Dentro de su mandato de promover la observancia y l a defensa de los derechos humanos, la CIDH ha venido estudiando la situación de los derechos humanos en los países del Continente y con tal propósito ha elaborado informes especiales respeto de algunos de ellos.

Ya sea que estos informes hayan sido preparados por iniciativa de la Comisión, por instrucciones de un órgano de la Organización de los Estados Americanos e incluso, en algunas ocasiones, por espontáneo requerimiento del Estado afectado, la Comisión ha entendido que con tales informes, su posterior difusión y la discusión que pueda haberse originado respecto de ellos, se ha podido contribuir a modificar la conducta de un Estado en cuanto a su observancia de los derechos humanos o, bien, ellos han permitido dejar constancia de que la conducta del Estado se adecúa a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

En los últimos doce años la Comisión ha elaborado 22 de estos informes, los que se refieren a catorce Estados. Por regla general, dichos informes han sido objeto de un seguimiento en los mismos informes anuales que ha preparado la Comisión para consideración de la Asamblea General cuando han mediado razones que justifiquen ese seguimiento por parte de la Comisión del comportamiento de un Estado en materia de derechos humanos.

La Comisión presentó el decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General dos informes especiales, los que se refieren a Chile y a Suriname y que eran el cuarto y el segundo informes, respectivamente, que la Comisión había elaborado sobre seso Estados. También la Comisión incluyó en su informe anual correspondiente a 1984-1985 secciones en las que analizaba la situación de los derechos humanos en Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Paraguay.

En concepto de la Comisión, a pesar de haberse producido importantes y positivos cambios en algunos de esos Estados, especialmente en Guatemala y en Haití, existen justificadas razones para que la Comisión considere que todos los Estados mencionados deban ser objeto nuevamente de una consideración en este informe anual.

Con el objeto de que la información de que pudiese disponer la Comisión fuese lo más completa posible, ésta, con fecha 10 de junio de 1986 se dirigió a los ocho Estados mencionados solicitándoles tuviesen a bien proporcionarle aquellas informaciones que juzgasen convenientes, pero especialmente sobre la forma como han dado cumplimiento a las previas recomendaciones emitidas por la Comisión; sobre los progresos alcanzados y las dificultades que han tenido para una efectiva observancia de los derechos humanos; y sobre los textos de la legislación promulgada y la jurisprudencia de los tribunales que hubiesen incidido en la observancia de los derechos humanos.

Las respuestas de los Gobiernos, cuando han sido procedentes, así como todas las otras informaciones de distintas fuentes a que la Comisión ha podido tener acceso, han sido tomadas en consideración al redactarse el presente capítulo.

A continuación se incluirán secciones correspondientes a la situación de los derechos humanos en Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay y Suriname, desde la adopción. El 1^o de octubre de 1985, del anterior informe hasta la fecha de la aprobación del presente.

CUBA

La Comisión ha continuado observando la situación de los derechos humanos en Cuba, tal como ella se ha presentado durante el período cubierto por este Informe. Con ello actualiza la información presentada en su Informe anual anterior que aportaba algunos de los nuevos elementos a los que había podido tener acceso y que habían aparecido con posterioridad a su Séptimo Informe sobre la Situación de los derechos Humanos en Cuba elaborado en 1983.

La Comisión en esta oportunidad debe poner de manifiesto nuevamente que el Gobierno de Cuba ha mantenido durante este período una total falta de colaboración con ella, lo cual le impide contar con la opinión y perspectiva de ese Gobierno en relación con la situación general de los derechos humanos en ese país y, en especial, con las situaciones particulares presentadas en los casos individuales en trámite. La Comisión espera que el Gobierno de Cuba revisará esa actitud que obstaculiza el cumplimiento de los fines y propósitos para los cuales la CIDH fuera creada, con lo cual facilitará la tarea de recolección de información a que ella se encuentra abocada con miras a elaborar un informe especial.

La información con que ha contado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el período cubierto por el presente Informe le permite considerar que la situación de los derechos humanos en Cuba ha sufrido escasos cambios con respecto a la evaluación contenida en el Informe de 1983 y en el último Informe Anual. Se mantienen, por tanto, las dos características fundamentales que han originado la falta de vigencia de los derechos civiles y políticos: la inexistencia de un estado de derecho, pues los individuos están privados de los recursos que los protejan de las acciones del Estado, y la falta de alternativas políticas para la población.

La Comisión en su anterior informe anual expresó su esperanza de que se crearan las condiciones internas e internacionales que permitieran a los ex-presos políticos liberados por el Gobierno de Cuba y a sus familiares abandonar ese país y afincarse en el de su elección. La Comisión debe reiterar en esta oportunidad esa afirmación que está especialmente referida a las facilidades de ingreso que deberían proporcionar los organismos migratorios de Estados Unidos para de esta forma dar cumplimiento al compromiso que adoptara cuando se llevó a cabo el diálogo que culminó con las liberaciones ocurridas en 1979. Estimados proporcionados a la Comisión consideran que serían alrededor de mil quinientas las personas afectadas por esta situación.

La Comisión ha tomado conocimiento que fueron liberados 70 presos políticos plantados y que el pasado 15 de septiembre abandonaron Cuba 69 de ellos –uno de los liberados desafortunadamente murió en el trayecto al aeropuerto– y 43 de familiares. Esta fue la culminación de un conjunto de gestiones realizadas por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y por el explorador Jacques Cousteau con las autoridades cubanas. El Senador Edward Kennedy, previamente, había logrado la libertad del señor Ricardo Montero Duque, uno de los comandantes de la invasión de Playa Girón.

Información proporcionada a la Comisión indica que restan aún alrededor de 110 presos políticos plantados, respecto a los cuales la Comisión expresa su esperanza de que sean prontamente liberados. La Comisión debe señalar que tanto en relación con el número de presos plantados mencionado, como en general con el número de presos políticos, existe gran dificultad para contar con datos exactos ya que el Gobierno de Cuba no permite la supervisión internacional en esta importante materia.

En lo referido al ámbito de los organismos defensores de los derechos humanos, un case de particular preocupación para la CIDH ha sido el del señor Ricardo Bofil Pagés, quien fuera Rector de la Universidad de la Habana y que fuera liberado, después de permanecer ocho años privado de su libertad como resultado de una condena por cargos de claro corte político. El señor Bofill había fundado un organismo defensor de los derechos humanos en la prisión y estaba interesado en continuar con esas actividades luego de liberado. En el mes de agosto, sin embargo, el señor Bofil tuvo que buscar asilo en la Embajada de Francia en Cuba ante las persistentes amenazas de que había venido siendo objeto. La CIDH espera que se produzca una rápida solución a la situación que afecta al señor Bofill.

La Comisión ha tomado conocimiento, igualmente, que pocos días después de que el senor Bofill se hubiese asilado, las autoridades cubanas procedieron al arresto de los señores Domingo Delgado Castro y José Luis Alvarado Delgado, ambos pertenecientes al organismo de defensa de los derechos humanos presidido por el señor Bofill. Según la información proporcionada, ambos habrían sido acusados por las autoridades de ser "terroristas que están actuando contra el Estado cubano", por lo cual "no representan los derechos humanos". La Comisión debe lamentar profundamente ese tipo de acciones del Gobierno de Cuba que impide la acción de organismos independientes de defensa de los derechos elementales de la persona humana.

La Comisión ha venido observando con particular atención los últimos acontecimientos referidos a loas relaciones del Gobierno de Cuba con la Iglesia Católica. El proceso que ha venido teniendo lugar en este ámbito culminó en febrero de este año cuando se llevó a cabo, por primera vez, el Encuentro Nacional Eclesial Cubano al cual asistió el Cardenal Eduardo Pironio como representante del Papa. Resulta significativo que el Gobierno de Cuba haya demostrado su disposición a entrar a un diálogo con la comunidad católica cubana, modificando de esta forma una negativa pauta de conducta mantenida por largo tiempo.

La Comisión espera que esa mejoría en las relaciones del Gobierno de la Iglesia Católica pueda tener un impacto positivo en la libertad religiosa y, de manera especial en la posibilidad de que las personas que profesan cualquier credo religioso tengan acceso a posiciones de decisión política, eliminando el monopolio que hasta ahora detentan los miembros del Partido Comunista de Cuba. También espera la Comisión que ello pueda traducirse en la concesión de mayores facilidades para la difusión de los distintos credos religiosos a través de los medios de comunicación y que este proceso se refleje también en el sistema educativo cubano.

 CHILE

1.    Antecedentes

La Comisión ha continuado observando la situación de los derechos humanos en Chile durante el período que cubre el presente Informe Anual. Desde el año 1974, en que la Comisión dedicó a ese país el primer informe especial, la situación de los derechos humanos ha sido considerada en informes especiales aprobados en 1976, 1977 y 1985. En los informes anuales de 178 a 1984 la Comisión procedió a actualizar la información contenida en los informes especiales. Esta sección, por tanto, está destinada a la actualización correspondiente al período que va de octubre de 1985 a septiembre de 1986, posterior a la aprobación del último informe especial por parte de la CIDH.

La Comisión había venido manifestando, desde largo tiempo atrás, la preocupación que le producía la peligrosa radicalización que están produciendo los extremismos políticos en Chile. Así, en su Informe Anual 1983-1984, en la sección que dedicaba a ese país, señalaba la Comisión que de no poner fin al deterioro en materia de derechos humanos y resolverse el creciente antagonismo político "por medios pacíficos y racionales, el uso de la violencia y de la fuerza podrían llegar a asumir características alarmantes, con gravísimas consecuencias para la observancia" de esos derechos.

En su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile de 1985, consideraba la Comisión que "Es en el ejercicio de los derechos políticos donde ... encuentra la síntesis que permite tanto explicare la grave situación que caracteriza los derechos humanos en Chile como hallar las alternativas que permitan modificarla." Para agregar que

El desconocimiento de los derechos políticos que surge del rígido apego a las disposiciones de esa Constitución (de 1980) ha provocado un peligroso incremento de las tensiones sociales que el Gobierno ha incentivado a través de los medios con que trata de reprimirlas; agrava esa situación la falta de receptividad de sus miembros y de su sustento institucional, las Fuerzas Armadas y de Orden, para considerar las diversas propuestas realizadas a fin de revertir la polarización que caracteriza el actual quehacer político chileno.

Los graves hechos ocurridos durante el período que cubre este Informe, y que son materia de la presentación que sigue, han venido a confirmar lo señalado por la Comisión y revela claramente un empeoramiento de la situación. En ella, las soluciones pacíficas y las posiciones racionales pierden terreno frente a las acciones originadas en los extremismos políticos que dan preferencia al empleo de la violencia como método de resolver problemas políticos, todo lo cual no puede sino presagiar un mayor deterioro aún de la situación de los derechos humanos.

2.    Estados de excepción

Durante el período cubierto por este Informe, Chile ha continuado bajo estado de excepción. El Estado de Peligro de Perturbación de la Paz Interior fue impuesto por Decreto N^o 170 del 6 de marzo de 1986 que rigió hasta el 10 de septiembre de 1986, siendo posteriormente renovado por otros seis meses. Este tipo de estado de emergencia se basa en la Vigesimocuarto Disposición Transitoria de la Constitución, según la cual el Presidente de la República puede arrestar a las personas por períodos que van de cinco a veinte días, según las circunstancias; restringir el derecho de reunión y de libertad de información –este último con relación a la fundación de nuevos órganos de expresión–; prohibir el ingreso a Chile o expulsar del país a las personas por razones estrictamente ideológicas; y relegar a poblaciones de cualquier lugar del país a las personas que estime necesario, por un plazo de noventa días.

También en este período ha regido el Estado de Emergencia, impuesto por los decretos N^o 1.594 del 12 de diciembre de 1985, 684 del N^o 221 del 14 de marzo de 1986 y N^o 684 del 9 de junio de 1986. Esta categoría de estado de excepción otorga facultades extraordinarias a la autoridad administrativa y a la autoridad militar, en virtud de las cuales ellas pueden restringir la libertad de locomoción, prohibir la entrada o salida de Chile a las personas que consideren necesario, suspender o restringir el derecho de reunión, restringir la libertad de información y de opinión e imponer censura a la correspondencia y a las comunicaciones.

La acción combinada de ambos estados de excepción –Estado de Emergencia y Estado de Peligro de Perturbación de la Paz Interior– pone en manos del Presidente y de las autoridades militares una cantidad tal de recursos gracias a los cuales el Presidente de la República queda dotado de facultades aún mayores que las concedidas al Poder Judicial; estos estados de excepción, como ya ha sido reiteradamente señalado por la CIDH, se han convertido en la formalidad legal empleada para adoptar diversas medidas lesivas a los derechos humanos.

Sobre la base de los estados de excepción mencionados, el derecho de reunión fue objeto de restricciones mediante los Bandos N^o 42, 43, 44 y 45 de la Jefatura de la Zona de Emergencia de la Región Metropolitana que mantienen las prohibiciones de realizar reuniones de carácter "político-partidarista" (sic) durante todo el período cubierto por el presente Informe.

El 7 de septiembre de 1986, el Gobierno declaró el Estado de Sitio mediante Decreto Supremo N^o 1037, como consecuencia de un atentado en el cual perdieron la vida cinco escoltas del Presidente de la República, once de ellos resultaron heridos y él mismo recibió heridas leves un una mano.

De acuerdo con las disposiciones del estado de sitio, el Presidente puede trasladar a las personas de un lugar a otro del territorio nacional, expulsarlas de éste o impedir su entrada o salida; también puede restringir la libertad de tránsito y de expresión, clausurando las publicaciones que estime conveniente; puede igualmente arrestar a las personas, suspender o restringir el derecho de reunión, restringir el derecho de asociación o sindicación e imponer censura a la correspondencia y a las comunicaciones. Estas facultades vienen a superponerse a las y concedidas por el estado de Emergencia y las otorgadas por el Estado de Peligro de Perturbación de la Paz Interior, configurando un régimen que limita de manera excesiva los derechos y garantías de las personas frente al poder del Estado.

3. Derecho a la vida

En lo que respecta al derecho de la vida, la Comisión debe referirse, en primer término, al caso de Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende José Manuel Parada Maluenda que fuera presentado en el informe especial de 1985 y que, a la fecha de aprobación de éste, se encontraba en trámite ante la justicia chilena. Tal como fuera expuesto en ese informe, las personas mencionadas fueron secuestradas en la vía pública por civiles no identificados y fuertemente armados –el señor Nattino el 28 de marzo de 1985 y los señores Guerrero y Parada del día siguiente– y aparecieron degollados el 30 de marzo en un camino rústico cercano a Santiago.

El Ministro de Visita designado para investigar tan graves hechos, señor José Cánovas Robles, llegó a la conclusión que existían fundadas sospechas de que en los crímenes había tenido participación personal de Carabineros, por lo cual se declaró incompetente y pasó las actuaciones la Juez Militar. Este juez se declaró a su vez incompetente por considerar que los crímenes motivo del proceso se encuadraban en las disposiciones de la Ley Antiterrorista pues ellos "han procurado causar un terror intimidatorio a la población, consistente en anular sus expresiones de disensión con la conducción de la vida nacional".

La investigación realizada por el juez Cánovas permitió detener a dos coroneles, un mayor, dos capitanes y do suboficiales de carabineros, todos ellos de Carabineros. Las repercusiones del caso provocaron la renuncia del General César Mendoza, General Director de Carabineros y miembro de la Junta de gobierno desde el 11 de septiembre de 1973 y la disolución de DICOMCAR, organismo de Carabineros que habría ejecutado los secuestros y asesinatos. En le informe especial de 1985, la Comisión manifestó que abrigada la esperanza "que la causa actualmente en curso culmine con la identificación y castigo de las personas culpables de la ejecución de tan condenable acto". Sin embargo, un año y medio después de la comisión de tan repudiable crimen, no existe una sola persona sometida a proceso y mucho menos condenada.

La información proporcionada a la Comisión por organismos de defensa de los derechos humanos, en materia de derecho a la vida, indica que desde octubre de 1985 hasta el mes de junio de 1986 habían muerto, como consecuencia de acciones imputable a gentes gubernamentales, 34 personas. La circunstancias de las muertes han sido catalogadas en acciones de abuso de poder por violencias innecesarias, en supuestos enfrentamientos y por uso indiscriminado de armas de fuego.

En el mes de julio y con ocasión de las jornadas convocadas por la Asamblea de la Civilidad para el 2 y 3 de ese mes, se produjeron ocho muertes. La polémica que rodea las circunstancias de una de esas muertes y las lesiones graves en otra de las víctimas exige una referencia específica. Se trata del caso de Rodrigo Rojas de Negri, estudiante de 19 años de edad que residía en Washington y se encontraba de visita en Chile de Carmen Gloria Quintana, estudiante de 18 años de edad.

Según denuncia presentada ante la Comisión, el 2 de julio de 1986, alrededor de las 8 horas de la mañana, Rojas y Quintana fueron capturados por una patrulla del Ejército en las proximidades de un lugar en el cual habían elementos como para construir una barricada, ambos fueron golpeados duramente por el personal militar, rociados con líquido inflamable, incendiados, envueltos en frazadas y abandonados. Rodrigo Rojas murió el 6 de julio siguiente como consecuencia de las quemaduras recibidas y presentaba quebraduras de costillas y de la mandíbula; Carmen Gloria Quintana permanece internada en grave estado, también por causa de las quemaduras, y tiene quebradas varias piezas dentales.

El mismo 2 de julio el Ministro del Interior solicitó la designación de un Ministro en Visita para investigar los hechos, mientras el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército desmentía "categóricamente la participación de sus miembros en los hechos aludidos". Como consecuencia de la solicitud del Ministro del Interior, la Corte de Apelaciones de Santiago designó al Ministro Alberto Echavarría Lorca para instruir el proceso. El 11 de julio, la CIDH recibió una comunicación en la cual se manifestaban serios reparos por el nombramiento del Ministro Echavarría, quien, según la comunicación, había cerrado recientemente "por falta de evidencias" el caso del estudiante Eduardo Jara Aravena, muerto en 1980 como resultado de torturas.

El día 18 de julio de 1986, el Comandante de la Guarnición de Ejército de Santiago emitió un comunicado según el cual, y de acuerdo a indagaciones realizadas,

…

el día 2 de julio, en circunstancia que una patrulla militar vigilaba el orden público, sorprendió a un grupo de personas que pretendía alterarlo y portaba material inflamable contenido en envases destinados a ese objeto. Entre dichas personas se encontraban Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri. Asimismo según las informaciones proporcionadas por el personal a que se hará mención en el número siguiente, al volcarse uno de los envases con material inflamable, por la acción de uno de los propios detenidos, se encendió la vestimenta de los nombrados, la que fue apagada con frazadas que llevaba el personal militar.

3. Como consecuencia de lo anterior, esta Comandancia de Guarnición ha dispuesto la detención de los tres oficiales, cinco suboficiales y diecisiete conscriptos que habrían participado en los hechos mencionados y esta tarde ha oficiado el señor Ministro en Visita, don Alberto Echavarría Lorca, informándole tales antecedentes y poniendo a su disposición al personal señalado, para que investigue en conformidad a derecho su eventual participación y grado de responsabilidad.

El día 23 de julio, el Ministro Echavarría Lorca, con mérito en las declaraciones de los militares involucrados en los hechos, dictaminó:

a) que Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos el día 2 de este mes por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndoseles transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando posteriormente la muerte del primero; y b) que no se dispuso lo conveniente para la inmediata atención médica de los afectados, sino que se les dejó en libertad después de transcurridos unos momentos en un lugar y en condiciones no propicias para obtener esa atención.

Sobre la base de tal razonamiento, el Ministro Echavarría dejó en libertad incondicional a los detenidos con excepción del teniente Pedro Fernández Dittus, que comandaba la patrulla, por considerarlo supuesto autor del cuasidelito de homicidio y lesiones graves. La figura del cuasidelito aplicada por el Ministro en Visita está definida en el artículo 2 del Código Penal chileno y es aplicable cuando sólo existe culpa en quien comete la acción punible y no dolo o malicia, circunstancias en las cuales configuraría un delito. Estando involucrado personal militar, el Ministro en Visita se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Militar.

Ante tal situación, el señor Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Fresno, emitió una declaración pública en la que señaló que:

Nuestra misión de Pastor nos obliga a expresar profunda preocupación ante el grave deterioro moral que se aprecia en el caso de los jóvenes quemados y la inquietud que ha provocado el texto de la resolución del señor ministro en visita al respecto.

En esa resolución, reconociéndose que esos jóvenes "fueron detenidos, el día 2 de este mes, por una patrulla militar", se establece que "se les dejó en libertad", "en lugar y en condiciones no propicias para obtener"… "la inmediata atención médica de los afectados"… por un hecho que le había causado "quemaduras graves".

Es fácil percibir que esta explicación ha resultado claramente insuficiente para toda la inquietud que en la comunidad nacional estos hechos han provocado. Por ello, hacemos un llamado a la Excelentísima Corte Suprema par que se arbitren los medios necesarios para llegar al fondo de esta investigación y la justicia resplandezca plenamente.

El país ha sido testigo de numerosos hechos delictuosos que han quedado sin sancionar y de numerosas investigaciones que no han sido aptas para determinar los responsables de crímenes que han conmovido a la opinión pública. Este caso que ahora se investiga, que ha afectado a toda persona con conciencia recta, no puede ser otro más que quede en la impunidad y en la oscuridad.

El prestigio del Ejército de Chile y de los Tribunales de Justicia, instituciones fundamentales de la República, están en juego en este proceso, lo que acentúa la obligación de realizar una profunda y acuciosa investigación.

Por otra parte, debemos recordar, una vez más, que la virtud de la justicia es esencial para conseguir la paz social, a la cual aspiramos todos los chilenos.

La Corte Suprema de Justicia, con el voto disidente de su presidente, señor Rafael Retamal, "lamentó" la declaración de Monseñor Fresno. Dos de sus integrantes, en voto separado, expresaron que "deploran con desagrado" el contenido de esas declaraciones.

El día 23 de julio, la Comisión recibió un telegrama del señor Presidente del Colegio de Abogados de Chile en el que le comunica que, por resolución del 7^o congreso Nacional de Abogados, se había decidido solicitar a la CIDH que investigue in loco los hechos que llevaron a la muerte de Rodrigo Rojas y a las lesiones graves de Carmen Quintana. Al día siguiente, la madre de Rodrigo rojas, señora Verónica de Negri, realizó una solicitud similar. En vista de ello, el señor Presidente de la Comisión transmitió tal solicitud al gobierno de Chile por cable del 28 de julio de 1986.

El 12 de agosto de 1986, la Corte Macial, interviniente en el caso a partir de un recurso presentado por abogados de los familiares de las víctimas, resolvió modificar la calificación penal efectuada por el Ministro en Visita y encargar reo al teniente Fernández Dittus por el delito de violencias innecesarias con resultado de muerte y de lesiones graves, en voto disidente, estuvo por mantener la calificación formulada por el Ministro Echavarría. La Corte Macial, igualmente, instruyó al Fiscal Militar para que continuara la investigación de los hechos, incluidos aquellos delitos originados en las acciones de las víctimas y de eventuales testigos.

Información proporcionada a la Comisión indica que el Fiscal Militar interviniente decretó el 22 de agosto el arresto de uno de los testigos importantes en estas actuaciones y que el 23 de ese mismo mes otro de los testigos fue secuestrado por ocho horas por un grupo de personas que le amenazaron con el objeto de lograr que modificara su testimonio que involucraba a los militares.

El 25 de agosto la Comisión recibió la respuesta del Gobierno de Chile denegando la solicitud de investigar en el terreno los hechos denunciados por considerar que

Existe una activa investigación judicial (en la cual) la primera parte del proceso estuvo a cargo de un Magistrado Civil, funcionario de carrera, Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, de bien probada independencia, designado por la Corte en pleno.

…

… se trata de una materia que está claramente "sub-judice", en pleno proceso de investigación con responsabilidades que ya comienzan a configurarse. Restan aún varias instancias en el proceso.

En estas circunstancias, es evidente que no se han agotado ni mucho menos las vías internas de recurso, lo que justificaría eventualmente la intervención de un organismo internacional con competencia en estas materias.

…

… sin perjuicio de las razones de tipo reglamentario que hacen en estos momentos improcedente la petición a que se está dando respuesta, ella sería contraproducente pues interferiría o crearía una vía paralela a la investigación en curso. Contrariaría además a claros preceptos de la legislación interna chilena.

La Comisión debe lamentar esta decisión del Gobierno de Chile que la ha privado de contar con los elementos que hubiese podido obtener a través de un procedimiento de esa naturaleza.

Organismos defensores de los derechos humanos de chile han señalado que en el presente caso han quedado los interrogantes siguientes: si se trató de un accidente ¿Cómo puede haber ocurrido que estando las víctimas en poder de la patrulla militar hayan resultado quemadas solo ellas? ¿Cómo es que fueron "puestas en libertad" según el juez Echavarría?; estando 25 miembros de la patrulla próximos a las víctimas ¿Cómo fue posible que ellas ardieran durante el tiempo necesario para provocarles la quemadura del 62 por ciento de sus cuerpos sin que se produjera la intervención de sus captores?; ¿Cómo es posible que sus ropas hayan ardido en tal proporción si no estaban embebidas previamente en combustible?

La Comisión observa can la más profunda preocupación la resolución adoptada por el Ministro Echevarría respecto a que a las víctimas se les había dejado "en libertad". Sobre la base de los hecho disponibles respecto a la muerte de Rodrigo Rojas como resultado de la quemaduras recibidas y a las lesiones graves de Carmen Gloria Quintana, resulta extremadamente difícil comprender cómo un magistrado puede haber llegado a esa conclusión. Ante ello la Comisión se ve obligada a dejar constancia de su seria preocupación por la vigencia de las normas que regulan el debido proceso en Chile, tal como ellas se reflejan en la sentencia aludida.

Teniendo en cuanta que ha pasado más de un año y medio desde el crimen cometido contra los señores Parada, Guerrero y Nattino sin que se haya producido ningún fallo condenatorio, a pesar de la abundante evidencia existente, la Comisión desea expresar en la forma más enérgica que espera que el caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana no siga la misma suerte.

La CIDH espera, una vez más, que los tribunales militares lleven sus investigaciones has precisar las circunstancias de tal crimen y señalar a sus responsables. La Comisión encuentra oportuno referirse al respecto a su informe especial de 1985 cuando señalaba:

La experiencia de la Comisión permite considerar que, además de las impostergables exigencias de la justicia, es también conveniente para la propia integridad y prestigio de las Fuerzas Armadas que sus propios tribunales asuman la pronta y severa sanción de los responsables de esas violaciones (a los derechos humanos). Ello es también un requisito fundamental para la estabilidad del régimen democrático que inevitablemente deberá instaurarse y constituye la única prueba válida de que, cuando esas violaciones a los derechos humanos han ocurrido, ellas han sido el resultado de la acción de individuos aislados y no de una política del Gobierno.

En la noche del 7 al 8 de septiembre se produjo otro hecho relativo al derecho a la vida cuando civiles no identificados y fuertemente armados irrumpieron en los hogares de José Carrasco, dirigente del Colegio de Periodistas y editor de la sección internacional de la revista "Análisis", del estudiante Fernando Vidaurrázaga y del electricista Felipe Rivera Gajardo. Los cuerpos sin vida de los tres aparecieron el día siguiente, los dos primeros con numerosos impactos de bala y el tercero muerto a golpes. Los dos últimos habían sido secuestrados durante las horas en que regía la prohibición de circular aplicable a vehículos particulares –2 a 5 horas de la mañana– y el periodista Carrasco pocos minutos después de las cinco horas.

4. Derecho a la integridad personal

La Comisión ha sido informada, asimismo, de graves violaciones a la integridad personal bajo la forma de torturas y apremios ilegítimos que dieron como resultado la presentación de 38 denuncias ante los tribunales. Esta cifra está sujeta a dos limitaciones: se refiere sólo a los tribunales de Santiago y cubre el período octubre de 1985 a junio de 1986. Respecto a lesiones causadas por violencia innecesaria e indiscriminada y también referidas solamente a hechos denunciados en Santiago, la Comisión ha sido informada que la cifra de afectados asciende a 251, también en el período que cubre de octubre de 1985 a junio de 1986.

5. Derecho a la libertad personal

En materia de libertad personal, las modalidades de acción empleadas por el Gobierno de Chile han determinado un agudo incremento en el número de personas afectadas. En efecto, durante el lapso cubierto por el presente Informe tres han sido los orígenes de las privaciones de libertad: arrestos individuales, detenciones con ocasión de manifestaciones públicas y redadas efectuadas a poblaciones. Como resultado de ello, en los tres últimos meses del año 1985 fueron detenidas 1.777 personas, de las cuales 1.322 fueron detenidas. La cifra total proporcionada por organismos defensores de los derechos humanos es de 19.085 personas en el primer semestre de 1986.

Como resultado des estado de sitio impuesto el 7 de septiembre, fueron detenidas 44 personas, algunas de las cuales son prominentes políticos opositores, entre los que se cuenta Ricardo Lagos, Germán Correa, Patricio Hales, Pascual Barraza y Rafael Marotto. También fueron detenidos cinco sacerdotes, dos de la Orden Mariknoll, incluyendo al Superior de la Orden en Chile Terence Candias y tres sacerdotes franceses: Pierre du Bois, Daniel Caruette y Jaime Lancelot. Los dos sacerdotes de la Orden Mariknoll fueron liberados poco después y los tres franceses expulsados del país el 11 de septiembre a pesar de la solicitud de reconsideración de la medida planteada por el Cardenal Arzobispo de Santiago.

También en materia de libertad personal debe señalarse que en el mes de noviembre de 1985 se relegaron administrativamente a 29 personas. La Comisión ha continuado recibiendo informaciones acerca de las negativas condiciones en que los relegados deben cumplir sus penas que, como ha sido reiteradamente señalado, son impuestos por el Presidente de la República en virtud de la Disposición 24 Transitoria de la Constitución. Contra tal medida sólo existe el recurso de reconsideración ante el propio Presidente que fue quien la impuso. Durante el año 1986 tal penalidad no ha sido empleada hasta el momento de aprobarse este Informe.

6. Intervención de las Fuerzas Armadas y acción de grupos para-militares

Dos aspectos han provocado profunda zozobra durante el período cubierto por este Informe. El primero es la incorporación plena de las fuerzas Armadas en acto destinados a reprimir manifestaciones o a efectuar redadas de poblaciones en busca de sospechosos. La formación militar del personal de esas Fuerzas lo hace poco apto para las tareas de guardar el orden y debe señalarse que la experiencia de años anteriores ha sido extremadamente negativa por la cantidad de muertes y lesiones atribuidas a la intervención de la Fuerzas Armadas.

El otro elemento que es motivo de preocupación es la abierta intervención de "civiles no identificados" que realizan acciones contra los manifestantes. La Comisión ya se refirió a este aspecto en su Informa Anual 1983-1984. Es por ello que resulta pertinente insistir en la gravedad que reviste esta modalidad de actuación, con motivo de los hechos ocurridos el 15 de octubre de 1985 cuando tres civiles fuertemente armados, desde un vehículo pintado como taxi, dispararon contra la llamada telefónica a Radio Cooperativa atribuyó a la organización Acción Chilena Anticomunista (ACHA) la realización del atentado con el objeto de amedrentar al párroco de San Cayetano, Padre Guido Peters. En el momento de realizarse los disparos se encontraban en el lugar algunos periodistas, uno de los cuales tomó fotografías del automóvil y de los atacantes.

Sustanciadas las acciones judiciales ante la Corte de Apelaciones del Departamento Pedro Aguirre Cerda, se llegó a la conclusión de que los tres asaltantes eran funcionarios de la Central Nacional de Informaciones, hecho luego reconocido por esta institución. Las actuaciones judiciales no han podido ser completadas hasta la fecha pues el jefe del grupo fue trasladado a Punta Arenas; este recurso ya ha sido empleado por la Central Nacional de Informaciones en circunstancias anteriores.

Es extremadamente peligroso el recurso a grupos de civiles, que luego resultan vinculados a fuerzas del orden, y que participan en actos gravemente lesivos de la integridad personal y aún de la vida de los ciudadanos. Se trata, por tanto, de grupos para-militares ante lo cual la Comisión debe señalar que de ninguna manera estas acciones pueden contribuir a crear un clima positivo en Chile. Debe recordarse que también fueron civiles no identificados y fuertemente armados quienes secuestraron, en plena calle y a la luz del día, a los señores Guerrero y Parada que luego aparecieron degollados. También fue este tipo de grupos los que detuvieron en horas de la vigencia del toque de queda a los opositores asesinados el 8 de septiembre pasado.

7. Derecho a la libertad de expresión

En lo que se refiere al derecho a la libertad de expresión, éste ha continuado sometido a restricciones sobre la base de las disposiciones propias a los estados de excepción vigente. Así, durante el período cubierto por e presente Informe estuvieron vigentes los decretos exentos N^o 324 y 5.859 del Ministro del Interior, según los cuales los medios de comunicación no podrán informar ni opinar sobre hechos y conductas definidos por la Ley N^o 18.314 (conocida como ley antiterrorista); tampoco podrán hacerlo sobre actividades de carácter "político-partidarista" ni sobre personas, organizaciones, grupos o movimientos que propaguen "doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico de carácter totalitario o basado en la lucha de clases"; según los decretos señalados, tampoco podrán los medios de comunicación informar sobre convocatorias a actos públicos o a cualquier tipo de manifestación de la cual puedan derivarse alteraciones de la tranquilidad pública.

Durante el período a que se contrae este Informe, se sobreseyó temporalmente al director de la revista "Análisis", señor Juan Pablo Cárdenas y los periodistas de esa revista Fernando Paulsen, Alicia Oliva, Felipe Pozo y al columnista Ignacio Balbontín a quienes el Ministro del Interior había requerido que fueran procesados por infracciones a las disposiciones que restringen la libertad de expresión dictadas al amparo del estado e emergencia.

Según el requerimiento del Ministro del Interior, las infracciones señaladas se derivaron de publicar, en diversos números de la revista mencionada, informaciones que versan sobre las elecciones de dirigentes nacionales de la Democracia Cristiana, sobre el congreso del Partido Socialista en Chile y el congreso Nacional del Mapu, sobre la formación de un frente cívico y la convención del Partido Radical. También denuncia el requerimiento que se han transgredido las disposiciones sobre la libertad de expresión al transcribir una entrevista a Gabriel Valdés y otra a Luis Corvalán. Luego de incluir otras informaciones similares, señala el escrito del Ministro del Interior que

Las opiniones e informaciones señaladas en el número precedente constituyen una clara infracción a lo dispuesto en la letra c) del artículo 1 del citado Derecho 324 que prescribe expresamente la restricción sobre las actividades o gestiones prohibidas en la disposición décima transitoria de la Constitución, que a su turno prescribe: "En tanto no entre en vigencia la ley Orgánica Constitucional relativa a los Partidos Políticos … estará prohibido ejecutar o promover toda actividad, acción o gestión de índole político-partidarista, ya sea por personas naturales o jurídicas, organizaciones, entidades o agrupaciones de personas. Quienes infrinjan est prohibición incurrirán en las sanciones previstas en la ley".

No se requiere ningún esfuerzo de imaginación, dialéctico o de interpretación para concluir en que todos los hechos indicados en el numeral V tienen, precisamente, el carácter previsto en la disposición constitucional transcrita.

Otro hecho vinculado con la libertad de expresión durante el período a que se refiere este Informe fue el encarcelamiento por orden judicial del sacerdote jesuita Renato Hevia Rivas, director de la revista "Mensaje". El 14 de mayo de 1985 el Ministro del Interior había presentado un requerimiento para que el padre Hevia fuera procesado por infringir las disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado. A juicio del Ministro, los artículos y editoriales de esa revista firmados por el director desde 1983 incitaban o inducían a la desobediencia a los miembros de las Fuerzas Armadas, propagaban informaciones tendientes a destruir el sistema de gobierno existente y a ultrajar a las autoridades, injuriaban al Jefe de Estado, atacaban al cuerpo de Carabineros, descalificaban la Constitución, llamaban a la ciudadanía a rebelarse contra el Gobierno, propagaban doctrinas ilícitas según la Constitución y desprestigiaban al Poder Judicial.

Luego que el Ministro Sumariante señor Marcos Libedinsky había cerrado el sumario sin encargar reo al padre Hevia, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones, por mayoría, revirtió la decisión y encargó reo al mencionado sacerdote, despechando orden de arresto contra él en virtud de la cual fue recluido el 4 de diciembre de 1985 en la Cárcel Capuchinos de Santiago.

Resulta interesante notar que el fallo de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones fue dictado por mayoría, oponiéndose al mismo el ministro titular de carrera, señor Mario Garrido. Los otros dos ministros que estuvieron por la encargatoria de reo y encarcelamiento del sacerdote son los abogados Jorge Varela y José Bernales, designados por el Gobierno que debía confirmarlos en sus cargos el 31 de diciembre y que habían desempeñado cargos de confianza en el régimen militar. Interpuestos diversos recursos, tanto por parte de los abogados del padre Hevia como del representante del Ministro del Interior, el sacerdote fue puesto en libertad bajo fianza el 18 de diciembre luego de ser sobreseído temporalmente por el Ministro Sumariante. El 27 de diciembre siguiente la Cuarta Sala de la Corte de Apelación ratificó esa resolución.

Durante el mes de febrero, por su parte, varias acciones estuvieron encaminadas a lograr la aplicación estricta de las medidas que restringen la libertad de expresión. Nuevamente fue la revista "Análisis" la que fue objeto de diversas medidas, así como personas que le habían concedido reportajes. Así, el periodista Fernando Paulsen, que se encontraba como director interino de esa revista, fue acusado de calumniar al cuerpo de Carabineros con motivo de un reportaje sobre Parada, Guerrero y Nattino. Un manifiesto, también publicado en Análisis"; originó el arresto del dirigente del Movimiento Intransigencia Democrática, señor Manuel Sanhueza, bajo cargos de promover el derrocamiento del Gobierno. Un reportaje de Andrés Palma, dirigente de la Juventud de la Democracia Cristiana, también publicado en "Análisis", provocó su arresto.

El 3 de julio de 1986, nuevamente el Gobierno interpuso un requerimiento para que el director de la Revista "Análisis", señor Juan Pablo Cárdenas, fuera procesado por infracciones a las normas que regulan el ejercicio de la libertad de expresión bajo el estado de emergencia. Según el escrito presentado, la revista ha incurrido "en algunas constantes de carácter delictual que incluyen injurias al Presidente de la República , fomento e incitación a actos de violencia y llamados permanentes a desconocer la autoridad del gobierno". Posteriormente el Ministerio del Interior amplió el requerimiento formulado, incluyendo a 29 personas más que habrían infringido la Ley de Seguridad Interior del Estado a través de columnas publicadas en esa revista, opiniones vertidas en ella o en entrevistas concedidas a la misma.

El magistrado interviniente, señor Leonel Beraud, suspendió la publicación de la revista Análisis por tres ediciones y su director permaneció detenido durante 28 días en el mes de agosto. El 2 de septiembre, nuevamente el juez Beraud acogió otra denuncia de la Intendencia de Santiago y suspendió por otras tres semanas la edición de tal órgano de expresión. La fundamentación del Requerimiento interpuesto por el Intendente de Santiago se basa también en supuestas infracciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado.

El 1^o de septiembre, el Fiscal militar ordenó confiscar los 25.000 ejemplares de la revista "Cauce" luego que el Central Nacional de Informaciones estimó que en ese número habría "eventualmente" información que configuraría una infracción al Código de Justicia Militar. Esa revista había publicado informaciones que arrojaban dudas sobre la versión del Gobierno referida al hallazgo de un cuantioso arsenal en la zona norte de Chile. Estas informaciones motivaron que el Fiscal Militar interpusiera querella contra el director y un periodista de "Cauce", por injurias a las Fuerzas Armadas, los cuales permanecieron dos días en prisión.

Durante las jornadas convocadas por la oposición para el 2 y 3 de julio, por Bando N^o 46 el Intendente de Santiago y Comandante de la Zona de Emergencia dispuso que las radios Chilena, Cooperativa, Carrera y Santiago se limitaran a "transmitir avisaje comercial, música e informaciones oficiales del Gobierno". La prohibición rigió hasta la fecha de derogación de ese Bando, el 7 de julio de 1986.

En aplicación de las disposiciones del estado de sitio, el 7 de septiembre pasado se procedió a clausurar las siguientes publicaciones: las revistas "Análisis", "Cauce", "Apsi", "La Bicicleta", "Fortin Mapocho" y "Hoy". También se ordenó suspender sus transmisiones al extranjero a las agencias noticiosas Reuter y Ansa. Cabe señalar que a la fecha de aprobación de este Informe había sido autorizada la publicación de la revista "Hoy" y la transmisión de informaciones por parte de las mencionadas agencias noticiosas.

El asesinato de José Carrasco, por su parte, fue considerado también como un acto de amedrentamiento contra los periodistas en general. Marcelo Contreras, director de la revista "Apsi" anunció que buscaría protección diplomática luego de que nueve civiles concurrieron a su domicilio a detenerlo.

También en materia del derecho a la libertad de expresión la Comisión toma nota de la autorización concedida por el Gobierno para que comience a circular en marzo de 1987 el diario "La Epoca", vinculado a sectores del partido Demócrata Cristiano. De esta forma por primera vez se autorizaría la circulación de un diario de tendencia opositora al Gobierno.

8. Derecho de residencia y tránsito

En lo que se refiere al derecho de residencia y tránsito, la Comisión ha observado que el Gobierno ha continuado reduciendo el número de chilenos a los cuales se les ha privado de su derecho de residir en el país por decisión de la autoridad administrativa. La última información proporcionada a la Comisión está referida a la lista elaborada en mayo de 1986 y que contiene 3.717 personas con prohibición de ingresar al país. La comisión desea reiterar en esta oportunidad que ninguna disposición del derecho internacional en materia de derechos humanos autoriza a privar a las personas del derecho a residir en el país del cual son nacionales.

Cabe mencionar en esta oportunidad el caso del señor Edgardo Condeza Vaccaro quien vivió en el exilio desde el 17 de junio de 1974 y respecto al cual la Comisión adoptó una resolución, con fecha de 5 de marzo de 1985, declarando que el Gobierno de Chile había violado el derecho de residencia y tránsito al impedir el regreso del señor Condeza Vaccaro a ese país, del cual es nacional. También consideraba la comisión que el Gobierno de Chile había violado el derecho a la justicia y al proceso regular en este caso pues había aplicado una verdadera penalidad al señor Condeza Vaccaro sin proporcionarle los recursos elementales de un debido proceso. Por todo ello la Comisión recomendaba al Gobierno de Chile dejar sin efecto la prohibición de regresar a ese país que afectaba al señor Condeza.

En el mes de junio pasado, el señor Condeza Vaccaro, cuya esposa e hijas se encuentran residiendo en Chile, a pesar de la prohibición impuesta por el gobierno, ingresó al país y el 9 de ese mes se presentó a la Corte de Apelaciones de concepción a fin de que la justicia determine los motivos que le impiden residir en el país del que es nacional. La Comisión fue informada que el 12 de agosto el señor Condeza fue detenido por un breve lapso, por lo cual se dirigió al gobierno de chile reiterando los términos de su resolución de 1985. La Comisión espera que ese Gobierno modificará su actitud y permitirá al señor Condeza residir en Chile en compañía de su familia; la Comisión debe poner de manifiesto, asimismo, la incongruencia que revela el hecho de que una persona deba ingresar a su país desafiando una prohibición gubernamental para exigir una decisión judicial sobre su caso.

9. Situaciones que han afectado a la Iglesia y a organismos de defensa de derechos humanos

Motivo de profunda preocupación para la CIDH han sido numerosos actos que afectan a miembros de instituciones religiosas y a funcionarios de instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Así, el 2 de junio alrededor de las 20 horas fue detenido el padre Julio Straier, Vicario de la Zona Oeste del Arzobispado de Santiago, cuando negó el ingreso a la casa parroquial de la Capilla Padre Hurtado a un grupo de militares. El 24 de abril, la residencia de Monseñor Sergio Contreras, Obispo de Temuco, fue objeto de un atentado cuando se lanzaron contra ella dos bombas incendiarias. Un ataque similar ocurrido en enero de 1985 aún permanece sin ser aclarado.

El 20 de mayo, el Ministerio del Interior comunicó al Vicario General de la Diócesis de Copiapó, Monseñor Juan Pedro Cegarra López, de nacionalidad española, que había cancelado su visa de residencia permanente en Chile y le había otorgado otra por sólo seis meses. El 11 de junio, por su parte, se incendió completamente un edificio de propiedad del Obispado de Copiapó; en la solicitud de nombramiento de un Ministro en Visita para que investigue los hechos, el Obispo Monseñor Artizía justificó esa solicitud

por ser voz común en Copiapó –y existen antecedentes que justifican ese rumor– de que ese incendio ha sido intencionalmente provocado por un grupo concertado de personas que pretende … atemorizar y acallar el que hacer pastoral de la Iglesia Católica en defensa de la dignidad y de los derechos humanos.

Que de ser efectiva y no ponerse atajo a la existencia de ése y de grupos similares existentes de tipo "para-militar" –y organizados al margen de toda ley– ello acarrearía gravísimas e irreparables heridas a la convivencia ciudadana por la odiosidad que fomentan, por los daños a los bienes, y lo que es aun más grave, por los atentados contra la vida que se teme vayan provocando.

El 6 de mayo, por otra parte, el abogado del Obispado de Copiapó, señor Erick Villegas González, interpuso querella criminal contra el alcalde de esa ciudad, señor Carlos Porcile Valenzuela, por actos de agresión en su contra. La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de protección interpuesto, el cual fue confirmado por la Corte Suprema. Como se sabe, los alcaldes son nombrados por el Presidente de la República.

El 1^o de agosto, cuando el Obispo de Osorno Monseñor Miguel Caviedes Medina se encontraba trabajando en su escritorio a altas horas de la noche, oyó un disparo de arma de fuego, cuyo proyectil pasó a menos de dos metros de su escritorio. Ante este atentado, el Presidente y el Secretario General de la Conferencia Episcopal Chilena expresaron su solidaridad con el Obispo de Osorno en una carta en la cual afirmaban que "La bala que iba dirigida a tí apuntaba a todo nuestro Colegio Episcopal. Quería tal vez silenciar la voz de una Iglesia que se esfuerza por dar testimonio de la verdad y de la justicia …".

Como ya fuera señalado el 11 de septiembre, el Gobierno procedió a expulsar del país a los sacerdotes franceses, padres Du Bois, Carnette y Lancelot. Los tres ejercían su ministerio en el barrio La Victoria. Cabe señalar que a esa comunidad pertenecía al padre André Jarlan, muerto por una bala de las fuerzas del Gobierno chileno el 4 de septiembre de 1984 mientras oraba en su domicilio.

En lo que respeta a las acciones dirigidas contra organismos defensores de los derechos humanos, cabe señalar que el 29 de noviembre de 1985, "civiles no identificados" y fuertemente armados irrumpieron en el local de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, hiriendo de gravedad a la persona que cuidaba el edificio, señora Marina Rodríguez de Sierralta. Los delincuentes rompieron muebles y sustrajeron documentos de trabajo de esa Comisión. La querella criminal interpuesta con motivo de tales hechos no ha culminado con la identificación de los culpables.

La Comisión fue informada, por otra parte, que el 18 de enero de 1986 fue secuestrada por "civiles no identificados" la señora Rosa Espinosa Baeza, empleada doméstica del señor Máximo Pacheco, Vicepresidente de la comisión Chilena de Derechos Humanos. Durante las 14 horas que estuvo en poder de sus captores, la señora Espinosa fue interrogada sobre las actividades del doctor Pacheco en el campo de los derechos humanos y sobre los detalles de la visita que realizaría a Chile el Senador Kennedy de los Estados Unidos.

De particular gravedad fue el arresto e incomunicación de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, señores Gustavo Villalobos y Ramiro Olivares, abogado y médico respectivamente, de esa institución. Ambos funcionarios se presentaron a declarar ante el Fiscal militar y fueron detenidos el 6 de mayo; estuvieron incomunicados durante diez días y fueron puestos en libertad condicional el 7 de agosto pasado.

Motivó la detención y procesamiento de los señores Villalobos y Olivares la atención que proporcionaron el 28 de abril a Hugo Segundo Gómez Peña, y su conviviente, a fin de recibir atención pues, según manifestara, había sido herido accidentalmente cuando pasaba por las proximidades de un lugar en el cual se llevaba a cabo un tiroteo. Proporcionadas las primeras atenciones por el médico Olivares, e señor Gómez Peña fue traslado a la clínica Chiloé, en el cual recibió la atención médica requerida por su estado.

Una vez recuperado de sus heridas, el abogado Villalobos y el doctor Olivares instruyeron al lesionado para que se presentara al día siguiente a realizar los trámites judiciales correspondientes y le proporcionaron ropa para que pudiese regresar a su domicilio, al igual que una suma de dinero. El día 30. personal de Carabineros procedió a detener al personal médico y auxiliar de la Clínica Chiloé, bajo cargos de haber prestado ayuda a Gómez Peña quien resultó haber estado implicado en un enfrentamiento armado con las fuerzas policiales chilenas, como resultado de lo cual había muerto un carabinero y un civil. Como ya fuera señalado, la orden de detención se hizo extensiva a los señores Villalobos y Olivares, quienes han sido procesados en virtud de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior del Estado en lo referido a la ayuda o financiamiento que se preste a un grupo armado.

Los grupos de defensa de los derechos humanos han interpretado las acciones del Gobierno en el caso de Villalobos y Olivares como una de las numerosas medidas encaminadas a obstaculizar las acciones que desarrollan estos grupos. Las recientes declaraciones del General Pinochet referidas a la necesidad de expulsar del país o encarcelar a las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos viene a agregar una nota de muy grave preocupación respecto a las actitudes del Gobierno.

10.    Derechos políticos

En lo que respecta al ejercicio de los derechos políticos, dos hechos contradictorios han sido los de mayor relevancia en el período cubierto por el presente Informe. El primero fue la elaboración de la "Demanda de Chile" por parte de importantes grupos opositores nucleados en la Asamblea de la Civilidad; el segundo hecho fue la declaración del general Pinochet manifestando su voluntad de continuar en el poder más allá de 1989 en virtud de los mecanismos establecidos por la Constitución de 1980.

La "Demanda de Chile" fue elaborada el 26 de abril de 1986 por la Asamblea de la Civilidad que, por primera vez desde 1973, constituye un esfuerzo de organización social y política que no se sujeta a los tradicionales partidos políticos chilenos. Este intento obedece, en buena parte, a la imposibilidad de lograr acciones significativas para el retorno a un sistema democrático a través del Acuerdo Nacional, al cual se refiriera la Comisión en su Informe de 1985. La Asamblea de la Civilidad, por tanto, se planteó durante el período examinado como un nuevo intento por lograr el restablecimiento de los derechos políticos.

La "Demanda de Chile" elaborada contiene diversas exigencias referidas a la vigencia de los derechos humanos y a la participación de la población en los asuntos que le conciernen, en un marco de pluralismo político y de vigencia del estado de derecho. Este documento fue entregado a las autoridades a las cuales se le requirió una respuesta dentro del plazo que vencía el 31 de mayo siguiente. Ante la ausencia de tal respuesta, la Asamblea de la Civilidad convocó a una serie de actividades de movilización social que culminaron con una huelga el 2 y 3 de julio pasado.

En esa oportunidad perdieron la vida ocho personas, como ya fuera informado. El Gobierno interpuso acciones judiciales contra los organizadores de los actos, resultado de los cual fue el arresto de los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad, encabezados por su presidente el doctor Juan Luis González, quien es además presidente del Colegio Médico de Chile. Permanecieron detenidos desde el 10 de julio hasta el 18 de agosto, fecha en la que fueron puestos en libertad bajo fianza.

El 10 de julio, por su parte, el General Pinochet en Concepción se refirió a los plazos previstos en la Constitución de 1980, afirmando que "El problema es qué va a pasar después. Esto va a continuar más allá de 1989. Nosotros no vamos a entregar al gobierno por puro gusto". El 11 de julio, el general Pinochet afirmó que "Nadie puede desconocer el legítimo derecho que nos asiste para poner la voluntad de proyectar nuestro gobierno más allá de 89". Si bien con posterioridad se ha afirmado que las referencias estaban circunscriptas al carácter del sistema que impone la Constitución de 1980, el hecho es que las declaraciones formuladas por el general Pinochet han provocado una agudización de las confrontaciones políticas.

Es en este marco de preparación para el plebiscito a realizarse en el año 1989 que ha entrado en vigencia la ley que crea el Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones. El Gobierno también ha manifestado su voluntad de aprobar la ley sobre inscripciones electorales y comenzar el proceso de inscribir a los ciudadanos en los Registros Electorales, al igual que dictar una ley sobre partidos políticos y finalizar la elaboración de la ley orgánica del Congreso Nacional.

Los hechos expuestos a lo largo de esta sección, como ya fuera mencionado al inicio, configuran un cuadro de extrema gravedad a juicio de la Comisión. En efecto, la ausencia de sentencia condenatoria en el caso de las tres personas degolladas, los dos jóvenes quemados durante la protesta y huelga de julio, las detenciones masivas de ciudadanos, los recortes en la libertad de expresión. Los atentados contra la Iglesia y los hostigamientos contra instituciones de derechos humanos, la acción de civiles no identificados, el incremento de las acciones de violencia por parte de grupos armados que combaten al Gobierno, configuran una situación cuya evolución previsible no puede sino resultar en un deterioro aún mayor de la situación de los derechos humanos.

El hecho de mayor trascendencia ocurrido en el período, tanto en sí mismo como por sus consecuencias en la vigencia de los derechos humanos, ha sido el establecimiento del estado de sitio el día 7 de septiembre, mediante Decreto Supremo N^o 1037, como consecuencia de un atentado en el que perdieron la vida cinco escoltas del Presidente de la República y éste resultó con heridas leves en la mano. Al respecto, la Comisión encuentra necesario señalar que en estos hechos se reflejan y acentúan comportamientos y tendencias que se habían venido manifestando a todo lo largo del período considerado.

En efecto, la acción de "grupos de civiles" no identificados que durante las horas de restricción de la circulación vehicular –o breves minutos después– irrumpe en los hogares de opositores que luego aparecen muertos con numerosos impactos de bala, no hace sino culminar la acción de grupos, algunos de los cuales en este período, pudo vincularse a las fuerzas de seguridad chilenas. Las estrictas restricciones a la libertad de expresión reflejadas en la clausura de seis publicaciones, la persecución de dos directores y el cierre de dos agencias noticiosas extranjeras, no han hecho sino acentuar las serias limitaciones que habían sido impuestas a este derecho durante el período considerado. El arresto de cinco sacerdotes y la expulsión de tres de ellos puede considerarse como la agudización de una campaña contra la Iglesia que también se había observado durante el lapso cubierto por este Informe. La persecución de prominentes políticos opositores y el arresto de algunos de ellos también continúa la constante de hostigamientos a que ellos habían sido sometidos. Las expresiones del Jefe de Estado sobre la necesidad de expulsar del país o encarcelar a las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos lleva al extremo comportamientos también observados durante este período. A juicio de la Comisión, sin embargo, lo que refleja más claramente la aplicación de las disposiciones del estado de sitio en la situación actual, es el empleo que el Gobierno realiza de condenables acciones originadas en grupos extremistas, para adoptar medidas contra los derechos humanos que van mucho mas allá que las exigencias de descubrir a los autores de tales actos y aplicarles las sanciones correspondientes, afectando a personas sin relación ninguna con estos grupos.

La gravedad de los hechos expuestos en esta sección obligan a la CIDH a reiterar, en los más enérgicos términos, la necesidad de que el Gobierno de Chile ponga en ejecución los mecanismos institucionales que estime convenientes para restaurar, en el más breve plazo, el ejercicio de la democracia representativa. Es el convencimiento de la Comisión que es este sistema el único que brinda los medios para afrontar las graves amenazas que se ciernen sobre la sociedad chilena y superar las divisiones que hoy tienden a profundizarse pues solo en la democracia es posible lograr acuerdos entre los sectores políticos representativos y las instituciones fundamentales para establecer un orden de paz y justicia imprescindible para lograr el irrestricto respeto de los derechos humanos.