INFORME No. 56/09

DECISIÓN DE ARCHIVO

PETICIÓN 11.795

PERÚ

27 de marzo de 2009

 

 

PRESUNTA VÍCTIMA:                         Carmen Dueñas Gómez y otros

 

PETICIONARIO:                                  Fernando de Pierola

 

VIOLACIONES ALEGADAS:            Artículos 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento

 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE:       20 de agosto de 1996

 

 

I.          POSICIÓN DEL PETICIONARIO

 

1.        La denuncia se relaciona con el proceso de privatización de la Compañía Peruana de Teléfonos, llevado a cabo en 1993. Según el peticionario, cuando la Compañía Telefónica Internacional de España compró la entidad estatal, se comprometió a respetar los acuerdos previos de la Junta de Accionistas, incluyendo aquellos que amparaban a las trabajadoras y trabajadores en contra de despidos colectivos. Indicó que en agosto de 1995, en desconocimiento de dichos acuerdos, la empresa despidió a 100 trabajadores.

 

2.        Señaló que ante esta situación, los trabajadores organizados en doce grupos, presentaron igual número de acciones de amparo. Detalló que durante los primeros meses de 1996, cuatro de las demandas de amparo obtuvieron decisiones favorables a los trabajadores, ordenando la reinstalación de los mismos a sus puestos de trabajo. Agregó que el 24 de mayo de 1997 el Tribunal Constitucional emitió una resolución en cinco de las doce acciones, declarando nulo todo lo actuado y ordenando que todas las acciones volvieran al juez de primera instancia por haberse emplazado erróneamente a la entidad demandada. Argumentó que en virtud de lo anterior, no era previsible que las causas fueran resueltas en el corto plazo, pues la primera etapa del proceso ya había tardado veinte meses.

 

II.         POSICIÓN DEL ESTADO

 

3.        En su primera comunicación, el Estado le solicitó a la Comisión que le indicara el nombre de la totalidad de las presuntas víctimas. En su segunda comunicación, el Estado alegó el incumplimiento del requisito de agotamiento de los recursos internos, por cuanto el trámite de la acción de amparo permanecía pendiente en primera instancia.

 

III.        TRÁMITE ANTE LA CIDH

 

4.        La petición inicial, de fecha 8 de julio de 1996, fue trasladada al Estado peruano el 20 de agosto de 1996, solicitándole que en un plazo de tres meses presentara su respuesta. El 17 de diciembre de 1996 se recibió la respuesta del Estado, la cual fue remitida al peticionario el 4 de marzo de 1997, solicitándole que en un plazo de 45 días presentara las observaciones que considerara oportunas. El 25 de junio de 1997 el peticionario presentó su respuesta. El 8 de julio de 1997 el peticionario presentó información adicional. Con base en esta información, la Comisión registró la petición bajo el número de caso 11.795. El 25 de agosto de 1997 se le remitió esta comunicación al Estado, solicitándole que en un plazo de tres meses presentara su respuesta. El 28 de octubre de 1997 el Estado le solicitó a la Comisión que informara sobre las personas comprendidas en la petición, a fin de facilitar la respectiva investigación. El 6 de noviembre de 1997 la Comisión le solicitó al peticionario que informara los nombres de las demás personas comprendidas en el caso, en adición a la señora Carmen Dueñas Gómez. El 2 de diciembre de 1997, se recibió nota del Estado mediante la cual solicitó la declaratoria de inadmisibilidad de la petición. Esta comunicación fue remitida al peticionario el 11 de diciembre de 1997 solicitándole que en el plazo de un mes presentara sus observaciones.

 

IV.        FUNDAMENTO PARA LA DECISIÓN DE ARCHIVO

 

5.        Tanto el artículo 48.1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el artículo 30 numeral 6 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que, dentro del proceso de trámite de una petición, recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la CIDH verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación y en caso de no existir o subsistir ordenará el archivo del expediente.

 

6.        En la presente petición se alega la violación de los derechos consagrados en los artículos 24 y 25 de la Convención Americana como consecuencia de un despido colectivo efectuado por una empresa privatizada. Por su parte, el Estado argumentó que el proceso de amparo se encontraba pendiente y solicitó la consecuente inadmisibilidad de la petición. En la denuncia no se individualiza a las presuntas víctimas y la última información sobre los hechos del caso data del año 1997. A pesar de que la Comisión le solicitó al peticionario que individualizara a las presuntas víctimas (mediante comunicación de 6 de noviembre de 1997) y que aportara información complementaria (mediante comunicación de 11 de diciembre de 1997), el peticionario no ha dado respuesta a tales requerimientos, por lo cual no se cuenta con información actualizada sobre los hechos.

 

7.        En tales circunstancias, la información disponible en el expediente es insuficiente para determinar si subsisten los motivos que sustentaron la petición inicial o para formular una decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la misma, por lo que, de conformidad con el artículo 48.1.b de la Convención así como el artículo 30 numeral 6 del Reglamento de la CIDH, se decide archivar la presente petición.

 

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2009.  (Firmado): Luz Patricia Mejía Guerrero, Presidenta; Víctor E. Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Paulo Sérgio Pinheiro, Florentín Meléndez y Paolo Carozza, Miembros de la Comisión.