| COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Haití, decidió durante su 84º período de sesiones celebrado en febrero de 1994, efectuar una visita in loco a este país. La visita de observación tuvo lugar entre el 16 y el 20 de mayo. La Delegación estuvo integrada por las siguientes personas: Dr. Patrick Robinson, Emb. John Donaldson y Prof. Claudio Grossman Miembros de la Comisión. La Delegación fue asistida por la Dra. Edith Márquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva de la CIDH, las Dras. Bertha Santoscoy, Relinda Eddie e Isabel Ricupero, abogadas de la Comisión; el Sr. Serge Bellegarde, Intérprete de la OEA y la Sra. Ana Cecilia Adriazola, secretaria de la Delegación. Hoy concluye la visita de la Delegación especial de la CIDH, realizada dentro del marco de su competencia establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Haití es Estado parte. Durante su permanencia en Haití la Delegación se reunió con el Primer Ministro Sr. Robert Malval y con los Ministros Victor Benoit, Rosemont Pradel, Louis Dejoie II, Berthony Berry; con el Embajador Colin Granderson, director de la Misión Civil OEA-ONU y el Sr. Tiebilé Dramé miembro de la misma; con el Nuncio Apostólico, Monseñor Lorenzo Baldisseri; con el Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Frantz Robert Mondé y con el Presidente de la Cámara de Senadores, Sr. Firmin Jean Louis. La Delegación solicitó además reunirse con el Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití, General Raoul Cédras y los miembros del Estado Mayor, así como con el Jefe de la Policía, Lt. Coronel Michel François, pero no hubo respuesta a dicha solicitud. Asimismo, la Delegación se entrevistó con el coordinador de la antigua Comisión Presidencial, Padre Antoine Adrien; con los representantes de organismos no gubernamentales: organizaciones populares de base, grupos de derechos humanos, y con los líderes de varios partidos políticos, con la finalidad de informarse sobre la situación de los derechos humanos en el país. Igualmente, se entrevistó con representantes de la prensa escrita y oral de quienes recibió testimonios sobre el estado de la libertad de expresión en Haití. La Delegación de la CIDH se reunió también con representantes del sector industrial y de las Iglesias. La Delegación no pudo visitar, por falta de autorización, el Centro Penitenciario, en Puerto Príncipe, lo que le impidió informarse en forma directa sobre la situación de las cárceles y el estado de los procesos judiciales de los prisioneros. Durante su estadía la Delegación de la CIDH obtuvo abundante información y escuchó en repetidas ocasiones los testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos. La Delegación pudo comprobar el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití desde su última visita en agosto de 1993. La Delegación posee detallada y fidedigna información sobre numerosas violaciones al derecho a la vida, ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos 4 meses. La Delegación tiene documentación identificando los nombres y circunstancias de 133 casos de ejecuciones extrajudiciales entre febrero y mayo de este año, y más de 210 denuncias sobre crímenes de este tipo. Igualmente, la Delegación recibió información de la existencia de cadáveres severamente mutilados en las calles de Puerto Príncipe y comprobó directamente un caso de tal tipo. Informaciones recibidas por la Delegación indican que el propósito de estos actos es aterrorizar a la población. Frente al dramático cuadro de cuerpos humanos comidos por animales, la Delegación valora la iniciativa del Primer Ministro Malval de solicitar apoyo a organismos internacionales para remover los cadáveres, ante la inacción de quienes detentan el poder. La Delegación recibió además numerosas denuncias de detenciones arbitrarias, normalmente acompañadas de torturas y severas golpizas, perpetradas por agentes de las Fuerzas Armadas de Haití y por grupos paramilitares, en especial los miembros del llamado "Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso Haitiano" (FRAPH), quienes actúan en operaciones coordinadas con las Fuerzas Armadas y la Policía. La Delegación vio directamente víctimas de tortura y registró las circunstancias en que tuvieron lugar. Asimismo, obtuvo documentación de 55 casos de secuestros y desapariciones de carácter político durante los meses de febrero y marzo. Desde entonces 20 individuos han sido liberados y 11 han sido encontrados muertos. Hasta la fecha no hay información de la suerte de los otros 24 desaparecidos. La Delegación recibió serias evidencias de que en Puerto Príncipe, principalmente en los barrios de Cité Soleil, Sarthe, Carrefour y Fonds Tamara grupos paramilitares armados han realizado incursiones durante altas horas de la noche, asesinando y robando a sus habitantes, quienes en su mayoría apoyan el retorno del Presidente Jean-Bertrand Aristide. La Delegación recibió denuncias que revelan un incremento en el número y brutalidad de las violaciones a los derechos humanos en el interior del país, perpetrados por el Ejército, el FRAPH y otros grupos paramilitares que auxilian a los militares (attaches). También obtuvo testimonios que establecen de manera fehaciente la responsabilidad del ejército en la comisión de las masacres de poblaciones indefensas en Raboteau, Gonaives, Departamento de Artibonite, el 22 de marzo pasado. En dicho lugar, entre 15 a 20 pobladores fueron ejecutados, sin justificación alguna. Igualmente, se recibió información que permite concluir que el ejército atacó poblaciones indefensas en los Departamentos del Centro (Sant d'EAU) y Norte (Borgne). Dichos ataques revelan características similares: verdaderas campañas militares, en donde unidades del ejército asistidos por el FRAPH y otros grupos paramilitares, rodean e irrumpen en poblaciones bajo el pretexto de combatir grupos subversivos, golpeando indiscriminadamente a los habitantes, y cometiendo actos de incendio, destrucción y robo, seguidos de detenciones arbitrarias. La Delegación ha observado además que la mayoría de las violaciones presentadas siguen un patrón sistemático de represión revelando un plan político de intimidación y terror contra la población haitiana, en especial en los sectores que apoyaron al Presidente Aristide o que se han manifestado a favor de la democracia en Haití. De acuerdo con la información recibida, las víctimas son secuestradas, obligándolas a abordar vehículos y conduciéndolas con los ojos vendados a centros de detención clandestinos, donde se les interroga y son torturados. Algunas de las víctimas han sido liberadas, otras han sucumbido ante las severas golpizas infligidas. La Delegación recibió denuncias de violaciones y abusos sexuales cometidas en contra de las esposas y familiares de partidarios del régimen democrático, quienes al no ser localizados por los militares, "attachés", o miembros del FRAPH abusan de las mujeres y niñas que se encuentran presentes. De esta forma los abusos sexuales son utilizados como un instrumento de represión y persecución política. A pesar de la resistencia de las víctimas a denunciar estos crímenes, la Delegación recibió pruebas fehacientes de 21 incidentes de violaciones que ocurrieron desde enero a la fecha. Durante su visita la Delegación se entrevistó directamente con 20 víctimas de esta horrible práctica. La comunidad internacional ha reconocido reiteradamente el carácter universal de los derechos de la mujer así como el hecho de que las violaciones constituyen uno de los mayores crímenes en su contra. Por su gravedad, la Comisión dará especial importancia a las violaciones, en el Informe que presentará a la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. La Delegación, en cumplimiento de sus funciones bajo la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, observó la situación de otros derechos además de los mencionados anteriormente. Con respecto al derecho de reunión, la Delegación ha concluído que el ejercicio de este derecho no existe para aquellos que apoyan el retorno de la democracia. Cuando grupos de individuos tratan de ejercerlo son detenidos y golpeados brutalmente por militares y agentes de la policía, acusándolos de organizar reuniones en favor del Presidente Jean-Bertrand Aristide. Un caso reciente fue la detención arbitraria de 20 participantes a una reunión de formación jurídica organizada por la Diócesis de Hinche, Departamento del Centro, el 29 de abril, acusándolos de ser terroristas. La Delegación desea expresar su preocupación en relación al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. De acuerdo a la información recibida puede confirmar las limitaciones que sufren los representantes de la prensa y de la radio haitiana. Estas han conducido a la autocensura de los medios de información, en detrimento del cumplimiento de sus funciones de mantener informado al pueblo haitiano. La delegación escuchó testimonios sobre actos de intimidación y represión de profesionales que ejercen el periodismo. Con respecto al problema de los desplazados (marrons), la Delegación ha constatado que activistas políticos, líderes de comunidades y numerosos opositores de las autoridades de facto, han debido optar por vivir como fugitivos en su propio país, abandonando sus hogares y familias. La Delegación recibió información convincente de que el número de los desplazados continúa incrementándose en proporciones alarmantes, por lo que la comunidad internacional debe interesarse directamente de su situación. La Delegación recibió reclamos de ciudadanos de Haití, repatriados, que han sido objeto de persecuciones y violaciones a su derechos de integridad física y moral. La Comisión abrirá casos sobre estas quejas. Un elemento en común que se desprende de las violaciones denunciadas ante la Delegación, es la total inoperancia del poder judicial o de otros mecanismos para impedir o sancionar la violación de los derechos humanos en Haití, lo que resulta en una completa impunidad de los perpetradores de dichas violaciones. La Delegación desea señalar que en función de su carácter de órgano encargado de observar el cumplimiento de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede dejar de hacer referencia a los derechos a la participación política establecidos en su artículo 23. El intento de instalar un "gobierno" sin votación popular y contraviniendo la Constitución haitiana, es una violación flagrante de los derechos políticos del pueblo haitiano. La Delegación desea dejar constancia de la importancia, seriedad y objetividad, que pudo comprobar a través de sus propias observaciones, del trabajo y los informes de la Misión Civil OEA-ONU. La Delegación manifiesta su profunda preocupación por los actos de intimidación y agresión de que fueron objeto el 23 de marzo pasado miembros de la Misión en la Región de Hinche (Plateau Central), por parte de numerosos manifestantes dirigidos por miembros del FRAPH. La Delegación condena la pasividad de las autoridades militares del lugar para poner fin a dichos actos, lo cual nuevamente pone de manifiesto su abierta complicidad con los miembros del FRAPH. La Delegación considera que dada la gravedad de la situación que impera en Haití, es necesario ampliar el número de observadores de la Misión Civil OEA/ONU de modo que puedan cubrir el territorio nacional más adecuadamente. A modo de conclusión, la Delegación constata que el cuadro general de la situación de los derechos humanos que surge de sus observaciones revela un gravísimo deterioro de los derechos humanos más esenciales en Haití como parte de un plan de intimidación y terror en contra de un pueblo indefenso. La Delegación responsabiliza por estas violaciones a quienes detentan el poder de facto en Haití. Ellos han incurrido en conductas que permiten la acusación por crímenes internacionales, que generan responsabilidades individuales. La Delegación informará sobre los resultados de esta visita a la XXIV Asamblea General Ordinaria de la OEA que tendrá lugar en Belem do Pará, Brasil, el mes de junio próximo. La Delegación desea agradecer la cooperación de los diferentes sectores e individuos en Haití que apoyaron su visita. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará observando la situación de los derechos humanos en Haití, efectuará las visitas que considere necesarias en el ejercicio de sus atribuciones, y mantendrá informada a la Organización de los Estados Americanos y a la Comunidad Internacional. Puerto Príncipe, 20 de mayo de 1994
COMUNICADO DE PRENSA Con la anuencia del Gobierno de las Bahamas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ("la Comisión") llevará a cabo una visita "in loco" en dicho país del 22 al 27 de mayo de 1994. El objeto de la misma es evaluar la situación de los refugiados haitianos en las Bahamas. La Delegación de la Comisión está compuesta por el Profesor Michael Reisman, Presidente de la Comisión, los Miembros Embajador John Donaldson y el Dr. Leo Valladares Lanza, por la Dra. Edith Márquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva, el Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, Dra. Relinda Eddie, especialista en derechos humanos, y la Sra. Rosario McIntyre, secretaria administrativa. Al aceptar la visita, el Gobierno de las Bahamas garantiza que la Comisión podrá viajar libremente a través del territorio del país, comunicarse con libertad y en privado con aquellas personas que deseen proporcionar información relativa a la situación de los refugiados haitianos, y que no tomará represalias contra aquellas personas que deseen comunicarse con la Comisión. Durante el curso de esta misión, la Comisión sostendrá reuniones con Oficiales del Gobierno, con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, con representantes de los refugiados haitianos, y con los refugiados haitianos que se encuentran en las Bahamas, a fin de obtener una honesta evaluación de su situación. La Comisión se hospedará en el Hotel Wyndham Ambassador Beach. Bahamas, 22 de mayo de 1994
COMUNICADO DE PRENSA En el día de hoy la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye su visita in loco a Las Bahamas. Durante los últimos diez años la Comisión Interamericana ha estado estudiando e informado sobre la situación de los derechos humanos en Haití. El enfoque del estudio actual fueron los problemas de los derechos humanos dentro de Haití, así como los problemas de los derechos humanos de la diáspora haitiana. El 15 de abril, 1994, luego de consultas con representantes del Gobierno de Las Bahamas, la Comisión se dirigió por escrito al Ministro de Relaciones Exteriores sugiriendo una visita in loco "con el objeto de evaluar el alcance de la situación de los refugiados haitianos en Las Bahamas". El 4 de mayo, 1993, el Gobierno de Las Bahamas convino en la visita. La visita in loco de la Comisión comenzó el 22 de mayo y concluyó el 27 de mayo, 1994. La delegación de la Comisión estuvo integrada por los siguientes miembros: profesor Michael Reisman, Presidente de la Comisión; doctor Leo Valladares Lanza, Segundo Vicepresidente y Embajador John Donaldson. La Comisión estuvo asesorada por la doctora Edith Márquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva de la Comisión; doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión; doctora Relinda Eddie, abogada y especialista en derechos humanos; señora Rosario McIntyre, secretaria administrativa y Jocelyne Mayas, intérprete. La Comisión es el órgano principal de la OEA responsable de informar sobre la observancia de las pautas de los derechos humanos en el hemisferio. Los siete miembros de la Comisión, cada uno de ellos nombrado por un período de cuatro años, son elegidos por la Asamblea General de la OEA, a título personal y no como representantes de los gobiernos. Las facultades de la Comisión tienen su origen, primordialmente, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto a los 25 Estados partes, y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto a los Estados miembros de la OEA que no han ratificado todavía la Convención. Las Bahamas está sujeta a la Declaración Americana. La jurisdicción de la Comisión, en lo que respecta a peticiones, cubre dos tipos de problemas de los derechos humanos. Puede someter peticiones el individuo o grupos de individuos, o sus representantes, cuyos derechos presuntamente han sido violados. Sin embargo, cuando ocurre un gran número de violaciones graves en un país, no es probable que las peticiones individuales sean útiles. En tales situaciones la Comisión puede, de su propia iniciativa, emprender el estudio de las violaciones de los derechos humanos en un país. Cuandoquiera que la Comisión realiza una visita in loco, se considera, de conformidad con el reglamento, que el Gobierno en cuestión ha garantizado que la Comisión podrá entrevistar y reunirse libremente, en privado, con funcionarios gubernamentales, individuos, grupos no gubernamentales y organizaciones que la Comisión juzgue pertinentes para el evalúo de la situación, y que no se tomará represalia alguna contra tales personas o entidades. Durante su estancia, la delegación de la Comisión contó con la colaboración del Gobierno de Las Bahamas, sus funcionarios y agencias, individuos y representantes de organizaciones no gubernamentales, los cuales tienen contacto con la población de refugiados haitianos en Las Bahamas diariamente. La delegación de la Comisión se reunió con:
La Comisión también se reunió con Fred Smith, D'Arcy Ryan y otros miembros de la Asociación de Grand Bahama para los Derechos Humanos y con representantes de otras organizaciones no gubernamentales. Los siguientes representantes de diversas Iglesias se reunieron con la delegación de la Comisión: El Reverendo doctor N. L. Scott, Presidente del Concilio Bahamés Cristiano de Iglesias y el Jefe Espiritual de la Iglesia Metodista Africana de la Epístola; el Reverendo doctor Eric Gray, Jefe Espiritual y presidente de la Iglesia Metodista Africana de la Epístola de Sión y coordinador del programa; el Reverendísimo Lawrence A. Burke, S.J., Obispo de la Iglesia Católica de Nassau; y el Pastor Robinson Weatherford, Iglesia Evangélica Creole. La delegación de la Comisión visitó asentamientos haitianos en Great Abaco (Marsh Harbour, Treasure Cay), Grand Bahama (Freeport). Eluthera y New Providence. También se visitó el Centro de Detención de Carmichael Road. En el curso de estas visitas la delegación obtuvo información útil con respecto a la situación de los refugiados haitianos en Las Bahamas. En sus conversaciones con una amplia muestra representativa de bahameses y haitianos, la Comisión constató que aunque existen varias cuestiones de derechos humanos relativas a haitianos o bahameses de extracción haitiana en Las Bahamas que se traslapan, surgieron algunos problemas distintos y separables. Una cuestión que ha atraído la atención internacional se refiere a los procedimientos y determinación de la condición de refugiado político de los haitianos que han huido de su país. Existe además la cuestión del grado de debido procedimiento jurídico a que tienen acceso los haitianos, cuando se les arresta y expulsa por no tener permiso de trabajo u otro tipo de documentación. A este respecto existe también la cuestión de las condiciones generales bajo las cuales se detiene a los haitianos. Una cuestión aparte es el criterio y la coherencia de los procedimientos que se aplican en los casos de la ciudadanía bahamesa para las personas nacidas en Las Bahamas de padres haitianos. Otro punto más relacionado con los derechos humanos se refiere a denuncias de explotación de los haitianos que tienen permiso de trabajo. Pocas de estas cuestiones son sencillas, ni desde el punto de vista de los hechos ni desde el punto de vista jurídico. La Comisión estudiará la información substancial que ha recogido con miras a emitir un informe y hacer las recomendaciones al Gobierno de Las Bahamas que a su juicio podrían ayudar en las circunstancias presentes. Si bien muchos de los programas del Gobierno merecen elogio, las conversaciones sostenidas durante la visita in loco revelaron la existencia de una maraña de supuestos raciales y sociales en el país. Todo lo cual no puede menos de hacer impacto negativo en la comunidad haitiana en Las Bahamas. Durante las conversaciones era frecuente oír referirse a los haitianos como a una comunidad que es un impedimento económico en Las Bahamas; un grupo que simplemente transfiere la riqueza de Las Bahamas a Haití. No se reconoce su contribución a la economía. No puede hacerse caso omiso ni de la escualidez en que vive la comunidad haitiana, mal pagada e insegura, ni de las condiciones de detención que prevalecen en el Centro Charmichael Road. Debe decirse, para vergüenza de la comunidad internacional, hemisférica y regional, que aunque prácticamente nadie en el mundo puede desconocer la violencia cometida contra el pueblo de Haití en su propio país, condenada por la mayoría de los países, casi ningún estado se ha demostrado dispuesto a recibir haitianos que huyen. Las Bahamas es una excepción, puesto que a pesar de su tamaño y recursos, se ha convertido en el país que ha acogido proporcionalmente más haitianos que huyen, que cualquier otra estado del mundo. Lo que es más, en Las Bahamas los haitianos tienen acceso a la educación pública y a servicios sociales básicos. Aunque es demasiado temprano para que la Comisión exprese puntos de vista concretos o haga recomendaciones, la delegación quedó impresionada por el hecho de que mientras que Las Bahamas ofrece una amplia gama de servicios para los haitianos que han huido de su país, no recibe asistencia internacional significativa alguna. Parecería del todo apropiado que la comunidad internacional, por intermedio de su red de organizaciones, así como bilateralmente, se comprometiera a colaborar con el Gobierno de Las Bahamas en estos campos. La Comisión quiere recordar que, en última instancia, la solución del problema de los refugiados haitianos está vinculada a la restauración de la democracia en Haití. En esta tarea, todas las naciones del hemisferio deberán compartir la responsabilidad. La Comisión agradece la colaboración que recibió de las autoridades y de diferentes sectores de las comunidades bahamesa y haitiana, lo que contribuyó al éxito de la misión. La Comisión sigue evaluando la situación de los refugiados haitianos en Las Bahamas. Nassau, Las Bahamas, 27 de mayo, 1994
COMUNICADO DE PRENSA N° 14/94 El Informe presenta una serie de recomendaciones específicas respecto a las acciones del ejército, de la justicia y policía, de educación y salud, propiedad de la tierra, y respecto a la disolución de las patrullas armadas de autodefensa en áreas vecinas. Entre sus principales conclusiones, la Comisión expresa que:
El Informe de la CIDH-OEA incluye un análisis de numerosas denuncias, así como la posición del Gobierno sobre los distintos puntos y una lista de las medidas que los organismos del Estado están tomando para facilitar la normalización de dichas comunidades, la cual se considera un indicador importante de como operará la solución del problema de cientos de miles de refugiados y desplazados internos, consecuencia del conflicto armado. Washington, D.C., 1° de julio de 1994
COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento con profunda preocupación sobre el acto terrorista perpetrado contra la sede central de las mayores asociaciones de la comunidad argentina-judía, en Buenos Aires, Argentina, el 18 de julio, que ha dejado como saldo varias decenas de muertos, más de un centenar de personas heridas y la destrucción total de los bienes, biblioteca y archivos históricos de la misma. La Comisión reitera su más enérgica condena a esta acción terrorista que atenta contra la vida y la integridad física de personas inocentes, así como contra la estabilidad de la democracia y representa asimismo una permanente amenaza contra la población argentina que busca mantener la convivencia y respeto entre todas las personas. Un acto de tal género constituye no sólo una violación del derecho internacional sino también una violación de la Convención contra el Genocidio. En este contexto, la Comisión Interamericana desea recordar los conceptos vertidos en la Resolución sobre la No Discriminación y Tolerancia, aprobada por la Asamblea General en junio de 1994 en Belem do Pará, la cual señala que "el racismo y la discriminación en sus distintas formas atentan contra los principios y prácticas de la democracia como forma de vida y de gobierno y, en definitiva, persiguen su destrucción". Además de repudiar enérgicamente el hecho mencionado, la Comisión exhorta al Gobierno argentino a identificar y sancionar, con todo el rigor de la ley, a los responsables del mismo. Asimismo, la Comisión insta al Gobierno argentino a multiplicar sus esfuerzos para lograr la convivencia y tolerancia que fundamentan la convicción democrática y evitar así situaciones que pongan en peligro la vigencia de los derechos humanos. Washington D.C., 20 de julio de 1994
COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA con sede en Washington D.C., ha solicitado al Gobierno de Guatemala con fecha 25 de julio de 1994, la adopción de medidas cautelares respecto a la vida y seguridad de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, Jueces Lic. MARIO SALVADOR JIMENEZ, Lic. MARIA EUGENIA VILLASEÑOR, y Lic. HECTOR RAUL ORELLANA. La solicitud de medidas cautelares ha sido adoptada a raíz de denuncias sobre seguimientos, amenazas y hostigamiento contra dichos Magistrados durante los últimos días, amenazas que estarían relacionadas con procesos judiciales que están bajo su consideración en dicha Corte y que se refieren a derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión en su solicitud al Gobierno ha indicado que las medidas que solicita están destinadas a evitar daños irreparables respecto a los mencionados magistrados; y que de acuerdo al artículo 29 de su Reglamento dicho pedido y adopción de medidas precautorias no prejuzgan sobre esta situación. Guatemala, 25 de julio de 1994
COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera su profunda preocupación ante las flagrantes y sistemáticas violaciones de derechos humanos que ocurren en Haití como resultado del aumento de la represión ejercida por las autoridades que detentan el poder en forma ilegal en ese país. La Comisión ha realizado tres visitas in loco y ha presentado a la Asamblea General de la OEA tres Informes Especiales sobre la situación de Derechos Humanos en Haití desde el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Jean- Bertrand Aristide, que fue elegido en elecciones supervisadas internacionalmente y confirmadas como libres y justas. Sobre la base de su constante examen de la situación haitiana, la Comisión ha documentado recientemente, entre el 16 y el 20 de mayo de 1994, un alarmante número de violaciones a los derechos humanos que están directamente relacionadas con el ejercicio ilegal del poder por parte de los militares haitianos y los funcionarios designados por ellos. Durante su última visita, la Comisión confirmó que la situación en materia de derechos humanos en Haití se había deteriorado seriamente desde su anterior visita realizada en agosto de 1993, y que se había incrementado la brutalidad y el número de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, los grupos paramilitares y la policía. La Comisión también confirmó la total ineficacia del poder judicial y de otros mecanismos para impedir o castigar las violaciones a los derechos humanos en Haití. Como resultado, los perpetradores de las violaciones actúan con absoluta impunidad. La Comisión también ve con especial preocupación el hecho de que la Misión Civil Internacional OEA/ONU haya sido expulsada de Haití el 11 de julio de 1994. En consecuencia de la situación extremadamente grave que rige en Haití en materia de derechos humanos, la Comisión observa que la seriedad y la objetividad de la labor y los informes presentados por la Misión permitieron proteger algunas personas y que el flujo de información acerca de las violaciones a los derechos humanos que ella logró recopilar y proveer fue importante para la labor de la CIDH. La expulsión de dicha Misión priva al pueblo haitiano de un testigo de las violaciones, y a las instituciones de derechos humanos de una fuente de datos que resulta indispensable para su tarea. Como resultado de los recientes acontecimientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera conveniente realizar una visita a Haití, lo más pronto posible, con la finalidad de observar la situación de los derechos humanos en conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de explorar métodos para terminar dichas violaciones y desarrollar medios alternativos de información. Washington, D.C., 27 de julio de 1994
COMUNICADO DE PRENSA Hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos integrada por los Miembros Drs. Leo Valladares Lanza, Patrick L. Robinson, Oscar Luján Fappiano, Embajador John Donaldson y Prof. Claudio Grossman; asistida por los Drs. Edith Márquez Rodríguez y David Padilla, Secretaria Ejecutiva y Secretario Ejecutivo Adjunto, respectivamente, concluyó una visita que por invitación del Gobierno de Chile realizó, con el propósito de conmemorar el XXXV aniversario de su creación. La Comisión fue establecida por la V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago el 18 de agosto de 1959, y tiene, de acuerdo a lo que establece la Carta de la OEA, como función principal promover la observancia de los derechos humanos en el hemisferio y servir como órgano consultivo de la Organización en materia de derechos humanos. La visita se inició con una sesión solemne con la presencia del Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en la cual el Ministro de Relaciones Exteriores Don Carlos Figueroa Serrano expuso la política del gobierno en materia de derechos humanos, agradeció la labor cumplida por la Comisión en relación a Chile y renovó el decidido apoyo a los mecanismos e instituciones internacionales encargadas de tutelar los derechos humanos. Durante su permanencia en Santiago la Comisión tuvo la oportunidad de entrevistarse con el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Carlos Figueroa Serrano; con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sr. Marcos Aburto Ochoa; con la Ministra de Justicia Sra. M. Soledad Alvear V.; con el Ministro Secretario General de Gobierno, Sr. Víctor Manuel Rebolledo; con el Presidente de la Conferencia Episcopal, Monsenor Fernando Ariztía R. y con el ex-Presidente de Chile, don Patricio Aylwin A. La Comisión se trasladó a Valparaíso, en donde se reunió con el Presidente del Senado Sr. Gabriel Valdés Subercaseaux y con el Presidente subrogante de la Cámara de Diputados Sr. Juan Carlos Latorre. Se realizaron sesiones conjuntas con las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos de las Cámaras del Senado y Diputados. A través de esas entrevistas la Comisión pudo constatar el decidido propósito de las autoridades por consolidar dentro de las instituciones democráticas el estado de derecho que permita garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Esos encuentros condujeron a un valioso intercambio de experiencias, en los que quedó de manifiesto la voluntad de los poderes del Estado y de los distintos sectores del país por perfeccionar el sistema y ordenamiento jurídico chileno en materia de derechos humanos, mediante la adopción de medidas ejecutivas, legislativas y judiciales. También la Comisión, conjuntamente con la Academia Diplomática "Andrés Bello" y otras instituciones celebró un Seminario, a fin de evaluar el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y patrocinó una exposición fotográfica que recoge una muestra del trabajo realizado por la Comisión en los últimos 15 años. Finalmente, la Comisión celebró una importante reunión con dirigentes de organismos no gubernamentales de derechos humanos, donde se enteró de la posición de dichos organismos y su versión de los desafíos que enfrenta Chile en la realización plena de los derechos humanos. Como lo expresara la Comisión, en carta dirigida al 11 de agosto al Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, "la Comisión ha venido observando el espléndido resurgimiento de la democracia constitucional en Chile y está agradecida por el apoyo del Gobierno de Chile a la causa de los derechos humanos en general y del trabajo de la Comisión en particular". Santiago, 19 de agosto de 1994
COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido con creciente preocupación el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití. Las Fuerzas Armadas, en control del país continúan cometiendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, detenciones ilegales y todo tipo de actos violentos contra la población indefensa. La situación se ha agravado aún más por la expulsión de la Misión Civil OEA/ONU, la cual proveía una constante información a la comunidad internacional y su sola presencia representó en algunas ocasiones un freno a la violencia de los militares. El asesinato a sangre fría del Padre Jean-Marie Vincent cometido recientemente es sólo el último de una serie de graves violaciones que han sido perpetradas impunemente. La Comisión tiene la intención de dedicar una parte de su próxima sesión, en septiembre de 1994, al análisis detallado de la situación de Haití y las medidas que podría tomar para contribuir a aliviar el continuo patrón de violaciones de derechos humanos en ese país. Washington, D.C., 31 de agosto de 1994
COMUNICADO DE PRENSA El día 30 de septiembre de 1994 concluyó el 87° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que participaron su Presidente, Profesor Michael Reisman; el Primer Vicepresidente, Embajador Alvaro Tirado Mejía; el Segundo Vicepresidente, doctor Leo Valladares Lanza, y los Miembros Patrick Robinson, Oscar Luján Fappiano, John Donaldson y Claudio Grossman. Durante este período de sesiones la Comisión recibió en audiencia a representantes de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales y de personas individuales, que se interesan en el tema de los derechos humanos. Se escucharon testimonios sobre la situación general de los derechos humanos en diferentes Estados, y con referencia a casos individuales actualmente en trámite en la Comisión. La Comisión recibió a la señora Ministra de Justicia de Chile, doctora Soledad Alvear, y al Representante Permanente de ese Estado miembro ante la OEA, Embajador Edmundo Vargas Carreño. La Dra. Alvear se refirió, entre otros asuntos, a las modificaciones que el Gobierno chileno está llevando a cabo en su legislación a fin de adecuarla a las disposiciones de la Convención Americana y de otros instrumentos internacionales sobre protección de los derechos humanos. La Comisión recibió en audiencia al Representante Permanente del Perú, Embajador Alejandro León Pazos, quien concurrió acompañado de la Asesora Académica del Consejo Nacional de Derechos Humanos, doctora Beatriz Ramacciotti, y otros funcionarios gubernamentales. En su exposición, el señor Representante del Perú se refirió a la reciente aprobación de una ley mediante la cual se establecerá una comisión que tendrá a su cargo el examen y la identificación de casos de ciudadanos detenidos "presuntamente en forma injusta" en aplicación de la legislación de emergencia adoptada a partir del 5 de abril de 1992. La Comisión espera que el trabajo de esa comisión ayude a resolver las situaciones de injusticia que sufren muchas personas inocentes, situaciones a las cuales se ha hecho referencia en los tres últimos informes preparados por la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. El señor Kenneth Rattray, "Solicitor General" de Jamaica efectuó una presentación ante la Comisión, en la cual expuso algunos asuntos que interesan a la Comisión y al Gobierno Jamaica. El Consejero Presidencial para Derechos Humanos de Colombia doctor Carlos Vicente de Roux, habló ante la Comisión para referirse a las medidas institucionales ya adoptadas --así como las que se encuentran en vías de adopción-- por el Gobierno colombiano de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el Segundo Informe Especial de la Comisión sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. En particular se refirió a la ley que tipifica y castiga la desaparición forzada de personas; la creación de una Comisión que propondrá modificación de las normas que regulan la jurisdicción penal militar; el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión sobre pago de indemnizaciones derivadas de informes de la Comisión emitidos de conformidad con la Convención Americana; la judicialización en la detención de sospechosos de actos de subversión y terrorismo, y la reforma policial fundada en el respeto de los derechos humanos. Con respecto a Cuba, la Comisión recibió información sobre el incremento de la grave situación de los derechos humanos en ese país. El deterioro de las condiciones de vida, el control represivo que ejerce el Estado a través de los organismos de seguridad en contra de sectores no afines al régimen, y la gravísima situación de orden económico que padece el pueblo cubano constituyen especial preocupación para la Comisión. La Comisión reitera "la permanente negativa del régimen cubano a reconocer los derechos fundamentales de la persona humana, sumado a una profunda crisis económica y social en dicho país crea un peligroso potencial de conflictos sociales". Respecto de Honduras la Comisión recibió información presentada por los abogados de las familias de dos víctimas de desapariciones forzadas en Honduras, ocurridas en 1981 y 1982, correspondientes a los casos 7920 y 8097, respectivamente, en el sentido que el actual Gobierno de ese Estado miembro de la Organización ha aceptado pagar el monto total de la indemnización ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias dictadas en esos casos. La Comisión se dirigió al Gobierno hondureño para expresarle su satisfacción por esta medida. Durante el presente período de sesiones la Comisión examinó con carácter prioritario el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití y las medidas que cabrá adoptar para aliviar el efecto de las violaciones sistemáticas que sufre gran parte de la población haitiana por parte de las autoridades de facto que detentan el poder. La Comisión tuvo oportunidad de recibir el testimonio de una señora que, sin razón alguna, fue agredida con machetes por parte de la policía haitiana, lo cual le causó severas lesiones, incluyendo la pérdida de un brazo y del oído derecho. La Comisión recibió en audiencia al Representante Permanente de Haití, Embajador Jean Casimir, quien reiteró la invitación de su Gobierno para que la Comisión efectúe una pronta visita "in loco" a su país. En vista de esa solicitud la Comisión decidió realizar dos visitas "in loco" a Haití en el curso del corriente año. La primera está programada del 24 al 28 de octubre y la segunda para fines de noviembre de 1994. Además, con relación a Haití la Comisión se entrevistó con el Relator Especial del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Haití, Dr. Marco Tulio Bruni Celli, quien se refirió, entre otros temas, a la necesidad de acentuar la colaboración entre la CIDH y los organismos de promoción y protección de derechos humanos de Naciones Unidas. Un hecho que la Comisión desea destacar, por su importancia, es el acuerdo de solución amistosa que se celebró entre el Gobierno de la República Argentina y los peticionarios en el caso interpuesto ante la Comisión en favor del periodista Horacio Verbitsky. En el informe respecto de este arreglo la Comisión ha expresado su profunda satisfacción por la derogación de la figura de desacato que regulaba el Código Penal argentino, habiendo el Gobierno argentino dado así cumplimiento a lo previsto en el artículo 2 de la Convención Americana. La Comisión considera que este arreglo constituye un importante precedente para el desarrollo progresivo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Argentina también llegó a un arreglo en la denuncia interpuesta por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del señor Guillermo Maqueda. Por Decreto de 27 de septiembre del corriente año, decidió conmutar la pena al reclamante, lo cual se tradujo en su inmediata libertad condicional. La Comisión acordó aceptar la invitación del Gobierno de Guatemala para que se lleve a cabo una visita "in loco" a ese Estado miembro. Asimismo, el Gobierno de Guatemala informó a la Comisión que, entre otras medidas, había designado una comisión a nivel ministerial para procurar la solución de un conflicto laboral en la zona rural. La Comisión intercambió información sobre la vigencia de los derechos humanos en Guatemala con la Relatora Especial de Naciones Unidas para dicho país Dra. Mónica Pinto, quien remarcó la importancia de la cooperación y comunicación entre los diferentes organismos intergubernamentales de protección de los derechos humanos. La Comisión recibió al Defensor del Pueblo de Colombia, Dr. Jaime Córdoba Triviño, quien en representación de los "ombudsmen" de América Latina que en el mes de julio del corriente año se reunieron en la ciudad de San José de Costa Rica, transmitió el propósito de los titulares de esta nueva institución de mantener estrechos vínculos de colaboración con la CIDH. La Comisión continuó con el análisis relativo a la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales en la región y de los derechos de la mujer en el hemisferio, libertad de expresión, y las condiciones carcelarias, así como el proyecto de Convención sobre el derecho de las poblaciones indígenas que se sometería a consulta de los gobiernos en 1995. Finalmente, la Comisión acordó celebrar su próximo período ordinario de sesiones entre el 1° y el 17 de febrero de 1995. Washington, D.C., 30 de septiembre de 1994 |
