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CAPÍTULO II
ACTIVIDADES DE LA CIDH
Este informe trata de las actividades que llevó a cabo la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 1996.
Se mencionan también las actividades realizadas a principios
del año 1997 que, por su importancia, la CIDH considera útil llevar
a conocimiento de los Estados miembros de la Organización en esta
oportunidad.
La CIDH celebró su 911
Período Ordinario de Sesiones entre el 21 de febrero y el 8 de marzo
de 1996; su 921 Período Extraordinario de Sesiones entre el
29 de abril y el 3 de mayo de 1996; su 931 Período Ordinario de Sesiones entre el 30 de septiembre y el 18 de
octubre de 1996 y su 941
Período Extraordinario de Sesiones
el 6 de diciembre de 1996.
a.
911 Período Ordinario de Sesiones
En este período de sesiones se incorporaron los nuevos
miembros elegidos para el período 1996-1999: Profesor Carlos Ayala
Corao; Profesor Robert Kogod Goldman y doctor Jean Joseph Exumé; así
como el Embajador Alvaro Tirado Mejía, quien fue reelecto como
miembro de la Comisión para un nuevo período.
Todos los miembros de la Comisión asistieron a esta sesión y
eligieron una nueva Junta Ejecutiva.
El Profesor Claudio Grossman, Decano de la Facultad de Derecho
del Colegio de Leyes Washington de la American University, de
Washington D.C., chileno, fue elegido Presidente de la Comisión.
El Embajador John S. Donaldson, ex Ministro de Relaciones
Exteriores de Trinidad y Tobago fue elegido Primer Vicepresidente y
Carlos Ayala Corao, venezolano, Profesor de Derechos Internacional de
las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, fue
elegido Segundo Vicepresidente.
El Secretario General de la OEA, en consulta con los miembros
de la Comisión, nombró como nuevo Secretario Ejecutivo de ésta al
Embajador Jorge E. Taiana, distinguido diplomático argentino, en
reemplazo de la Embajadora Edith Márquez Rodríguez.
Durante esta sesión, la Representante Permanente de Honduras, Embajadora Marlene Villela de Talbott informó que el 7 de febrero de 1996 el señor Presidente de la República Dr. Carlos Roberto Reina, dando cabal cumplimiento a las obligaciones del Estado de Honduras derivadas de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, hizo entrega del complemento pendiente de las indemnizaciones. Cabe señalar que el doctor Reina fue uno de los primeros jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el cumplimiento por parte de su Gobierno de las primeras sentencias dictadas por la Corte por las cuales se responsabilizó a un Estado por violación de los derechos humanos, constituye un paso histórico para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La Comisión rindió homenaje al brillante jurista venezolano doctor Andrés Aguilar, quien falleció recientemente y era miembro de la Corte Internacional de Justicia. El doctor Aguilar fue Presidente de la Comisión y miembro de ésta entre 1972 y 1985. La Comisión decidió publicar un libro con el objeto de honrar las contribuciones del doctor Aguilar en el campo de los derechos humanos.
Durante esta sesión, la Comisión celebró 40 audiencias con
la participación de representantes de gobiernos, individuos y
organizaciones de defensa de los derechos humanos, quienes expresaron
sus puntos de vista acerca de la situación de los derechos humanos en
el hemisferio, y argumentaron en favor de los casos planteados por
ellos ante la Comisión.
La Comisión aprobó su informe anual, a ser presentado a la
Asamblea General de la OEA que habría de celebrarse en junio en Panamá. Decidió incluir un informe sobre las condiciones existentes
en los centros de detención y penitenciarías de varios países del
continente. Con tal
objeto, la Comisión aceptó la invitación cursada por el Gobierno de
Venezuela para llevar a cabo una visita a fin de inspeccionar centros
de detención de ese país y aceptó una invitación similar para
visitar penitenciarías de los Estados Unidos.
Tras el depósito el 28 de febrero de 1996, de los respectivos
instrumentos de ratificación por parte de Argentina y Panamá, el 28
de febrero de 1996 a la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, ésta entró en vigor el 28 de marzo de 1996.
La Comisión decidió convocar a una reunión de especialistas
a fin de comparar las experiencias de otros sistemas de protección de
los derechos humanos con las del sistema interamericano, con el objeto
de definir los aspectos en los que éste puede mejorarse, en
particular en lo que atañe al trámite de los casos individuales, las
visitas in loco, su sistema de relatores sobre temas específicos
y las actividades de promoción.
Se resolvió llevar a cabo esta reunión a fin de año en
Washington, D.C.
La Comisión se reunió con el señor Francis Deng, Representante Permanente Especial del Secretario General de la ONU encargado de la situación de las personas desplazadas en el ámbito interno de sus países. La Comisión, ante la grave situación de las personas desplazadas en varios países del continente, nombró al profesor Goldman como relator para este tema. La Comisión, asimismo, nombró al embajador John S. Donaldson y al doctor Jean Joseph Exumé como relatores de un estudio sobre "Condiciones de detención en las Américas", y al Embajador Alvaro Tirado Mejía como Relator del tema sobre trabajadores migratorios. En lo concerniente a los pueblos indígenas, la Comisión nombró al Profesor Carlos Ayala y al Embajador John S. Donaldson, relatores para este tema, y dispuso que el
profesor Claudio Grossman siga siendo el relator del tema de los
derechos de la mujer.
b.
921 Período Extraordinario de Sesiones
Todos los miembros de la Comisión asistieron a la 921 Período Extraordinario de Sesiones y dieron la bienvenida al nuevo
Secretario Ejecutivo, embajador Jorge E. Taiana, distinguido diplomático
argentino. Durante esta
sesión, la Comisión envió una nota al Presidente del Paraguay
expresando su satisfacción ante el hecho de que la reciente crisis
suscitada en el Paraguay, que estuvo a punto de desestabilizar al
Gobierno democrático, hubiera sido resuelta pacíficamente, señalando
que esto había constituido un paso trascendental en el proceso de
consolidación de la democracia en ese país.
La Comisión también remitió una nota al Secretario General
de la Organización manifestando su solidaridad ante el secuestro de
su hermano y condenando ese acto criminal.
Asimismo, le ofreció la asistencia que se considerase
apropiada.
La Comisión se reunió con el Secretario General para tratar
la reunión de especialistas sobre el futuro del sistema regional de
protección y promoción de los derechos humanos y fijó la realización
de este seminario para los días 2 al 4 de diciembre de 1996.
La Comisión también se reunió con la Representante
Permanente de México ante la OEA, embajadora Carmen Moreno de Del
Cueto, para intercambiar opiniones sobre los preparativos para la
visita de la Comisión a ese país, programada para el mes de julio.
Durante esta sesión, la Comisión decidió intensificar el
proceso de consultas en torno al proyecto de Declaración
Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y decidió,
asimismo, enviar a todos los Estados miembros un cuestionario relativo
a la situación de la mujer en las Américas.
La Comisión también resolvió iniciar la consideración del
problema de los trabajadores migrantes en el hemisferio, con el propósito
de preparar un informe.
c.
931 Período Ordinario de Sesiones
Todos los miembros de la Comisión asistieron al 931 Período Ordinario de Sesiones. La
Comisión celebró 63 audiencias y consideró 38 informes sobre casos
individuales, así como varias solicitudes de medidas precautorias,
respondiendo de esta manera a las necesidades crecientes del sistema
de protección de los derechos humanos.
La
Comisión observó complacida, en el curso de estas audiencias, los
resultados positivos de la nueva tendencia a buscar la solución
amistosa de los casos. En
este sentido, la Comisión elogió la actitud positiva de los
Gobiernos de Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Paraguay.
Durante esta sesión, la Comisión analizó los progresos
logrados en las consultas en torno al proyecto de Declaración
Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Se realizaron reuniones en Canadá, Estados Unidos y México y
se acordó celebrar nuevas reuniones para continuar las consultas.
La Comisión también analizó los progresos logrados en relación
con su informe sobre los casos de discriminación contra la mujer, que
ha de basarse en la información suministrada en respuesta a su
cuestionario.
Con respecto al estudio que la Comisión está preparando sobre
las condiciones de detención en las Américas, se consideró la
información obtenida durante la visita a Venezuela y se aceptó una
invitación del Gobierno de los Estados Unidos para visitar a los
"Marielitos" alojados en las prisiones de Louisiana, en
diciembre de 1996.
Durante esta sesión, la Comisión rindió homenaje a Fernando
Volio Jiménez, distinguido jurista costarricense que falleció el 21
de mayo de 1996, y que fue miembro de la CIDH por espacio de tres
años.
La Comisión también decidió empezar a compilar información
para su estudio sobre la situación de los trabajadores
migrantes y sus familias en el hemisferio.
Durante esta sesión, la Comisión se reunió con los doctores
Kisanga, Umozurike y Dankwa, miembros de la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos, con quienes tuvo oportunidad de
intercambiar opiniones acerca de la experiencia de ambos órganos.
La Comisión inició el análisis de la información obtenida
durante sus visitas a México y Brasil.
En relación con el proceso de reforma constitucional en El
Salvador, encaminado a extender la aplicación de la pena de muerte a
los culpables de ciertos delitos a los que antes no se aplicaba, la
Comisión decidió enviar una nota al Gobierno, expresando su
preocupación al respecto, señalando que de aprobarse esta ampliación,
El Salvador estaría infringiendo sus obligaciones internacionales
estipuladas en la Convención Americana.
Finalmente, la Comisión aprobó el informe sobre el Ecuador,
que se enviaría al Gobierno de ese país.
d.
941 Período Extraordinario de Sesiones
Durante esta sesión, la Comisión aprobó los informes
relativos a varios casos pendientes, decidió acerca del posible envío
de ciertos casos a la Corte y decidió que otros debían archivarse.
2. VIGÉSIMO SEXTO PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
La Comisión asistió al vigésimo sexto período ordinario de
sesiones de la Asamblea General que tuvo lugar en la Ciudad de Panamá.
La representación del órgano estuvo integrada por el
Presidente, decano Claudio Grossman, el Primer Vicepresidente,
embajador John S. Donaldson, y el Segundo Vicepresidente, profesor
Carlos Ayala Corao, asistidos por el Secretario Ejecutivo, embajadora
Jorge E. Taiana y los dos secretarios ejecutivos adjuntos, doctor
Domingo Acevedo y doctor David Padilla.
La Asamblea adoptó numerosas resoluciones, entre ellas la
AG/RES. 1390 (XXVI‑0/96), propuesta por el Gobierno de Nicaragua
y titulada "Reiteración de la solicitud de comentarios y
observaciones a la propuesta de enmienda al Artículo 34 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos", conforme a la cual
el número de miembros de la Comisión aumentaría de siete a once.
Con respecto al informe anual de la CIDH, la Asamblea adoptó
la siguiente resolución:
AG/RES. 1404 (XXVI-0/96)
INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
(Resolución aprobada en la octava sesión plenaria,
LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTO el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CP/doc.2731/96) y la presentación que hizo del mismo el Presidente de la Comisión, así como las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (AG/doc.3336/96 rev.1); y
CONSIDERANDO:
Que los Estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos han proclamado en su Carta constitutiva, como uno de sus
principios el respeto de los derechos fundamentales de la persona
humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo;
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en
la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,
celebrada en Santiago de Chile en 1959, tiene como función principal,
de acuerdo con la Carta de la OEA, promover la observancia y defensa
de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la
Organización en esta materia;
Que el ideal del ser humano libre, exento de temor y pobreza, sólo
puede realizarse si se crean condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como
de sus derechos civiles y políticos;
Que se debe garantizar a la mujer el ejercicio, en términos de
igualdad, de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, en condiciones de vida libres de discriminación y de
violencia;
Que la protección internacional de los derechos humanos
reviste naturaleza coadyuvante o complementaria de la que ofrece el
derecho interno de los Estados miembros y tiene como fundamento los
atributos de la persona humana;
Que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la
mejor garantía para la plena vigencia de los derechos humanos; y
Que existe una creciente y saludable tendencia en los Estados
miembros de incorporar en sus ordenamientos jurídicos internos los
preceptos de los tratados internacionales de derechos humanos, en
especial los de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
RESUELVE:
1.
Tomar nota del informe anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CP/doc.2731/96).
2.
Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que
continúe promoviendo la observancia y defensa de los derechos humanos,
tal como éstos han sido reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3.
Reconocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el
trabajo realizado para proteger y promover la observancia y defensa de
los derechos humanos en el Hemisferio y exhortar a los Estados
miembros a que continúen prestando su colaboración y apoyo a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la doten de los
recursos necesarios para el cumplimiento de sus deberes.
4.
Exhortar a los gobiernos de los Estados miembros que aún no lo
hayan hecho a que, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos
internos, incorporen la enseñanza de los derechos humanos en sus
diferentes niveles educativos, recomendando su más amplia difusión.
5.
Recibir las observaciones y recomendaciones que presentó el
Consejo Permanente para consideración de la Asamblea General y
transmitirlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto
con la presente resolución.
6.
Tomar nota de los comentarios y observaciones formulados por
los gobiernos de los Estados miembros sobre el informe anual y las
medidas que aquellos están adoptando para fortalecer la promoción,
observancia y defensa de los derechos humanos.
7.
Tomar nota de los progresos alcanzados en la efectiva
observancia de los derechos humanos en la región, en especial de las
medidas que están adoptando los Estados miembros para fortalecer la
promoción, observancia y defensa de los derechos humanos en sus
respectivos países, y expresar a la vez su preocupación por la
subsistencia de situaciones que afectan la plena vigencia de los
derechos humanos.
8.
Exhortar a los Estados miembros que aún no lo hubieren hecho a
que firmen, ratifiquen o adhieran, según el caso, a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa
Rica", al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales "Protocolo de San Salvador", y a los demás
instrumentos interamericanos de promoción y protección de los
derechos humanos.
9.
Recomendar a los Estados miembros que consideren la posibilidad
de aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, conforme al artículo 62 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
10.
Instar a los Estados miembros a que den especial impulso, a
través de sus legislaciones, a la tarea de eliminar toda clase de
discriminación contra la mujer, como forma de protección de sus
derechos humanos.
11.
Instar a los Estados miembros a que garanticen y den especial
vigilancia a la protección de los derechos humanos de las poblaciones
indígenas, los menores en condiciones de riesgo, los refugiados, las
personas con discapacidad, los trabajadores migrantes y sus familias,
los detenidos y prisioneros, las poblaciones minoradas o minoritarias
y las víctimas de discriminación racial, e instarlos a crear
condiciones que promuevan la armonía y tolerancia entre ellos y todos
los sectores de la sociedad y exhortar a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos a que siga prestando especial atención a estos
temas.
12.
Reiterar las recomendaciones efectuadas a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en la resolución AG/RES.1112 (XXI‑0/91)
para que siga incluyendo en su informe anual las actividades que
realiza en materia de promoción y difusión de los derechos humanos
en los Estados miembros.
13.
Encomendar al Consejo Permanente que realice una evaluación
del funcionamiento del sistema interamericano de protección y promoción
de los derechos humanos con miras a iniciar un proceso que permita su
perfeccionamiento, incluida la posibilidad de reformar los
instrumentos jurídicos correspondientes y los métodos y
procedimientos de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, para lo cual solicitará la colaboración de la Comisión y
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que informe a la
Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones.
14.
Exhortar a los Estados miembros a que continúen cooperando con
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la realización de
visitas in loco, en atención a su importancia para la protección
y promoción de los derechos humanos, y expresar su satisfacción con
aquellos Estados que han invitado a la Comisión.
15.
Promover un diálogo entre los Estados miembros, entre éstos
con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con
expertos en la materia, con miras a contribuir a un proceso de reflexión
que permita el perfeccionamiento del sistema interamericano de
derechos humanos.
16.
Recomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que continúe considerando con carácter prioritario el tema de la
adopción de las medidas necesarias para remediar las condiciones de
los detenidos en espera de juicio y de la sobrepoblación de las cárceles
y que informe al respecto al próximo período ordinario de sesiones
de la Asamblea General.
17.
Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
continúe informando sobre las acciones realizadas en torno a las
observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente transmitidas
por la Asamblea General.
18.
Exhortar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a
que siga otorgando especial importancia al diálogo con los Estados
miembros en relación con los progresos alcanzados y las dificultades
que han existido para la observancia de los derechos humanos.
19.
Condenar enérgicamente todas las formas de racismo,
discriminación racial o religiosa, xenofobia e intolerancia, e instar
a los Estados miembros a que adopten medidas eficaces para promover la
tolerancia y eliminar toda conducta racista y discriminatoria.
20.
Recomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a
que incluya en su próximo informe anual una evaluación sobre la
situación de los trabajadores migrantes y sus familias en el
Hemisferio.
21.
Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que
establezca un diálogo con los gobiernos de los Estados miembros, así
como con organizaciones y comunidades indígenas, el Instituto
Indigenista Interamericano y juristas especializados, con el fin de
que el proyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas refleje las preocupaciones de esos sectores así
como la labor de las Naciones Unidas en torno a este tema.
3.
VISITAS REALIZADAS POR LA COMISIÓN
a.
Visita a México
Desde el 15 al 24 de julio de 1996, por invitación del
Gobierno de México, la Comisión visitó ese país a fin de observar
la situación de los derechos humanos en México.
Esta fue la primera visita de la Comisión a México en toda su
historia.
Los siete miembros de la Comisión participaron en esta misión,
a saber: decano Claudio Grossman (Presidente), embajador John S.
Donaldson (Primer Vicepresidente), Profesor Carlos Ayala Corao
(Segundo Vicepresidente), doctor Oscar Luján Fappiano, embajador
Alvaro Tirado Mejía, doctor Jean Joseph Exumé y profesor Robert
Goldman. También
participaron en la misión el embajador Jorge E. Taiana, Secretario
Ejecutivo, los dos secretarios ejecutivos adjuntos, doctores Domingo
Acevedo y David Padilla, el doctor Osvaldo Kreimer y el doctor Ibrahim
García, abogado de la Comisión a cargo de los asuntos de México.
La asistencia administrativa estuvo a cargo de las señoras
Rosario McIntyre, Martha Keller y Tania Hernández.
La Comisión se reunió, entre otras autoridades, con el
Presidente de México, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, y con
otros altos funcionarios del Gobierno mexicano así como con
representantes del Congreso de la Unión y miembros del Poder
Judicial. Viajó a
Chiapas, Guerrero y Baja California, y también asistió a un
seminario sobre "Migración y derechos humanos" en el
Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana.
Gracias a la información obtenida y al examen general que hizo
la Comisión de la situación de los derechos humanos en México, fue
posible realizar una evaluación global.
b.
Proyecto sobre prisiones - Visita a los Estados Unidos
El 26 de abril de 1996, por invitación del Gobierno de los
Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó
la penitenciaría federal sita en Allenwood, Pennsylvania, a fin de
evaluar las condiciones de detención en ese establecimiento.
La delegación especial de la CIDH se integró con el embajador John S. Donaldson, Primer Vicepresidente y con los miembros embajador Alvaro Tirado Mejía y doctor Jean Joseph Exumé. Completaron la delegación el doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, la doctora Relinda Eddie, abogada de la Comisión a cargo de los asuntos de los Estados Unidos, los funcionarios de la Secretaría señor Henry Mac-Donald y señora Tania Hernández, y los intérpretes, señor Michel Valeur y señora Miriam Deutsch.
La Comisión recibió información de los reclusos acerca de las
condiciones generales de detención, la disponibilidad de instalaciones
y servicios médicos, los alojamientos, las oportunidades educacionales
ofrecidas en la institución, los programas recreativos y vocacionales,
los arreglos para la revisión anual de la detención para los reclusos
después de dictada sentencia, la disponibilidad de asistencia legal,
las dificultades para los familiares residentes en lugares distantes
para viajar y visitar a los reclusos, y los métodos de disciplina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también visitó,
por invitación del Gobierno de los Estados Unidos, a otros "Marielitos"
(prisioneros cubanos) recluidos en varios establecimientos penales de
Louisiana. El grupo de
trabajo sobre prisiones y condiciones en las prisiones en las Américas
visitó las prisiones de Avoyelles Parish, en Marksville, y Orleans
Parish, en Nueva Orleans, ambas en el Estado de Louisiana, del 9 al 12
de diciembre de 1996.
El grupo de trabajo estuvo integrado por el embajador John S.
Donaldson, Primer Vicepresidente de la Comisión y los miembros de ésta
embajador Alvaro Tirado Mejía y doctor Jean Joseph Exumé.
Los miembros contaron con la asistencia del doctor David Padilla,
Secretario Ejecutivo Adjunto, la doctora Relinda Eddie, abogada de la
Comisión a cargo de los asuntos de los Estados Unidos y la doctora
Bertha Santoscoy. La
asistencia administrativa estuvo a cargo de la señora Tania Hernández.
Los aspectos tratados fueron los mismos que se consideró con los
"Marielitos" visitados antes en las instalaciones de Allenwood,
Pennsylvania.
La Comisión preparará un informe completo sobre sus visitas a
Lompoc, California; Leavenworth, Texas; y Allenwood, Pennsylvania.
c.
Proyecto sobre prisiones - Visita a Venezuela
Desde el 13 al 17 de mayo de 1996, por invitación del Gobierno
de Venezuela, la Comisión visitó ese país a fin de observar la
situación existente en las prisiones.
El grupo de trabajo sobre prisiones y condiciones en las
prisiones está compuesto por el Primer Vicepresidente, embajador John
S. Donaldson, y el doctor Jean Joseph Exumé.
También participaron en la misión el doctor David Padilla,
Secretario Ejecutivo Adjunto, el doctor Milton Castillo, abogado de la
Comisión a cargo de los asuntos de Venezuela, la doctora Bertha
Santoscoy y la doctora Relinda Eddie. La asistencia administrativa estuvo a cargo de la señora
Tania Hernández y la señora Blanca Cáceres.
Esta fue la primera visita de la Comisión a Venezuela en toda su
historia. El grupo de
trabajo se reunió con autoridades del Gobierno, representantes del
Congreso y del Poder Judicial, representantes de organizaciones no
gubernamentales y especialistas en el sistema de prisiones, así como
con prisioneros y familiares de éstos.
Los integrantes de la misión se dividieron en dos grupos. El primero visitó el Retén e Internado Judicial de Catia
(Caracas), el Internado Judicial Capital "El Rodeo" (Estado de
Miranda), el Centro de Atención Inmediata a los Menores "Carolina
Uslar" (Caracas) y la Penitenciaría de Carabobo (Estado de
Carabobo). El segundo grupo
visitó la Prisión Nacional de Maracaibo "Sabaneta" (Estado
de Zulia).
El grupo de trabajo se reunió con el Presidente de Venezuela,
doctor Rafael Caldera, el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor
Miguel Angel Burelli, el Ministro Secretario de la Presidencia, doctor
Asdrúbal Aguiar, el Ministro de Justicia, doctor Henrique Meier y con
la Presidenta de la Suprema Corte, doctora Cecilia Sosa, entre otros.
El intenso trabajo de observación que llevó a cabo el grupo
durante esta visita y los numerosos contactos que estableció en su
transcurso, le permitieron obtener una visión global de la situación,
que es compleja y delicada. El
grupo de trabajo usará la valiosa información que pudo reunir durante
su visita para el informe que ha de preparar acerca de las prisiones y
las condiciones de las prisiones en el hemisferio.
d.
Misión especial a la República Dominicana
Del 14 al 17 de marzo de 1996 una delegación especial de la
Comisión, integrada por el Decano Claudio Grossman, Presidente de la
CIDH y la doctora Bertha Santoscoy, abogada a cargo de los asuntos de la
República Dominicana, se trasladó a ese país con el objeto de
investigar el caso 10.832, del señor Luis Lizardo Cabrera.
En el transcurso de esa visita la delegación de la Comisión se
entrevistó con el Ministro y Viceministro de Relaciones Exteriores, con
representantes del poder judicial, así como con miembros de la Policía
y del Sistema Penitenciario de la República Dominicana.
Además, la delegación de la Comisión se trasladó a la prisión
"Najayo" y se entrevistó en privado con el señor Luis
Lizardo Cabrera. Posteriormente
dialogó con la esposa del señor Cabrera y con sus representantes.
e.
Misión especial a la República Argentina
Del 2 al 8 de julio de 1996, se trasladó a la República
Argentina una misión de la CIDH conformada por el Profesor Robert K.
Goldman y el abogado Mario López Garelli, con el objeto, entre otros,
de impulsar y consolidar el proceso de solución amistosa en el caso N1
11.217 (Paulo C. Guardatti), así como en el caso Garrido y Baigorria,
que se tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las actividades realizadas por esta misión incluyeron reunieron
con autoridades del Gobierno Federal, del Gobierno de la provincia de
Mendoza, y con representantes de las víctimas en esos casos, lo que
incluyó un viaje a la provincia antes mencionada.
La misión celebró asimismo varias reuniones de trabajo con
representantes de las víctimas de otros casos en trámite en la Comisión,
con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y otras
autoridades nacionales vinculadas a la CIDH.
f.
Misión especial a Guatemala
El doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CIDH,
realizó un viaje especial a Guatemala, donde permaneció desde el 28 de
diciembre de 1996 hasta el 11
de enero de 1997, para representar a la Comisión en la celebración del
logro de los Acuerdos Guatemaltecos de Paz en Ciudad de Guatemala.
4. MEDIDAS CAUTELARES Y
PROVISIONALES ACORDADAS Y VIGENTES EN 1996
La Comisión ha decidido incluir en el presente capítulo un
informe especial sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comisión
a los Estados miembros de la Organización, por iniciativa propia o a
petición de parte, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 de su
Reglamento, en los casos que era necesario evitar daños irreparables a
las personas cuyas vidas e integridad personal se hallaban gravemente
amenazadas.
[1]/
Se incluyen también, las medidas provisionales acordadas por la
Corte a solicitud de la Comisión en situaciones de extrema gravedad y
urgencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Convención
Americana. [2]/
Las medidas cautelares se presentan en el mismo orden en el que
fueron admitidas a trámite por la Comisión; nombre de la persona o
personas en cuyo favor se solicitaron; resumen de los hechos que
configuraron el reclamo; derechos de las personas expuestas a grave e
inminente peligro; número del caso, si lo hay; fecha en que la Comisión
solicitó las indicadas medidas, y nombre del Estado al que fueron
requeridas. Las Medidas
Provisionales se consignan también en el mismo orden de su presentación
e incluyen nombre de la persona o personas en cuyo favor se solicitan;
resumen de los hechos y de los derechos expuestos a peligro grave
e inminente; día en que la Comisión decidió someter la situación a
la consideración de la Corte; nombre del Estado donde ocurren los
hechos, y fecha en que la
Corte adoptó decisión al respecto.
a.
Medidas Cautelares acordadas o extendidas por la Comisión en
1996
Con fecha 24 de enero de 1995, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos solicitó al Estado de México la adopción de medidas
cautelares a fin de garantizar la vida e integridad personal de la Sra.
Virginia Galeana García, testigo presencial del caso N1
11.520 de Aguas Blancas,
quien se hallaba grave e inminentemente amenaza de muerte.
La solicitud de dichas medidas fue extensiva en favor de los demás
testigos presenciales del indicado caso y de sus familiares. El 7 de febrero de 1996, el Estado de México envió
respuesta sobre la mencionada solicitud.
El 29 de enero de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos se dirigió al Estado de México solicitando medidas
excepcionales de protección en favor del Lic. David Fernández Dávalos,
Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, del
abogado José Lavadero Yáñez y de Rocío Culebro Bahena, secretaria técnica
de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ATodos
los derechos para Todos@,
cuyas vidas e integridad personal se hallaban grave e inminentemente
amenazados. Posteriormente
la Comisión solicitó al Estado mexicano extender y ampliar dichas
medidas en favor de otras personas.
Esta situación se tramita bajo el Caso No. 11.682.
El Estado de México con fechas 9 de febrero, 10 de septiembre y
15 de octubre de 1996 ha enviado respuestas sobre esta solicitud.
El 17 de febrero de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos solicitó al Estado de Brasil la adopción de medidas cautelares
urgentes para proteger la vida e integridad personal del padre Ricardo
Rezende, Vicario de Río María en el Estado de Pará.
El 20 de marzo de 1996 la Comisión solicitó que las medidas
comprendieran también al padre Henri des Roziers.
Posteriormente el 23 de abril de 1996, la Comisión solicitó al
Estado de Brasil ampliar las medidas de protección en favor de la señora
María da Conceicâo Carneiro y de su familia.
En agosto de 1996, la Comisión reiteró la solicitud de medidas
cautelares en favor de tales personas.
Con fecha 11
de junio de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
solicitó al Estado del Ecuador medidas cautelares en favor del señor
Jorge Vásquez Durand, cuyo caso se tramita ante la Comisión bajo el número
11.458, quien venía recibiendo graves e inminentes amenazas en contra
de su persona. La Comisión ha reiterado su preocupación por la situación
del señor Vásquez Durand el 31 de octubre de 1995, el 30 de noviembre
de 1995 y el 2 de abril de 1996. El
Estado del Ecuador no ha dado respuesta en ningún momento a la
solicitud de medidas cautelares solicitadas reiteradamente por la Comisión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fecha de 30
de noviembre de 1995, solicitó al Estado de Guatemala
medidas cautelares a favor de César Ovidio Sánchez Aguilar,
funcionario de la Fundación Myrna Mack y de una organización de indígenas
en Santa Bárbara, Huehuetenango. Como
resultado de su trabajo, el señor Sánchez fue amenazado y atacado por
las Patrullas de Autodefensa Civil locales y comisionados militares a
fines de 1995. Como
resultado de estos hechos, el señor Sánchez se vio obligado a
abandonar la comunidad. El Estado se negó a implementar las medidas solicitadas
alegando que se había producido un problema privado entre unos
individuos. La Comisión
reiteró dicha solicitud de medidas cautelares el 26 de marzo de 1996.
El 18 de diciembre de 1995, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos solicitó al Estado de México la adopción de medidas
cautelares para garantizar la vida e integridad física de los miembros
de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo, A.C. (UCIZONI) ,
quienes han venido siendo víctimas de amenazas y hostigamientos a raíz
de conflictos de posesión de tierras entre pueblos en Arroyo Tejón y
Mazatlán por un lado y terratenientes y caciquiles de apellidos Fuentes
y Raymundo, por el otro. El
señor Juan Carlos Beas, Presidente de la Comisión Jurídica y
Derechos Humanos de UCIZONI ha informado que en repetidas ocasiones ha
recibido llamadas telefónicas en que se le amenazaba de muerte.
El Estado de México envió su respuesta el 2 de enero de 1996.
Con fecha 20 de febrero de 1996, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos transmitió al Estado de Colombia solicitud de medidas
cautelares a favor del Grupo del Comité de Solidaridad de los Presos
Políticos, Seccional Cúcuta. Las
personas cuya vida e integridad personal se hallaban en grave e
inminente peligro son Rafael Lozano Garaba, Gerson Edecio Leal Granados,
Blanca Inés Rodríguez, José Merchan Basto, Alvaro Fernando Sanjuan
Quintero y Jairo Ordóñez. La
indicada medida se amplió también para los abogados Juan José
Landinez e Israel Vargas, quienes por cumplir con sus actividades como
defensores de presos políticos venían recibiendo llamadas amenazantes
e intimidatorias.
La solicitud de medidas cautelares se amplió también en favor
de Rosa Elpidia Alzate Corredor, funcionaria de recepción y trámite de
denuncias y asistencia humanitaria a los detenidos por razones políticas
en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, quien venía siendo víctima
de continuos actos de hostigamiento y amenaza contra su vida e
integridad personal. El 6
de noviembre de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
reiteró la solicitud al Estado de Colombia.
El 17 de diciembre de 1996, la Comisión otorgó al Estado de
Colombia una prórroga de 30 días para dar respuesta a dichas
solicitudes.
Con fecha 28 de febrero de 1996, la Comisión transmitió al
Estado de Colombia solicitud de medidas cautelares a favor del señor
Pablo Lugo Herrera y su familia, cuyo caso se halla en trámite ante la
CIDH bajo el No. 11.237. El
señor Herrera había participado en una operación militar como
resultado de la cual habían sido ejecutadas arbitraria y
extrajudicialmente varias personas y su testimonio podía comprometer a
quienes habían intervenido en los hechos.
Con fecha 10 de mayo de 1996, el Estado de Colombia manifestó
que un funcionario de la Consejería Presidencial para Derechos Humanos
sostuvo una reunión con el señor Lugo Herrera y un representante de la
Comisión Colombiana de Juristas, con el fin de analizar y estudiar las
medidas que podrían adoptarse. Más
adelante, el señor Lugo Herrera manifestó su deseo de no acogerse a
ningún plan especial de protección y de reintegrarse a la Policía
Nacional o de vincularse a la Fiscalía General de la Nación.
El 17 de julio de 1996, se transmitió al Estado las
observaciones del reclamante. El
17 de septiembre de 1996, el Estado de Colombia informó sobre las
medidas concretas adoptadas por el Estado en favor del señor Pablo Lugo
Herrera. Este caso se
encuentra en proceso de solución amistosa.
El 12 de abril de 1996, la Comisión solicitó al Estado de la
República Dominicana la adopción de medidas cautelares urgentes para
preservar la vida, seguridad e integridad personal del señor Guarionex
Villeta, así como también la de su familia.
El 22 de febrero de 1996, durante el 91 Período Ordinario de
Sesiones de la CIDH, se recibió el testimonio de la indicada persona.
El 29 de febrero de 1996, la Comisión solicitó información
complementaria sobre la situación del señor Villeta, quien el 9 de
abril había sido detenido por agentes de la policía.
El Estado informó el 19 de abril que la razón de la detención
tenía relación con una investigación sobre narcotráfico.
Seguidamente el señor Villeta fue puesto en libertad.
Con fecha 2 de marzo de 1996, la Comisión solicitó al Estado de
Guatemala la adopción de
medidas cautelares urgentes en favor de Deborah Guzmán, Félix González,
María del Carmen Cruz Fuentes, Valentina Castillo, María Isabel
Sipaque Saragón y sus familias, quienes habían recibido serias
amenazas de muerte. El
Estado de Guatemala envió su respuesta el 11 de abril de 1996 indicando
que estaba gestionando la implementación de dichas medidas.
Con fecha 14 de marzo de 1996, la Comisión solicitó al Estado
de Guatemala la adopción de medidas precautorias urgentes en favor de
Vilma Cristina González y Reynaldo Federico González, quienes
trabajaban para el Sindicato de Trabajadores Bancarios y por su labor
gremial habían recibido graves e inminentes amenazas de muerte.
Unos días después la señora Vilma Cristina González fue
secuestrada y torturada. Por esta razón, la solicitud
fue reiterada el 19 de marzo de 1996.
El Estado envió su respuesta el 3 de mayo de 1996, indicando que
había implementado medidas de protección después del secuestro.
Con fecha 14 de junio de 1996, la CIDH solicitó la confirmación
de que las medidas se mantenían. Hasta
la fecha no se ha recibido respuesta del Estado de Guatemala.
El 20 de marzo de 1996 la Comisión solicitó al Estado de México
la adopción de medidas urgentes para garantizar la vida, integridad física
y seguridad personal de la señora Graciela Zavaleta,
integrante de un grupo de defensores de derechos humanos de México,
quien se encontraba en inminente situación de peligro por las graves
amenazas de muerte que venía recibiendo.
La señora Zavaleta había concurrido el 11 de agosto de 1995 a
la cárcel municipal con el objeto de verificar la denuncia presentada
por familiares de los detenidos en dicho establecimiento y había sido
ya atacada y golpeada por un grupo de personas que la acusaban de
defender a delincuentes y obstruir el trabajo de la policía.
El Estado de México envió su respuesta con fecha 3 de abril de
1996.
Con fecha 19 de marzo de
1996, la Comisión solicitó al Estado de Guatemala la adopción de
medidas cautelares urgentes en favor Rosalina Tuyuc, Nineth Montenegro,
Amílcar Méndez y Manuela Alvarado, miembros del Frente Democrático
Nacional Guatemalteco electos en el Congreso de Guatemala, quienes venían
recibiendo graves amenazas de muerte. Con fecha 15 de abril de 1996, la
Comisión reiteró esta solicitud al Estado de Guatemala y pidió la
extensión de dichas medidas a favor de las familias de los
indicados. El 24 de
mayo de 1996, se recibió respuesta del Estado de Guatemala indicando
que se estaban tomando medidas de protección para las personas
mencionadas.
El 2 de abril de 1996, la Comisión solicitó al Estado de
Honduras la adopción de medidas cautelares en favor del señor Abencio
Fernández, asesor legal de Comité de Derechos Humanos de Honduras
CODEH, quien venía siendo permanentemente amenazado de muerte, de la
misma manera que su familia, por
su labor como abogado de la indicada entidad de derechos humanos.
El Estado de Honduras no ha enviado respuesta hasta el momento.
El 13 de mayo de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos solicitó al Estado de Guatemala la adopción de medidas
cautelares para proteger la vida e integridad personal del señor Tobías
Sarceño Pérez. El Estado de Guatemala con fecha 30 de julio de 1996,
respondió indicando que estaba investigando la situación denunciada.
El 20 de mayo de 1996, la Comisión solicitó al Estado de Brasil
la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger la vida e
integridad personal del abogado Osmar Barcelos do Nascimento, quien había
venido recibiendo graves amenazas de muerte como consecuencia de su
trabajo como abogado defensor de los derechos humanos en el Estado de
Espíritu Santo. El 21 de julio de 1996, el Estado de Brasil informó
que se habían adoptado las medidas cautelares solicitadas.
El 20 de mayo de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de Brasil medidas cautelares urgentes en favor de algunos menores internos en el AInstituto Padre Severino@, AEscola Joâo Luis Alves@ y |