INFORME No. 55/09

DECISIÓN DE ARCHIVO

PETICIÓN 11.315

PERÚ

27 de marzo de 2009

 

 

 

PRESUNTA VÍCTIMA:                         Rosa Luz Padilla Baca

 

PETICIONARIA:                                  Rosa Mercedes Baca Vera

 

VIOLACIONES ALEGADAS:             No especifica. Se infiere que se alegan violaciones de las garantías consagradas en los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE:      28 de junio de 1994

 

I.          POSICIÓN DE LA PETICIONARIA

 

1.        La peticionaria indicó que a la presunta víctima se le siguieron dos procesos penales por el delito de terrorismo, en desconocimiento de las garantías judiciales. Señaló que en el primer proceso, la Corte Suprema de Justicia le aplicó una pena que no le correspondía, habiéndola sentenciado en calidad de dirigente del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) a pesar de que no se había acreditado su calidad de militante de dicha organización. Además, mencionó que en este proceso se le limitó a la señora Padilla su derecho a la defensa pues su abogada no pudo hacer uso de la palabra para sustentar verbalmente un recurso de nulidad. Indicó que en el segundo proceso se condenó a la presunta víctima a la pena de 20 años de prisión a pesar de haber sido demostrada su inocencia. En los anexos aportados, consistentes en recursos interpuestos en la vía interna, se mencionan supuestas torturas al momento de la detención, así como el hecho de que algunas decisiones fueron adoptadas por tribunales sin rostro que habrían aplicado retroactivamente la ley en cuanto a la imposición de la pena.

 

2.        En respuesta al argumento del Estado, la peticionaria señaló que si bien uno de los procesos se encuentra pendiente de resolución de recurso de nulidad, el otro se encontraba con sentencia ejecutoriada. Detalló que fue en este segundo proceso que se cometieron las mayores violaciones al debido proceso.

 

II.         POSICIÓN DEL ESTADO

 

3.        El Estado alegó que la señora Padilla Baca fue procesada y condenada conforme a los procedimientos regulares de la legislación peruana, por los delitos de terrorismo y contra la fe pública. Resaltó que se encontraba pendiente de resolución un recurso de nulidad contra la sentencia de vista. En ese sentido, el Estado argumentó que aún no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna.

 

III.        TRÁMITE ANTE LA CIDH

 

4.        El 22 de junio de 1994 se recibió la petición inicial, la cual fue registrada bajo el número de caso 11.315 y trasladada al Estado el 28 de junio de 1994, solicitándole que en un plazo de tres meses presentara su respuesta. El 8 de septiembre de 1994 se recibió la respuesta del Estado, la cual fue remitida a la peticionaria el 6 de octubre de 1994, solicitándole que en un plazo de 45 días presentara las observaciones que considerara oportunas. El 7 de diciembre de 1994 la peticionaria presentó sus observaciones, las cuales fueron trasladadas al Estado el 29 de diciembre de 1994 solicitándole que en el plazo de un mes presentara sus observaciones. El 16 de marzo de 1995 el Estado remitió sus observaciones. El 7 de enero de 2003 la CIDH le solicitó a la peticionaria que actualizara la información de la petición en el plazo de un mes. El 5 de abril de 2004 la CIDH le solicitó a la peticionaria que informara si subsistían los hechos alegados en la petición. Mediante esta comunicación se le indicó que en caso de no recibir respuesta, la Comisión podría considerar el archivo del expediente, de conformidad con el artículo 48.1.b de la Convención.

 

IV.        FUNDAMENTO PARA LA DECISIÓN DE ARCHIVO

 

5.        Tanto el artículo 48.1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el artículo 30 numeral 6 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que, dentro del proceso de trámite de una petición, recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la CIDH verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación y en caso de no existir o subsistir ordenará el archivo del expediente.

 

6.        La presente petición se presentó a favor de una persona procesada y condenada por terrorismo que alega una serie de violaciones al debido proceso como la supuesta imposibilidad de sustentar verbalmente un recurso, la aplicación de la figura de jueces secretos o “sin rostro”, la alegada aplicación retroactiva de la ley en cuanto a la imposición de la pena y, en términos generales, el presunto desconocimiento de la garantía de presunción de inocencia. La información aportada para sustentar tales violaciones es general y no incluye un detalle del proceso penal para confirmar, en aplicación de un estándar prima facie, la posible veracidad de las mismas. La Comisión le ha solicitado información a la peticionaria en dos oportunidades, sin haber recibido respuesta.

 

7.        La información disponible es insuficiente para efectuar un pronunciamiento sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la petición, por lo que, de conformidad con el  artículo 48.1.b de la Convención así como del artículo 30 numeral 6 del Reglamento de la CIDH, se decide archivar la presente petición.

 

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2009.  (Firmado): Luz Patricia Mejía Guerrero, Presidenta; Víctor E. Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Paulo Sérgio Pinheiro, Florentín Meléndez y Paolo Carozza, Miembros de la Comisión.