el tema de los derechos de la mujer, a la Asamblea General en su vigésimo sexto período ordinario de sesiones. La Comisión señala su preocupación por el incremento de la violencia en la zona de Urabá, en la República de Colombia, y formula un urgente llamado en favor de la convivencia pacífica en esa región colombiana a fin de evitar actos que atenten contra el derecho a la vida. La CIDH celebrará el 91º período ordinario de sesiones del 26 de febrero al 8 de marzo de 1996. Del 21 al 23 de febrero del mismo año se llevarán a cabo las audiencias que soliciten las partes interesadas con la anterioridad mínima de treinta días que ha establecido la Comisión. Washington, D.C., 22 de septiembre de 1995
COMUNICADO DE PRENSA Con profundo pesar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite el siguiente comunicado: Andrés Aguilar Mawdsley, distinguido diplomático y jurista venezolano, falleció el lunes, 23 de octubre de 1995, en su hogar en La Haya, Países Bajos, a los 71 años de edad. Falleció a consecuencia de un ataque cardíaco. En años recientes, el Juez Aguilar actuó como Juez de la Corte Internacional de Justicia. Durante su prolongada y distinguida carrera sirvió en varios cargos, fue el primer Ministro de Justicia de Venezuela, luego del retorno de la democracia durante el período del Presidente Rómulo Betancourt. Luego, el Dr. Aguilar representó en dos ocasiones a Venezuela, como Embajador ante las Naciones Unidas. Además fue Embajador ante el Gobierno de los Estados Unidos, de 1972 a 1974. El Dr. Aguilar, nacido en Caracas, se graduó summa cum laude en la Universidad Central de Caracas. Luego obtuvo un grado de Maestría en Derecho Civil en la McGill University, en Quebec, Canadá, donde conoció a su futura esposa, María Margarita Réjane Laurin. Entre los diversos e importantes cargos y honores que ocupó o recibió en el transcurso de su vida, el Dr. Aguilar dejó una marca indeleble en el campo de los derechos humanos. Además de haber sido Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Dr. Aguilar fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, durante trece años y fue presidente de ese órgano en cuatro oportunidades. Como una de las personalidades más prominentes en el campo de los derechos humanos en América Latina durante un período que se caracterizó por regímenes autoritarios (1972-1985), el Dr. Aguilar siempre se destacó como un defensor incansable de los derechos humanos. Inició y dirigió las visitas in situ a varios países, entre ellos, Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Panamá, y más de una vez denunció en las Asambleas Generales anuales de la OEA, las flagrantes y masivas violaciones de derechos humanos perpetradas por varias dictaduras militares. En 1979 fue designado por el Secretario General de la ONU para dirigir una misión especial de las Naciones Unidas a Irán para tratar de obtener la libertad de un diplomático retenido como rehén en ese país por el gobierno del Ayatollah Khomeini. En los últimos años, el Dr. Aguilar fue juez de la Corte Internacional de Justicia, órgano de las Naciones Unidas integrado por los juristas más distinguidos del mundo. Además de su viuda, Doña María Margarita Réjane Laurin de Aguilar, lo sobreviven una hija, María Elena y su yerno, Víctor Bischoff y cuatro nietos. Washington, D.C., 25 de octubre de 1995
COMUNICADO DE PRENSA El día de hoy, 4 de diciembre de 1995, se inicia la visita que, por invitación del Presidente de la República Federativa de Brasil, Dr. Fernando Henrique Cardoso, y de su Gobierno, realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de observar la situación de tales derechos en el país. La Comisión considera que esta visita constituye un hecho trascendente en la historia de la Comisión, ya que se trata de la primera visita a Brasil desde que se creó la CIDH en 1959. La Comisión está integrada por el Presidente, Dr. Alvaro Tirado Mejía, el Primer Vicepresidente, Decano Claudio Grossman, el Segundo Vicepresidente, Embajador John Donaldson, por el Dr. Oscar Luján Fappiano y el Dr. Patrick Robinson, miembros de la Comisión. La Comisión estará asistida durante esta visita por la Secretaria Ejecutiva, Embajadora Edith Márquez Rodríguez, por el Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David J. Padilla y por el Asesor Jurídico, Dr. Domingo Acevedo, los abogados Martha Braga, Osvaldo Kreimer, Milton Castillo y Felipe Sánchez, y por las señoras Gabriela Hageman, Cecilia Adriazola, Martha Keller y Tania Hernández, como personal administrativo de apoyo. La CIDH es uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos a través del cual la Organización cumple sus funciones y está encargada de la observancia y promoción de los derechos humanos en el hemisferio y de servir de órgano consultivo en la materia. Los siete miembros de la Comisión son elegidos por la Asamblea General de la OEA por un período de cuatro años, como expertos individuales y representan a todos los Estados miembros. Las atribuciones de la Comisión derivan fundamentalmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Brasil es Estado Parte desde 1993. Durante el curso de su visita, la que se extenderá hasta el viernes 8 de diciembre, la Comisión se entrevistará con autoridades del Gobierno Federal, representantes del Congreso y del Poder Judicial, autoridades de varios Estados, dignatarios de la Iglesia Católica, dirigentes políticos, representantes de medios de comunicación social, y de organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, y con personas que consideren que han sido afectadas en sus derechos humanos y deseen presentar sus casos ante la Comisión Interamericana. A fin de cumplir sus objetivos, la Comisión se trasladará a otros Estados de la Federación, por lo cual tres grupos se dirigirán, respectivamente, a Sao Paulo, Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco, y Roraima. La visita de la Comisión se realiza en el marco de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de conformidad con lo dispuesto por las normas reglamentarias de la Comisión. Al término de la visita, la Comisión celebrará una Conferencia de Prensa en el Hotel Atlántica, en la ciudad de Río de Janeiro a las .... del día viernes 8 de diciembre próximo. Brasilia, D.F., 4 de diciembre de 1995
COMUNICADO DE PRENSA El día 8 de diciembre de 1995 finalizó la visita que, por invitación del Gobierno de la República Federativa de Brasil, realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de observar la situación de los derechos humanos en este país. Participaron en la visita el Presidente de la Comisión, Dr. Alvaro Tirado Mejía; el Primer Vicepresidente, Decano Claudio Grossman; el Segundo Vicepresidente, Embajador John Donaldson y los doctores Patrick Robinson y Oscar Luján Fappiano. La Comisión estuvo asistida por la Embajadora Edith Márquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva, el Dr. David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, el Dr. Domingo Acevedo, Asesor Jurídico y los doctores Martha Braga, Osvaldo Kreimer, Milton Castillo y Felipe Sánchez. La Comisión contó con el apoyo administrativo de las Sras. Gabriela Hageman, Ana Cecilia Adriazola, Martha Keller y Tania Hernández. La Comisión, para cumplir su programa de observación en esta visita, se dividió en cuatro grupos. El primero se dirigió a Brasilia y Río de Janeiro; el segundo desarrolló su programa de trabajo en São Paulo y Río de Janeiro; el tercero en los Estados de Bahía y Pernambuco y, por último, el cuarto en los Estados de Pará y Roraima. Todos los grupos se reunieron finalmente en Río de Janeiro para evaluar sus observaciones y celebrar una conferencia de prensa el día sábado 9 de diciembre. En Brasilia la CIDH se reunió con el Presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso; el Secretario General de Relaciones Exteriores, Luis Felipe Lampreia; el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Sebastião do Rego Barros; el Ministro de Justicia, Nelson Jobim; el Presidente del Supremo Tribunal Federal, José Paulo Sepúlveda Pertence; el Presidente de la Cámara de Diputados, diputado federal Luis Eduardo Magalhães; el Procurador General de la República, Geraldo Brindeiro; el Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano y Sub-Procurador General, Alvaro Augusto Ribero Costa; el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, diputado federal Nilmario Miranda y el Vicepresidente de la misma, diputado federal Hélio Bicudo; el Segundo Vicepresidente de la Cámara del Senado, senador Julio Campos; el Jefe del Departamento de Derechos Humanos y Temas Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministro José Augusto Lindgren Alves, el Coordinador del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, Humberto Espinola, y la Secretaria de los Derechos de la Ciudadanía del Ministerio de Justicia, Luiza Nagib Eluf. Durante su permanencia en Brasilia, la Comisión se reunió además con: el Foro contra la Violencia en el Campo, el Movimiento Nacional de Niños y Niñas de la Calle; el Movimiento Nacional de Derechos Humanos; el Instituto de Estudios Socio-Económicos; el Consejo Indigenista; la Confederación de Trabajadores de la Agricultura; la Orden de Abogados de Brasil; la Comisión Pastoral de la Tierra, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra; la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil presidida por su Secretario General, Dom Raymundo Damasceno Assis, y voceros de otros organismos no gubernamentales. En São Paulo, el segundo grupo celebró entrevistas con el Gobernador del Estado, Mario Covas; el Presidente del Tribunal de Justicia Militar, Coronel Antonio Augusto Neves; el Secretario de Estado y de Defensa de la Ciudadanía, Belisário dos Santos Junior; el Secretario de Seguridad Pública, José Alfonso Silva; el Ombudsman (Ovidor) de la Policía Civil y Militar, Benedito Domingos Mariano, y el Secretario de Administración Penitenciaria, João Benedicto Azevedo Márquez. La Comisión realizó visitas al Centro de Observación Criminológica, a la Penitenciaría Femenina y a la Casa de Detención de Carandirú, así como también a la 3a. Delegación Policial de São Paulo. Sostuvo, además, reuniones con organismos no gubernamentales de derechos humanos y otros grupos representativos de la sociedad de São Paulo. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió, entre otras, con las siguientes organizaciones no-gubernamentales: Centro Santo Dias de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de São Paulo; Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de São Paulo; Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra; Consejo Estatal de Defensa de los Derechos Humanos; Unión de Mujeres; Unión de Familiares de Muertos y Desaparecidos; Comisión Teutonio Vilela de Derechos Humanos; Movimiento Nacional de Derechos Humanos; Centro de Defensa de la Crianza y del Adolescente de ABC y Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados de Brasil, sesión São Paulo. El primero y el segundo grupo se reunieron en Río de Janeiro, donde celebraron reuniones con el Vice Gobernador y Jefe de la Casa Civil, Luiz Paulo Correa; el Procurador General de Justicia, Hamilton Carvalhido; el Secretario de Seguridad Pública, General Milton Cerqueira; el Secretario de Justicia, Desembargador Jorge Fernando Loretti, y el Jefe de la Policía Civil, Helio Luz. Los grupos también se reunieron con representantes de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CEPIA, CEMINA, REDEH, Consejo Estatal de los Derechos de las Mujeres, Movimiento por la Vida, Madres de Acari, Centro Brasileño de Defensa del Niño y del Adolescente, Grupo Tortura Nunca Más, CEAP, Casa de la Paz y Human Rights Watch/Americas. El tercer grupo se trasladó a las ciudades de Salvador y Recife. En Salvador se reunió con el señor Gobernador del Estado de Bahía, Paulo Ganem Souto; con el Secretario de Seguridad Pública, Francisco de Souza Neto; con el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Ivan Nogueira Brandão, y con la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de ese Estado. El grupo también se reunió con representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Salvador (FEDH); Servicio Social de Mosteiro de São Benito de Bahía; Comisión Regional Pastoral la Terra (CPT); Grupo "Tortura Nunca Mais", sección de Bahía; Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa; Centro de Defensa del Menor y del Adolescente de Bahía (CEDECA), y Coordinador del Movimiento Negro Unificado. En Recife el tercer grupo se reunió con el Gobernador del Estado de Pernambuco, Miguel Arraes; el Alcalde de la ciudad de Recife, Jarbas Vasconcelos; el Secretario de Seguridad Pública, Antonio de Moraes Andrade Neto; el Secretario de Justicia, Roberto M. Moraes; el Comandante de la Policía Militar del Estado, Coronel Jorge Luiz de Moura, y el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sergipe, Wellington Dantas Mangueira. Asimismo, se celebraron reuniones con representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Gabinete de Asesoría Jurídica a las Organizaciones Populares (GAJOP); Comisión Pastoral de la Tierra (CPT); Centro Dom Helder Câmara de Estudios y Acción Social (CENDHEC); Servicio Comunitario de Justicia y Paz; Retome sua vida, y Movimiento Nacional de Menores de Rua. El cuarto grupo se entrevistó, en Pará, con el Gobernador Almir Gabriel; con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Chisto Alves; con el Procurador General de Justicia, Manuel Santino, y con jueces y promotores de justicia de Rio Maria y Redencão; en Roraima, se entrevistó con el Gobernador del Estado, Neu do Campos y con el Secretario de Seguridad Pública; con el Procurador General de la República, Osorio Silva Barboza Sobrino, y con el Jefe de la Delegación de la Policía Federal de Roraima; visitó, asimismo, las Reservas Indígenas Macuxé y Yanomami. Las observaciones y contactos realizados en estos días de intensa actividad, unidos al seguimiento que la Comisión viene realizando de la situación de los derechos humanos en Brasil, han permitido obtener una visión general de la situación de los derechos humanos en el país. La CIDH recopiló además valiosa información que le será de utilidad en el Informe que elaborará sobre esta visita. Para la Comisión, el sistema interamericano de protección y la opinión pública internacional, esta primera visita que la CIDH realiza a la República Federativa de Brasil constituye una ocasión histórica. La Comisión observa con satisfacción la preocupación del Gobierno Federal por los derechos humanos, lo que se ha traducido en la incorporación de este tema en el debate nacional y en la generación de un proceso que incluye modificaciones legales e institucionales, reparaciones y medidas de carácter simbólico dirigidas a promover y fortalecer una cultura de respeto por estos derechos. Dicho proceso ha incorporado la participación de numerosas organizaciones y personalidades que han sido convocadas por el Gobierno Federal, a efecto que las iniciativas que se adopten tomen en cuenta la importante perspectiva de la sociedad civil. La Comisión fue informada que se está elaborando un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluirá importantes iniciativas en esta materia y que próximamente será presentado a la ciudadanía por el Presidente Fernando Henrique Cardoso. También ha examinado la Ley de Reconocimiento de los Desaparecidos Políticos recientemente aprobada y ha recibido información sobre una serie de proyectos de ley en materia de derechos humanos, entre ellos, los relativos a la Federalización de los Crímenes contra los Derechos Humanos; la Reformulación del Consejo Nacional de Defensa de la Persona Humana; el proyecto que tipifica los crímenes de tortura; el de protección de víctimas y testigos, y el de transferencia al fuero común de los crímenes cometidos por policías militares en el ejercicio de sus actividades de orden público. La Comisión recomienda que tanto las medidas legislativas como administrativas propuestas sean adoptadas e implementadas en el menor plazo, a fin de lograr que se protejan en forma más eficaz los derechos y garantías consagrados en la Convención Americana, de la cual Brasil es Estado Parte. También la Comisión tomó conocimiento que el señor Presidente ha creado un premio de derechos humanos para estimular a personas e instituciones que se dedican con vocación, riesgos y sacrificios a la defensa de los derechos humanos. Dicho premio fue entregado recientemente por el señor Presidente de la República a destacadas personalidades. La CIDH valora la disposición de las autoridades para analizar, en un clima de apertura y transparencia, la situación de los derechos humanos en Brasil y para identificar los problemas que se presentan en esta materia, algunos de los cuales revisten gran complejidad, y que surgen de los testimonios proporcionados por los organismos de derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Dichos temas son, entre otros, los siguientes:
Sin perjuicio que la CIDH analizará detalladamente dichos temas en su reunión de febrero del próximo año, desea señalar en esta ocasión que un poder judicial eficaz es requisito esencial de un sistema moderno de democracia. Como lo señala el Pacto de San José, los habitantes de los Estados Partes en la Convención tienen derecho a acceder a la justicia en un plazo razonable. El Artículo 25 del mencionado instrumento establece el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Los Estados miembros, por su parte, se comprometen a garantizar el ejercicio de ese recurso. A este respecto, la Comisión nota con preocupación las dificultades que se plantean para el ejercicio del referido derecho en Brasil, en especial, con respecto a la sustanciación de una causa dentro de un plazo razonable. La Comisión recibió información, además, sobre actos de violencia cometidos por la policía y sobre impunidad en el tratamiento de estos asuntos. A este respecto la Comisión considera que sería un paso fundamental para combatir la violencia policial la aprobación de una ley que garantice que todo crimen cometido por policías militares contra los civiles sea juzgado por la justicia ordinaria. La Comisión considera, asimismo, que se deben establecer procedimientos eficientes para recibir y considerar quejas contra agentes de la policía. Con referencia a los denominados "grupos de exterminio", cuya existencia ha sido denunciada en algunos lugares del país, la Comisión recibió información en el sentido que dichos grupos operan con las siguientes características: Son generalmente financiados por sectores comerciales y financieros; están constituidos por ex-policías, civiles y otros funcionarios públicos y, en muchos casos, por agentes de policía en actividad. El modus operandi es siempre a través de actos de violencia, incluido el asesinato y la desaparición forzada de personas, y las víctimas son generalmente varones de condición humilde y de raza negra. Los miembros de estos grupos rara vez son arrestados y menos aún procesados judicialmente. Sus integrantes casi nunca son condenados, debido a que los testigos se resisten a declarar por temor a ser asesinados. Algunas organizaciones han informado a la Comisión que estos grupos actúan como una especie de elemento de "limpieza" social. La Comisión recomienda que se adopte un programa para la protección de los testigos que acepten declarar en contra de los miembros de estos grupos. La CIDH continúa convencida de que es posible combatir la criminalidad y garantizar el orden público respetando los derechos humanos. Su experiencia hemisférica le confirma que la violación de los derechos de los inculpados no crea el clima de seguridad al que legítimamente aspira la ciudadanía. Con relación al tema de la discriminación racial, la Comisión recibió información de que el alto índice de abusos a los derechos humanos sufridos por la población negra es atribuible a la existencia de discriminación. Sin embargo, esto fue negado por autoridades que afirman que la explicación de este fenómeno se origina en la pobreza y no en la condición étnica. La Comisión recibió información que, aunque según algunas estadísticas, el 60% de la población es de raza negra, sólo el 3% de los estudiantes universitarios pertenece a este grupo. En esta materia, la CIDH desea puntualizar al Estado brasileño lo previsto en el Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con los pueblos indígenas, en el Estado de Roraima se le planteó a la Comisión la necesidad de completar la demarcación de las tierras indígenas, en especial las del pueblo Macuxé. La CIDH recibió igualmente información adicional con referencia a la aplicación del Decreto 22/91 sobre la demarcación de tierras indígenas en otros Estados. La Comisión se pronunciará oportunamente sobre este y otros temas relativos a los pueblos indígenas, por ejemplo el problema de los garimpeiros y las quejas de trato discriminatorio en contra de esas poblaciones por parte de algunos agentes del Estado. En la visita al establecimiento carcelario de Carandirú, y a la Tercera Delegación Policial de São Paulo, la Comisión pudo confirmar lo planteado por sus autoridades en el sentido de que hay una crisis generalizada en dichos establecimientos. La sobrepoblación asume características graves, con prisioneros hacinados en lugares insalubres, reducidos o en patios al aire libre, en que conviven procesados sin condena, presos condenados por primera vez y reincidentes. Los servicios de salud son prácticamente inexistentes en estos establecimientos. Por otra parte, hay prisioneros con derecho a traslado a regímenes carcelarios más abiertos que no pueden ser trasladados por falta de espacio en los establecimientos correspondientes. En este aspecto, la CIDH recomienda a las autoridades aplicar inmediatamente las normas internacionales de derechos humanos y la propia legislación de Brasil sobre prisiones, incluyendo la adopción de medidas urgentes para superar la dramática situación que pudo comprobar en esta visita. La Comisión expresa su deseo de colaborar con el Gobierno dentro del marco de su competencia, a fin de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos internos e internacionales para la defensa y protección de los derechos fundamentales dentro del marco del Estado de derecho. La Comisión desea expresar su reconocimiento al Gobierno de la República Federativa de Brasil, a su Presidente Fernando Henrique Cardoso, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades federales y estatales por la hospitalidad, facilidades y cooperación brindadas para la realización y éxito de esta visita, así como a las organizaciones no gubernamentales y particulares, que en forma franca y transparente contribuyeron con sus valiosos testimonios y documentación al eficaz cumplimiento de esta misión. La Comisión desea agradecer el interés de los medios de comunicación en la cobertura de esta visita. De conformidad con las funciones que le atribuyen la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión continuará el seguimiento de la situación de los derechos humanos en Brasil y reitera su deseo de colaboración con las autoridades, dentro del marco de su competencia. Río de Janeiro, 9 de diciembre de 1995 |
