éstos en la etapa de actos preparatorios, sin llegar al nivel de tentativa punible por el ordenamiento jurídico penal peruano.

         A la una de la mañana de ese día, cuando la reunión ya había concluido y la mayoría de los asistentes se habían retirado a su domicilio, fuerzas especiales del Ejército rodearon el local, en el que sólo se encontraban los Generales (r) Jaime Salinas Sedó, Ernesto Obando y Luis Soriano Morgan, los Mayores Salvador Carmona y César Cáceres Haro y dos civiles, el hijo del General(r) Jaime Salinas Sedó, Sr. Jaime Eduardo Salinas López Torres y el Sr. Jorge Pollack.

         Aproximadamente a las tres horas y quince minutos del mismo día 13, en circunstancias en que estos últimos se retiraban, fuerzas especiales del Ejército bajo el comando del General de Brigada Luis Pérez Documet, procedieron a disparar con armas de fuego, sin dar previo aviso ni advertencia a los rodeados para que se rindieran.

         Cuando se produjo el tiroteo, el General (r) Jaime Salinas Sedó, vestido de civil y desarmado, se encontraba próximo a abordar su vehículo.  Sin que mediara orden alguna para su arresto fue agredido con disparos de fusil.  La camioneta blindada recibió más de ochenta impactos de bala, resultando herido su chofer.

         El General (r) Salinas Sedó, para salvar su vida y evitar la masacre de las personas que se encontraban dentro del local, se dirigió al Cuartel General del Ejército, donde se entregó sin ofrecer resistencia.

         Posteriormente la tropa que rodeó el local en que se encontraban los oficiales recibió la orden de intervenir militarmente dicho local en el que, según se les informó falsamente a los efectivos militares que lo habían rodeado, "se llevaba a cabo una reunión de altos dirigentes del MRTA".

         A continuación, un grupo de oficiales y de civiles fueron arrestados, sin orden judicial, por fuerzas policiales y miembros de las fuerzas armadas, a saber: el General de División (r) Luis Palomino Rodríguez, el General de División (r) José Pastor Vives, el General de Brigada Manuel Obando Salas, el Coronel Jorge Noblecilla, el Coronel César Martínez, el Comandante Enrique Aguilar de Alcázar, el Comandante Arturo Moreno Alcántara, el Comandante Marko Zárate Rotta y el Mayor Hugo Ormeño. 

         La denuncia expresa que cuatro oficiales detenidos han sido víctimas de torturas y otros apremios ilegales por parte de las autoridades encargadas de su custodia.

         El Comandante Zárate Rotta ha denunciado que, entre otros abusos físicos, fue golpeado en la espalda por el Comandante Huamán Ascurra, y que recibió un puñetazo y una bofetada de Vladimiro Montesinos Torres, que fue amarrado a una silla metálica por los pies y brazos, cintura y cuello y le produjeron descargas de electricidad en ambas manos.

         Apremios similares fueron denunciados por el Comandante Aguilar de Alcázar, y por los Mayores Salvador B. Carmona y César Cácerez Haro.

         2.        Hechos relacionados con la violación del debido proceso legal y la protección  judicial

         Los denunciantes sostienen que durante el período de incomunicación fueron interrogados sin la presencia de sus abogados y sometidos a presiones sicológicas a efecto de que firmaran sus declaraciones sin leerlas.  Que, además, una vez detenidos, se los mantuvo incomunicados por un plazo superior a lo establecido por la legislación interna y no fueron puestos a disposición de un juez competente dentro del plazo de 24 horas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 inciso 20 g), h) e i) de la Constitución Política del Perú, vigente en ese entonces, y  del artículo 7 incisos 5 y 6 de la Convención Americana.

         Con relación al trámite del proceso instaurado en su contra, los peticionarios señalan que no se respetaron las garantías del debido proceso.  Denuncian que el juicio en la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar fue secreto, que el derecho a la defensa fue restringido en tanto no se consideraron los argumentos de hecho y derecho presentados por los abogados de los imputados y la sentencia se basó exclusivamente en las conclusiones extraídas de la investigación realizada por la policía. Apelada la decisión del tribunal, la Sala Revisora confirmó la sentencia el mismo día que los abogados defensores presentaron sus alegatos orales.  Los reclamantes consideran que los hechos denunciados constituyen violaciones de los artículos 2 inciso 20 f) y 233 incisos 3 y 9 de la Constitución y de los artículos 8 incisos 2 b), c), f), h) y 5 de la Convención Americana.

         Por otro lado, afirman los reclamantes que parte de los oficiales detenidos, en su calidad de militares en situación de retiro, se encontraban excluidos del fuero militar y por lo tanto deberían haber sido juzgados no por el Fuero Privativo Militar sino por el Fuero Ordinario, es decir en la jurisdicción civil.  En este sentido, señalan la violación del artículo 2 inciso 20 l) de la Constitución y del artículo 8 inciso 1 de la Convención Americana.

         3.         Maniobras de hostigamiento contra el abogado defensor    

         Los oficiales reclamantes han denunciado varios hechos que constituyen restricciones al derecho de defensa, principalmente a partir del hostigamiento de que fueron objeto los abogados defensores, según se analiza más adelante en el presente Informe.

         IV.         OBSERVACIONES DE LAS PARTES

         1.         Posición de los peticionarios

         Los peticionarios han señalado que los oficiales del Ejército peruano implicados en los sucesos del 13 de noviembre de 1992 se reunieron pacíficamente, sin armas, para deliberar sobre las posibles alternativas de retorno al régimen constitucional y legal.  Los denunciantes alegan que han sido arrestados en forma arbitraria e ilegal por cuanto sus respectivos arrestos se efectuaron sin mandato judicial, en violación de lo establecido por los artículos 2, inciso 20 g) de la Constitución y 7, incisos 2 y 3, de la Convención Americana.

         Sostienen que sus reuniones estaban amparadas legalmente por lo dispuesto en los artículos 74, 82 y 307 de la Constitución Política de Perú de 1979,[1] los cuales respectivamente establecían:  el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación; el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional y en contra de un gobierno usurpador; y el deber de todo ciudadano de colaborar con el restablecimiento de la Constitución en caso de su inobservancia por actos de fuerza.

         Igualmente, los denunciantes manifiestan que las acciones del Gobierno peruano han transgredido el principio de legalidad nullum crimen sine lege consagrado en el artículo 2, inciso 20 d), de la Constitución y el artículo 9 de la Convención Americana.

         Señalan los reclamantes que no obstante haberse realizado diversas reuniones, ellos decidieron de motu propio cancelar sus planes, quedando los mismos en actos preparatorios sin adquirir el nivel de tentativa punible.  El derecho de celebrar dichas reuniones y de manifestarse en contra de los actos que tuvieron lugar el 5 de abril de 1992 se encontraban protegidos por el artículo 2, incisos 4 y 10 de la Constitución, y por los artículos 13 y 15 de la Convención Americana.

         El Gobierno peruano, mediante Decreto Ley 25861 del 24 de noviembre de 1992 dispuso que a criterio del juez, el personal militar condenado por un delito, podía cumplir su detención en un penal común.  Fundado en esta norma, el tribunal a cargo de la causa de los peticionarios decidió que los mismos cumplirían su condena en el Penal "Miguel Castro Castro", un centro de detención para delincuentes de alta peligrosidad.

         Luego de un mes de reclusión, los oficiales fueron trasladados al Fuerte Real Felipe.  Los denunciantes señalan que dicho fuerte no es un centro de reclusión idóneo por cuanto carece de ventanas y entradas de luz, los servicios higiénicos son inservibles y existe escasez de agua.  A estos problemas se suman la falta de asistencia médica, la restricción del régimen de visitas y las penetraciones audiofónicas realizadas por el Servicio de Inteligencia a los efectos de escuchar las conversaciones de los oficiales detenidos.  Los peticionarios señalan que los hechos denunciados indican un grave deterioro de sus condiciones de detención, configurándose violaciones al artículo 234 de la Constitución y al artículo 5, incisos 1, 2 y 6 de la Convención Americana.

         En última instancia, la petición denuncia las presuntas violaciones a los derechos humanos del Sr. Jaime Salinas López Torres quien fue detenido junto con su padre, el General de División (r) Jaime Salinas Sedó, el 13 de noviembre de 1992.  Luego fue puesto a disposición de la DINCOTE el 14 de noviembre de 1992 por presunción de delito de terrorismo y delito contra los poderes del Estado y orden constitucional.  Sometido a la jurisdicción de la 34 Fiscalía Provincial Penal de Lima, los cargos fueron finalmente desestimados por no haberse encontrado evidencia o actos de terrorismo de los que se lo pudiera incriminar.  No obstante haberse determinado la inexistencia de responsabilidad penal, los peticionarios han señalado que el proceso en su contra continúa abierto, configurándose de este modo una violación al principio de inocencia y al principio de legalidad.  Asimismo, la detención arbitraria e ilegal del Sr. Salinas López Torres, así como su posterior incomunicación, constituyen violaciones al derecho a la libertad personal protegidos por la Constitución de Perú y la Convención Americana.

         B.         Posición del Gobierno

         El Gobierno de Perú, en sus distintas presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha ratificado la existencia de procesos judiciales contra los oficiales involucrados en los hechos del 13 de noviembre de 1992.

         Sin embargo, ha negado que en la tramitación de dichas causas se haya omitido garantizar el debido proceso legal.  El Gobierno ha indicado que el grado militar de los autores y la naturaleza jurídica de los delitos han determinado que dichos procesos se tramitarán en el fuero militar, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 318, 319 y 328 del Código de Justicia Militar y por el artículo 233 de la Constitución.

         Asimismo, el Gobierno ha afirmado que los peticionarios han gozado plenamente del derecho a la defensa durante el trámite de sus procesos; un ejemplo de ello es que sus abogados defensores fueron autorizados a presentar sus alegatos oralmente ante la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar.

         En relación al Sr. Jaime Salinas López Torres, el Gobierno de Perú ha señalado en dos oportunidades que una vez detenido fue puesto a disposición de la DINCOTE el 14 de noviembre de 1992 por presunción de delito de terrorismo y delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional.  Posteriormente, la 34 Fiscalía Provincial Penal de Lima desestimó los cargos que pesaban en su contra por no haberse encontrado indicios o pruebas de su responsabilidad en la comisión de los mismos.

         V.         CONSIDERACIONES GENERALES

         1.         Cuestiones relacionadas con el procedimiento

         a)         Presentación dentro del plazo establecido

         La denuncia ha sido presentada dentro del plazo previsto en los artículos 46.b. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 38 (1) del Reglamento de la Comisión.

         b)         Requisitos de forma

         La denuncia reune los requisitos formales de admisibilidad que establecen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Reglamento de la Comisión.

         c)         Agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna

         A la fecha de presentación de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Perú no existían garantías constitucionales que pudieran ser invocadas de manera efectiva por los oficiales afectados. No obstante ello, los peticionarios agotaron todos los recursos legales disponibles en la jurisdicción interna, pese a las limitaciones existentes a partir  del 5 de abril de 1992.

         d)         Inexistencia de otros procedimientos y de cosa juzgada

         El presente caso no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional ni constituye reproducción de una petición pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión o por otro organismo intergubernamental.

         2.    Cuestiones de fondo

         a)         Derecho a la libertad personal y a la seguridad personal

         La Constitución Política de 1979, vigente al momento que sucedieron los hechos denunciados, establecía que nadie podía ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez competente o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, debiendo ser puesto en todo caso dentro de las 24 horas a disposición del juzgado correspondiente.[2]

         Asimismo, dicha Constitución prohibía, por un lado, la incomunicación de los detenidos salvo en los casos previstos en la ley, con las limitaciones correspondientes y bajo orden judicial[3] y, por el otro, la práctica de violencia contra los detenidos para obtener declaraciones.[4]

         Desde el momento de su detención, los oficiales fueron incomunicados por más de quince días, en violación de lo previsto en el artículo 8 de la Convención Americana, en el artículo 2 inciso 20 i) de la Constitución Política de 1979 y en el artículo 526 del Código de Justicia Militar, que establece:

La detención lleva consigo la incomunicación del acusado la que, en ningún caso, podrá exceder de cinco días.

         Los detenidos con grados inferiores al de Teniente Coronel fueron ubicados en los calabozos del Servicio de Inteligencia Nacional [SIN], y en los del Servicio de Inteligencia del Ejército.  Las declaraciones de los detenidos fueron tomadas por personal policial sin la presencia de sus abogados defensores o de fiscales que cautelasen la corrección del procedimiento de investigación, todo ello en violación del artículo 8 de la Convención Americana.  Dicho procedimiento de investigación se llevó a cabo durante horas totalmente irregulares y en jornadas de interrogatorio de más de doce horas que se realizaban habitualmente de noche o en horas de la madrugada.

         Varios de los oficiales denunciaron que fueron sometidos a torturas físicas y sicológicas con la finalidad de obtener declaraciones autoincriminatorias basadas en hechos falsos, y que fueron luego obligados a firmarlas sin siquiera poder leerlas.

         Cuatro oficiales declaran haber sido sometidos a torturas físicas, a saber:  el Teniente Coronel EP Marco Zárate Rotta, el Teniente Coronel (EP) Enrique Aguilar Del Alcázar, el Mayor EP (r) Salvador Carmona y el Mayor EP César Cáceres Haro.  Como consecuencia de dichas torturas, éstos presentaron dolencias físicas tales como adormecimiento de brazos, dolores en la columna y en las articulaciones.

         b)      El debido proceso legal

         Con fecha 16 de diciembre de 1992, estando en pleno desarrollo el proceso judicial para determinar la responsabilidad penal de los procesados, el Comando del Ejército reunió al Consejo de Investigación para Oficiales y presentó el caso de los peticionarios sin dar oportunidad a que éstos formulasen los descargos correspondientes, vulnerando así el derecho de los reclamantes a que se presuma su inocencia, de acuerdo con lo que prevé el artículo 8, párrafo 2, de la Convención Americana, así como el principio constitucional que establece que "toda persona debe ser considerada inocente mientras no se demuestre su culpabilidad".

         Antes de establecer la responsabilidad penal de un imputado, de conformidad con lo que establece el artículo 8, párrafo 2 de la Convención Americana, el Estado peruano tiene la obligación de probar, más allá  de toda duda razonable, la culpabilidad

del imputado, en aplicación del principio in dubio pro reo.  Los Oficiales miembros del Fuero Privativo Militar que juzgaron a los reclamantes en el presente caso tenían la obligación de abordar la causa sin prejuicio alguno y bajo ninguna circunstancia debieron considerar a priori, como en efecto sucedió en el presente caso, que los acusados eran culpables.

         Durante la fase del interrogatorio se produjeron otras irregularidades; por ejemplo, las pruebas periciales fueron ordenadas por el SIN y no por el Juez Instructor como correspondía de acuerdo con el Código de Justicia Militar.  Estas pruebas periciales (grafológicas) se tomaron antes de la instructiva sin la presencia de los abogados defensores.  Además, la Sala de Guerra denegó a los acusados la solicitud de prueba de inspección ocular así como las pruebas testimoniales esenciales para su adecuada defensa porque las consideró "innecesarias", tal como consta en la Notificación de 26 de enero de 1993 (documento 1901-OF-92).

         El 18 de diciembre de 1992 los oficiales acusados fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas peruanas por haber cometido presuntas faltas contra el honor, la moral y el decoro militar.

         Además el Gobierno expidió, el 24 de noviembre de 1992, el Decreto Ley Nº 25861, en virtud del cual los miembros de las Fuerzas Armadas sometidos a los Tribunales Militares podrían cumplir sus detenciones o sentencias condenatorias en establecimientos penales militares o en establecimientos comunes.

         Este dispositivo permitió que, el 12 de diciembre de 1992, trece de los oficiales, la mayoría de ellos en actividad, fueran trasladados al Penal de máxima seguridad "Castro Castro", junto a delincuentes comunes.

         El proceso llevado a cabo contra los oficiales involucrados en los sucesos del 13 de noviembre fue reservado, pese a que el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar había anunciado que la audiencia oral sería pública.

         Por nota de 16 de febrero de 1993 la Comisión solicitó al Gobierno que se autorizase la presencia de un representante de la CIDH en el juicio que se siguió a los trece oficiales detenidos .  El Gobierno no aceptó la presencia del representante de la Comisión.

         El proceso se caracterizó, asimismo, por otras irregularidades:

         1.      En ningún caso el Tribunal Militar aceptó los testigos propuestos por la defensa.  A lo largo del proceso, el Fiscal Militar sólo llamó a dar testimonio a un Mayor del Ejército peruano, quien dio una versión tergiversada de las verdaderas intenciones de los oficiales involucrados.

         2.         Consta en el expediente del caso que los abogados de los procesados presentaron diversos recursos impugnatorios, los cuales fueron sistemáticamente rechazados, declarándolos improcedentes.

         3.         También consta en el expediente que no se aceptó la impugnación del acta de incautación de fecha 13 de noviembre de 1992.  La misma, irregularmente firmada por el interventor, consignaba  dinero y tarjetas de crédito de propiedad del General Salinas, a pesar de haberse presentado un recibo firmado por un oficial superior de la DIFE en el que se especificaba claramente que tales artículos habían sido voluntariamente entregados por el propio interesado el 19 de noviembre.  Este hecho demuestra que dicho instrumento fue alterado mediante el agregado de elementos que servirían posteriormente para justificar la condena.

         4.      Las condenas han sido impuestas sin tener en cuenta los distintos grados de participación que el propio Gobierno peruano le atribuyó a los procesados en los hechos investigados.

         5.    Al concluir el juicio los condenados fueron conducidos al Castillo Real Felipe, en el Callao, donde se había habilitado un área para destinarla a la prisión de los oficiales.

         6.    Las visitas, a diferencia de lo que ocurre en otros penales, fueron limitadas a sólo seis horas semanales, correspondiendo tres horas los días miércoles y tres horas los días domingos.