COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 3/92

 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento con profunda preocupación sobre la ruptura de la institucionalidad democrática en el Perú.  La Comisión ha señalado reiteradamente que el régimen democrático es la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos, un resultado del ejercicio de los derechos políticos y una manifestación de la soberanía popular, habiéndolo manifestado así a las autoridades peruanas en el curso de la visita in situ que realizara al Perú en octubre del año pasado.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera hoy tal afirmación con la mayor firmeza.

 

            La Comisión Interamericana observa que, junto con la disolución del Parlamento, el Gobierno ha intervenido el Poder Judicial y suspendido los artículos de la Constitución Nacional que no sean compatibles con los objetivos de Gobierno.  Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ve obligada a señalar que el Estado peruano, como parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene el deber internacional de  conformar sus acciones a las normas de dicho tratado, respetando los derechos en ella reconocidos y proporcionando a los habitantes de ese país los recursos judiciales necesarios para garantizar el ejercicio de tales derechos.  También debe señalar que en el régimen de la Convención no puede ser suspendido el ejercicio de los derechos políticos.

 

            La Comisión Interamericana seguirá observando la forma en que evolucione la situación en Perú y espera que el Gobierno atienda el llamado del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y proceda a restablecer de inmediato la absoluta vigencia de las instituciones democráticas y el pleno respeto a los derechos humanos.

 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha dirigido al Gobierno del Perú a fin de que se esclarezca la situación de algunas personas que permanecen bajo arresto domiciliario y se informe sobre el paradero de otras que han sido detenidas por las Fuerzas de Seguridad sin que, hasta la fecha, se conozca su destino por lo cual se encuentran en calidad de desaparecidos.  Asimismo, ha dirigido un cable solicitando información sobre noticias alarmantes que dan cuenta de hechos ocurridos en el establecimiento penal "Miguel Castro Castro".  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea expresar que espera un pronto y total restablecimiento de los derechos humanos cuyo ejercicio ha sido suspendido por las autoridades del Perú y reitera la necesidad de que el Gobierno la autorice a realizar una pronta visita de seguimiento a ese país.

 

Washington, D.C., 8 de abril de 1992

 

                                                    COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 4/92

 

            El lunes 27 de abril de 1992 se inicia la visita que, por invitación del Gobierno de Nicaragua, realiza una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de observar la situación de tales derechos en el país.  La visita se extenderá hasta el día jueves 30 de abril y en ella participan el doctor Marco Tulio Bruni Celli, Presidente de la Comisión y los miembros señor Oliver Jackman y doctor Alvaro Tirado Mejía.  La Comisión estará asistida durante su visita por la Secretaria Ejecutiva, Dra. Edith Márquez Rodríguez, los abogados de la Secretaría Ejecutiva Luis F. Jiménez y Marcela Briceño-Donn.  Asimismo, contará con el apoyo administrativo de la señora Rosario McIntyre.  La misión de la Comisión Interamericana estará alojada en el Hotel Camino Real.

 

            Durante su estadía en Nicaragua, La Comisión se entrevistará con autoridades del Gobierno y de las instituciones del Estado nicaragüense, con representantes de organismos de defensa y promoción de los derechos humanos, con personas y miembros de instituciones representativas del quehacer nicaragüense y con quienes consideren que hayan sido afectados en sus derechos fundamentales y deseen presentar sus casos ante la Comisión Interamericana.  Con el objeto de que estas personas puedan realizar tales presentaciones, la Comisión recibirá en el Hotel Camino Real (102), el día miércoles 29, de 08:00 a 19:00 horas.

 

            La Comisión ha considerado necesario trasladarse a diferentes lugares del país, por lo cual está previsto que dos subcomisiones viajen, una a Puerto Cabezas, en la Costa Atlántica y otra a Matagalpa, el día miércoles 29 de abril.  Mientras tanto, otra subcomisión permanecerá en Managua.

 

            La visita de la Comisión Interamericana se realiza en el marco de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional en el cual es parte el Estado nicaragüense, y de conformidad con lo dispuesto por las normas reglamentarias de la Comisión, de acuerdo con las cuales el Gobierno de Nicaragua se ha comprometido a otorgar todas las garantías a las personas, grupos, entidades e instituciones que deseen entrevistarse con la Comisión, así como de prestar todas las facilidades que la Comisión requiera para cumplir con su tarea de observar la situación de los derechos humanos en el país.

 

            Al término de la visita, la Comisión celebrará una conferencia de prensa en la hora y lugar que oportunamente serán señalados, el jueves 30 de abril próximo.

 

 

Managua, 27 de abril de 1992

 

                                                    COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 5/92

 

            1.         El día de hoy, 30 de abril de 1992, finaliza la visita que, por invitación del Gobierno de Nicaragua, ha realizado una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de observar la situación de tales derechos en el país.  La visita fue realizada por el doctor Marco Tulio Bruni Celli, Presidente de la Comisión y los miembros Embajador Oliver Jackman y doctor Alvaro Tirado Mejía.  La Comisión estuvo asistida durante su visita por la Secretaria Ejecutiva, Dra. Edith Márquez Rodríguez y los abogados de la Secretaría Ejecutiva Luis F. Jiménez y Marcela Briceño-Donn.  Asimismo, contó con el apoyo administrativo de la señora Rosario McIntyre.

 

            2.         La Comisión Interamericana se reunió con la Señora Presidenta de la República, Doña Violeta Barrios de Chamorro; el Dr. Virgilio Godoy, Vicepresidente de la República; el Señor Ministro del Exterior, Ing. Ernesto Leal; el Señor Ministro de la Presidencia, Ing. Antonio Lacayo; el Señor Ministro de Gobernación, Lic. Alfredo Mendieta; el Señor Procurador General, Dr. Guillermo Vargas Sandino; el Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. Alfredo César; los Señores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional; el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Orlando Trejos S.; el Señor Comandante en Jefe del Ejército Popular Sandinista, Gral. Humberto Ortega; el Señor Jefe de la Policía Nacional, Comandante René Vivas; y el Señor Director del Instituto Nicaragüense de Desarrollo de las Regiones Autónomas, Dr. Brooklin Rivera.

 

            3.         También tuvo ocasión la Comisión Interamericana de reunirse con Su Eminencia el Cardenal Obando Bravo.  Asimismo, numerosas personas se acercaron a las Oficinas de la Comisión a plantear sus quejas, que serán oportunamente tramitadas, de acuerdo con las normas convencionales y reglamentarias que rigen los trabajos de la CIDH.

 

            4.         Durante su permanencia en Managua, la Comisión se reunió con instituciones de defensa de los derechos humanos: la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH).  La Comisión Interamericana recibió, asimismo, a personas y miembros de instituciones representativas de la sociedad nicaragüense, entre las que cabe destacar el Movimiento Civilista, la Asociación Cívica Resistencia Nicaragüense, la Asociación Nacional de Confiscados, entre otras.

 

            5.         Estando en el país, una subcomisión de la CIDH viajó a Puerto Cabezas, en la Costa Atlántica, el día miércoles 29 de abril.  Allí, la delegación, conformada por los Dres. Alvaro Tirado Mejía y Luis F. Jiménez, se reunió con las autoridades y con las instituciones y personas naturales interesadas en plantear su situación y apreciaciones respecto al contexto de los derechos humanos en su región.  También se desplazó una delegación, conformada por el Embajador Oliver Jackman y la Dra. Edith Márquez Rodríguez, a la Cárcel de Tipitapa, donde se entrevistaron con el Director del centro de reclusión, recorrieron sus instalaciones, y tuvieron ocasión de dialogar con los procesados por el homicidio del Sr. Pedro Joaquín Chamorro, en relación con quienes la CIDH tiene un caso en trámite. La Comisión había previsto igualmente un desplazamiento a la localidad de Matagalpa, pero por razones de fuerza mayor, la visita tuvo que ser suspendida.

 

            6.         La Comisión ha encontrado consenso entre las personas con que se ha entrevistado sobre la existencia de una sustancial mejoría de la situación de los derechos civiles y políticos desde la finalización del conflicto armado y la instalación del actual Gobierno.  La Comisión ha podido recibir de manera directa las manifestaciones de las altas autoridades del Gobierno sobre su decidida voluntad de consolidar y profundizar el respeto a los derechos humanos, creando una cultura de los derechos fundamentales en el país, y fortaleciendo el estado de derecho.

 

            7.         La Comisión ha encontrado asimismo consenso sobre la deficiente situación por la que atraviesan los derechos económicos, sociales y culturales, debido a la aguda crisis económica que afecta al país.

 

            8.         Tal como señalara la Comisión en su Informe Anual de 1990, la recuperación de las armas en poder de la población civil, ha sido y continúa siendo uno de los problemas de más difícil solución y que crea condiciones que afectan negativamente los derechos de las personas.  Esta situación, sumada al alegado incumplimiento de compromisos adquiridos para facilitar la desmovilización de los miembros de la Resistencia y la reducción de las fuerzas armadas, ha generado graves tensiones sociales que amenazan la paz y puede tener graves derivaciones para el goce pleno de los derechos de los habitantes del país.

 

            9.         La Comisión recibió abundante información sobre la compleja situación existente en relación con el derecho de propiedad, como consecuencia de la inseguridad creada por las normas legales expedidas en diferentes períodos a este respecto.  La Comisión considera que resulta imprescindible resolver este importante asunto dentro del marco jurídico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Nicaragua es Estado parte, y que ha sido incorporada al ordenamiento constitucional nicaragüense.  La Comisión ha recibido numerosas evidencias en relación con este problema, y estima que esta situación, sumada al desarme incompleto al que arriba se ha hecho referencia, puede afectar negativamente la observancia del estado de derecho y crear una falta de confianza de la ciudadanía frente a las autoridades, por lo cual la Comisión continuará observando con la mayor atención la forma en que evolucione la situación.  Ello es motivo de profunda preocupación para la CIDH, que seguirá con especial interés el trámite de los numerosos casos individuales puestos a su consideración.

 

            10.       La Comisión debe señalar también que ha escuchado con preocupación informaciones referidas a la desprotección de la ciudadanía frente a actos vandálicos de grupos que no han sido controlados por las fuerzas de seguridad.  Motivo de especial consideración han sido los actos perpetrados contra Radio Corporación en dos oportunidades, sin que la Policía Nacional haya intervenido para evitar tales atentados.

 

            11.       Respecto a la situación de casos individuales, la Comisión manifestó al Gobierno de Nicaragua su preocupación por la resolución de algunos casos específicos en trámite que ocupan su atención, y espera obtener una pronta y satisfactoria respuesta respecto de los mismos, en cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos por Nicaragua al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y como un corolario necesario de las expresiones de buena voluntad y espíritu de cooperación expresados por las autoridades.

 

            12.       Durante su estadía en Nicaragua, también recibió la Comisión información respecto a la proyectada creación de una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.  Desea señalar la CIDH la importancia de que esta institución goce de la independencia requerida para el correcto cumplimiento de las tareas encomendadas a una institución de tal naturaleza; ya que de lo contrario su eficacia no respondería a las expectativas existentes.  Por lo tanto, la designación del Procurador y los aspectos relativos al funcionamiento práctico de la institución, deben ser cuidadosamente evaluados, a fin de ofrecer a la ciudadanía una verdadera herramienta de protección de sus derechos fundamentales.

 

            13.       La Comisión desea señalar que el Gobierno de Nicaragua puede contar con el decidido apoyo y cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la consolidación del pleno respeto a los derechos fundamentales en el país.  La Comisión debe reiterar asimismo su convencimiento de que el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales debe ser un aspecto central de las políticas gubernamentales y constituye un factor esencial en el desarrollo pleno de la democracia.

 

            14.       Esta visita de la Comisión Interamericana ha sido precedida por una anterior, realizada del 23 de julio al 3 de agosto de 1991 por parte de un funcionario de la Secretaría Ejecutiva, y es complementada con la tramitación de casos individuales que han merecido especial atención por parte de la Comisión.  Los intensos contactos realizados durante esta visita han permitido a la Comisión Interamericana tomar contacto con la situación de los derechos humanos en Nicaragua y ha servido para recopilar valiosa información que será de gran utilidad para el posterior desarrollo de sus actividades.

 

Managua, 30 de abril de 1992

 

                                                    COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 6/92

 

            Por invitación del Gobierno de Colombia, durante los días 4 al 8 de mayo próximo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realiza una visita de observación "in loco" en la República de Colombia.  Participan en la misma, el Dr. Oscar Luján Fappiano, Vicepresidente de la CIDH, quien preside la Comisión Especial y los miembros Dres. Michael Reisman y Leo Valladares Lanza.  Asimismo, viajan del personal de la Secretaría Ejecutiva el Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, el Dr. Manuel Velasco Clark, encargado de los asuntos de Colombia, el Dr. Osvaldo Kreimer y las funcionarias administrativas Sras. Gabriela Hageman y Nora Anderson.

 

            El Gobierno de Colombia al formular la invitación a la Comisión para efectuar esta visita "in loco", ha dado amplias seguridades que dispondrá de libertad irrestricta para visitar el país y poder entrevistar a todas las personas e instituciones que la Comisión  estime necesarias.  Asimismo, ha ofrecido las garantías que las personas e instituciones que deseen comunicarse con la Comisión podrán hacerlo sin obstáculos de ninguna clase.  La Comisión Especial de la CIDH se alojará y tendrá oficinas en el Hotel Tequendama de la ciudad de Santafé de Bogotá.  Durante su permanencia en Colombia, la Comisión sostendrá entrevistas y audiencias con autoridades de los sectores gubernamental, legislativo, judicial, militar, religioso, laboral, indígena y campesino; así como con entidades y personas representativas de los diferentes grupos no gubernamentales de derechos humanos que han presentado denuncias sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y con representantes y familiares de las alegadas víctimas.  La Comisión Especial visitará igualmente algunas ciudades fuera de la capital de la República.

 

 

 

 

Santafé de Bogotá, 4 de mayo de 1992

 

                                                    COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 7/92

 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido en el día hoy viernes 8 de mayo de 1992, la visita de observación "in loco" que, por invitación del Gobierno de Colombia, realizó desde el día 4 del presente mes.

 

            Durante su permanencia en territorio colombiano, la Comisión ha sostenido entrevistas con el señor Presidente de la República, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Congreso, Ministra de Relaciones Exteriores, Ministro de Gobierno, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ministro de Defensa Nacional, Comandante General de las Fuerzas Militares, Fiscal General de la Nación, Sub-Director de Instrucción Criminal, Jefe del DAS,  Presidente del Consejo de Estado, Presidente de la Corte Constitucional, Procurador General de la Nación, Procuradores Delegados para la Defensa de los Derechos Humanos, para la Policía Nacional, y para las Fuerzas Militares, Defensor del Pueblo, Consejeros Presidenciales para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, para la Paz, Asuntos de Seguridad y la Política Social.

 

            Fuera de la capital de la República, la Comisión Especial de la CIDH se entrevistó en el Departamento de Santander, en la ciudad de Barrancabermeja, con el Alcalde, el Personero y el Procurador Provisional de dicha ciudad.  Igualmente, en su visita al Departamento de Antioquia, la Comisión Especial se entrevistó en Medellín con los Procuradores Departamental y Provincial, el Personero, el Alcalde de dicha ciudad, el Gobernador del Departamento de Antioquia y la Consejera Presidencial para Medellín.  Tanto en las ciudades de Barrancabermeja como de Medellín, la Comisión Especial instaló sendas oficinas para la recepción de denuncias y audiencias con los organismos no gubernamentales de derechos humanos.

 

            También la Comisión ha sostenido reuniones con representantes de diversas instituciones no gubernamentales de derechos humanos, de la Iglesia, del periodismo, humanitarias, laborales, sindicales, indígenas, campesinas, profesionales y otras, de todas las cuales recibió su importante aporte acerca de los hechos materia de la presente visita.

 

            La Comisión se siente alentada y ve con satisfacción los desarrollos positivos que han ocurrido en el país.  El Gobierno, en todos los niveles, incluyendo la Presidencia, ha reconocido el carácter grave y amplio de muchos patrones de violaciones de los derechos humanos en Colombia.  Se han ordenado estudios para proveer informaciones factuales y se han creado programas muy prometedores.

 

            La Comisión Especial ha notado en particular el establecimiento de la Defensoría del Pueblo y la creación de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura así como varias oficinas especializadas en los derechos humanos en distintos Ministerios del Gobierno.  También se han desarrollado nuevos procedimientos y éstos reflejan una mayor sensibilidad a la problemática de los derechos humanos de parte del Gobierno.

 

            El Gobierno mismo reconoce que muchos de estos cambios sólo recientemente se han iniciado.  Si culminarán en una mejoría significante a la situación de los derechos humanos queda por verse.   Mientras tanto, como las cifras estadísticas tanto del Gobierno como de los organismos no gubernamentales indican, y como las autoridades han confirmado, la violencia en general y los homicidios siguen en niveles alarmantes. En algunos de éstos los responsables son la guerrilla, los grupos paramilitares y los narcotraficantes, pero muchos son atribuibles a agentes del Gobierno.  Los procesamientos y las condenas de los agentes del Gobierno responsables por dicha violencia siguen siendo muy reducidos, contribuyendo a esta imagen la ausencia de publicación de las sanciones impuestas en los asuntos resueltos.  Se ha destacado, asimismo, la lentitud con que se tramitan los procesos penales o disciplinarios correspondientes.

 

            La Comisión Especial recibió testimonios y recogió evidencias considerables en las siguientes áreas generales:  a) alegaciones de violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto armado por grupos militarizados recientemente formados y también por grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares, algunos de los cuales, se alega, actúan en colaboración o con la aquiescencia del Ejército, b) informes de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, c) acusaciones de que agentes del Gobierno han hecho amenazas y cometido asesinatos de dirigentes sindicales, periodistas, profesionales y promotores de derechos humanos, d) alegaciones de violaciones al derecho del debido proceso y el uso de procedimientos cuestionables por los llamados Tribunales de Orden Público, e) informes por parte de diversos grupos de la llamada práctica de "limpieza social", o sea de homicidios de prostitutas, gamines, recicladores, vagabundos, mendigos y homosexuales y la práctica desconcertante de aplicar el estereotipo de "delincuente" a los varones adolescentes, f) informaciones sobre la reintegración exitosa de grupos de ex guerrilleros, pero al mismo tiempo se han recibido alegaciones que algunos compromisos contenidos en los acuerdos de paz todavía no se han cumplido, g) informaciones cuantiosas acerca de ciudadanos mayormente campesinos, que al huir de las zonas conflictivas, se han convertido en personas desplazadas y refugiados internos, y h) solicitudes de urgente protección y asistencia a víctimas de actos de terrorismo.

           

            La Comisión Especial no puede adelantar de acuerdo con su Reglamento, ningún juicio ni opinión sustantiva en cuanto a los citados hechos materia de esta investigación.  Ella rendirá su informe al pleno de la Comisión que se reunirá en Washington durante el curso de su 82º período de sesiones en el mes de septiembre y, tomando en consideración la valiosa información recogida durante la observación "in loco", los documentos e informaciones que le han sido proporcionados, así como las otras fuentes de que dispone, tomará las decisiones que considere más convenientes de acuerdo con las facultades de que está investida.

 

            La Comisión desea reconocer las facilidades que le brindó el Gobierno para el cumplimiento de su misión y agradece a las autoridades, a las personas que contribuyeron aportando sus valiosos testimonios, y a las distintas instituciones representativas de la comunidad colombiana entrevistadas, la cooperación, facilidades y hospitalidad que le brindaron.

 

 

Santafé de Bogotá, 8 de mayo de 1992

 

 

                                                    COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 8/92

 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento con profunda consternación sobre el atentado ejecutado en el distrito de Miraflores, Lima, Perú, el 16 de julio pasado que ha dejado como saldo más de veinte muertos, muy numerosos heridos y cuantiosos daños materiales.  Según la información recibida por la Comisión, tal atentado habría sido acompañado de otros atentados en diversos sectores de las ciudades de Lima y Callao y también se habría ejecutado junto con ataques a puestos policiales, acciones que han continuado en los días posteriores.

 

            La Comisión se siente en la necesidad de reiterar nuevamente en esta ocasión, su más enérgica condena a este tipo de acciones criminales que siembran el sufrimiento y la destrucción entre la población y que provocan un estado de terror absolutamente inaceptable.  La Comisión Interamericana ratifica los conceptos vertidos en su comunicado de prensa del 31 de octubre de 1991 cuando señaló que ninguna persona, grupo o Estado puede actuar de manera que lleve a lesionar los derechos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

            La Comisión insiste, asimismo, en la invocación formulada por su Presidente, luego de su visita al Perú del 11 y 12 de mayo pasado, cuando señaló que encontraba imprescindible realizar el más enérgico de los llamados para que se termine con la violencia como forma de dirimir conflictos sociales y, de manera especial, que se elimine todo medio que pueda causar el terror y la intimidación, particularmente el uso de armas y explosivos que, por sus efectos indiscriminados, tienen un doloroso y gravísimo costo sobre toda la población, en especial la población civil.

 

    La Comisión Interamericana continuará observando con particular atención la forma en que evolucione la situación en el Perú en materia de derechos humanos y espera que los peruanos puedan superar las situaciones de violencia que los afectan y restaurar en el más breve plazo las instituciones de una auténtica democracia representativa que, como lo ha señalado repetidamente la Comisión, son la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos.

 

 

 

 

Washington, D.C., 22 de julio de 1992

 

                                                    COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 9/92

 

            El 2 de octubre de 1992 concluyó el 82º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que participaron su Presidente, Marco Tulio Bruni Celli; el Primer Vicepresidente, Oscar Luján Fappiano; el Segundo Vicepresidente, Michael Reisman; y los miembros, Patrick Robinson, Oliver Jackman, Leo Valladares Lanza y Alvaro Tirado Mejía.

 

            En el curso de este período de sesiones, la Comisión recibió en audiencia a representantes de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema de los derechos humanos, bien en relación con la situación general de los derechos fundamentales en diferentes Estados, así como con casos individuales actualmente en trámite ante la Comisión.

 

            En relación con Guatemala, la Comisión concedió audiencias a peticionarios en casos individuales; recibió a su Embajador Representante Permanente ante la OEA, quien proporcionó información general respecto a la compleja situación de los derechos humanos; decidió realizar una visita in loco del 2 al 6 de noviembre próximo y solicitó al Gobierno, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento, que adopte medidas cautelares de carácter urgente tendientes a salvaguardar la vida, seguridad e integridad personal de parientes de la señora Maritza Urrutia.

 

            La CIDH examinó detenidamente las útlimas informaciones relativas a la situación de los derechos humanos en Haití y recibió la visita del Alcalde de Puerto Príncipe, señor Evans Paul, quien informó a la CIDH acerca de los últimos acontecimientos en su país.  Además la Comisión decidió solicitar a las autoridades la anuencia para visitar el país.  Se realizaría una primera visita en el mes de diciembre de 1992 con carácter exploratorio y posteriormente una visita in loco durante el mes de enero de 1993, a fin de observar la grave situación que viene confrontando Haití desde el golpe de Estado del 30 se septiembre de 1991 contra el Presidente Jean Bertrand Aristide.  Los resultados de esas acciones de la Comisión serán hechos públicos oportunamente y se podrán en conocimiento de los señores Ministros de Relaciones Exteriores, a través del Consejo Permanente, de acuerdo con la solicitud formulada en la Resolución MRE/RES. 3/92.

 

            La Comisión recibió y prestó especial consideración a los informes relativos a las visitas in loco a Nicaragua, Colombia y Perú, realizadas en el curso de este año.

 

            En cuanto a Nicaragua, la CIDH estudió el informe preparado por la Subcomisión que realizó una visita in loco a ese país en el mes de abril y también recibió en audiencia a representantes de organismos de derechos humanos, así como al señor Embajador Representante Permanente de Nicaragua ante la OEA, quienes proporcionaron información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas por el Gobierno a fin de mejorar la situación de los derechos humanos, respectivamente.

 

            Por lo que se refiere a Perú, la Comisión consideró los resultados de las visitas realizadas en el curso del año por el Presidente y la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.  Igualmente recibió el testimonio de personas e instituciones vinculadas con la situación de los derechos humanos y analizó el estado actual de tales derechos a la luz de los acontecimientos registrados desde el anterior período de sesiones.  La Comisión decidió dirigirse al Gobierno peruano haciéndole planteamientos específicos respecto a la situación de personas que consideran que sus derechos han sido vulnerados o puestos en situación de peligro.

 

            La Comisión recibió y estudió el informe sobre la visita in loco realizada a Colombia en el mes de mayo de 1992.  Con respecto a dicho país, la Comisión recibió al Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y al Embajador Representante Permanente ante la OEA, quienes informaron detalladamente respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno a fin de subsanar los problemas que confronta el país en esta materia.  Igualmente tuvo oportunidad de recibir testimonios de peticionarios y de organizaciones no gubernamentales sobre casos individuales en trámite y sobre la situación general de los derechos humanos en el país.

 

            La Comisión estudió la evolución de la situación política en El Salvador, a la luz de los históricos Acuerdos suscritos entre las partes en conflicto y decidió seguir observando con atención los resultados de la implementación de tales Acuerdos.  Especial interés se otorgó al análisis de los alcances del mandato y de los trabajos en curso que adelanta la Comisión de la Verdad.  La CIDH confía que, gracias a las manifestaciones de voluntad de las partes y del pueblo de El Salvador en general, en un futuro cercano se logre la consolidación de la paz y la democracia, dentro de un marco de respeto pleno a los derechos y garantías fundamentales de las personas.

 

            En este período de sesiones, la Comisión recibió a representantes del Gobierno de Honduras y de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, quienes proporcionaron información sobre la situación de los derechos humanos en ese país, así como elementos referidos a los distintos casos en trámite que cursan en la Comisión.

 

            Con respecto a la preparación del instrumento interamericano sobre derechos de los pueblos indígenas, la Comisión tomó conocimiento de respuestas a la primera consulta, en la que varios de los Gobiernos de los Estados miembros y entidades indígenas manifestaron su parecer sobre los derechos y enfoques que dicho instrumento debería considerar.  La Comisión está preparando una síntesis de todas las respuestas que reciba, que incluirá en su próximo Informe Anual.

 

            En el curso de este período de sesiones, la Comisión fue gratamente informada de la decisión del Gobierno de Brasil de ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  El señor Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Dr. Celso Lafer, en representación de su Gobierno depositó el documento de adhesión, que constituye sin duda alguna, un importante aporte al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, y merece un especial reconocimiento.  La Comisión espera que el ejemplo de Brasil sea seguido por aquellos Estados que aún no han ratificado la Convención, y confía que en el mismo sentido se manifieste esa voluntad frente a los demás instrumentos interamericanos sobre la materia.

 

            Un hecho que merece especial mención, por la trascendencia que reviste para el desarrollo progresivo del sistema internacional de protección de los derechos humanos, es el acuerdo de solución amistosa a que se llegó entre el Gobierno de la República Argentina y los peticionarios, en los casos 10288, 10310, 10436, 10496 y 10771, relativos a la reparación patrimonial a los detenidos durante la dictadura militar.

 

            El día jueves 1º de octubre, la Comisión recibió la visita de cortesía del Canciller de la República de Venezuela, señor Fernando Ochoa Antich, quien estuvo acompañado en ese acto por el Embajador Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos, y por el Director General Sectorial de Política Internacional.  El Canciller manifestó a la Comisión la voluntad de cooperación del Gobierno venezolano e informó sobre la situación general de los derechos humanos en su país.

 

            Finalmente, la Comisión decidió que su próximo período de sesiones tendrá lugar entre el 1 y el 12 de marzo de 1993, y el período previo de audiencias se realiza_á entre el 24 y el 26 de febrero.

 

 

Washington, D.C., 2 de octubre de 1992

 

                                                    COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Nº 10/92

 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento, con profunda preocupación, sobre la posibilidad de que el Perú proceda a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  La denuncia del Pacto de San José constituiría un hecho sin precedentes en el hemisferio ya que sería el primer Estado en adoptar tal medida que, en sí misma, es contradictoria con la corriente de consolidación del régimen democrático que se sustenta sobre la plena vigencia de los derechos civiles y políticos reconocidos por la Convención y que es uno de los postulados básicos en que se asienta el sistema interamericano.

 

            La Convención Americana sobre Derechos Humanos, asimismo, representa un importante avance realizado con miras a garantizar los derechos de los habitantes de América, que han sido a menudo vulnerados y, en ese sentido, debe ser fortalecido.  El reciente ejemplo de Estados democráticos del hemisferio que se han incorporado plenamente al régimen de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye un aliciente para continuar trabajando en el fortalecimiento del sistema americano de protección de los derechos humanos y la Comisión Interamericana espera que tal empeño contará con la colaboración de todos los Estados partes en el Pacto de San José.

 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe señalar que la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de Perú no relevará a ese país de sus obligaciones en materia de derechos humanos ya que continuará sometido a la jurisdicción de la Comisión en virtud de los postulados de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que son aplicables a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

 

 

Washington, D.C., 27 de octubre de 1992

                                                    COMUNICADO DE PRENSA

 

Nº 11/92

 

            El lunes 2 de noviembre de 1992 se inicia la visita in loco, que por invitación del Gobierno de Guatemala realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de observar la situación general de los derechos humanos en este país.  La visita se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre y participan en ella el Dr. Marco Tulio Bruni Celli, Presidente de la Comisión, y los doctores Leo Valladares Lanza, Alvaro Tirado Mejía y Patrick L. Robinson.

 

            La Comisión estará asistida durante su visita por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, doctora Edith Márquez Rodríguez, el doctor David Padilla y el doctor Jorge Seall-Sasiain.  Asimismo, contará con el apoyo administrativo de las señoras María Julia Meyer y Rosario McIntyre.

 

            La Comisión estará alojada en el Hotel El Dorado de la Ciudad de Guatemala. Durante su observación in loco la CIDH se entrevistará con autoridades del Gobierno y de instituciones oficiales, con representantes de organismos de defensa y promoción de los derechos humanos, con personas y miembros de instituciones representativas y con quienes consideren que hayan sido afectados en sus derechos humanos y deseen presentar denuncias ante la Comisión.  Con el objeto de que estas personas puedan realizar dichas denuncias, la CIDH recibirá en el Hotel El Dorado los días martes 3 y miércoles 4 de 9:00 a 16:00 horas.

 

            La Comisión se trasladará al interior del país, para lo cual dos subcomisiones se desplazarán el día jueves 5 de noviembre.  Una observará in situ las Comunidades de Poblaciones en Resistencia (CPR) y el Municipio de San Pedro Jocopilas, en el Departamento de El Quiché, y la otra visitará Santiago Atitlán, en el Departamento de Sololá, Santa Cruz de El Quiché en el Departamento de El Quiché, y Aldea Guaxana, Municipio de Nentón en el Departamento de Huehuetenango.

 

            La visita de la CIDH se realiza en el marco de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional del cual es parte el Estado guatemalteco, y de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto y Reglamento de la Comisión.  De acuerdo con dichos instrumentos, el Gobierno de Guatemala se ha comprometido a otorgar todas las garantías a las personas, grupos, entidades e instituciones que deseen entrevistarse con la Comisión, así como de prestar todas las facilidades que ésta requiera para cumplir con su tarea de observar la situación general de los derechos humanos en el país (artículos 58 y 59 del Reglamento de la Comisión).

 

            Al término de la visita, la Comisión convocará a una conferencia de prensa en el hotel El Dorado el día viernes 6 de noviembre en horas de la tarde.

 

Ciudad de Guatemala, 1º de noviembre de 1992