|
INFORME N° 136/99
1. El 16 de noviembre de 1989 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la CIDH") recibió de la organización no gubernamental Américas Watch (en adelante "Americas Watch" o "los peticionarios") una petición en la que se denuncia la violación por parte de la República de El Salvador (en adelante el "Estado salvadoreño", el "Estado" o "El Salvador") de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana") en perjuicio de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres ejecutadas extrajudicialmente por agentes del Estado. Conforme a la denuncia, los hechos ocurrieron en la madrugada de ese mismo día, en la residencia de los jesuitas ubicada en el predio de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (en adelante "la UCA") en San Salvador. Los sacerdotes jesuitas eran el Rector de la UCA, Padre Ignacio Ellacuría, de 59 años; el Vicerector, Padre Ignacio Martín Baró, de 47 años; el Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Padre Segundo Montes, de 53 años, fundador del Socorro Jurídico Cristiano "Oscar Arnulfo Romero" y presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de la misma universidad, y los profesores Armando López, Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno. Las mujeres eran la señora Julia Elba Ramos, que se desempeñaba como cocinera en la residencia, y su hija de quince años, Celina Mariceth Ramos. 2. En escritos adicionales los peticionarios alegan que el crimen fue planeado y ejecutado por agentes del Estado pertenecientes a la Fuerza Armada de El Salvador. Agregan que la investigación llevada a cabo por las autoridades salvadoreñas fue ineficaz; que no se investigó a los autores intelectuales de los asesinatos a pesar de existir indicios graves y concordantes que comprometían a oficiales de alto rango y que se produjeron actos de encubrimiento del crimen. Además, los dos únicos militares condenados por el asesinato se beneficiaron con la Ley de Amnistía General de 1993, con lo cual se aseguró la impunidad absoluta de dicho crimen. 3. Por su parte, el Estado solicitó que el caso se archivara pues consideró que había sido "debidamente procesado". Asimismo, el Estado brindó información relativa al proceso seguido en el fuero interno contra los militares a quienes se les atribuyó la autoría del crimen. 4. Tras analizar el caso, la Comisión concluye en el presente informe que el Estado violó los siguientes derechos humanos consagrados en la Convención Americana: derecho a la vida (artículo 4), derecho a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva de los familiares de las víctimas y de los miembros de la comunidad religiosa y académica a la que las víctimas pertenecían (artículos 8(1) y 25), y derecho a la verdad (artículos 1(1), 8(1), 25 y 13). Asimismo, concluye que el Estado ha faltado a su obligación de respetar los derechos reconocidos en la Convención Americana y de garantizar su libre y pleno ejercicio (artículo 1(1)); y a su obligación de abstenerse de adoptar disposiciones de derecho interno que afecten el goce de los derechos consagrados en dicha Convención (artículo 2).
5. El 16 de noviembre de 1989, Americas Watch presentó una petición a la CIDH según la cual efectivos militares de El Salvador habían ejecutado en esa misma fecha a seis sacerdotes jesuitas, a una señora que colaboraba con ellos como cocinera y a la hija de ésta, de 15 años. Los peticionarios solicitaron a la Comisión que requiriera la anuencia de El Salvador para realizar una visita in loco, con el objeto de investigar el asesinato y exigir la adopción de medidas de protección a los integrantes de organismos de derechos humanos y asistenciales. El mismo día, la Comisión transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado salvadoreño y solicitó que proporcionara la información que estimare oportuna en un plazo de 90 días. 6. El 29 de noviembre de 1989 los peticionarios presentaron copia del testimonio prestado por una testigo ocular de los hechos. El 5 de diciembre de 1989, la Comisión transmitió al Estado la información adicional suministrada por los peticionarios y nuevamente solicitó la información pertinente. 7. El 13 de diciembre de 1989, los peticionarios presentaron un informe elaborado por la organización Socorro Jurídico Cristiano "Arzobispo Oscar Romero" sobre las ejecuciones sumarias ocurridas en San Salvador el 16 de noviembre de 1989. El 21 de febrero de 1990, la CIDH recibió una nota del Estado que se refiere al informe de Tutela Legal relativo a las investigaciones realizadas por dicha oficina, donde se limita a informar que dicho informe se remitió a la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (en adelante "la Comisión Investigadora"). El 12 de marzo de 1990, por tercera vez, la CIDH reiteró al Estado su solicitud de información con un plazo de treinta días. 8. El 22 de agosto de 1990, Americas Watch presentó un escrito adicional en el que informó, entre otras cosas, sobre la insuficiencia de las investigaciones oficiales llevadas a cabo hasta esa fecha; alegó igualmente que estaba en curso una campaña de encubrimiento del crimen. El 28 de agosto de 1990 la Comisión transmitió las partes pertinentes de dicha comunicación al Estado salvadoreño y solicitó una repuesta en el plazo de sesenta días. El 9 de noviembre de 1990, la Comisión reiteró al Estado su solicitud de información referente al caso. El 20 de marzo de 1992 la organización no gubernamental Lawyers Committee for Human Rights (Comité de Abogados por los Derechos Humanos, en adelante "los peticionarios") reemplazó a Americas Watch como peticionario en el caso y presentó información adicional. 9. El 19 de octubre de 1992, el Estado solicitó que el caso fuera archivado. El 8 de octubre de 1993, dicho pedido fue reiterado. El 3 de noviembre de 1994, la Comisión transmitió la presentación del Estado a los peticionarios y les solicitó que presentaran sus observaciones en un plazo de treinta días. Dicha solicitud fue reiterada el 9 de enero de 1995 y el 25 de abril de 1995. El 14 de junio de 1995, a pedido de los peticionarios, la Comisión les otorgó un plazo adicional de 45 días para responder. 10. El 3 de mayo de 1996, la Comisión se puso a disposición de las partes para llegar a una solución amistosa del asunto. El 22 de abril de 1998, los peticionarios expresaron que "se mantenían abiertos a la posibilidad de participar en conversaciones dirigidas a llegar a una solución amistosa, siempre y cuando el gobierno acepte, como punto de partida, la necesidad de esclarecer la verdad y establecer la responsabilidad de las partes responsables por las violaciones cometidas en este caso". El Estado, por su parte, no respondió a la propuesta de la Comisión en el plazo previsto, con lo cual prosiguió el trámite previsto en la Convención Americana y el Reglamento de la CIDH. 11. El 8 de febrero de 1999, los peticionarios presentaron información adicional y solicitaron que la UCA fuera considerada copeticionaria en el caso. El 16 de marzo de 1999, la Comisión dio traslado de la comunicación al Estado y otorgó un plazo de 30 días para presentar observaciones finales. La Comisión solicitó expresamente que destacara "los puntos que separan a las partes acerca de las cuestiones planteadas y las aceptadas por éstas, no admitiéndose la repetición de argumentos" de acuerdo al artículo 34(8) de su Reglamento. A la fecha de aprobación del presente informe, el Estado no respondió a la solicitud de la Comisión.
12. La Comisión resumirá los alegatos de los peticionarios en los siguientes puntos principales: los asesinatos y sus responsables materiales e intelectuales; la operación de encubrimiento posterior al crimen; las irregularidades en la investigación; y la aprobación y aplicación de la ley de amnistía.
13. Los peticionarios señalan que los hechos del caso tuvieron lugar durante la última etapa del conflicto armado que imperó en El Salvador entre 1980 y 1992. Durante aquellos años, la orden religiosa católica Compañía de Jesús (en adelante "la Compañía de Jesús") estuvo al frente de quienes apoyaban una solución pacífica del conflicto.1 Los peticionarios señalan que en años anteriores al 16 de noviembre de 1989, fecha de los asesinatos, los sacerdotes jesuitas fueron víctimas de diversos ataques de funcionarios gubernamentales y miembros de la Fuerza Armada que culminaron con la ejecución extrajudicial de las víctimas.2 14. En relación con este punto, los peticionarios mencionan declaraciones e incidentes ocurridos en los tres años previos a las ejecuciones extrajudiciales. Así, los peticionarios señalan que en 1986 los legisladores del partido político Alianza Republicana Nacionalista (en adelante "ARENA") iniciaron una campaña para despojar al Padre Ellacuría de su nacionalidad salvadoreña; y que, más tarde, se unieron a ellos otras figuras políticas como el entonces Presidente Napoleón Duarte, quien acusó públicamente a dicho religioso de ser el "creador de la teoría y la concepción de rebeldía de los guerrilleros".3 Asimismo, los peticionarios indican que las Fuerzas Armadas salvadoreñas publicaron un anuncio en el que acusaban al Padre Ellacuría de apoyar el uso de coches bombas de la guerrilla en los últimos meses de 1988. Los peticionarios afirman que una campaña similar tuvo lugar en contra del Padre Segundo Montes. 15. En el mismo sentido, los peticionarios señalan que en 1989 el Coronel Juan Orlando Zepeda, de la Primera Brigada de Infantería, expresó que el asesinato de un Fiscal General había sido planificado dentro de la UCA y se refirió a dicho centro académico como "un refugio de líderes terroristas desde donde se planea la estrategia de los ataques contra los salvadoreños".4 También expresan los denunciantes que el Viceministro de Seguridad Pública, Coronel Inocente Montano, declaró públicamente que los jesuitas estaban totalmente identificados con la subversión.5 16. Por otro lado, los peticionarios señalan que en marzo de 1989 una granada explotó en la planta eléctrica de la UCA. Una semana después de las acusaciones del Coronel Zepeda, la imprenta de la Universidad fue atacada con bombas. Con posterioridad, algunos explosivos fueron lanzados en el complejo en donde se encontraba dicha imprenta. En julio, la imprenta fue bombardeada nuevamente. 17. Los peticionarios relatan que el día 11 de noviembre de 1989, fecha en que comenzó la ofensiva militar del grupo disidente armado "Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional" (en adelante "FMLN"), todas las emisoras de radio recibieron la orden de conectarse, en cadena nacional, a la Radio Cuscatlán, la estación oficial de la Fuerza Armada salvadoreña. A partir de ese momento se dejaron de transmitir noticias sobre la lucha y en su lugar se transmitió propaganda del Gobierno y de los militares. Algunas personas llamaban en búsqueda de sus familiares; supuestos ciudadanos llamaban abogando por la violencia contra miembros de la oposición política, los sindicatos, la iglesia y organizaciones no gubernamentales. Algunas de las llamadas recomendaban la muerte de los jesuitas en general y del Padre Ignacio Ellacuría en particular. En una de las llamadas, el Vicepresidente de El Salvador, Francisco Merino, acusó al Padre Ellacuría de haber "envenenado las mentes de los jóvenes de El Salvador."
18. Los peticionarios alegan que los autores materiales de las ejecuciones extra-judiciales fueron agentes del Estado, miembros de una Unidad de Comando del Batallón Contrainsurgente Atlacatl (en adelante "el Batallón Atlacatl") , que operó bajo las órdenes del Coronel Guillermo Alfredo Benavides. La unidad fue dirigida por el Comandante de Compañía Teniente Espinoza Guerra, el Subteniente Gonzalo Guevara Cerritos y el Teniente Yusshy Mendoza Vallecillos, quienes actuaron acompañados por treinta y seis soldados. 19. Los peticionarios relatan los hechos perpetrados en la ejecución extrajudicial en la siguiente forma:
20. Los peticionarios relatan que, con posterioridad, los soldados simularon una confrontación frente a la residencia de los sacerdotes para atribuir la responsabilidad de los hechos al FMLN y que el soldado Cerritos escribió en un cartel "El FMLN hizo un ajusticiamiento a los orejas contrarios. Vencer o morir…FMLN". Otro soldado colgó el cartel en un portón de la UCA.
21. Los peticionarios alegan que el Coronel Benavides y el pelotón temporal de soldados del Atlacatl identificados como autores materiales de la ejecución extrajudicial actuaron bajo las órdenes de oficiales de alto rango. Al respecto, sostienen que existen dos hechos que prueban la existencia de órdenes superiores, a saber: el "cateo" realizado el día 13 de noviembre de 1989, que tuvo como objetivo no declarado estudiar el lugar donde después se cometerían los asesinatos, y la falta de reacción militar inmediata posterior al asesinato que, a juicio de los peticionarios, demuestra que existió una orden superior de no intervención. 22. Los peticionarios alegan que el cateo que se realizó el día 13 de noviembre fue ordenado por el Coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Jefe del C-3 del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada salvadoreña,6 quien a su vez recibió la orden del Coronel René Emilio Ponce, jefe de personal de la Fuerza Armada salvadoreña. El Coronel Cerna Flores ordenó la realización del cateo al Teniente Espinoza del Batallón Atlacatl, el mismo que tres días después también dirigió la misión asesina. El cateo fue llevado a cabo, según los denunciantes, por aproximadamente treinta y cinco miembros del Batallón Atlacatl, muchos de los cuales participarían luego en el asesinato. Asimismo, el Teniente Héctor Ulises Cuenca Ocampo, oficial del Servicio de Inteligencia, se sumó al grupo sin tener ningún tipo de vinculación formal con la medida.7 Según los peticionarios, los soldados inspeccionaron mínimamente el predio de la Universidad, lo que según ellos demostraría su falta de interés. Los denunciantes señalan a este respecto que de las declaraciones de algunos testigos se deriva que, a diferencia de registros anteriores, se prestó más atención a la ubicación de los cuartos y características del edificio que a los libros y papeles que se encontraban allí.8 23. Los peticionarios también expresan que la justificación que dio el Ejército del cateo carece de sustento. En efecto, en aquel momento existían tres anillos de seguridad alrededor de la UCA y los militares controlaban el lugar. Según los peticionarios, el Coronel Ponce "alegó que había ordenado el cateo en respuesta a informes de la contrainteligencia respecto al ataque y la infiltración del FMLN en el campus de la UCA. Sin embargo, no existen pruebas de tales circunstancias y en el cateo no se encontraron ni armas ni guerrilleros". 24. Los peticionarios manifiestan, además, que los acontecimientos inmediatos posteriores a los asesinatos también sugieren la responsabilidad intelectual de oficiales superiores en el crimen. A pesar de que durante el incidente de la UCA "hubo fuego de ametralladoras, explosión de granadas y el lanzamiento de una bengala en medio de la zona militar más vigilada de la ciudad", los peticionarios sostienen que no hubo reacción militar inmediata, ni siquiera un registro de algún tipo de investigación del tiroteo, cuando tal conducta es la prevista en la normativa militar.9 Según los peticionarios, la única explicación respecto a esa falta de respuesta es que "el Alto Mando tenía conocimiento de lo que estaba pasando en la UCA".10 En este sentido indican que en la noche del 15 de noviembre, a las 7:30 p.m., unos 20 miembros del Estado Mayor se habían reunido y coincidieron en que había que tomar medidas más fuertes para vencer al FMLN. Según el Teniente Ricardo Espinoza Guerra, que dirigió la operación, el Coronel Benavides ordenó el asesinato de los jesuitas a las 11:15 p.m. de esa misma noche.11 25. Los peticionarios consideran que estas conclusiones se ven reforzadas con las propias conclusiones de la Comisión de la Verdad en el sentido de que oficiales del Alto Mando decidieron el asesinato del Padre Ellacuría, y ordenaron no dejar testigos vivos.
26. Los peticionarios señalan que, según la Comisión de la Verdad, durante la investigación los oficiales salvadoreños de alto rango presionaron a los soldados para que no mencionaran en su testimonio judicial las órdenes superiores que habían recibido. Por otra parte, --alegan los peticionarios-- los diarios de la Academia Militar en donde se registraron los movimientos de tropas el día del crimen desaparecieron y posteriormente fueron quemados. Además, los cañones de los rifles usados para cometer los asesinatos fueron destruidos y reemplazados y, por consiguiente, las pruebas balísticas no tuvieron mayor trascendencia.
27. Los peticionarios señalan que la investigación del crimen estuvo a cargo de la Unidad de Investigación de la Comisión de Investigación (en adelante "la Comisión de Investigación")12 y la Comisión Especial de Honor Militar de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas (en adelante "la Comisión de Honor"). A juicio de los peticionarios, ambos organismos hicieron lo posible para encubrir a los autores intelectuales del crimen y actuaron con incompetencia y mala fe. En efecto, según los peticionarios, aunque existieron indicios graves relativos a la participación de oficiales superiores en la planificación y el encubrimiento del crimen, ninguna línea investigativa oficial se orientó en tal sentido.
28. A juicio de los peticionarios, las deficiencias en la investigación a cargo de la Comisión de Investigación incluyen las siguientes:
29. Los peticionarios indican que el 7 de enero de 1990, el Presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani resolvió nombrar una Comisión Especial de Honor Militar para determinar la responsabilidad por los asesinatos. El Presidente aceptó esta medida a raíz de la información proveniente de la Embajada de Estados Unidos de América de que supuestamente el Coronel Benavides había confesado al Director de la Unidad de Investigación su participación en el crimen.13 30. En menos de una semana, la Comisión de Honor anunció los nombres de nueve soldados y oficiales salvadoreños supuestamente responsables de los asesinatos. Según los peticionarios, el informe no especificó el método empleado para llegar a tal determinación. 31. Los peticionarios indican, además, que no hubo ningún intento de investigar a oficiales de alto rango. Por el contrario, la Comisión de la Verdad consideró que Rodolfo Antonio Parker Soto, asesor jurídico de la Comisión de Honor, alteró declaraciones de testigos que involucraban a oficiales del Alto Mando en el crimen.
32. Los peticionarios señalan que el 8 de enero de 1991, Henry Campos y Sidney Blanco, funcionarios de la Fiscalía General que colaboraron con el Juzgado Cuarto en lo Penal a cargo del caso, renunciaron a sus cargos a raíz del intento del Fiscal General de impedir la investigación de los autores intelectuales de los asesinatos.
33. Según indican los denunciantes, sólo el Coronel Benavides, considerado responsable de los ocho asesinatos y el Teniente Mendoza, considerado responsable por el asesinato de la joven de quince años que murió en los brazos de su madre, fueron condenados por los asesinatos. Espinoza, el comandante de la compañía que dirigió a los soldados a la misión asesina y dio la orden final, fue absuelto de los cargos de homicidio, al igual que el resto de los imputados. 34. Los peticionarios señalan que el informe de la Comisión de la Verdad, emitido en marzo de 1993, concluyó que oficiales del Alto Mando estuvieron implicados en el asesinato. Además, dicho informe reveló el extenso encubrimiento llevado a cabo por las antes referidas Unidad de Investigación y Comisión de Honor Militar. A pesar de ello, el Estado no presentó cargos contra los oficiales mencionados en el Informe. 35. Según los denunciantes, no obstante las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, El Salvador emitió una ley de amnistía que excluyó la responsabilidad tanto civil como criminal de todas las personas que participaron de alguna manera en la comisión de crímenes políticos, crímenes comunes relacionados con crímenes políticos y crímenes comunes cometidos por, al menos, 20 personas antes, del 1º de enero de 1992. 36. Los peticionarios señalan que gracias a la ley de amnistía --cuya constitucionalidad fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador-- Benavides, Mendoza y los soldados condenados recobraron su libertad, y se impidió la continuación de las investigaciones a la luz de las determinaciones de hecho de la Comisión de la Verdad. 37. Los peticionarios solicitan que se condene al Estado salvadoreño por haber violado los artículos 1, 4, 8 y 25 de la Convención Americana. Solicitan igualmente que se condene a dicho Estado por la violación de los artículos 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por último, solicitan que se declare que el Estado ha violado normas de derecho humanitario y que ha cometido crímenes de lesa humanidad.
38. El Estado presentó su primer escrito ante la CIDH en el presente caso tan sólo el 22 de octubre de 1992. En él se limitó a expresar que "el Gobierno de la República reitera que no desmayará en su política de promover y defender los Derechos Humanos y solicita a la CIDH que este caso se archive porque éste ha sido debidamente procesado, enjuiciando a los culpables del mismo, y resultando por primera vez en la historia del país un militar de alto rango condenado". 39. Al respecto, el Estado expresó que:
40. El 14 de octubre de 1993 el Estado suministró información complementaria y reiteró su solicitud de archivo del caso. Dicha información consistió en dos oficios. El primero de ellos había sido dirigido el 24 de septiembre de 1993 al Coordinador de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República por el Juez Cuarto de lo Penal Suplente, Lic. Luis Antonio Villeda Figueroa. En él se resumen los hechos y el procedimiento judicial del caso y se hace mención a la vista pública; el veredicto del jurado; la sentencia dictada y la posterior aplicación de la ley de amnistía a los imputados. El segundo es un oficio dirigido al Fiscal General de la República por los fiscales Jorge Carlos Figeac Cisneros y Ricardo Marcial Zelaya Larreynaga, en el que se hace un resumen similar y se informa que el 19 de diciembre de 1990 la defensa interpuso recurso de apelación contra la resolución de imputar a los 9 militares y que el 8 de abril de 1991 la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro confirmó en todas sus partes la interlocutoria apelada el 8 de abril de 1991. Informan, asimismo, que la sentencia se emitió el 23 de enero de 1992 y que fue apelada por la defensa el 30 de enero del mismo año. Además confirman que los imputados fueron amnistiados el 24 de marzo de 1993. Ambas presentaciones sólo agregan que, de conformidad con los artículos 1, 2 y 4 de la ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, los imputados fueron amnistiados y posteriormente liberados el 1º de abril de 1993. 41. Resta añadir que a pesar de que el 3 de mayo de 1996 la CIDH transmitió al Estado su ofrecimiento de ponerse a disposición de las partes a fin de lograr una solución amistosa en el presente caso, el Estado no contestó el ofrecimiento. Asimismo, el 16 de marzo de 1999, la CIDH transmitió al Estado información adicional presentada por los peticionarios, pero a la fecha El Salvador no respondió. 42. En virtud de lo anterior, de conformidad con la Convención Americana, con su Estatuto y su Reglamento, la CIDH pasa a decidir el presente caso conforme a los fundamentos de hecho y derecho que se exponen a continuación.
43. La CIDH tiene competencia ratione materiae para examinar la petición en cuestión porque en ella se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos en la Convención Americana, de la cual El Salvador es Estado Parte. La CIDH tiene, asimismo, competencia ratione temporis por cuanto los hechos alegados en la petición tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado salvadoreño.14 Los peticionarios tienen legitimación para comparecer por cuanto plantean la violación por un Estado Parte de normas establecidas en la Convención Americana. La Comisión pasa ahora a determinar si el presente caso es admisible a la luz de los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
44. En el presente caso, el Estado no ha alegado expresamente la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos. En consecuencia, la Comisión considera que el Estado ha renunciado tácitamente a dicha excepción. 45. En efecto, como lo ha expresado la Corte Interamericana, la excepción de previo agotamiento de los recursos jurisdiccionales internos debe interponerse en forma expresa en las primeras etapas del procedimiento.15 De no hacerlo así, podrá tenerse como tácitamente desistida. 46. El Estado tampoco ha opuesto la excepción de falta de cumplimiento del plazo de seis meses establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención, por lo cual la CIDH considera que el Estado también ha renunciado tácitamente a oponer esta excepción.16 47. No obstante ello, la Comisión nota que, como indican el Estado y los peticionarios, el Juez de primera instancia dictó sentencia el 23 de enero de 1992 en el proceso penal que tuvo lugar con motivo de las ejecuciones extrajudiciales y que dicha sentencia fue debidamente confirmada. Por otra parte, la Ley de Amnistía fue impugnada por inconstitucional y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inadmisible tal recurso.17
48. La CIDH considera que de la información que consta en el expediente no surge que la cuestión planteada en el presente caso se encuentre pendiente de solución en otro foro internacional. Por lo tanto, se encuentra satisfecho el requisito establecido por el artículo 46(1)(c) de la Convención Americana.
49. En el caso bajo examen, los peticionarios han presentado hechos que, en principio, tienden a caracterizar posibles violaciones de los artículos 1(1), 2, 4, 8(1) y 25 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión considera que se encuentran satisfechas las condiciones establecidas en el artículo 47(b) de dicha Convención.
50. Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, la CIDH concluye que es competente para examinar el presente caso y que los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana se encuentran satisfechos.
51. Tras determinar su competencia para entender en el presente caso y establecer la admisibilidad de la petición, la Comisión pasa a pronunciarse sobre los méritos del caso, tomando en cuenta que las partes no se avinieron a iniciar un proceso de solución amistosa y que la CIDH cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre el fondo.
52. Para la mejor comprensión de las circunstancias fácticas del caso bajo análisis, la CIDH estima conveniente realizar algunas precisiones relativas a la situación de violencia que se vivía en El Salvador en el momento de las violaciones alegadas y a la creación de la Comisión de la Verdad. 53. En este sentido, cabe señalar que durante el período en que ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales, el conflicto armado interno que se inició alrededor de 1980 sumergió al país en un período de aproximadamente 12 años de violencia, originando lamentables hechos con miles de muertos.18 54. Las partes en el conflicto eran, por un lado, el Gobierno y, por el otro el FMLN, creado en 1980 con la fusión de cinco grupos armados de oposición.19 55. Los hechos del caso sucedieron en medio de la mayor ofensiva militar lanzada por el FMLN durante los años de guerra civil. La ofensiva militar del FMLN se produjo el 11 de noviembre de 1989, con posterioridad a un grave atentado cometido el 31 de octubre de 1989 en la ciudad de San Salvador, en el cual grupos no identificados de la extrema derecha detonaron una bomba en la sede Central de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTAS). Este atentado arrojó un saldo de 10 líderes sindicales muertos y 30 heridos. 56. A raíz de esta ofensiva, el 12 de noviembre de 1989 el Gobierno declaró el estado de sitio con toque de queda de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana; el 13 del mismo mes el Estado Mayor decidió crear una zona de seguridad especial (comando de seguridad), que comprendía los alrededores de la UCA. Incluidas en la zona de seguridad y a pocas cuadras se encontraban la sede del Estado Mayor, el Ministerio de Defensa, la Escuela Militar, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Batallón San Benito de la Policía Nacional, y dos colonias o barrios residenciales para militares, la colonia Arce y la colonia Palermo. El comando de la zona de seguridad se colocó en la Escuela Militar, y el Director de la Escuela, Coronel Guillermo Alfredo Benavides, fue nombrado su comandante. 57. Dado que la Escuela Militar normalmente no tiene tropas listas para el combate, se destacaron en la Escuela secciones de otras unidades, entre las que figuraban 47 hombres del Batallón Atlacatl.20 Es decir, el lugar de los hechos se encontraba totalmente militarizado y bajo el control del Ejército Nacional, que mantenía puestos militares de vigilancia: en la Torre Democracia, en la Colonia Arce , en el portón Norte de la UCA, en la periferia de dicha Universidad, en la Ceiba de Guadalupe, así como también en la zona de la Colonia Jardines de Guadalupe.21 58. El 15 del mismo mes, después de una reunión en la que participaron cerca de veinte de los jefes militares de mayor jerarquía del país, se decidió elevar el nivel de la ofensiva militar contra el FMLN. Fue esa misma noche en que se produjeron las ejecuciones extrajudiciales. 59. El conflicto armado que sirvió de marco a estas ejecuciones extrajudiciales finalizó el 16 de febrero de 1992, con la firma del Acuerdo de Paz de El Salvador, en Chapultepec, México, entre el Gobierno de dicho país y el FMLN.22 Con la firma de este acuerdo culminaron las negociaciones de paz que se llevaron a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que duraron más de tres años (1989-1992). En ese lapso, se firmó una serie de Acuerdos de Paz. Los Acuerdos de México, del 27 de abril de 1991, crearon la Comisión de la Verdad para El Salvador, cuyo mandato consistió en investigar los "graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad".23 60. El acuerdo establecía que la Comisión de la Verdad estaría constituida por "tres personas designadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, oída la opinión de las partes".24 El Secretario General de la Naciones Unidas designó a Belisario Betancur (ex Presidente de Colombia), Reinaldo Figueredo Planchart (ex Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela) y Thomas Buergenthal (ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Conforme a su mandato, la Comisión de la Verdad debía presentar un informe final con sus conclusiones y recomendaciones, el cual debía remitirse a las Partes y al Secretario General de las Naciones Unidas.25 Dicho "Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador" fue publicado el 15 de marzo de 1993.
61. La CIDH observa que varios hechos alegados por los peticionarios no han sido controvertidos por el Estado, algunos de los cuales se exponen a continuación. 62. En la madrugada del día 16 de noviembre de 1989, fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas, una señora que colaboraba con los quehaceres domésticos y la hija de ésta, de quince años, por agentes de la Fuerza Armada salvadoreña en el Centro Pastoral de la UCA. Las víctimas fueron los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Joaquín López y Juan Ramón Moreno, la señora Julia Elba Ramos y la hija de ésta, Celina Mariceth Ramos, de 15 años de edad. 63. El Presidente Cristiani dispuso que la investigación de las ejecuciones extrajudiciales estaría a cargo de la Comisión de Investigación, cuyo jefe era el Teniente Coronel Manuel Antonio Rivas Mejía. 64. Con posterioridad, el Ministro de Defensa de El Salvador conformó otro organismo de investigación, la Comisión de Honor, integrada por cinco oficiales y dos civiles. El 12 de enero de 1990, la Comisión de Honor presentó su informe al Presidente Cristiani en el que se señaló a nueve militares como responsables de las ejecuciones extrajudiciales denunciadas. 65. Estos nueve militares fueron detenidos y procesados ante el Juzgado Cuarto en lo Penal, a cargo del doctor Ricardo Alberto Zamora (en adelante "el Juez Zamora"). 66. El Juez Zamora instaló la Vista Pública en contra de los imputados el 25 de septiembre de 1991. 67. El Coronel Guillermo Alfredo Benavides, Director de la Escuela Militar, fue acusado de dar la orden de asesinar a los sacerdotes. El Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos, oficial de la Escuela Militar, y los Tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos, oficiales del Batallón Atlacatl, fueron acusados de participar en el mando del operativo. El Sargento Antonio Ramírez Avalos Vargas, el Sargento Tomás Zarpate Castillo, el Cabo Angel Pérez Vázquez y los soldados del Batallón Atlacatl Oscar Mariano Amaya Grimaldi y Jorge Alberto Sierra Ascencio fueron acusados de ser los autores materiales de los asesinatos. 68. Dos días después, el 27 de septiembre de 1991, el jurado declaró culpables de las ejecuciones sumarias exclusivamente al Coronel Benavides (responsable de todos los homicidios) y al Teniente Mendoza Vallecillos (responsable del homicidio de la joven Celina Mariceth Ramos). El resto de los imputados fue absuelto de los homicidios. 69. En 1991, el Estado y el FMLN firmaron en México importantes acuerdos que implicaban, entre otras cosas, la creación de una Comisión de la Verdad con el mandato de investigar "aquellos graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuyo impacto en la sociedad demanda el público conocimiento". El 23 de enero de 1992 se dictó la sentencia en el caso del asesinato de los jesuitas. 70. Casi un mes después de emitida la sentencia, el 16 de febrero de 1992, se firmó el Acuerdo de Paz de El Salvador, en Chapultepec, México, en el que se vinculó la labor de la Comisión de la Verdad con el esclarecimiento y superación de la impunidad. El 15 de marzo de 1993 la Comisión de la Verdad presentó su Informe en el cual se incluyen los resultados de la investigación sobre las ejecuciones de los sacerdotes jesuitas y las dos mujeres. El Coronel Benavides y el Teniente Mendoza, hallados responsables de los homicidios, fueron sentenciados a cumplir la pena de treinta años de prisión. Además, el Juez los condenó por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. Asimismo, el Juez condenó a los Tenientes Espinoza y Guevara Cerritos a tres años de prisión por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. Por último, el Juez condenó al Teniente Coronel Hernández y al Teniente Mendoza Vallecillos por encubrimiento real. La sentencia fue apelada por la defensa el 30 de enero de 1992 y confirmada por la Cámara de Apelaciones. 71. En su informe, la Comisión de la Verdad identificó a los agentes del Estado que decidieron, planificaron y ejecutaron los homicidios. En relación con los autores intelectuales, la Comisión de la Verdad señaló que el 15 de noviembre de 1989, en presencia y en confabulación con el General Juan Rafael Bustillo, y los Coroneles Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes, el Coronel René Emilio Ponce ordenó al Coronel Guillermo Alfredo Benavides que diera muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos. Ninguno de los militares identificados en el informe como autores intelectuales fueron procesados ante el Juzgado Cuarto en lo Penal. Además, el Informe estableció que el operativo de las ejecuciones extrajudiciales fue organizado por el entonces Mayor Carlos Camilo Hernández Barahona y ejecutado por un grupo de soldados del Batallón Atlacatl al mando del Teniente Ricardo Espinoza Guerra y el Subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, acompañados por el Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos. 72. Asimismo, el Informe reveló la operación de encubrimiento llevada a cabo por otros agentes del Estado para ocultar a los verdaderos autores mediatos e inmediatos de los homicidios. En efecto, el Informe señala que el Jefe de la Comisión de Hechos Delictivos, Coronel Antonio Rivas Mejía y el Coronel Iván López y López conocieron la verdad en relación a los hechos y la ocultaron. Por otro lado, la Comisión de la Verdad estableció que un miembro de la Comisión de Honor, el licenciado Rodolfo Antonio Parker Soto, alteró declaraciones de testigos para proteger a oficiales de alto rango. 73. El 20 de marzo de 1993, sólo cinco días después de presentado el Informe de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Legislativa de El Salvador dictó el Decreto de Amnistía Nº 486.26 Dicho Decreto fue impugnado por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que se declaró incompetente para revisar la constitucionalidad del decreto, con el argumento de que la amnistía constituía un acto "eminentemente político".27 Los condenados por el delito de asesinato, el Coronel Guillermo Alfredo Benavides y el Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos, fueron amnistiados y posteriormente liberados el 1º de abril de 1993.
74. Los hechos controvertidos por las partes se relacionan exclusivamente con las características de la investigación. Al respecto, los peticionarios sostienen que la investigación oficial estuvo orientada a impedir el descubrimiento de la verdad a fin de proteger a oficiales de alto rango de la Fuerzas Armadas. Por su parte el Estado, si bien no responde individualmente a cada una de las afirmaciones efectuadas por los peticionarios, sostiene de modo general que "este (caso) ha sido debidamente procesado, enjuiciando a los culpables del mismo, y resultando por primera vez en la historia del país un militar de alto rango condenado". El Estado agrega que "el gobierno de la República siempre ha tenido la política de investigar minuciosamente los casos y causar la acción legal pertinente". 75. A fin de esclarecer los puntos controvertidos, la CIDH considerará, en primer término, la investigación llevada a cabo por la Comisión de la Verdad sobre el caso denunciado, cuyas conclusiones aparecen en el Informe emitido por dicha Comisión el 15 de marzo de 1993. Como se ha mencionado previamente, la Comisión de la Verdad fue creada como consecuencia de un acuerdo de Paz entre el Estado denunciado y el grupo armado disidente FMLN.28 Además, los miembros de dicha Comisión fueron elegidos por el Secretario General de la Naciones Unidas, oídos previamente el Estado denunciado y el FMLN. Dadas las condiciones de creación de la Comisión de la Verdad y de designación de sus miembros, así como la seriedad de la metodología empleada y las pruebas recabadas, la CIDH estima que su imparcialidad, fundamentación y buena fe están fuera de toda duda. 76. Con relación a la metodología empleada para la investigación, corresponde señalar que los miembros de la Comisión de la Verdad "revisaron documentos existentes en El Salvador y en otros países, realizaron numerosas entrevistas a participantes, testigos, víctimas y familiares, solicitaron información a entidades gubernamentales, consultaron expedientes judiciales, realizaron visitas a los lugares en que se habían producido los hechos, y solicitaron copias de instrucciones y órdenes impartidas".29 77. Asimismo, "con el fin de garantizar la confiabilidad de la evidencia recolectada, la Comisión insistió en la verificación, comprobación y reexamen de todas las afirmaciones sobre hechos, cotejándolas con un gran número de fuentes cuya veracidad ya hubiera quedado establecida. Se determinó que ninguna fuente, ni testigo, por sí solo, sería considerado lo suficientemente confiable como para establecer la verdad sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para que la Comisión arribara a una conclusión. Se decidió que las fuentes secundarias, por ejemplo, los informes de entidades nacionales o internacionales, sean gubernamentales o privadas, y las aseveraciones por parte de personas que carecen de conocimiento de primera mano sobre los hechos relatados por ellos, por sí solas no constituían base suficiente para llegar a conclusiones. No obstante, estas fuentes secundarias fueron utilizadas junto con pruebas circunstanciales, para verificar conclusiones que surgieron de fuentes primarias".30 78. Por la seriedad de la metodología utilizada por la Comisión de la Verdad y la garantía de imparcialidad y buena fe que deriva de la forma de designación de sus miembros, en la que participó el propio Estado, la CIDH estima que la investigación sobre este caso merece crédito y en tal carácter la considerará, en vinculación con los hechos alegados y las otras pruebas presentadas. Además, cabe destacar que el Estado no ha alegado ni presentado prueba alguna que ponga en tela de juicio las conclusiones a las que arribó la Comisión de la Verdad que él mismo creó.
79. Para la Comisión de la Verdad, la ejecución extrajudicial de los sacerdotes jesuitas constituye un caso ilustrativo de "violencia contra opositores por parte de agentes del Estado", que se encuadró dentro de los patrones de violencia que caracterizaron el conflicto armado interno que vivió El Salvador.31 80. Dada la relevancia de la investigación de la Comisión de la Verdad, la CIDH considera importante transcribir textualmente el capítulo del informe que se refiere a la ejecución extrajudicial de los sacerdotes jesuitas y a las conclusiones de dicha Comisión:32
81. Después de analizar los hechos, la Comisión de la Verdad expuso sus conclusiones en los siguientes términos:
82. Del informe transcrito surge que altos funcionarios de las entidades oficiales que tuvieron a su cargo la investigación, encubrieron a los autores intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales, así como también a una parte importante de los autores materiales. 83. En efecto, el informe concluye que el Coronel Antonio Rivas Mejía, jefe de la Comisión de Investigación, organismo que inicialmente tuvo a su cargo la investigación, "conoció de los hechos y ocultó la verdad de ellos" y "recomendó al Coronel Benavides medidas para la destrucción de pruebas incriminatorias".34 Asimismo, el Coronel Nelson Iván López y López, de la Comisión de Investigación, también ocultó la verdad de lo ocurrido.35 En relación a este funcionario, es importante destacar que fue asignado a la Comisión de Investigación por el Coronel René Emilio Ponce, a quien la Comisión de la Verdad le atribuye haber decidido, junto a otros militares, las ejecuciones extrajudiciales y ordenado al Coronel Benavides que las llevara a cabo.36 En relación con la Comisión Especial de Honor, uno de sus miembros, el licenciado Rodolfo Antonio Parker Soto, "alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato".37 84. Con respecto a los autores materiales del asesinato, el informe expresa: "Por el asesinato fueron declarados culpables únicamente el Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y el Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos", los cuales eran oficiales de la Escuela Militar. Es decir, ninguno de los miembros del Batallón Atlacatl, cuya participación es reconocida expresamente por la Comisión de la Verdad, fue condenado por el asesinato, a pesar de que el Teniente Espinoza Guerra, el Teniente Guevara Cerritos y los otros cuatro miembros del Batallón confesaron sus delitos en sus declaraciones extrajudiciales. 85. El informe de la Comisión de la Verdad expresa en tal sentido que hay prueba sustancial según la cual el Coronel René Emilio Ponce dio al Coronel Benavides "la orden de dar muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos" y que "para ello dispuso la utilización de una unidad del Batallón Atlacatl…". El informe afirma luego, entre otras cosas, que existe plena prueba de que posteriormente todos estos oficiales y otros en conocimiento de lo ocurrido tomaron medidas para ocultarlo. Agrega el informe que existe sustancial prueba, además, que el Coronel Oscar Alberto León Linares, Comandante del Batallón Atlacatl, tuvo conocimiento del asesinato y ocultó pruebas incriminatorias. 86. Las circunstancias documentadas demuestran que importantes funcionarios que tuvieron a su cargo la investigación oficial se fijaron el objetivo de impedir que dicha investigación fuera completa, imparcial y efectiva y encubrir a determinados autores. En efecto, dado que los funcionarios mencionados en los párrafos precedentes conocían la verdad y la ocultaron, no cabe duda que la investigación estuvo orientada a ocultar la verdad completa de los hechos denunciados para impedir el procesamiento y la sanción de todos los autores de las ejecuciones extrajudiciales.
87. A mayor abundamiento, la CIDH ha considerado las declaraciones públicas realizadas por los licenciados Henry Campos y Sidney Blanco, ex-fiscales asignados a la investigación del caso. Dichos ex-funcionarios del Estado señalaron en una entrevista televisiva que no existió voluntad de investigar por parte de los organismos oficiales.38 En aquella entrevista, los ex-fiscales señalaron que renunciaron a sus cargos porque la Fiscalía General les había puesto todo tipo de obstáculos para impulsar una investigación seria y completa de las ejecuciones extrajudiciales. 88. En este sentido, los ex-fiscales manifestaron que el Fiscal General les prohibió presenciar el interrogatorio de ciertos testigos y la formulación de repreguntas. Asimismo, la Fiscalía no permitió que los fiscales requirieran determinadas diligencias destinadas a esclarecer el crimen. 89. Los ex-fiscales expresaron que el primer Fiscal General a cargo del caso no mostró interés y no presenció las diligencias efectuadas. El nuevo Fiscal General, por su parte, puso todo tipo de restricciones a los fiscales intervinientes para evitar que cumplieran con su deber, lo cual los llevó a renunciar. Los ex-fiscales relatan que sufrieron todo tipo de presiones destinadas a que abandonaran el seguimiento del caso. 90. El ex-fiscal Blanco señaló además que "cualquier persona que se detenga a analizar el juicio de los jesuitas llega a una conclusión muy lógica que en este caso, el Coronel Benavides no pudo actuar solo, debió contar con el respaldo de otros de alta jerarquía para tomar esa decisión de tanta trascendencia". Los ex-fiscales explican que la vinculación de militares de alta jerarquía en el asesinato se observa en la decisión de realizar el cateo y en la falta de respuesta inmediata de la Fuerzas Armadas ante los disparos.
91. Cabe mencionar que diversas entidades académicas, profesionales y no gubernamentales, prepararon informes sobre las investigaciones y los juicios del presente caso. Dichos informes emiten conclusiones concordantes con las de la Comisión de la Verdad.39 92. Uno de esos informes fue elaborado por el Instituto de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad De Paul, de Chicago, Estados Unidos de América, que fue invitado por el Presidente de la Corte Suprema de El Salvador a enviar un observador al juicio relativo al asesinato de los jesuitas.40 El informe señala que el Estado no condujo una investigación seria en relación con la posible participación de militares de alto rango. Por el contrario, afirma que los militares llevaron a cabo operaciones de encubrimiento tendientes a ocultar a los responsables. Asimismo, el informe establece que la investigación llevada a cabo por la Comisión de Investigación y la Comisión de Honor carecen de credibilidad. En particular, el informe expresa que ninguna de las entidades ha justificado claramente la identificación como acusados de los nueve oficiales que fueron procesados.
93. El sumario judicial --al que están agregadas las diligencias extrajudiciales de la Comisión de Investigación, órgano que tuvo originalmente a su cargo la investigación-- aporta suficientes pruebas de las que surge que dicha Comisión no llevó a cabo una investigación completa ni oportuna; y que hubo desaparición e, incluso, destrucción de pruebas fundamentales. Esto permitió a los militares organizar un vasto encubrimiento. Un ejemplo gráfico es la destrucción de los libros de registro de la Escuela Militar, ya que cuando el juez Zamora los pidió, se determinó que habían sido incinerados en diciembre de 1989. 94. Con respecto a la incineración de los registros de entradas y salidas, el Teniente Yusshy René Mendoza declaró ante el juez 4o. de lo penal de San Salvador, que a partir de 1989 había quemado el libro de registros de la Academia Militar bajo las órdenes de sus superiores. El encargado del archivo, Juan René Arana Aguilar, declaró el 4 de junio de 1990 que, en algún momento, durante las primeras dos semanas de diciembre, el Mayor Carlos Camilo Hernández le había ordenado reunir todos los libros desde 1989 porque iban a ser quemados. Arana expresó que el Teniente Mendoza había venido a buscar los registros y que si bien sabía que los habían quemado, no sabía quién lo había hecho. 95. La Comisión de Investigación sólo informó el 29 de marzo de 1990 al juez 4o. de lo Penal (oficio Nº 017OUE/990) que el Director de la Escuela Militar "Capitán General Barrios" había ordenado que se investigara el paradero del "libro de novedades, entradas y salidas de los señores Jefes y Oficiales y otros" que se llevaba en la Guardia de Prevención durante noviembre de 1989, y que se había establecido:
96. La CIDH considera que estos actos estuvieron encaminados a encubrir a parte de los autores materiales y a los autores intelectuales del asesinato de los jesuitas, ya que dichos registros hubieran probado quiénes entraron y salieron de la Academia Militar el día de los asesinatos y los días previos. A este respecto, debe tenerse en cuenta que las órdenes de efectuar primero el cateo y luego el asesinato de los jesuitas fueron impartidas desde la Escuela Militar, donde se encontraba el comando de la Zona de Seguridad creada el 13 de noviembre por el Estado Mayor. Los referidos registros hubieran sido una prueba clave para determinar la responsabilidad de todos los autores del acto delictivo. 97. Por otro lado, la Comisión de Investigación no intentó en momento alguno averiguar la respuesta a la pregunta clave sobre quién dio la orden de los asesinatos. El Teniente Coronel Manuel Antonio Rivas Mejía, jefe de la Unidad Ejecutiva de la Comisión de Investigación en el momento de los crímenes, dijo explícitamente en el juzgado que no se investigó a los jefes del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, "ya que esta institución se encarga de todo el país, mientras que el comando de seguridad tenía responsabilidad únicamente en el Complejo Militar, y al haberse determinado a los sospechosos del asesinato investigado, era innecesario hacerlo…".42 98. La investigación fue defectuosa desde el principio, ya que los detectives de la Comisión de Investigación ni siquiera acordonaron la escena del crimen antes de que las pruebas pudieran ser alteradas. Según los informes de la Comisión de Investigación, dos de sus detectives llegaron al lugar de los hechos a las nueve y diez de la mañana del 16 de noviembre, unas siete horas después de cometidos los asesinatos. Empezaron a tomar fotografías y a recoger pruebas físicas: proyectiles, casquillos, huellas dactilares, etc. También empezaron a preparar planos y a interrogar a posibles testigos.43 Otras posibles pruebas importantes que se hallaban en el lugar del crimen, fueron ignoradas por los agentes de la Comisión de Investigación. 99. La Comisión de Investigación obtuvo la primera información que implicaba al Batallón Atlacatl el 17 de noviembre de 1989, cuando entrevistaron a los policías que estaban de servicio en la Torre Democracia, situada en la confluencia de la Autopista Sur con la avenida Alberto Einstein. El Subsargento Germán Orellana Vásquez, del Batallón Monserrat de la Policía Nacional y el Agente Víctor Manuel Orellana Hernández --quienes estuvieron de servicio desde la medianoche hasta las siete de la mañana del 16 de noviembre-- manifestaron a la Comisión de Investigación que vieron pasar tanquetas y soldados del Batallón Atlacatl. También dijeron que, hacia las dos de la madrugada, oyeron disparos y explosiones lejos y cerca. 100. El 5 de diciembre de 1989, dos tenientes del Destacamento Militar No. 7 que participó en la operación, revelaron que había tropas de su unidad en los edificios abandonados utilizados por el Batallón Atlacatl como punto de encuentro antes de iniciar su operativo del 16 de noviembre de 1989. 101. A pesar de eso, ni un solo hombre de la patrulla del Destacamento Militar Nº 7 admitió haber visto soldados del Batallón Atlacatl aquella noche o haber oído pasar vehículos. A la luz de las declaraciones de los hombres de dicho Batallón,44 y habida cuenta de las circunstancias de aquella noche, que incluían un toque de queda de doce horas, resulta sencillamente imposible no haberlos visto ni oído, puesto que coincidieron exactamente en el mismo lugar. 102. Al declarar como experto militar, el 27 de mayo de 1991, el Coronel argentino José Luis García dijo:
103. Las declaraciones del Coronel García no hicieron sino reforzar otras ya recogidas anteriormente por la Comisión de Investigación. El agente de la Policía de Hacienda, Juan Antonio Navarro Artiga, declaró a la Comisión de Investigación que cualquier tropa que se desplazase tendría que informar por radio a los soldados de la zona, para que no les disparasen. A partir del comienzo del toque de queda, a las seis de la tarde, según manifestó el Agente Navarro, tenían orden de disparar sobre cualquier vehículo no identificado.45 104. El Cabo Angel Pérez Vásquez, que después confesó haber dado muerte al Padre López y López, declaró a la Comisión de Investigación que "con respecto al asesinato de seis sacerdotes jesuitas, lo primero que supo fue unos 15 días después de abandonar la Escuela Militar, leyendo un periódico". El soldado Juan Antonio González Torres llegó a decir que no había oído nada sobre la muerte de los jesuitas hasta el momento de su declaración, el 28 de diciembre. 105. Este tipo de declaraciones, encaminadas a ocultar más que a revelar, fueron la regla, no sólo de los primeros testigos, sino de cientos de miembros en servicio activo en la Fuerza Armada salvadoreña, que no tuvieron inconveniente en incurrir en perjurio ante el juez. 106. El 22 de diciembre de 1989 el Padre Tojeira entregó nuevas pruebas a la Comisión de Investigación, entre ellas el rótulo manuscrito que implicaba al FMLN, que había sido dejado en el portón peatonal de la UCA, algunas vainillas de proyectiles, una lata vacía de cerveza "Tecate" recogida del lugar de los asesinatos y dos colillas de cigarrillos. La Comisión de Investigación ordenó inmediatamente los correspondientes análisis de laboratorio y solicitó que se tomaran pruebas caligráficas a todos los comandos del Batallón Atlacatl. El 14 de enero de 1990, los análisis grafológicos dieron como resultado que las palabras "El FMLN hizo un ajusticiamiento a los orejas contrarios. Vencer o morir. FMLN", podían haber sido escritas por el Subteniente Guevara Cerritos o por el Subsargento Avalos Vargas. Algunos testigos declararon más tarde que habían visto escribir algo en el rótulo al Subteniente Guevara Cerritos. 107. La primera comunicación entre la Comisión de Investigación y el Coronel Benavides que aparece en el sumario, está fechada el 3 de enero de 1990, cuando el Teniente Coronel Rivas le preguntó si alguno de sus hombres había utilizado luces de bengala en los alrededores de la UCA entre las seis de la tarde del 15 de noviembre de 1989 y las siete de la mañana del 16. 108. A pesar de la gran cantidad de pruebas recogidas por este órgano hasta esa fecha, lo conseguido fue realmente pobre. De todas las huellas digitales recolectadas no se obtuvo nada positivo,46 los análisis grafológicos no fueron concluyentes y las pruebas balísticas no habían proporcionado resultados útiles. La policía inglesa de investigación (Scotland Yard) criticó el modo como la Comisión de Investigación manejó las pruebas, ya que la forma en que lo hizo creó confusión e impidió que se pudiera saber dónde se había encontrado cada objeto.47 Peor aún, la Comisión de Investigación nunca terminó las pruebas balísticas, ni relacionó con el crimen a ninguno de los acusados a través de dichas pruebas. 109. El 3 de enero, los expertos de la Comisión de Investigación habían determinado ya que algunos de los casquillos encontrados correspondían a proyectiles disparados por el fusil M-16 asignado al soldado Víctor Antonio Delgado Pérez, de la unidad de comandos del Batallón Atlacatl. Cincuenta y tres casquillos encontrados en el costado del Centro Monseñor Romero procedían de su M-16. Todavía quedaban 73 casquillos que comparar con las muestras tomadas a los comandos del Atlacatl.48 110. El 4 de enero, los expertos en balística informaron que habían identificado un segundo M-16, el del soldado Neftalí Ruiz Ramírez,49 como el autor de los disparos de 41 casquillos encontrados en el costado norponiente del Centro Monseñor Romero. 111. Llama la atención que los dos soldados a quienes correspondían esos fusiles nunca fueron procesados. Es inexplicable, por otra parte, que la Comisión de Investigación no interrogara al Coronel Benavides antes de enero de 1990, puesto que era el comandante de la zona militar de seguridad en que estaba situada la UCA y había registrado disparos y explosiones en la universidad aquella noche, atribuyéndolos al FMLN. Sólo uno de los subordinados del Coronel Benavides, el Capitán García Oliva --citado por el Coronel Ponce como oficial al mando de las tropas situadas al sur y suroeste de la UCA-- fue interrogado. Tampoco existe indicación alguna de que la Comisión de Investigación haya tomado declaración al entonces subdirector de la Escuela Militar, Mayor Camilo Hernández, para saber lo que pasó aquella noche. El Mayor Hernández, ya ascendido a Teniente Coronel, fue posteriormente procesado por "encubrimiento real", acusado de destruir pruebas, y condenado a tres años de prisión. 112. A pesar de que todos los indicios señalaban a los militares, la postura oficial del Ejército y de las autoridades civiles durante noviembre y diciembre de 1989 fue la de culpar al FMLN. El Coronel Heriberto Hernández, entonces director de la Policía de Hacienda, acusado de estar complicado en los asesinatos en una carta anónima de "oficiales jóvenes", negó esta acusación el 9 de diciembre de 1989, en una declaración jurada a la Comisión de Investigación. Concluía su declaración diciendo que los "delincuentes terroristas" cometen este tipo de crímenes con el objetivo de desacreditar a la Fuerza Armada haciendo creer a la gente que es la Fuerza Armada quien los ha cometido.
113. A comienzos del mes de enero de 1990, los funcionarios de la embajada de Estados Unidos proporcionaron al Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña una información que vinculaba al Coronel Benavides con el crimen.50 Esta revelación tuvo como consecuencia que el Presidente Cristiani nombrara una "Comisión Especial de Honor", que tuvo un papel preponderante en minimizar el daño para el Ejército y en demarcar los límites de la investigación. Durante esas dos semanas fue cuando se identificaron los nombres de los nueve acusados, aunque el proceso por el que se llegó a ésta no ha sido esclarecido. También en este período siete de los nueve acusados confesaron su participación en los crímenes a la Comisión de Investigación. Sus confesiones extrajudiciales siguen siendo el mejor y más completo relato de cómo sucedieron los crímenes. Hasta ese momento, aún no se había acusado a nadie del crimen. 114. Desde el comienzo, el objetivo y las actividades de la Comisión de Honor estuvieron rodeados de misterio. No se revelaron los nombres de sus miembros, ni siquiera al juez que instruía la causa, hasta marzo de 1990. El 21 de marzo, el Presidente Cristiani respondió a una solicitud del juez Zamora, del 5 de marzo, con la copia de una carta del general Larios en la que aparecían dichos nombres. La Comisión de Honor estaba formada por un oficial de cada empleo, desde general a capitán, y dos abogados civiles. 115. Los miembros de la Comisión de Honor también dijeron explícitamente que los nombres de los nueve acusados los proporcionó el Teniente Coronel Rivas Mejía, como Jefe de la Comisión de Investigación. Inexplicablemente, tanto la Comisión de Investigación como la Comisión de Honor afirmaron que fueron los otros quienes dieron los nombres. 116. La Comisión de Investigación no volvió a hacer esfuerzo alguno para continuar la investigación, a pesar de la obligación legal que tenía de hacerlo. La CIDH considera que desde ese momento hubo un acuerdo para limitar la investigación a estas únicas personas. Los miembros de la Comisión de Honor niegan haber identificado los nombres de los acusados a partir de una investigación propia y describen su trabajo como una simple "exhortación" a los sospechosos para que dijeran la verdad. En ninguna parte aparece de manera clara cómo se llegó a los que fueron acusados, o quién lo hizo, o por qué no se hizo pública esta información. 117. El informe de la Comisión de Honor, que consta de siete páginas y dos anexos, no arroja nueva luz sobre los mecanismos internos de trabajo de dicha Comisión o sobre cómo llegaron a las conclusiones que figuran en el sumario. A grandes rasgos, el documento señala las razones que llevaron a formar la Comisión de Honor, explica que la Comisión de Investigación había determinado la "posible participación de elementos de la Fuerza Armada" y añade que "se designó a esta Comisión para apoyar la investigación del caso". En forma sucinta da los nombres de los soldados y de las personas asesinadas por ellos. En sus conclusiones, el informe establece que "los hechos ocurridos involucran responsabilidad" de los nueve acusados y "recomienda" que "sean puestos a disposición de los tribunales comunes competentes". La descripción de los hechos que aparece en el informe coincide con la que se encuentra en el sumario. En el informe no existe ninguna indicación de cómo los miembros de la Comisión de Honor pudieron obtener dicha información.51 118. Lo anterior permite a la CIDH concluir que la Comisión de Investigación, autoridad encargada de investigar el caso, no cumplió su trabajo de manera adecuada, ya que no efectuó de inmediato una serie de diligencias habituales en caso de delito. De tal forma, la Comisión de Investigación permitió que se perdiera y aun se destruyera intencionalmente evidencia, y al dar tiempo a los sospechosos para formular coartadas y salir exitosos en su tarea de encubrimiento. Si bien esta actitud cambió luego del informe de la Comisión de Honor, todos los hechos sugieren que se trató de restringir la investigación a los nueve culpables identificados en dicho informe. A partir de entonces, la Comisión de Investigación investigó a fondo, pero sólo a los nueve finalmente procesados, sin mostrar voluntad alguna de buscar a los responsables intelectuales en otras esferas más elevadas de las Fuerzas Armadas.
119. El operativo del 15 de noviembre, que resultó en el asesinato de los jesuitas junto con la señora Ramos y su hija, se cumplió en la zona más intensamente patrullada de la ciudad y duró aproximadamente media hora. En el ataque se utilizaron armas de alto poder destructivo contra el Centro de Teología Monseñor Romero. Allí los comandos del Batallón Atlacatl utilizaron sus fusiles R-16, cohetes antitanques "low" y granadas y además provocaron un principio de incendio. Fue tal la intensidad del calor generado por la fuerza de combate utilizada que varios de los vidrios de las ventanas adyacentes se derritieron. 120. Los soldados destacados en los alrededores de la UCA, lo mismo que los oficiales que estaban en el Estado Mayor Conjunto, testificaron que oyeron la enorme cantidad de disparos efectuados en la Universidad. Algunos incluso dijeron que les preocupó mucho la posibilidad de que pudiera producirse un ataque contra el Complejo Militar. Sin embargo, según el sumario, nadie hizo lo más mínimo para investigar qué pasaba o para responder al fuego. Esto sugiere que sabían el origen de las explosiones y su razón; de lo contrario, hubieran reaccionado ante el estrépito provocado por ellas. 121. El enorme ruido producido por la operación del asesinato de los jesuitas (fuego de ametralladora y de fusiles de asalto automáticos, explosiones de granadas y de cohetes "law") se oyó perfectamente desde el Estado Mayor Conjunto. "Al oír esas explosiones hubo preocupación extrema en el EMCFA", recuerda el Coronel Carlos Armando Avilés. "Fue la primera vez que se temió un ataque a los centros vitales de la Fuerza Armada, el EMCFA y el Ministerio de Defensa". Otro oficial que estaba presente esa noche, el jefe del Departamento de Contrainteligencia, Mayor René Guillermo Contreras Barrera, "escuchó fuertes detonaciones y explosiones cerca del EMCFA… y las ubicó por el sector de la UCA".52
122. La política de encubrimiento institucional estaba encaminada a proteger con un manto de impunidad tanto a los autores intelectuales como a aquellos autores materiales que no habían sido individualizados como tales por la Comisión de Honor. 123. Así por ejemplo, varios testimonios recogidos en el sumario señalan que había tropas del Batallón Atlacatl destacadas en los alrededores de la UCA en las horas próximas a los asesinatos. Sin embargo, el jefe de Estado Mayor, Coronel Ponce, no mencionó al Batallón Atlacatl cuando comunicó por primera vez al juzgado qué tropas estaban destacadas en el área. Además, varios soldados que mencionaron la presencia del Atlacatl, más tarde cambiaron su declaración y dijeron que no lo habían visto en la zona. Esto sugiere un intento de ocultar la presencia del batallón Atlacatl.
124. La política de encubrimiento se llevó también a cabo y, muy eficazmente, con respecto a los oficiales del Alto Mando que tomaron la decisión de realizar la operación. 125. Es importante tener en cuenta que el 15 de noviembre de 1989, desde las ocho de la mañana de ese día hasta las ocho de la mañana del día dieciséis, se encontraba al mando del Centro de Operaciones Conjuntas de la Fuerza Armada (COCFA)53, en la sede del Estado Mayor, el Coronel Nelson Iván López y López, jefe del C-1 del Estado Mayor Conjunto. También estaban de servicio en el COCFA el Teniente Raúl Antonio Mejía Chávez por el C-2 (inteligencia), el Mayor Oscar Joaquín Martínez Orellana por el C-3 (operaciones),54 un oficial de la Fuerza Aérea y un técnico de radio55 El jefe del C-3, Coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, estuvo en el COCFA hasta como la una o las dos de la madrugada, según declaró en el juzgado, el 21 de septiembre de 1990. Los miembros del Alto Mando estuvieron en el COCFA hasta las dos de la madrugada, cuando los asesinos estaban ya en el predio de la UCA.56 126. Además, hay que tener en cuenta que el operativo del 15 de noviembre de 1989 se realizó durante el toque de queda decretado el 11 de noviembre y dentro de la zona de seguridad especial que incluía los alrededores de la UCA, a unas cuadras de la cual se encontrabas las sedes del Estado Mayor, el Ministerio de Defensa, la Escuela Militar, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Batallón San Benito de la Policía Nacional y dos colonias residenciales para militares, la Colonia Arce y la colonia Palermo. 127. La CIDH estima que, de no haber existido anuencia del Alto Mando para efectuar la operación, las fuerzas de seguridad hubieran reaccionado y comparecido al lugar de los hechos. Sin embargo, no fue así y los brutales asesinatos se cometieron impunemente en medio del ruido del tiroteo y de las bombas que irrumpieron en el silencio del toque de queda. 128. Uno de los asistentes a la reunión del 15 de noviembre de 1989 manifestó al periódico estadounidense "San Francisco Examiner" que esta reunión "fue la más tensa y desesperada de los más altos comandantes del país, desde que empezó la guerra contra los insurgentes izquierdistas diez años atrás".57 Resulta difícil concebir que la operación militar que se llevó a cabo ese mismo día, a unas cuadras del Alto Mando y que involucró tanto movimiento de tropa y ruido causado por tiroteos y explosiones, hubiera pasado desapercibida para el Alto Mando, especialmente cuando varios de sus miembros se quedaron en el COFCA hasta horas de la madrugada del día 16 de noviembre. 129. Una operación de estas características, la reunión sostenida por el Alto Mando el 15 de noviembre, día de los asesinatos, la decisión de nombrar a Benavides dos días antes como jefe de la nueva zona de seguridad, y la estructura jerarquizada de las Fuerzas Armadas, indican que la decisión no puede haber sido tomada aisladamente por el Coronel Benavides. Por el contrario, gran cantidad de pruebas circunstanciales indican que el Coronel Benavides actuó de acuerdo con una conspiración militar más amplia, como lo reconoce el Informe de la Comisión de la Verdad. 130. A este respecto son interesantes las declaraciones formuladas el 11 de enero de 1990 por el Coronel Retirado Sigifredo Ochoa Pérez, considerado en su momento como uno de los comandantes de campo más efectivos de El Salvador.58 Ochoa declaró ante El Diario de Hoy que esperaba que la investigación no estuviera limitada a los niveles subordinados porque alguien había dado la orden. Según la agencia de noticias "France Presse", Ochoa dijo: "Esta acción envolvió a oficiales mucho más altos y aún si un general o un Coronel están envueltos, los culpables deben ser castigados".59 El 18 de mayo de 1990, a solicitud del Fiscal General, el Coronel Ochoa proporcionó una declaración escrita al interrogatorio que le presentó el Juez Zamora.60 131. Durante una entrevista en el programa de la televisión norteamericana "60 Minutes", el 22 de abril de 1990 el Coronel Ochoa hizo una acusación aún más explícita. Según Ochoa, un grupo más pequeño de oficiales se reunió después de la reunión amplia del Estado Mayor, la noche del 15 de noviembre. Ochoa manifestó que el Coronel Benavides recibió la orden expresa de matar a los jesuitas en esa reunión:
132. La afirmación del Coronel Ochoa pronto recibió apoyo de un grupo de oficiales jóvenes, autodenominado "Domingo Monterrosa vive". El 3 de mayo de 1990 estos oficiales hicieron público un comunicado de cinco páginas que abordaba varios temas, entre ellos el caso de los jesuitas. El grupo anónimo decía que "el caso Ochoa debe ser pensado con más atención; su posición es la que sustentamos muchos oficiales jóvenes, como también lo piensan algunos de nuestros superiores, que ha dicho algo que muchos de nosotros no podemos expresar, porque seríamos sancionados".62 Los oficiales jóvenes también preguntaban: "¿Qué pasó en la reunión que sostuvieron a las tres de la tarde y a las cinco de la tarde en el despacho del Coronel Zepeda, no sólo el Coronel Benavides, sino que otros oficiales de más baja graduación? Todo eso lo sabe el Alto Mando".63 Nunca se ha hecho ningún intento serio para investigar la veracidad de estas pistas. El Alto Mando rechazó el contenido de la "Carta abierta de los oficiales jóvenes", calificándolo como "propaganda del FMLN".64 133. Las declaraciones del Coronel Ochoa tienen relevancia si se considera que se trataba de un militar retirado de alto rango de El Salvador, que basó su testimonio --como lo hizo constar en su declaración-- en los procedimientos que determinan cómo se toman las decisiones en las acciones militares tradicionales. En su declaración Ochoa dijo: "el número de gente envuelta (en las muertes) y su forma de ejecución indican un plan preconcebido…". 134. El Representante Especial de las Naciones Unidas para El Salvador, José Antonio Pastor Ridruejo, también expresó en su informe de 1991:
135. En cuanto a la ejecución material de los asesinatos, cabe señalar que ocho de los encausados confesaron claramente y con lujo de detalles su participación en la operación del 16 de noviembre de 1989, en los siguientes términos: el Subsargento Ramiro Avalos Vargas asesinó a los Padres Juan Ramón Moreno y Armando López; el soldado Oscar Amaya Garibaldi asesinó a los Padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes; el Subsargento Tomás Zarpate Castillos disparó sobre Elba y Celina Mariceth Ramos hasta creer que estaban muertas; finalmente ambas fueron rematadas por el soldado Jorge Sierra Asencio; el Cabo Angel Pérez Vázquez asesinó al Padre Joaquín López y López y los Tenientes Yusshy Mendoza y José Ricardo Espinoza dirigieron la operación, secundados por el Subteniente Gonzalo Guevara Cerritos. Todos ellos pertenecían al Batallón Atlacatl, menos el Teniente Mendoza, que pertenecía a la Escuela Militar. 136. Las referidas declaraciones extrajudiciales fueron veraces, coincidentes, detalladas y guardaron total armonía y concordancia con otros elementos de juicio existentes en el proceso sobre el mismo hecho punible, conforme lo dispone el artículo 496 del Código de Proceso Penal de El Salvador. También guardaron armonía con las otras confesiones y declaraciones, con las pruebas balísticas, las armas empleadas y los resultados de las autopsias. Además, no fueron arrancadas por violencia o intimidación y quedaron legalmente validadas ante la justicia en virtud de lo establecido en el artículo 496 del referido Código Procesal Penal, desde que dos testigos presenciales de ellas así lo reconocieron ante el juez Zamora. 137. La validez de dichas declaraciones, por otra parte, fue resuelta en Plenario por el Juez 4o de lo Penal, por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador y por la Corte Suprema de Justicia de dicho país, todos los que se expidieron por su validación. A pesar de ello, ninguno de los miembros del Batallón Atlacatl fue condenado. 138. El veredicto del jurado permitió que se llegara al resultado absurdo de que siete de los enjuiciados, precisamente los pertenecientes al Batallón Atlacatl, fueran absueltos y que los dos únicos declarados culpables (el Coronel Benavides y el Teniente Mendoza) pertenecieran a la Escuela Militar. De los dos Tenientes que dirigieron la operación, Mendoza, de la Escuela Militar y Espinoza, del Atlacatl, sólo el primero fue condenado, a pesar de que las balas que mataron a Celina Mariceth Ramos no provinieron de su arma de dotación. 139. Tanto el Teniente Mendoza, condenado por asesinato, como los miembros del Batallón Atlacatl, revelaron con sus conductas una singular peligrosidad y desprecio por la vida humana. Además, la orden de matar no fue dada sorpresivamente en medio de un combate, sino fría, reflexiva y premeditadamente, y quienes la recibieron tuvieron varias horas para meditarla, apreciar su carácter manifiestamente ilegítimo y prever las consecuencias de sus actos. 140. La decisión judicial tampoco condenó a los autores intelectuales, lo que significa que en este caso la política de encubrimiento resultó totalmente efectiva. Sólo con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz y a la creación de la Comisión de la Verdad, se investigó con seriedad la responsabilidad del Alto Mando y del Batallón Atlacatl. Fue con base en esta investigación que dicha Comisión, en su Informe del 15 de marzo de 1993, concluyó que la orden de dar muerte al Padre Ellacuría sin dejar testigos había sido dada al Coronel Alfredo Benavides, en la noche del 15 de noviembre de 1989, por el entonces Coronel René Emilio Ponce, en presencia y en confabulación con el General Juan Rafael Bustillo, el entonces Coronel Juan Orlando Zepeda, el Coronel Inocente Orlando Montano y el Coronel Francisco Elena Fuentes. Dicha Comisión concluyó asimismo que el Coronel Ponce había dispuesto para esta operación "la utilización de una unidad del Batallón Atlacatl que dos días antes había enviado a hacer un registro en la residencia de los sacerdotes".66 Además, conforme lo estableció dicha Comisión, el Coronel Oscar Alberto León Linares, Comandante del Batallón Atlacatl, tuvo conocimiento del asesinato y ocultó pruebas incriminatorias. El Coronel Nelson Iván López y López, asignado para ayudar en las tareas de la Comisión de Investigación, y el Coronel Manuel Antonio Rivas Mejía, jefe de dicha Comisión (quien además "encomendó al Coronel Benavides la destrucción de pruebas incriminatorias") también conocieron la verdad y la ocultaron. Ninguno de estos militares fue debidamente investigado, procesado y condenado. 141. De conformidad con todo lo dicho, la CIDH concluye que la investigación emprendida por el Estado salvadoreño con relación a las ejecuciones extrajudiciales de las víctimas en el presente caso, no fue emprendida con seriedad ni buena fe, y estuvo orientada a encubrir a algunos de los autores materiales y a todos los autores intelectuales del delito. 142. A pesar de que a través de este proceso se condenó a cuatro oficiales de la Fuerza Armada salvadoreña,67 los hechos y elementos que son de público y notorio conocimiento, reforzados por aquellos que surgen del expediente del caso ante la CIDH muestran, en forma evidente, que el proceso que resultó en estas condenas no fue imparcial ni objetivo en los términos exigidos en la Convención Americana. En efecto, se trató de actos concatenados y orquestados para dar una apariencia de regularidad, y de supuesta búsqueda de justicia. Pero en realidad, la Comisión de Honor, compuesta en su mayor parte por militares y la Comisión de Investigación, presidida por otro militar, el Teniente Coronel Manuel Antonio Rivas Mejía, se concertaron para limitar y convenir acusaciones, es decir, para armar un conveniente "paquete de acusación" destinado a encubrir a la cúpula militar. Mediante este paquete se sometió a la justicia a 9 militares preseleccionados como responsables por la Comisión de Honor, de los cuales sólo cuatro fueron condenados, y de éstos sólo dos por el delito de asesinato. El poder judicial, por su parte, se prestó para llevar a cabo un proceso simulado de conocimiento incompleto que configuró una denegación de justicia. Por otra parte, los otros dos poderes públicos, el Legislativo y el Ejecutivo, se concertaron para amnistiar a quienes habían sido condenados, e impedir futuras investigaciones que pudieran culmin |