Proyecto conjunto CIDH - UNFPA

La situación de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica

CUESTIONARIO

INTRODUCCIÓN

El presente cuestionario, de naturaleza subregional, ha sido preparado como parte del plan de ejecución del proyecto sobre la situación de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica (México y Centroamérica), con  especial énfasis en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Este proyecto hace parte de las actividades de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se realiza en conjunto con UNFPA.  Se busca diagnosticar los mayores logros y desafíos de los Estados respecto de la respuesta de la administración de justicia, y sus distintas instancias, a las denuncias y casos de violencia sexual.

La CIDH y su Relatoría sobre Derechos de las Mujeres prestan atención específica a los derechos humanos de las mujeres y a la equidad e igualdad de género.  Desde su establecimiento en el año 1994, esta Relatoría ha desempeñado una función vital en la tarea de la CIDH de proteger los derechos de las mujeres mediante la publicación de estudios temáticos, la asistencia en la formulación de nueva jurisprudencia en esta materia dentro del sistema de casos individuales y el apoyo a la investigación de amplios temas que afectan a los derechos de las mujeres en países específicos de la región, mediante visitas a los países y la publicación de informes de países. 

Considerando que la CIDH adoptó en el 2007 un informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, este informe temático de CIDH-UNFPA se concretará a los hallazgos en Mesoamérica, con especial referencia a los países mencionados, refiriéndose especialmente a las áreas de investigación, juzgamiento y sanción de la violencia sexual, así como al tratamiento a mujeres víctimas de esta violencia.

Parte de la información para el diagnóstico se obtendrá a partir de este cuestionario especializado que será respondido por los Estados Miembros de la OEA, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales y expertos/as sobre el tema. La información se sistematizará y se complementará con fuentes  secundarias  y documentación existente sobre el problema de la violencia sexual, y el acceso a la justicia de las mujeres en la región Mesoamericana.

 Las respuestas al presente cuestionario serán de conocimiento público y se colgarán en la página web de la CIDH.  Las mismas deben enviarse a más tardar el día 19 de mayo de 2011 a la siguiente dirección:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Organización de los Estados Americanos

Washington. D.C. 20006

cidhdenuncias@oas.org

SOBRE LA INFORMACION SOLICITADA EN EL CUESTIONARIO

El cuestionario procura información de tipo cuantitativa y cualitativa sobre la investigación, el juzgamiento y la sanción de los casos de violencia sexual perpetrados contra las mujeres de distintas edades, razas, etnias y condiciones socioeconómicas.  También solicita información sobre el tratamiento de las víctimas de violencia sexual por funcionarios públicos cuando intentan acceder a instancias de protección judicial incluyendo fiscales, policías, jueces, abogados de oficio, funcionarios administrativos y profesionales de medicina forense, entre otros. También procura obtener información sobre buenas prácticas en el procesamiento de casos y denuncias de violencia sexual y el tratamiento de las víctimas por instancias judiciales de protección y funcionarios de la administración de la justicia.

Para los efectos de lograr insumos acordes con la investigación que se realiza, procederemos a establecer algunos conceptos básicos cuyos contenidos responden a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

Se define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público, como en el privado.   Incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.[1]

Se define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión y/o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera[2].

Se define administración de justicia de manera amplia, que incluye el poder judicial, la policía, los servicios de medicina forense, localizados en zonas urbanas y/o rurales, con competencia  nacional y/o local. También incluye sistemas de justicia tradicionales y alternativos.[3]

Se define acceso a la justicia, como la existencia de facilidades para que todas las personas  sin discriminación alguna puedan gozar de todos los recursos y servicios que garanticen su seguridad, movilidad, comunicación y comprensión de los servicios judiciales, que garanticen una justicia pronta y cumplida[4].

El cuestionario consta de una primera parte que se refiere a la normativa nacional sobre la violencia  sexual y los derechos de las víctimas de violencia sexual. Aborda principalmente al componente formal normativo.

La segunda parte procura información sobre los alcances de la estructura y la parte organizativa de la administración de justicia, enfatizándose la existencia o no de instancias especializadas, tipo de juzgados, competencia y materias, tipos de servicios  que se brindan a las víctimas, sean estos privados o públicos. Además, busca determinar la existencia de protocolos con los que se cuentan y articulaciones / coordinaciones interinstitucionales existentes.

La tercera parte aborda la investigación. Dentro de este apartado se analiza el tratamiento que se brinda a la denuncia, el interrogatorio, la prueba, el proceso, las medidas de protección de las víctimas, y la reparación y atención que se les da.

La cuarta parte alude exclusivamente a las buenas prácticas relacionadas con la difusión de los derechos, instancias especializadas, articulación de redes, políticas públicas, protocolos, peritajes y medición del riesgo, entre otros.

Como se observará, el cuestionario procura información general sobre el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual, pero también busca información específica sobre grupos en particular riesgo a violaciones de sus derechos, tales como niñas, mujeres indígenas, afrodescendientes, y migrantes.

CUESTIONARIO

Fecha:___________            Estado:_________________________

I.                   Normativa Nacional sobre Violencia Sexual y Derechos de Víctimas de Violencia Sexual

1.                  Leyes que regulan la violencia sexual

2.                  Tipos penales sobre violencia sexual

3.                  Cuáles delitos de violencia sexual son de acción pública y cuáles son de

acción privada

4.                  Regulaciones no penales sobre formas de violencia sexual

5.                  Normativa sobre derechos de las víctimas

6.                  ¿Existe normativa específica sobre violencia sexual contra mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, y niñas u otros grupos particulares de mujeres?

7.                  ¿Existe difusión apropiada (oportuna, comprensible, abarcativa, accesible, adaptada a la diversidad del público, etc.) sobre los derechos de las víctimas de violencia sexual y de sus familiares?

II.                   Estructura y organización

1.                  ¿Existen fiscalías  y juzgados especializados en violencia sexual contra las mujeres? ¿Cómo están distribuidos geográficamente?

2.                  ¿Existen fiscalías y juzgados especializados para mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y niñas, u otros grupos particulares de mujeres víctimas de violencia sexual?

3.                  ¿Cuáles son sus competencias específicas?

4.                  ¿Con qué recursos humanos, técnicos, tecnológicos, financieros y otros cuentan (por ejemplo, para la investigación)?

5.                  ¿Qué tipo de violencia sexual juzgan las autoridades indígenas?

6.                  ¿Existen otros tipos de instancias especializadas que faciliten el acceso a la justicia de estas poblaciones (indígenas, afrodescendientes, migrantes y niñas) tratándose de delitos de violencia sexual?

7.                  ¿Existen oficinas dentro del Sistema de Administración de Justicia que prestan servicios a mujeres víctimas de violencia sexual? Favor indicar cuáles de estos servicios prestados son gratuitos.

8.                  ¿Existen redes de atención para víctimas de violencia sexual, privadas o públicas, a las que la administración de justicia puede remitir a las mujeres víctimas de violencia sexual para su atención?

9.                  ¿Alguna de estas redes es específica o presta atención específica especializada tratándose de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, o niñas?

10.              ¿Existen políticas dentro de la administración de justicia para la atención especializada de víctimas de violencia sexual? ¿Algunas de ellas son específicas para mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes o niñas?

11.              ¿Existe difusión  apropiada (oportuna, comprensible, abarcativa, accesible, adaptada a la diversidad del público, etc.) sobre estos recursos mencionados anteriormente (juzgados, fiscalías, redes, etc)?  Explique.

12.              ¿Existen protocolos de recibo de denuncias, investigación, recopilación, custodia y valoración de prueba tratándose de delitos de violencia sexual contra mujeres?

13.              ¿Existen protocolos de atención a víctimas de violencia sexual? ¿Qué tipos y cómo se aplican? Alguno de estos protocolos son específicos para mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, o niñas?

14.              ¿Estos protocolos son de uso obligatorio?

15.              ¿Se capacita a los/as funcionarios relacionados con la administración de justicia sobre los contenidos  de estos protocolos? ¿Se aplican en la realidad?

16.              ¿Existe algún mecanismo para fiscalizar el uso adecuado de estos protocolos?

17.              ¿Tienen intérpretes y traductores para realizar interrogatorios cuando las víctimas lo requieren?

18.              ¿Existe presupuesto etiquetado (asignado) para brindar servicios a las víctimas de violencia sexual? ¿Qué porcentaje es del presupuesto institucional total?

19.              ¿Qué articulaciones o coordinaciones interinstitucionales se dan para una efectiva investigación de la violencia sexual? ¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr esa coordinación?

20.              ¿Cuál es el costo económico real que debe asumir una víctima para lograr el juzgamiento del responsable de violencia sexual?

21.              ¿Cómo se garantiza que la víctima esté informada durante todo el proceso?

22.              ¿Cuáles son los principales estereotipos y prejuicios presentes entre los operadores de justicia respecto de los procesos por violencia sexual?  Especifique tratándose de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, y niñas u otros grupos particulares de mujeres. ¿Se ha documentado la existencia de estos estereotipos o prejuicios? ¿Cómo?

23.              ¿Cuáles instituciones relacionadas con la investigación y administración de justicia tienen programas de formación relacionados a los derechos de las mujeres y al problema de la violencia sexual en general?

24.               ¿Cómo garantizan la incorporación de la perspectiva de género en estos servicios para las víctimas de violencia sexual? Indique criterios al respecto.

III.              Investigación

A.                 Tratamiento de la denuncia

1.                  Institución u oficina que recibe la denuncia por violencia sexual.

2.                  ¿Existe obligatoriedad del funcionario público que conoce sobre un hecho de violencia sexual para denunciar? ¿Cuáles son los criterios que gobiernan la obligación de denunciar?

3.                  ¿Cuáles son los pasos a seguir en la investigación de una denuncia por violencia sexual?

4.                  ¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentran cuando se investiga una denuncia por violencia sexual? Especifique tratándose de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, niñas u otros grupos de mujeres.

5.                  ¿Cómo se evita la revictimización secundaria en la investigación (aquélla que se deriva de las relaciones de la víctima con el sistema de administración de justicia)? Especifique tratándose de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, niñas, u otros grupos de mujeres.

6.                  ¿Existe personal especializado para recibir una denuncia por violencia sexual? ¿Esta especialización comprende atención a mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, o niñas?

7.                  ¿Cuál es la información que están obligados a proporcionar a  las víctimas cuando interponen su denuncia? ¿Se cumple con esta obligación? ¿Cuál es la información que se da en la práctica?

8.                  ¿Cuáles son los principales obstáculos para prestar una buena atención a las víctimas de violencia sexual? ¿Se ha documentado su existencia? ¿En caso negativo, tiene alguna información que de cuenta de la existencia de estos obstáculos?

9.                  ¿Cuáles prácticas existen que desincentivan a una mujer denunciante a continuar con su denuncia? ¿Se ha documentado la existencia de estas prácticas? ¿En caso negativo, existe alguna información que de cuenta de la existencia de estas prácticas?

10.              Indique el número de denuncias atendidas por violencia sexual en los últimos cinco años, el número de denuncias procesadas y el número de casos resueltos por la administración de justicia.

11.              Si tiene datos desagregados cumplimente los siguientes cuadros:

12.    ¿Existe otro tipo de normativa y procedimientos no penales, para la denuncia y abordaje de la violencia sexual (Ej. acoso sexual en el ámbito laboral o académico).  Especifique.

13.  ¿Existen cifras relacionadas a casos de violencia sexual que terminan en homicidio? Indíquelas.

14.  ¿Cuál es el tratamiento que da la administración de justicia a los casos de violencia sexual que terminan en homicidio?

15.  ¿Existen cifras, estadísticas, datos porcentuales u otros que dan cuenta de la magnitud de la violencia sexual en el país?

16.  ¿La administración de justicia cuenta con datos propios? Están desagregados por las condiciones particulares de la víctima? (edad, etnia, nacionalidad, otros)

B.                   Interrogatorio

1.                  ¿Cómo se garantiza la privacidad en el interrogatorio?

2.                  ¿Qué preguntas hacen a las víctimas de violencia sexual?

3.                  ¿Se hacen preguntas diferenciadas tratándose de violencia sexual en las relaciones de pareja?

4.                  ¿Existe personal especializado para los interrogatorios tratándose de mujeres víctimas indígenas,  afrodescendientes, migrantes, y/o niñas?

C.                   Prueba

1.                  ¿Qué instituciones brindan el servicio de peritajes en casos de violencia sexual? Favor llenar el siguiente cuadro:

2.                  ¿Cómo resuelve el sistema de administración de justicia cuando no se cuenta con servicios especializados para los peritajes?

3.                  ¿Utilizan la Cámara Gessel u otros medios tecnológicos para la recolección de pruebas en delitos de violencia sexual?

4.                  ¿Qué criterios se utilizan para garantizar la dignidad, integridad y la privacidad de la víctima en el proceso de recolección de pruebas?

5.                  ¿Cuál es el valor que se le da a la prueba testimonial en los delitos de violencia sexual?

6.                  ¿Qué criterios se utilizan para medir el daño ocasionado a la víctima para efectos de la reparación?

7.                  ¿Cómo se custodia la prueba en los delitos de violencia sexual?

8.                  ¿Qué rol juega el Instituto de Medicina Legal y cómo se vincula con el trabajo de la Fiscalía u otras áreas del sistema de administración de justicia?

D.                 Proceso

1.                  ¿Cuál es el promedio de duración de un proceso judicial por violencia sexual?

2.                  ¿Cuáles son las principales medidas que se toman para garantizar la celeridad en los casos de violencia sexual?

3.                  ¿Cuáles son las medidas que se utilizan para proteger la privacidad en el proceso judicial? Explique.

4.                  ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene la fiscalía para denunciar delitos de violencia sexual?

5.                  ¿Qué delitos relacionados con la violencia sexual son legalmente conciliables?

6.                  ¿Algunos de los delitos de violencia sexual en perjuicio de una mujer menor de edad son conciliables? ¿Cuáles? ¿Quién concilia?

7.                  ¿Qué delitos relacionados con la violencia sexual en la práctica se concilian con la intervención de operadores de justicia?

8.                  Describir procesos diferenciados que se dan en casos de grupos de mujeres en particular riesgo a actos de violencia, como los siguientes: indígenas, afrodescendientes, migrantes y las niñas, entre otros. 

9.                  ¿Qué tipo de apoyos reciben las víctimas de violencia sexual para enfrentar el proceso judicial? ¿Este apoyo es diferenciado para mujeres indígenas,  afrodescendientes, migrantes y/o niñas?

10.              ¿Cuáles son las principales causas que provocan que las víctimas desistan de la acción penal? Especifique dependiendo de si se trata de mujeres indígenas,  afrodescendientes, migrantes o niñas. ¿Están estas causas documentadas? ¿Cómo?

11.              ¿Cuáles son las principales causas que provocan el sobreseimiento de la acción?

12.              ¿Qué medidas de protección están establecidas en la legislación para proteger a los testigos de violencia sexual?

13.              ¿Respecto de la ejecución de la pena, qué derechos tiene la víctima?

E.                  Medidas de protección a la víctima

Para medir la efectividad tome en cuenta los siguientes criterios:

Para calificar como 5 se cumple a cabalidad con las medidas de protección ordenadas sin que las víctimas tengan que realizar gestiones adicionales.

Para calificar como 4 se cumple con las medidas de protección ordenadas pero a instancia de las víctimas o por su gestión directa, una vez ordenadas las medidas.

Para calificar como 3 se cumple parcialmente con las medidas de protección sea por gestión o no de la víctima, una vez que la medida ha sido ordenada.

Para calificar como 2 se cumple un mínimo con las  actividades que conlleva implementar las medidas ordenadas.

Para calificar como 1 no se cumple con las medidas de protección ordenadas.

F.                  Reparación

1.                  ¿Qué tipos de reparación contempla la legislación en los casos de violencia sexual? Amplíe tratándose de indígenas, afrodescendientes; migrantes; o niñas.

2.                  ¿Qué busca la víctima para su reparación en delitos de violencia sexual?

3.                  ¿Cómo apoya el sistema a la víctima en sus expectativas de reparación?

G.                  Atención a víctimas de violencia sexual

IV.               Buenas Prácticas

Indique las buenas prácticas que existen en el país, respecto de los siguientes temas.  Si la práctica está documentada, adjunte los documentos respectivos: