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36.
Los datos anteriores demuestran que la desnutrición sigue siendo
un problema serio y preocupante en Guatemala, a pesar de haberse reducido
en los últimos años. Según los datos obtenidos, cerca del 45% de la
población tiene desnutrición crónica (baja talla por edad), un 2.5%
desnutrición aguda (bajo peso para talla) y un 24% presenta desnutrición
global (bajo peso por edad). A continuación, se presentan algunos datos
de desnutrición en atención a la región, sexo, área y etnicidad.
F.
Las personas con discapacidad
37. Las
personas con discapacidad enfrentan obstáculos adicionales en el
ejercicio de toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales
que les corresponden, incluyendo el acceso a la atención de salud, la
educación y las oportunidades de trabajo en condiciones justas y
equitativas. De conformidad con el Artículo 53 de la Constitución, que
garantiza la protección de las personas con limitaciones físicas,
mentales o sensoriales, y las disposiciones de los acuerdos de paz que dan
prioridad a las necesidades de quienes han sufrido como consecuencia del
conflicto y a los veteranos del Ejército y de la URNG con discapacidad,
en 1996 el Congreso adoptó el Decreto 135-96, “Ley de Atención a las
Personas con Discapacidad”. Esta
ley establece las obligaciones generales del Estado y la sociedad civil
destinadas, entre otras cosas, a garantizar que las personas con
discapacidad tengan igual acceso a oportunidades y servicios, eliminar las
diversas formas de discriminación que impiden que estas personas ejerzan
sus derechos, y respaldar su rehabilitación integral. 38. Una de las medidas altamente valiosas que exigió esta ley fue el establecimiento del Consejo Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad (CONADI), integrado por representantes de entidades estatales encargadas de establecer políticas en las áreas pertinentes, incluyendo el Procurador de los Derechos Humanos, y delegados de la sociedad civil. Esta composición refleja uno de los objetivos de la ley -el de garantizar que las personas con discapacidad participen en el establecimiento de los programas y las políticas que las afectan. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta área han informado a la Comisión que al establecimiento del CONADI, que tuvo lugar hace varios años, no le ha seguido el financiamiento suficiente para lograr avances en la consecución de sus objetivos.[34]
39.
La Comisión continúa recibiendo información acerca de las
barreras que enfrentan las personas con discapacidad, especialmente en las
áreas de educación, atención de salud y trabajo.
En el área de la educación, por ejemplo, la información recibida
de fuentes no gubernamentales indica que en algunos casos se presiona a
los niños con necesidades especiales que, no obstante, podrían prosperar
en el sistema escolar público a seguir programas de educación especial o
a quedarse en casa, en tanto que los servicios de educación especial para
los niños que realmente los requieren son pocos, especialmente en las áreas
rurales en donde el acceso a la educación ya es objeto de severas
limitaciones. La Comisión ha recibido información en el sentido de que se
inició un programa piloto en el área metropolitana hace varios años
para proporcionar educación integrada en diez escuelas públicas y espera
recibir información adicional sobre ésta y otras positivas iniciativas
de esta naturaleza. El acceso
a la educación es absolutamente crítico para todos los niños y tiene
una función fundamental para garantizar que las personas con discapacidad
sean capaces de desarrollar su potencial, encontrar un empleo
significativo en el futuro y participar plenamente en la sociedad nacional. 40.
El acceso a la capacitación técnica y profesional es igualmente
importante para los adultos con discapacidad.
Al respecto, en sus observaciones al proyecto de informe, el Estado
señaló que el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP),
“aún con limitaciones, viene trabajando en el sentido de capacitar a
estas personas en áreas u ocupaciones que les permitan desarrollar
actividades que, además de generar ingresos, cuenten con la facilidad de
trabajar en sus propios proyectos y no necesariamente en calidad de
dependencia”. Informó que
el programa tiene cobertura en las principales regiones del país. 41.
Además, el acceso a la atención de salud es esencial, tanto para
prevenir todas las formas de discapacidad que se puedan prevenir como para
garantizar la detección temprana, la intervención y la rehabilitación
en otros casos. Además,
aunque se han tomado algunas medidas iniciales para mejorar el acceso a
los edificios y la movilidad, por ejemplo, la incorporación de
plataformas especiales en ciertos autobuses en la capital para colocar
sillas de ruedas, éstos continúan siendo desafíos importantes.
42. La
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, abierta para su
firma en la Ciudad de Guatemala en junio de 1999, establece principios
adicionales, coherentes con los objetivos generales de la Ley de Atención
a las Personas con Discapacidad y destinados a garantizar el derecho de
las personas con discapacidad de ejercer sus derechos y libertades
fundamentales libres de discriminación.
La Comisión exhorta al Estado a considerar más detenidamente la
ratificación de este instrumento de protección.
43. El Estado guatemalteco necesita
de manera urgente dar solución a los graves problemas económicos y
sociales que padece. La solución de estos problemas depende en gran
medida del cumplimiento efectivo de los compromisos fiscales de ingresos y
gastos incluidos en los acuerdos de paz.
En este contexto, la política fiscal adquiere una especial
importancia debido a que constituye una de las herramientas claves para
propiciar una distribución más equitativa de los frutos del crecimiento
económico y para el desarrollo sostenible de Guatemala en el mediano y
largo plazo.[35]
44. En
el Acuerdo Socioeconómico se indica que la política tributaria “debe
concebirse en forma que permita la recaudación de los recursos necesarios
para el cumplimiento de las tareas del Estado” y debe basarse en un
sistema justo, equitativo, universal, obligatorio y globalmente progresivo.[36]
En este sentido, con el fin de incrementar los ingresos del Estado para
hacer frente a las diferentes necesidades sociales
e impulsar el desarrollo social, el Gobierno se comprometió en los
acuerdos de paz a que “antes del año 2000, la carga tributaria en
relación al PIB se haya incrementado en, por lo menos, un 50%respecto de
la carga tributaria de 1995.”[37]
Esta meta (año 2000) fue reprogramada y se estableció que para el año
2002 la carga tributaria en relación al PIB debe ser de 12%. 45.
Dentro del acuerdo se planteó asimismo, la necesidad de
desarrollar un proceso de concertación nacional alrededor de la política
fiscal en la que debían participar diferentes actores sociales. De esta
manera se creó una Comisión preparatoria del Pacto Fiscal, la cual
produjo el documento “Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala”, el cual
sirvió de base para su concertación. El 25 de mayo de 1999, después de
un largo período de dialogo y negociación más de 130 organizaciones
representantes de la sociedad y con la presencia de los tres poderes del
Estado, se suscribió el documento denominado “Pacto Fiscal para un
Futuro con Paz y Desarrollo.” Posteriormente, los representantes de la
sociedad civil y los representantes del sector empresarial, firmaron el
“Acuerdo Político para el Financiamiento de la Paz, el Desarrollo y la
Democracia en Guatemala”, el cual contiene medidas concretas que marcan
el inicio de los cambios tributarios y administrativos para la construcción
del nuevo sistema fiscal en Guatemala.
46. La Comisión valora que se haya suscrito con
una amplia participación social el documento “Acuerdo Político para el
Financiamiento de la Paz, el Desarrollo y la Democracia en Guatemala”.
El Pacto fiscal en sí y el aumento de la carga tributaria no son fines en
sí mismo, sino medios para alcanzar una mayor justicia social y un
desarrollo sostenible. Conclusiones
y Recomendaciones 47.
Los acuerdos de paz han servido como el marco de referencia mínimo
de orientación en cuanto a las políticas socioeconómicas de Guatemala.
En los últimos años han habido algunos avances en la protección de los
derechos sociales y económicos en Guatemala, pero al mismo tiempo, la
gran mayoría de la población guatemalteca sigue inmersa en la pobreza,
sin acceso a servicios básicos, privados de oportunidades y viviendo en
una sociedad con grandes desigualdades sociales y económicas. 48. &nb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||