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COMUNICADO DE PRENSA
Nº 1/93
Desde hace más de tres meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido solicitando reiteradamente la anuencia del Gobierno de facto de Haití para visitar ese país y poder constatar in situ las numerosas denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos atribuidas a las acciones represivas de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de grupos de civiles auxiliares que operan bajo sus órdenes. La CIDH transmitió al Gobierno su intención de realizar dos visitas: una primera exploratoria prevista para ser cumplida durante los días 13 al 15 de diciembre de 1992 y una visita in loco que debió llevarse a cabo durante los días 11 al 15 del corriente mes de enero. El Gobierno de facto no ha otorgado aún la correspondiente anuencia. Por el contrario, el 8 de diciembre, la CIDH recibió comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití, en la cual se informaba que la fecha para llevar a cabo dichas visitas sería comunicada en los días siguientes, sin embargo no fue hasta un mes más tarde que las autoridades de facto respondieron que "la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le parecía necesaria al Gobierno haitiano".
Las denuncias presentadas por las propias víctimas y las informaciones provenientes de fuentes fidedignas indican que numerosas personas han sido ejecutadas sumariamente, detenidas ilegalmente, maltratadas y torturadas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. En la mayoría de los casos las víctimas han sido partidarios del depuesto Presidente Jean Bertrand Aristide y en otros casos se trata de gente que simplemente se sospecha de apoyarlo. Las manifestaciones y reuniones han sido suprimidas violentamente y no se ha permitido a los periodistas dar a conocer los hechos. Muchas de las víctimas de estas violaciones son líderes o miembros de organizaciones populares y de derechos humanos, estudiantes, periodistas, comerciantes, campesinos y miembros de la Iglesia Católica.
En las áreas rurales, la represión y la violencia se ha agravado con el restablecimiento de los "Jefes de Sección", quienes actúan con la aquiescencia de los militares y en completa impunidad. Tanto en la capital del país, como en la provincia, la población es víctima de la corrupción ejercida por las autoridades de facto, así como de las extorsiones practicadas por los militares a los civiles, quienes les exigen sumas de dinero para evitar ser detenidos o maltratados, o simplemente para mejorar las condiciones en que se encuentran en los centros de detención y algunas veces hasta para obtener su libertad.
El clima de temor y de inseguridad que existe en el país ha propiciado que una gran parte de la población, especialmente aquella que apoya el retorno del Presidente Aristide, se desplace buscando refugio hacia el interior del país, viéndose así obligada a abandonar sus hogares y a esconderse en forma permanente. Esta situación ha forzado también a un gran número de haitianos a huir del país en inseguras embarcaciones para pedir asilo en los Estados Unidos.
La práctica de la "represión preventiva" dirigida contra la población civil y la degradación de la situación política, han propiciado las continuadas violaciones a las garantías individuales, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad individual, a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de reunión y de asociación; todas ellas protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual la República de Haití es Estado parte.
La Comisión debe recordar, que independientemente de la situación política imperante en un Estado parte, continúa vigente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, la Comisión enfatiza que quienes ejercen el poder en un Estado, aunque sea de facto, están obligados a respetar los derechos individuales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó el día 13 de diciembre de 1992 la Resolución "Restablecimiento de la Democracia en Haití" (MRE/RES.4/92), mediante la cual decidió "Encomendar al Presidente de la Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores y al Secretario General de la OEA, que cooperen en las gestiones del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta las graves y persistentes violaciones a los derechos humanos en Haití, y ante la negativa de las actuales autoridades de facto, para que la Comisión pueda efectuar una visita "in loco" a la mayor brevedad."
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa firmemente decidida a trasladarse a Haití a fin de investigar sobre el terreno las graves violaciones denunciadas, y ante la negativa del Gobierno de facto de cooperar con la Comisión, reitera su llamado a todos los organismos no gubernamentales de derechos humanos, particularmente los que operan en Haití, así como a las víctimas y sus familiares y en general a todos aquellos que con motivo de la crisis política hayan sufrido alguna violación a sus garantías individuales, para que tramiten sus denuncias ante la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado al Gobierno de facto y especialmente a las Fuerzas Armadas para que cesen sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de la que es víctima la población haitiana.
Washington, D.C., 8 de enero de 1993
COMUNICADO DE PRENSA
Nº 2/93
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido con preocupación la serie de graves actos terroristas que vienen ocurriendo nuevamente en la República de Colombia, en diversos lugares de su territorio nacional, los que además de mantener en zozobra de constante riesgo a toda su población, afectan también directamente al derecho a la vida, a la seguridad e integridad personal de sus habitantes. A estos hechos, producto de la agresión del crimen organizado, se suman también los de la violencia política, todo lo cual convierte a la población colombiana en víctima de una de las más injustas y crueles agresiones. Sobre este particular, la Comisión ratifica sus conceptos en el sentido de que ninguna persona, grupo o Estado puede actuar de manera que lleve a lesionar los derechos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El día de ayer fueron colocados en zonas céntricas de la ciudad de Santafé de Bogotá, precisamente a la hora de mayor actividad y circulación de público, dos coches-bomba cargados aproximadamente con 50 kilos de explosivos cada uno, los que al ser activados y explotar causaron como consecuencia, como era el propósito de sus autores, además de enormes perjuicios materiales, también daños irreparables a los cientos de indefensas personas que transitaban, habitaban o trabajaban en el área donde tuvieron lugar las explosiones. Este hecho, enluta otra vez a la sociedad colombiana y en particular a los familiares de las víctimas, pero además, deja nuevamente un doloroso saldo de personas heridas, mutiladas o permanentemente incapacitadas. Además, por la proximidad a uno de los locales de la administración de justicia, es evidente también su propósito amedrentador en contra de esta institución y de sus miembros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena enérgicamente éste y todos los demás hechos criminales que sumen en el dolor a los colombianos y causan justificada indignación y protesta en la población de dicho país y en la comunidad internacional, y considera que hechos como éstos, que provienen de personas o de grupos armados irregulares al servicio de los carteles de la droga, no deben quedar impunes. Asimismo condena los hechos contra las instituciones públicas tutelares de la justicia colombiana.
Además de condenar enérgicamente los hechos mencionados, la Comisión exhorta al Gobierno de Colombia a brindar a la población de su país las máximas seguridades y protección a la que tienen derecho y a perseguir y sancionar, con todo el rigor de la ley, a los autores de los mismos.
Washington, 17 de febrero de 1993
COMUNICADO DE PRENSA
Nº 3/93
En el día de hoy fue elegida la nueva Mesa Directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fueron electos como Presidente el Dr. Oscar Luján Fappiano, Primer Vicepresidente el Profesor Michael Reisman y Segundo Vicepresidente el Embajador Alvaro Tirado Mejía.
El Dr. Oscar Luján Fappiano, de nacionalidad argentina, es un distinguido jurista, profesor universitario y ha tenido un ejercicio activo en su profesión en los foros de la Capital Federal, Provincias de Buenos Aires y Formosa. Ha participado en diversos congresos y jornadas sobre derecho procesal en la República Argentina y ha conformado diversas comisiones redactoras de varias leyes sobre el menor, procedimiento laboral y sobre funcionarios y magistrados judiciales. Se ha desempeñado como consultor sobre varios proyectos de reformas legales. El Dr. Luján Fappiano es asimismo autor de varios trabajos y artículos sobre diversos temas relacionados con las leyes nacionales de su país, así como con la cooperación internacional.
El Prof. Michael Reisman, de nacionalidad estadounidense, es un destacado jurista en derecho internacional y ha participado en diversas misiones, entre ellas miembro del Consejo de Derechos Humanos, Peshawar, Pakistán, en 1987 y miembro del Equipo Observador de la OEA para las elecciones de Suriname también en 1987. El Profesor Reisman posee una amplia experiencia profesional y se ha desempeñado como consultor. Ha escrito varios libros, análisis y estudios sobre la problemática de derechos humanos a nivel internacional. El Prof. Reisman es miembro de la CIDH desde 1990. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale.
El Embajador Alvaro Tirado Mejía, jurista de nacionalidad colombiana, obtuvo un doctorado en historia en la Universidad de París en 1975. Ha sido miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, Presidente del Centro de Estudios de la Realidad Colombiana (CEREC), Consejero Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Colombia (1987-1989), y ha sido delegado de Colombia a diversos eventos internacionales organizados por las Naciones Unidas y otros organismos. Periodista, Profesor Universitario, ha colaborado en diversos periódicos y revistas de Colombia y ha dictado conferencias en varias universidades de Europa y de los Estados Unidos. Es autor de varios libros y publicaciones, tales como "La Reforma Constitucional de 1936" e "Introducción a la Historia Económica de Colombia".
Washington, D.C., 1º de marzo de 1993
COMUNICADO DE PRENSA
Nº 4/93
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve con profunda preocupación las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de la cuales continúan siendo víctimas los ciudadanos haitianos y en particular expresa su enérgica condena por los recientes hechos ocurridos frente a la Catedral de Puerto Príncipe, el 25 de febrero de 1993.
La Comisión fue informada sobre las detenciones ilegales y los malos tratos infligidos a las personas que participaban en la misa celebrada, el 25 de febrero, en memoria de las víctimas del naufragio del barco Neptuno. Según las denuncias, Monseñor Willy Romélus, Obispo de Jeremie, fue golpeado y su sotana rasgada, por hombres armados al salir de la Catedral. Entre los detenidos se pudo identificar los nombres de Edride Jean, Julienne Charles, miembros de las comunidades eclesiásticas de base (TKL) y Pharnes Jan, quien fuera severamente golpeado y después conducido al Centro Penitenciario Nacional. De acuerdo con la información obtenida, como consecuencia de los golpes recibidos, la salud del Sr. Pharnes Jan ameritaría urgente atención médica. La señora Arlette Josué, periodista de "Signal FM" y de la Voz de América fue también detenida junto con un seminarista, al salir de la Catedral, y maltratada durante el interrogatorio en el Servicio de Investigación Anti-Gang.
Igualmente, la Comisión ha tenido conocimiento de la represión ejercida por los militares en Jeremie en los primeros días del mes de marzo. Numerosos jóvenes fueron detenidos y golpeados por los militares, según fuentes fidedignas, sólo algunos fueron liberados. El Sr. Patrick Bourdeau sufrió graves torturas durante su detención, al grado de no poder caminar. Los detenidos se encuentran todavía en prisión, contraviniendo así el plazo legal de 48 horas que marca la Constitución haitiana con respecto a la detención preventiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiere a las autoridades de facto la inmediata liberación de las personas que se encuentran ilegalmente detenidas y respeten su integridad física. Asimismo, reclama una vez más a las Fuerzas Armadas, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cesen las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de la población haitiana y se respeten las garantías individuales contenidas en ese acuerdo internacional, de la cual Haití es Estado Parte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa firmemente decidida a trasladarse a Haití a fin de investigar sobre el terreno las graves violaciones denunciadas.
Washington, D.C., 5 de marzo de 1993
COMUNICADO DE PRENSA
Nº 5/93
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la satisfacción de informar que ha culminado exitosamente el procedimiento de solución amistosa previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los casos Nos. 10.288, 10.310, 10.436, 10.496, 10.631 y 10.771, cuyo trámite se realizó a partir de denuncias de graves violaciones de derechos humanos que afectaron a las víctimas respectivas y cuya responsabilidad fuera asignada al régimen militar que gobernó la República Argentina entre 1976 y 1983. Las violaciones consistieron en la detención arbitraria de personas bajo el decreto ley conocido como el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que permitía los arrestos de personas por períodos indefinidos sin ser procesadas.
La propuesta para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuara como órgano de solución amistosa fue realizada por los reclamantes y aceptada por el Gobierno de la República Argentina. En el curso del año 1990, el Gobierno adoptó diversas medidas previstas en el ordenamiento constitucional argentino con miras a lograr la adecuada compensación de las víctimas o sus familiares por los daños derivados de las violaciones de sus derechos humanos que habían sufrido. En el curso de 1991 y 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las partes realizaron un seguimiento respecto de las formas en que se iban poniendo en práctica los compromisos asumidos. Habiendo manifestado los peticionarios su conformidad con las compensaciones recibidas por parte del Gobierno argentino y la solicitud de ambas partes para que se considere culminado el procedimiento de solución amistosa y se cierren los casos respectivos, la Comisión ha elaborado el Informe de conformidad con el procedimiento previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea dejar expresa constancia de su reconocimiento a la valiosa contribución realizada por los peticionarios en estos casos y a la constructiva actitud del Gobierno de la República Argentina que permitió emplear de manera creativa las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a fin de responder al espíritu del sistema americano de protección y promoción de los derechos humanos. Gracias a esta actitud del Gobierno argentino ha sido posible compensar a quienes habían sufrido situaciones de injusticia, o a sus familiares, y responder a un deber moral ineludible. La Comisión debe señalar, asimismo, que es esta la primera vez que culmina exitosamente un procedimiento de solución amistosa y espera que este antecedente sirva de estímulo para que tal procedimiento sea empleado con más frecuencia, en beneficio de la plena vigencia de los derechos humanos en el hemisferio.
Washington, D.C., 10 de marzo de 1993
COMUNICADO DE PRENSA
Nº 6/93
El 12 de marzo de 1993 concluyó el 83º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se eligió su nueva mesa directiva, integrada por los siguientes miembros: doctor Oscar Luján Fappiano, Presidente; Profesor Michael Reisman, Primer Vicepresidente, y doctor Alvaro Tirado Mejía, Segundo Vicepresidente. Forman asimismo parte de la Comisión el señor Oliver Jackman y los doctores Marco Tulio Bruni Celli, Leo Valladares Lanza y Patrick Robinson.
La Comisión consideró y aprobó el Informe Anual que será presentado a la Asamblea General en su vigésimo tercer período ordinario de sesiones.
En cumplimiento de recomendaciones de la Asamblea General, la Comisión continuó con el análisis sobre la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos del menor en el hemisferio. Dentro de este contexto la CIDH inició, además, el estudio sobre los derechos de la mujer, y de otros grupos en situación especial.
La Comisión aprobó un Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos en Haití en el cual señala que durante el último año ha aumentado en forma considerable la violación de derechos humanos en ese país. El Informe menciona numerosas violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones de personas, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas. El Informe señala asimismo que existen severas restricciones a la libertad de expresión y de reunión.
Se emitió una Declaración sobre la situación de los refugiados haitianos, mediante la cual se formula un llamado a los gobiernos de los Estados miembros para que, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el caso, así como en el Estatuto sobre refugiados y en los principios y normas del derecho internacional humanitario, tomen las medidas de emergencia que sean necesarias para evitar los peligros y el sufrimiento de los haitianos que se ven obligados a huir de Haití ante la represión y persecución de que son víctimas por parte de los agentes del Gobierno de facto y que posteriormente han sido o están siendo repatriados.
Durante el curso de sus deliberaciones la Comisión recibió en audiencia al Excelentísimo señor Presidente Constitucional de Haití, Jean-Bertrand Aristide, quien se refirió a la violación de los derechos humanos en que incurren los militares que usurpan ilegítimamente el poder en su país. El Presidente Aristide consideró que era necesaria la presencia de la CIDH en Haití y solicitó a la Comisión que efectúe las gestiones pertinentes a fin de obtener el apoyo de los Estados miembros para obligar al régimen militar haitiano a que acepte la presencia de la Comisión en su país.
La Comisión recibió asimismo al Licenciado Dante Caputo, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y del Secretario General de la OEA para Haití quien se refirió, en forma pormenorizada, a la situación haitiana.
Con relación al Perú se acordó publicar el Informe Especial titulado "Situación de los Derechos Humanos en Perú: Resumen a partir del 5 de abril de 1992", aprobado en su 82º período ordinario de sesiones y remitido al Gobierno del Perú en noviembre de ese mismo año a fin de que pudiese formular las observaciones que estime necesarias. En vista que con posterioridad a la remisión del referido Informe provisional han ocurrido nuevos hechos que la Comisión consideró importantes, se acordó incluir una breve reseña al respecto en el Capítulo IV del Informe Anual. La Comisión acordó, asimismo, publicar el informe correspondiente al caso Cayara cuya presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue declarada extemporánea por ese órgano jurisdiccional.
La Comisión recibió una invitación del Gobierno del Perú para que se realice una visita a ese país la que en principio fue aceptada. La Comisión oportunamente fijará la fecha y aprobará el programa que cumplirá durante la visita.
La Comisión consideró y aprobó un Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Este Informe se remitirá al Gobierno de ese país.
La Comisión realizará una visita in loco a Guatemala con el objeto de conocer la situación de las comunidades de poblaciones en resistencia.
La Comisión aprobó el Informe Especial sobre la visita que realizara a Colombia en mayo de 1992, el cual será transmitido en su oportunidad al Gobierno de ese país.
La Comisión acordó, de acuerdo con la invitación que formuló el Gobierno de El Salvador, realizar próximamente una visita in loco a ese país.
La CIDH seguirá observando con atención la evolución de los acontecimientos en El Salvador y confía en que las partes darán estricto cumplimiento a lo que disponga el Informe de la Comisión de la Verdad, que será dado a conocer el día 15 del corriente mes, así como a las obligaciones que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás acuerdos que aún no se hubieren cumplido.
La Comisión se permite reiterar que los acuerdos de carácter político celebrados entre las partes, no eximen, de ningún modo al Estado de las obligaciones y responsabilidades que éste ha asumido en virtud de la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de otros instrumentos internacionales sobre la materia.
Asimismo, la Presidencia de la Comisión recibió y aceptó una invitación del Gobierno del Brasil para realizar una visita a ese país.
Durante este período de sesiones la Comisión recibió en audiencia a representantes de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema de los derechos humanos. Se escucharon testimonios tanto con relación a la situación general de los derechos fundamentales en diferentes Estados, y con referencia a casos individuales actualmente en trámite en la Comisión.
La Comisión recibió en audiencia al Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, doctor Bernard Pallais, y al Representante Permanente de ese Estado miembro, Embajador José Antonio Tijerino. La CIDH tomó nota de los avances registrados en materia de promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Se expresó, sin embargo, la preocupación de la CIDH por el deterioro de la situación política y por la agudización de ciertas situaciones de violencia en Nicaragua. La Comisión consideró que la falta de esclarecimiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos, así como la profundización de una seria crisis institucional, contribuyen a ese deterioro.
Durante este período de sesiones la Comisión analizó con gran preocupación la situación negativa de los derechos humanos que se registra en Cuba, debido principalmente a las numerosas restricciones a que son sometidas las personas que, de alguna manera, discrepan del régimen político imperante en ese país. La Comisió_ consideró que es urgente iniciar cambios muy profundos en Cuba que permitan, en forma progresiva, la instauración de una auténtica democracia representativa que no existe en la actualidad. Una vez más la CIDH hace un llamado al Gobierno cubano a fin de que permita una auténtica libertad de expresión y el pleno restablecimiento del estado de derecho.
La CIDH expresó su reconocimiento y satisfacción por el acuerdo de solución amistosa concluído entre el Gobierno argentino y los peticionarios de trece casos con relación a personas que habían sido detenidas y puestas a disposición del Poder Ejecutivo durante el régimen militar que, en 1976, derrocó al Gobierno Constitucional. Mediante ese acuerdo el Gobierno argentino compensó pecuniariamente a los peticionarios a entera satisfacción de éstos. Cabe destacar, una vez más, que este es el primer acuerdo de solución amistosa que se celebra desde que se estableció la Comisión en 1959.
La Comisión se dirigió al Gobierno argentino solicitándole medidas cautelares con relación a menores nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar.
La Comisión aprobó un informe en el cual hace un llamado al Gobierno de los Estados Unidos a fin de que reexamine, como cuestión urgente, la práctica de interceptar en alta mar embarcaciones de ciudadanos haitianos con destino a los Estados Unidos, quienes son llevados de regreso a Haití sin tener oportunidad de demostrar si califican como refugiados de acuerdo con el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, o como asilados de conformidad con la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión solicitó asimismo al Gobierno de los Estados Unidos que no proceda a repatriar a los ciudadanos haitianos que ya se encuentran en territorio estadounidense sin una determinación previa acerca de si califican o no como refugiados de conformidad con el instrumento antes mencionado.
La Comisión continuó la consideración de algunos de los aspectos que se incluirían en el proyecto de instrumento jurídico interamericano sobre los derechos de las poblaciones indígenas. Con referencia a este asunto se aprobó un documento que contiene un resumen de los comentarios presentados por once Estados miembros y por varias organizaciones intergubernamentales e indígenas, según el cuestionario que elaboró la Comisión. La CIDH ha iniciado la preparación del primer borrador sobre los derechos de las poblaciones indígenas.
Finalmente la Comisión decidió celebrar su próximo período ordinario de sesiones en octubre del corriente año.
Washington, D.C. 12 de marzo de 1993
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