INTRODUCCIÓN
A.
Antecedentes
1.
En comunicación Nº 168 de 1º de abril de 1980, el Gobierno de
Colombia invitó a la Comisión para realizar una observación in loco
a Colombia, y dentro de tal contexto, presenciar la etapa pública de los
juicios ventilados en los Consejos de Guerra Verbales y enterarse de las
investigaciones que se llevan a cabo por presuntos abusos de autoridad en
relación con los derechos humanos. La
comunicación referida es la siguiente:
Señor Presidente:
Tengo el honor de transcribirle la comunicación que por mi conducto
dirige a usted y a los demás miembros de esa Comisión el Doctor Diego Uribe
Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia:
Bogotá
abril 1o. de 1980
Señor
Presidente y demás miembros
De
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington,
D.C.
Ha
sido una antigua aspiración del Gobierno colombiano invitar a esa Comisión,
cuya honestidad y rectitud son internacionalmente reconocidas, a visitar a
nuestro país con el objeto de examinar la situación general de los
derechos humanos, lo mismo que a presenciar la parte pública de los juicios
que por el procedimiento de los consejos de guerra verbales se tramitan en
la actualidad, dentro del marco de la Constitución y de las Leyes de la República
y para informarse del desarrollo de tales juicios.
De
análoga manera, el Gobierno desea que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos se entere de las investigaciones que se adelantan sobre
presuntos abusos de autoridad en relación con los derechos humanos.
En
particular deseamos promover las investigaciones a que de lugar el informe
de Amnistía Internacional, cuya veracidad es nuestra obligación establecer.
Las autoridades competentes están también interesadas en que esa
Comisión se informe de las numerosas investigaciones iniciales con ocasión
de las quejas presentadas. Muchas de éstas ya han concluido y deseamos que ustedes se
ilustren sobre la imparcialidad con que fueron realizadas.[1]
No sobra expresarles que
mientras más pronto pueda efectuarse la visita de ustedes a Colombia más
eficaces e importantes serán sus resultados.
Con
sentimientos de alta consideración y aprecio,
(Fdo.) Diego Uribe Vargas
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia
Aprovecho
la oportunidad para reiterar al señor Presidente los sentimientos de mi más
alta y distinguida consideración.
Carlos Bernal Téllez
Embajador, Representante Permanente
De Colombia
2.
Encontrándose reunida en su sede, Washington, D.C., la Comisión con
motivo de celebrar su 49o. Período de Sesiones, de inmediato se abocó al
conocimiento y análisis de la invitación formulada por el Gobierno
colombiano, la que fue aceptada. Con
fecha 2 de abril de 1980, la Comisión se dirigió al Gobierno de Colombia
expresándole esa decisión, en la siguiente nota:
Señor Embajador:
Tengo el honor de referirme a la nota No. 168 de es Embajada, de esta
misma fecha, en la que Vuestra Excelencia me transcribe una comunicación del
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Dr. Diego Uribe Vargas, fechada
el día de ayer, mediante la cual el Gobierno colombiano invita a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a visitar su país con el objeto de
examinar la situación de los derechos humanos en él.
Para tal efecto, la Comisión estima que la fecha más propicia para
iniciar dicha observación in loco sería el 21 del presente mes.
Me complace expresar a Vuestra Excelencia, en respuesta, que la Comisión,
inmediatamente de recibida tan honrosa invitación, dispuso aceptarla por
acuerdo de unanimidad de sus miembros.
Deseo informar a Vuestra Excelencia, asimismo, que la Comisión ha
designado a su Secretario Ejecutivo Dr. Edmundo Vargas Carreño, para convenir
con las altas autoridades colombianas los pormenores relativos a la duración
de esta visita, el programa de actividades que durante ella desarrollaría
esta Comisión y las facilidades y cooperación que para el adecuado
cumplimiento de su misión deberá acordarle el Gobierno de Colombia, de
conformidad con las normas reglamentarias de la Comisión sobre observaciones in
loco.
Ruego a Vuestra Excelencia se sirva transmitir al Excelentísimo señor
Ministro de Relaciones Exteriores las expresiones de agradecimiento de la
Comisión por la muestra de confianza que se ha tenido a bien otorgarle y me
honro en reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Luis Demetrio Tinoco Castro
Presidente
B.
Actividades realizadas por la Comisión durante la observación in
loco
1.
De acuerdo con el Reglamento correspondiente, se integró la Comisión
Especial que llevaría a cabo la observación in loco en Colombia.
La Comisión Especial fue integrada por los siguientes miembros:
Prof. Tom J. Farer, Presidente; Dr. Francisco Bertrand Galindo,
Vicepresidente; Prof. Carlos A. Dunshee de Abranches; Dr. Andrés Aguilar; y
Dr. César Sepúlveda. El Dr.
Luis Demetrio Tinoco Castro no participó debido a compromisos previamente
adquiridos. El Dr. Marco Gerardo
Monroy Cabra, también Vicepresidente de la Comisión, de nacionalidad
colombiana, se excusó de participar en la observación in loco, sobre
la base de disposiciones normativas de la Comisión, como se explica en el
primer Comunicado de Prensa emitido al iniciarse la visita y que se consigna
en el numeral 2 del presente literal.
La Comisión Especial fue acompañada por el siguiente personal
profesional y técnico de la Secretaría Ejecutiva:
Dr. Edmundo Vargas Carreño, Secretario Ejecutivo de la Comisión; Dr.
David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto de la misma; y por los
funcionarios, Dr. Edgardo Paz Barnica y Dr. Manuel Velasco Clark.
El personal administrativo que asistió a la Comisión Especial en la
visita a Colombia, estuvo integrado por las señoras Dafne de Murgia y Elsa
Ergueta, y la señorita Gabriela Restrepo; así como por los intérpretes señor
Marcelo Montesinos y señora Eva Desrossier.
2.
La observación in loco se inició el día 21 de abril y concluyó,
en su primera etapa, el día 28 de abril de 1980.
Al iniciar sus gestiones en territorio colombiano la Comisión emitió,
con fecha 21 de abril de 1980, el primer Comunicado de Prensa.[2]
3.
La Comisión Especial estableció sus oficinas centrales en Colombia en
el Hotel Tequendama de Bogotá. Con
fundamento en el programa de trabajo aprobado para la observación in loco,
la Comisión realizó las actividades siguientes:
a)
Entrevistas con autoridades públicas
Desde el inicio de sus actividades y durante el transcurso de la
observación in loco, la Comisión sostuvo entrevistas con autoridades de
distinto rango de Colombia. El 21
de abril se entrevistó con el Presidente de la República, doctor Julio César
Turbay Ayala, en el Palacio de Nariño, quien se encontraba acompañado de
varios Miembros de su Gabinete. Con
posterioridad a esa fecha, sostuvo otras entrevistas con el Gobernante
colombiano.
Asimismo, la Comisión se entrevistó por separado con el Ministro de
Relaciones Exteriores, doctor Diego Uribe Vargas; con el Ministro de Gobierno,
doctor Germán Zea Hernández; con el Ministro de Justicia, doctor Hugo
Escobar Sierra; con el Ministro de Defensa, General Luis Carlos Camacho Leyva;
y con el Ministro de Comunicaciones, doctor José Manuel Arias.
Igualmente, la Comisión sostuvo entrevistas con el Presidente del
Congreso que es a su vez Presidente del Senado de la República, doctor Héctor
Echeverri Correa; con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor
Juan Manuel Gutiérrez Lacouture; y con el Procurador General de la Nación,
doctor Guillermo González Charry.
Los Miembros de la Comisión expusieron a los funcionarios del Gobierno
con los que sostuvo amplios y francos cambios de impresiones, los objetivos de
la misión a cumplir en Colombia y analizaron diferentes situaciones relativas
a la observancia de los derechos humanos.
La Comisión recibió en esas entrevistas, por parte de las autoridades
gubernamentales, el ofrecimiento de la más decidida cooperación a efecto de
que las actividades a desarrollarse por la Comisión se llevaran a cabo en la
forma más efectiva posible.
En las visitas que la Comisión realizó a Cali, capital del
Departamento del Valle del Cauca, a Medellín, capital del Departamento de
Antioquía, y a Bucaramanga, capital del Departamento de Santander, la Comisión
se entrevistó con autoridades departamentales y locales, así como con los
directores y otras autoridades de centros de detención y de centros militares
en Bogotá y en los lugares antes señalados.
b)
Entrevistas con Ex-Presidentes de la República
La Comisión consideró apropiado y provechoso dialogar sobre la
situación colombiana con los ex-Presidentes de dicho país.
Para tal efecto sostuvo entrevistas con el doctor Alberto Lleras
Camargo, con el doctor Misael Pastrana Borrero, y con el doctor Alfonso López
Michelsen. El doctor Darío Echandía, por razones de salud, no se pudo
entrevistar con la Comisión; y el doctor Carlos Lleras Restrepo se encontraba
fuera de la capital colombiana.
c)
Entrevistas con personalidades religiosas
Durante la observación in loco, la Comisión visitó al
Cardenal Primado de Colombia, Monseñor Aníbal Muñoz Duque, con quien cambió
impresiones sobre diversos aspectos de la situación del país y escuchó los
puntos de vista al respecto del ilustre Prelado colombiano.
Asimismo, la Comisión se reunió en Cali, con el Arzobispo de dicha
ciudad, Monseñor Alberto Uribe Urdaneta.
d)
Entidades de Derechos Humanos
Durante su permanencia en territorio colombiano, la Comisión recibió,
separadamente, a directivos y personalidades de entidades dedicadas a la
promoción de los derechos humanos en Colombia.
La Comisión sostuvo diversas audiencias con la Comisión Permanente
para la Defensa de los Derechos Humanos, que preside el doctor Alfredo Vásquez
Carrizosa, ex-Canciller de la República; y con la Asociación Colombiana Pro-Derechos
Humanos que preside el Profesor Universitario, doctor Luis Agudelo Ramírez.
En Bogotá, además, la Comisión se entrevistó con el Comité de
Familiares de Detenidos Políticos; con el Comité de Solidaridad para con los
Presos Políticos; y con una delegación del Comité de Derechos Humanos en
Boyacá.
En Cali, la Comisión se reunió con el Comité de Familiares de Presos
Políticos; con delegados de la entidad de Derechos Humanos de Popayán; y con
delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
En Medellín, la Comisión recibió en audiencia, entre otras entidades
a delegados de la Comisión de Derechos Humanos de dicha localidad.
En Bucaramanga, la Comisión se reunió con representantes de las
entidades de Derechos Humanos del Departamento de Santander.
e)
Entidades Profesionales
La Comisión se reunió durante su permanencia en Colombia con
directivos y representantes de entidades profesionales.
Entre tales entidades, cabe mencionar la Asociación de Juristas Demócratas,
presidida por el doctor Apolinar Díaz Callejas, del cual forman parte los
abogados defensores de los detenidos políticos y tiene su sede en Bogotá.
Asimismo, en Medellín la Comisión recibió en audiencia a una
delegación de la Asociación de Juristas Demócratas de dicha localidad.
En Bogotá la Comisión cambió impresiones con la Asociación de Médicos
Colombianos (ASMEDAS), presidida por el doctor Eduardo Arévalo Burgos.
f)
Organizaciones Gremiales y Sindicales
La
Comisión celebró entrevistas en Bogotá con directivos y representantes de
entidades gremiales y sindicales. En
tal sentido, tuvo un amplio cambio de impresiones con los delegados de las
diversas organizaciones sindicales existentes en el país, a través del
Consejo Nacional Sindical. Estas
entrevistas comprendieron a la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC); a la
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC); a la Confederación Sindical
de Trabajadores de Colombia (CSTC); y a la Confederación General del Trabajo
(CGT).
Igualmente, en la capital colombiana, la Comisión recibió a
directivos y miembros de la Sociedad Odontológica Sindical Colombiana; del
Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro; y de la Asociación
Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ASONAL JUDICIAL).
En la ciudad de Cali, la Comisión recibió en audiencia a
representantes de los sectores sindicales; y en Bucaramanga a dirigentes de la
Unión de Trabajadores de Santander (UTRASAN).
g)
Representantes de la Empresa Privada
En Bogotá, la Comisión recibió en audiencia a miembros de los
diversos sectores de la empresa privada colombiana en las ramas del derecho,
de la banca, de la industria y el comercio, así como con miembros de la
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), quienes expresaron a la Comisión
sus puntos de vista sobre la situación del país.
h)
Otras Entrevistas y Audiencias
Tanto en Bogotá, como en Cali, Medellín y Bucaramanga, la Comisión
sostuvo entrevistas y recibió en audiencias a representantes de entidades de
diverso tipo, así como a personas individuales que se interesaron en reunirse
con la Comisión.
En la capital colombiana se sostuvo un amplio cambio de impresiones con
miembros y directivos de la Asociación de Estudiantes Universitarios
Colombianos, presidida por el señor José Antequera.
i)
Órganos de Prensa
Además de los Comunicados de Prensa que la Comisión hizo del
conocimiento público en tres oportunidades, como se consigna en el presente
Informe, diariamente la Comisión concedió entrevistas de prensa exponiendo
los objetivos de la visita y el desarrollo de las actividades realizadas, a
los diferentes órganos de comunicación colectiva, tales como la prensa
escrita, la radio y la televisión.
j)
Centros de Detención y Centros Militares
Con motivo de la observación in loco, durante su desarrollo y
con posterioridad a la misma, la Comisión visitó diferentes centros
carcelarios, así como otros centros de carácter militar, con el objeto de
entrevistarse con los detenidos, tanto políticos como comunes, inspeccionar
las condiciones de los lugares de detención y escuchar y recibir las
denuncias que les fueran presentadas.
En Bogotá, la Comisión visitó la Penitenciaría Central La Picota,
la Cárcel Modelo y la Cárcel El Buen Pastor.
En Cali la Comisión visitó la Cárcel de Villanueva; en Medellín la
Cárcel Nacional de Bellavista; y en Bucaramanga la Cárcel Local de Hombres y
la Cárcel Correccional de Mujeres El Buen Pastor.
Por otra parte, la Comisión visitó la Escuela de Artillería, la
Escuela de Caballería, la Brigada de Institutos Militares, y el Batallón
Baraya.
En la capilla de la Cárcel La Picota se llevan a cabo los juicios
militares contra presuntos miembros del movimiento M-19; y en el Batallón
Baraya, se efectúan los juicios militares contra presuntos miembros de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).
k)
Recepción de denuncias
Al
iniciar sus actividades en Colombia, en su primer Comunicado de Prensa, la
Comisión invitó a que le presentaran su respectiva denuncia, a aquellas
personas que estimaran que sus derechos humanos han sido violados.
En consideración a lo anterior, la Comisión recibió denuncias, en
Bogotá, en sus oficinas centrales del Hotel Tequendama, tanto de personas
individuales como de entidades de diversa naturaleza.
Asimismo, en las visitas que la Comisión realizó a Cali, Medellín y
Bucaramanga, recibió denuncias de personas individuales y de diversas
entidades.
Por otra parte, en algunos de los centros de detención visitados por
la Comisión, los detenidos le hicieron entrega de denuncias de carácter
individual.
Las denuncias recibidas por la Comisión durante la observación in
loco, y con posterioridad a la misma, son analizadas y tramitadas de
conformidad con las disposiciones reglamentarias correspondientes.
C.
La Comisión y la solución del problema planteado por la toma de la
Embajada Dominicana
1.
El 27 de febrero de 1980, en horas del mediodía, un comando
guerrillero integrante del Movimiento M-19, ocupó la Embajada de República
Dominicana en Bogotá, con ocasión de una recepción diplomática para
celebrar la fiesta nacional de ese país.
El comando guerrillero tomó como rehenes a más de medio centenar de
personas, entre ellas a los representantes diplomáticos de varios países, a
funcionarios del Estado y a elementos de la sociedad colombiana.[3]
2.
En la entrevista sostenida por la Comisión con el Presidente de la República
y miembros de su Gabinete el 21 de abril de 1980, en el que se cambió
impresiones sobre las actividades a desarrollar con motivo de la observación in
loco, y sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, el
gobernante colombiano planteó el problema creado por la ocupación de la
Embajada Dominicana; expuso aspectos de las negociaciones llevadas a cabo
hasta esa fecha por delegados del gobierno, expresando que se habían
efectuado dieciséis diálogos entre personeros del gobierno y los captores; y
solicitó la valiosa cooperación de la Comisión que pudiera coadyuvar a una
solución jurídica del problema, aceptable para las partes involucradas en el
mismo.
Por
otra parte, una Comisión Especial de agentes diplomáticos de países que tenían
rehenes en la Embajada Dominicana, encabezada por el Nuncio Apostólico de la
Santa Sede en Argentina, Monseñor Pío Laghi, en su condición de delegado de
su Santidad el Papa Juan Pablo II en Bogotá con motivo del acontecimiento
referido, visitó a la Comisión en sus oficinas del Hotel Tequendama, para
solicitarse su oportuna intervención para el logro de una solución favorable
de ese problema de repercusión internacional.
La Comisión, dentro del mandato de su competencia, aceptó la
solicitud que le fuera formulada y, consiguientemente, a partir del 22 de
abril visitó en reiteradas oportunidades la sede de la representación diplomática
aludida; se entrevistó con el Presidente de la República, el Ministro de
Relaciones Exteriores y otras autoridades colombianas; y sostuvo sucesivos diálogos
con los integrantes del comando guerrillero y con los rehenes.
3.
En el contexto del mecanismo señalado, la Comisión y el Gobierno de
Colombia concertaron un acuerdo vinculado con la solución de dicho problema,
mediante intercambio de notas de 23 y 24 de abril de 1980. La comunicación del Gobierno, No. DM. 00174, dirigida al
Presidente de la Comisión, es la siguiente:
Excelentísimo señor
Tom Farer, Presidente de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Demás Miembros
E. S. M.
Excelencias:
Como ustedes lo saben, Colombia es un país de larga tradición democrática,
en el cual se han observado los Derechos Humanos, cuya defensa está
incorporada a su propia legislación nacional.
De análoga manera, la República ha suscrito compromisos
internacionales a nivel mundial y en la órbita de lo hemisférico, que la
obligan a respetar la suprema dignidad de la persona humana.
Tomando en cuenta las anteriores circunstancias, el gobierno decidió,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a mi cargo, extender a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una invitación para visitar
al país y cumplir en él las funcionas propias de ese prestigioso organismo.
Constituye la mayor preocupación del gobierno la de que las
autoridades, civiles o militares, no incurran a ningún nivel en abusos de
autoridad. Naturalmente no
descarta la posibilidad de que colaboradores subalternos rebasen el límite de
sus obligaciones constitucionales y legales.
Ser tolerantes con dichas eventuales violaciones constituye una grave
falta, en la cual jamás incurriría el gobierno. En consecuencia puedo asegurar a los integrantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que no habrá denuncia que no se investigue,
ni responsable que se quede impune.
Al invitar a vuestras excelencias a visitar a Colombia, el gobierno
comprueba que su decisión es la de cumplir integralmente con las obligaciones
asumidas en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, así como de permitir
que la Comisión tome conocimiento de la parte no reservada de todos los
procesos que tenga a bien examinar, con el objeto de que pueda verificar su
legal desarrollo.
Dentro del contexto de esta carta, el gobierno acepta que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, o sus representantes autorizados puedan
ejercer libremente, en los términos de la ley, en todo el territorio nacional
todas sus funciones y además las siguientes actividades:
a)
Tener completa libertad para entenderse con
los abogados representantes de las personas que están siendo juzgadas en
los procesos que se adelantan ante los Consejos de Guerra Verbales y de
todas aquellas sometidas a la justicia castrense.
b)
Observar,
con arreglo a la ley, los consejos de Guerra Verbales y cerciorarse de las
garantías procesales y de su legal desarrollo, teniendo además la facultad
de formular ante las autoridades competentes todas las observaciones que
estime adecuadas para evitar cualquier violación de los derechos de los
procesados.
c)
Garantizar
la movilización al aeropuerto y la salida del país de todos los sindicados
a quienes no se les formule cuestionario o que resulten absueltos en dichos
Consejos de Guerra Verbales, cuando estas personas así lo deseen.
d)
Señalar
cualquier irregularidad que llegare a presentarse en los procesos y estudiar
todas aquellas quejas que les llegaren a formular referentes a juicios en
que los cargos imputados no hayan sido debidamente comprobados, o que las
pruebas hayan sido obtenidas por medios que constituyan clara violación de
los derechos humanos, con miras a que si se comprueban tales violaciones
puedan los afectados impugnar la validez de dichos juicios.
e)
Informarse del curso de las investigaciones por abuso de autoridad y
de las denuncias de casos concretos de violaciones de los derechos humanos,
con el objeto de que los eventuales responsables de dichos repugnantes
hechos sean castigados con todo el rigor de la ley.
La presente carta reafirma la irrevocable decisión del gobierno de
honrar sus compromisos internacionales que se identifican con sus obligaciones
legales en el orden interno.
Sobre las anteriores bases pueden ustedes, excelentísimos señores
miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si así lo
estiman conveniente, servir de garantes, ante los captores de la sede de la
Embajada Dominicana, del estricto cumplimiento que el gobierno le dará a
todas las cláusulas de esta carta, que para el Ejecutivo tiene inmediata
vigencia.
El gobierno insiste en darle a la libertad de los rehenes la condición
de urgencia que siempre le ha otorgado.
Quedo a la espera de la respuesta de vuestras excelencias en el
convencimiento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
encontrará satisfactorias todas las facilidades que el gobierno de Colombia
le ofrece para el cabal cumplimiento de su cometido.
Dios guarde a Vuestras Excelencias,,
DIEGO URIBE VARGAS
Ministro de Relaciones Exteriores
La comunicación de la Comisión dirigida al Gobierno a través del señor
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, doctor Diego Uribe Vargas, es
la siguiente:
Excelentísimo señor:
Tengo el honor de
referirme a su nota No. 00174 de 23 de abril de 1980, la cual expresa:
DDM. 00174. Bogotá, 23 de
abril de 1980
Excelentísimo señor Tom Farer, Presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Demás Miembros
E. S. M.
Excelencias:
Como ustedes lo saben, Colombia es un país de larga tradición
democrática, en el cual se han observado los Derechos Humanos, cuya
defensa está incorporada a su propia legislación nacional.
De análoga manera, la República ha suscrito compromisos
internacionales a nivel mundial y en la órbita de lo hemisférico, que la
obligan a respetar la suprema dignidad de la persona humana.
Tomando en cuenta las anteriores circunstancias, el gobierno decidió,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a mi cargo,
extender a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una invitación
para visitar al país y cumplir en él las funciones propias de ese
prestigioso organismo.
Constituye la mayor preocupación del gobierno la de que las
autoridades, civiles o militares, no incurran a ningún nivel en abusos de
autoridad. Naturalmente no
descarta la posibilidad de que colaboradores subalternos rebasen el límite
de sus obligaciones constitucionales y legales.
Ser tolerantes con dichas eventuales violaciones constituye una
grave falta, en la cual jamás incurriría el gobierno. En consecuencia puedo asegurar a los integrantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que no habrá denuncia que no se
investigue, ni responsable que se quede impune.
Al invitar a vuestras excelencias a visitar a Colombia, el gobierno
comprueba que su decisión es la de cumplir integralmente con las
obligaciones asumidas en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, así
como de permitir que la Comisión tome conocimiento de la parte no
reservada de todos los procesos que tenga a bien examinar, con el objeto
de que pueda verificar su legal desarrollo.
Dentro del contexto de esta carta, el gobierno acepta que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, o sus representantes autorizados
puedan ejercer libremente, en los términos de la ley, en todo el
territorio nacional todas sus funciones y además las siguientes
actividades.
a) Tener
completa libertad para entenderse con los abogados representantes de las
personas que están siendo juzgadas en los procesos que se adelantan ante
los Consejos de Guerra Verbales y de todas aquellas sometidas a la
justicia castrense.
b) Observar, con
arreglo a la ley, los Consejos de Guerra Verbales y cerciorarse de las
garantías procesales y de su legal desarrollo, teniendo además la
facultad de formular ante las autoridades competentes todas las
observaciones que estime adecuadas para evitar cualquier violación de los
derechos de los procesados.
c) Garantizar la
movilización al aeropuerto y la salida del país de todos los sindicados
a quienes no se les formule cuestionario o que resulten absueltos en
dichos Consejos de Guerra Verbales, cuando estas personas así lo deseen.
d) Señalar
cualquier irregularidad que llegare a presentarse en los procesos y
estudiar todas aquellas que les llegaren a formular referentes a juicios
en que los cargos imputados no hayan sido debidamente comprobados, o que
las pruebas hayan sido obtenidas por medios que constituyan clara violación
de los derechos humanos, con miras a que si se comprueban tales
violaciones puedan los afectados impugnar la validez de dichos juicios.
e) Informarse
del curso de las investigaciones por abuso de autoridad y de las denuncias
de casos concretos de violaciones de los derechos humanos, con el objeto
de que los eventuales responsables de dichos repugnantes hechos sean
castigados con todo el rigor de la ley.
La presente carta reafirma la irrevocable decisión del gobierno de
honrar sus compromisos internacionales que se identifican con sus
obligaciones legales en el orden interno.
Sobre las anteriores bases pueden ustedes, excelentísimos señores
miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si así lo
estiman convenientes, servir de garantes ante los captores de la sede de
la Embajada Dominicana, del estricto cumplimiento que el gobierno le dará
a todas las cláusulas de esta carta, que para el Ejecutivo tiene
inmediata vigencia.
El gobierno insiste en darle a la libertad de los rehenes la
condición de urgencia que siempre le ha otorgado.
Quedo a la espera de la respuesta de vuestras excelencias en el
convencimiento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
encontrará satisfactorias todas las facilidades que el gobierno de
Colombia le ofrece para el cabal cumplimiento de su cometido.
Dios guarde a Vuestras Excelencias,
Diego
Uribe Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores.
Me
complace expresar a Vuestra Excelencia, en respuesta, que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos acepta, plenamente la proposición
formulada por el ilustrado Gobierno de Colombia en la nota transcrita.
Considera
la Comisión que presido que las actividades que se señalan en dicha nota se
ajustan a las funciones que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
asigna a la Comisión y a las obligaciones que en virtud de dicho instrumento
ha asumido el Gobierno de Colombia.
En
tal sentido, me es grato confirmar a Vuestra Excelencia que la Comisión --directamente,
o a través de la delegación que ella hará en sus miembros o en los abogados
que integran su Secretaría Ejecutiva-- ejercerá libremente, en los términos
de la ley colombiana y del Reglamento de la Comisión, las actividades
enumeradas en la nota de Vuestra Excelencia.
Asimismo,
la Comisión está dispuesta a servir de garante ante los captores de la sede
de la Embajada de la República Dominicana del estricto cumplimiento por parte
del Gobierno de Colombia de todas las cláusulas de la comunicación de
Vuestra Excelencia, las que tendrán inmediata vigencia.
Me
valgo de esta oportunidad para expresar a Vuestra Excelencia el testimonio de
mi más alta y distinguida consideración.
Tom
J. Farer
Presidente
Con
fecha 25 de abril, el comando guerrillero ocupante de la representación
diplomática aludida, se dirigió a la Comisión haciendo referencia a las
notas anteriormente transcritas.[4]
4.
El 27 de abril a muy tempranas horas de la mañana, los captores de la
Embajada de la República Dominicana con los rehenes, acompañados de los
miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de funcionarios
del Gobierno colombiano, de miembros de la Asociación Colombiana Pro-Derechos
Humanos y de personeros de la Cruz Roja se trasladaron al Aeropuerto
Internacional “El Dorado” de Bogotá para abordar una aeronave de bandera
cubana y dirigirse a La Habana. Algunos
rehenes fueron dejados en libertad momentos antes de emprender el viaje; y
otros la recobraron en la capital de Cuba, después de un cautiverio que se
prolongó por 61 días.
5.
Durante la observación in-loco, la Comisión difundió un
documento en el que reiteró su doctrina sobre el tema:
Derechos Humanos, Subversión y Terrorismo.
Dicho documento, publicado en medios de comunicación social de
Colombia, es el siguiente:
DERECHOS
HUMANOS, SUBVERSION Y TERRORISMO
Sobre
esta materia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene establecido,
desde hace varios años, un claro criterio.
Este criterio ha sido reiterado en un reciente documento de la Comisión.
La
Comisión considera que la doctrina expuesta en ese documento tiene un alcance
más general y es válida en relación a todos los Estados que integran la
Organización de los Estados Americanos.
Dicho
documento expresa:
“La
importancia del tema y su invocación como justificación de la conducta
seguida por el Gobierno en materia de respeto de los derechos humanos,
justifica que la Comisión reafirme con la mayor claridad posible su
pensamiento al respecto. Básicamente
este tema puede ser analizado intentando dar respuesta a dos interrogantes que
constantemente se le han formulado a la Comisión:
i.
¿Porqué la Comisión no investiga los actos terroristas? Dicho en
otras palabras, ¿Porqué ella se
preocupa exclusivamente de las acciones atribuibles a los gobiernos?; y
ii.
¿En qué medida la Comisión toma en consideración el terrorismo y la
subversión al evaluar la conducta de los gobiernos en relación a la
observancia de los derechos humanos?
a)
Incompetencia de la CIDH para investigar actos imputados a grupos
terroristas u organizaciones subversivas
La
respuesta, simple y legalmente precisa, a la primera pregunta es que los
Estados soberanos de la Organización de los Estados Americanos no han
escogido entregarle a la Comisión ningún tipo de jurisdicción para
investigar el terrorismo y la subversión.
Obviamente,
la Comisión no es un órgano que tenga competencia para establecer autónomamente
sus normas estructurales de acuerdo con las preferencias cambiantes de sus
miembros. Toda su estructura básica,
incluyendo, por supuesto, sus funciones y atribuciones, están determinadas
por aquellas normas que los Estados que integran la OEA han convenido en
establecer.
Aún
el estudio más superficial de aquellas normas confirman que la tarea de la
Comisión --como, en general, la de todos los otros órganos inter-gubernamentales
de protección de los derechos Humanos-- es investigar sólo las acciones
imputables a los gobiernos.
Al
procederse de esta manera no sólo existen esas consideraciones de tipo jurídico.
Las consecuencias de orden práctico que traería la posibilidad que la
Comisión investigue las acciones terroristas o subversivas serían
verdaderamente graves. En efecto,
si la Comisión, violando su mandato, aceptase tramitar una denuncia
concerniente a algún presunto acto de terrorismo, implícitamente con ello
colocaría a las organizaciones terroristas en el mismo plano que a los
gobiernos, ya que la Comisión tendría que transmitir la denuncia recibida a
la organización subversiva a la que se le atribuye la acción política y
solicitarle que haga valer las observaciones, que estime pertinentes.
No cabe duda alguna que dichas organizaciones estarían muy complacidas
de ser tratadas como si tuvieran las características de un gobierno.
Pero, ¿qué gobierno en el hemisferio podría tolerar esa atribución
implícita de un status cuasi-gubernamental a una organización de este tipo?
En
muchas oportunidades, parte de la estrategia subversiva ha consistido en
reconocer, sino en jactarse abiertamente, acerca de sus actos terroristas.
En caso de que el acto ya hubiese sido reconocido, la atribución
formal por parte de la Comisión de la responsabilidad de los terroristas
serviría nada más que para darle mayor publicidad a sus logros.
En
resumen, quienes acusan a la Comisión por no aceptar denuncias relativas a
actos terroristas cometidos por grupos subversivos no sólo desconocen las
normas legales aplicables a entidades como la CIDH, sino también implícitamente
están solicitando elevar el estatuto internacional de tales grupos y apoyar
su propaganda.
Por
otra parte, no compete a la Comisión sustituir al Estado en la investigación
y sanción de los actos de violación cometidos por particulares.
En cambio sí le corresponde proteger a las personas cuyos derechos han
sido lesionados por los agentes u órganos del Estado.
La razón que, en definitiva, explica la existencia de los órganos
internacionales de protección de los derechos humanos, como en el caso de la
CIDH, obedece a esta necesidad de encontrar una instancia a la que pueda
recurrirse cuando los derechos humanos han sido violados por tales agentes u
órganos estatales.
La
Comisión, asimismo, entiende que su cooperación en la lucha contra el
terrorismo debe ser hecha desempeñando fielmente la función que le fue
asignada, esto es, promoviendo una efectiva observancia de los derechos
humanos por parte de los gobiernos, toda vez que, como lo demuestra la
experiencia, en los países en donde los gobiernos cumplen con sus
obligaciones de promover el desarrollo económico y social y mantener el orden
público, sin violar los derechos humanos, los grupos terroristas nunca han
encontrado un masivo apoyo popular y su destino inevitablemente ha sido el
fracaso.
b)
Límites de la acción represiva del Estado
La
Comisión desea ahora referirse a la segunda interrogante.
¿La existencia de terroristas y las amenazas de subversión al orden público
influyen en las apreciaciones o evaluaciones que hace la Comisión respecto de
la observancia de los derechos humanos en un país? Dentro de los límites que se expondrán más adelante, la
respuesta, obviamente, es sí.
La
Comisión reiteradamente ha subrayado la obligación que tienen los gobiernos
de mantener el orden público y la seguridad personal de los habitantes del país. Con tal objeto, los gobiernos deben prevenir y reprimir, aún
enérgicamente, los actos de violencia, ya sea que quienes los cometan sean
funcionarios públicos o personas privadas, ya sea que sus motivaciones sean
de orden político o no.
En
la vida de cualquier nación, las amenazas al orden público o a la seguridad
personal de sus habitantes que emanan de personas o grupos que utilizan la
violencia pueden llegar a alcanzar tales proporciones que exijan suspender
temporalmente el ejercicio de ciertos derechos humanos.
La
mayoría de las Constituciones de los países americanos aceptan tales
limitaciones e incluso prevén algunas instituciones, como el estado de
emergencia o el estado de sitio, para tales circunstancias.
Por supuesto que para que puedan adoptarse tales medidas deben mediar
consideraciones de extremada gravedad, ya que su implantación debe obedecer
precisamente a la necesidad de preservar aquellos derechos y libertades que
han sido amenazadas con la alteración del orden público y la seguridad
personal.
Sin
embargo, es igualmente clara que ciertos derechos fundamentales jamás pueden
suspenderse, como es el caso, entre otros, del derecho a la vida, del derecho
a la integridad personal, o del derecho a un debido proceso.
En otros términos, los gobiernos no pueden emplear bajo ningún tipo
de circunstancias, la ejecución sumaria, la tortura, las condiciones
inhumanas de detención, la negación de ciertas condiciones mínimas de
justicia como medio para restaurar el orden público.
Estos medios están proscritos en las Constituciones y en los
instrumentos internacionales, tanto regionales como universales.[5]
A
este respecto resulta muy significativo recordar las palabras pronunciadas en
la OEA, el 6 de octubre de 1979, por su Santidad Juan Pablo II, cuando después
de reconocer que, a veces, pueden adoptarse medidas especiales, agregó que:
…ellas
nunca, jamás, justifican un ataque a la dignidad inviolable de la persona
humana y a los derechos auténticos que protegen su dignidad.
Si ciertas ideologías y ciertas formas de interpretar la legítima
preocupación por la seguridad nacional dieran como resultado el subyugar al
Estado el hombre y sus derechos y dignidad, ellas cesarían, en la misma
medida de ser humanas y sería imposible compaginarlas con un contenido
cristiano sin una gran decepción. En
el pensamiento de la Iglesia es un principio fundamental que la organización
social ha de estar al servicio del hombre y no viceversa.
Esto es válido también para los más altos niveles de la sociedad,
donde se ejerce el poder de coerción y donde los abusos, cuando los hay, son
particularmente serios. Además,
una seguridad en la que los pueblos ya no se sienten implicados porque no los
protege en su verdadera humanidad, es solamente una farsa; a medida que se va
haciendo cada más rígida, mostrará síntomas de creciente debilidad y de
una ruina inminente.
Cada
gobierno que enfrenta una amenaza subversiva debe, pues, escoger entre, por
una parte, el camino del respeto al imperio del derecho, o por otra parte,
caer en el terrorismo estatal. Cuando
un gobierno goza de un amplio apoyo popular, la escogencia del primer método
será siempre exitosa como lo han demostrado varios países tanto en el paso
distante como en el más reciente.
Como
ya se ha señalado, el camino del respeto al imperio del derecho no excluye,
en ciertas circunstancias, la adopción de medidas extraordinarias; allí
donde la situación de emergencia es verdaderamente grave, pueden imponerse
ciertas restricciones, por ejemplo, a la libertad de información o limitarse
el derecho de reunión dentro de los límites que señala la Constitución.
Incluso, en casos más extremos, las personas pueden ser detenidas por
corto tiempo sin necesidad que se le imputen cargos específicos. Es cierto que estas medidas pueden llegar a significar el
riesgo de que se pierda el imperio del derecho; pero aquello no es inevitable
si los gobiernos actúan responsablemente; si registran los arrestos e
informan a las familias de las detenciones; si dictan órdenes estrictas
prohibiendo la tortura; si entrenan cuidadosamente las fuerzas de seguridad,
eliminando de ellas a los sádicos o sicópatas; si, en fin, existe un Poder
Judicial independiente dotado de suficientes atribuciones como para corregir
con prontitud cualquier abuso de la autoridad.
6.
El 27 de abril, la Comisión dio por concluida la primera etapa de la
observación in loco, habiendo, en esa oportunidad, hecho público su
Comunicado de Prensa No. 2. El 28
de abril, la Comisión emitió el Comunicado de Prensa No. 3, a efecto de
aclarar algunas interpretaciones en relación a su Comunicado de Prensa
anterior.[6]
D.
Consejos de Guerra Verbales
1.
Durante la observación in loco, la Comisión se traslado al
Batallón Baraya de Bogotá para observar la fase pública de Consejos de
Guerra Verbales contra presuntos miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias Colombianas (FARC).
2.
En esa oportunidad, se entrevistó con el Presidente, Vocales, Fiscal y
Asesor Legal del Tribunal Militar, informándose acerca de la legislación
aplicable, de los procedimientos seguidos, y de los mecanismos utilizados en
los juicios. La Comisión también
habló por separado con algunos de los detenidos, enjuiciados en el proceso
castrense y con los abogados defensores.
En
esta etapa de la observación in loco, la Comisión no pudo observar
los Consejos Verbales de Guerra contra presuntos elementos del Movimiento
M-19, por no encontrarse aún en su fase pública, pero sí lo hizo
posteriormente, a partir de marzo de 1981.
E.
Actividades desarrolladas con posterioridad a la visita de la Comisión
1.
Concluida la primera etapa de la observación in loco, abogados
de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión prolongaron su permanencia en
Colombia, dentro de la segunda etapa de las actividades de la misma
desarrolladas en territorio colombiano.
2.
A partir de la circunstancia señalada, periódicamente abogados de la
Comisión, funcionarios de su Secretaría Ejecutiva, se han trasladado a
Colombia, cumpliendo las actividades siguientes:
a)
Observar los Consejos de Guerra Verbales contra presuntos miembros de
la FARC, en el Batallón Barayá de Bogotá; del M-19 en la penitenciaría
“La Picota” de Bogotá; y en la localidad de Ipiales, Departamento de Nariño;
b)
Observan en Cali, el 20 de junio de 1980, la sentencia en juicio de
Consejo de Guerra Verbal contra tres miembros del Movimiento M-19;
c)
Entrevistas y gestiones con funcionarios del gobierno colombiano;
d)
Entrevistas con personeros de entidades de derechos humanos;
e)
Entrevistas con los miembros de los Consejos de Guerra Verbales;
f)
Entrevistas con abogados defensores de presuntos miembros del
movimiento M-19 y de las FARC;
g)
Investigación de casos especiales;
h)
Recepción de documentos relativos a la situación de los derechos
humanos en Colombia;
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