INFORME No. 54/09

DECISIÓN DE ARCHIVO

PETICIÓN 11.052

PERÚ

27 de marzo de 2009

 

 

PRESUNTAS VÍCTIMAS:                    Personas detenidas desaparecidas

 

PETICIONARIOS:                               Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

 

VIOLACIONES ALEGADAS:              Artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE:     31 de agosto de 1992

 

 

I.          POSICIÓN DEL PETICIONARIO

 

1.        Los peticionarios alegaron la configuración de un esquema de denegación de justicia por parte del Ministerio Público de Perú, por no haber iniciado investigaciones y acciones penales sobre las desapariciones perpetradas entre los años 1989 y 1991 por parte de las “Fuerzas del Orden”. Detallaron que el 19 de diciembre de 1988 y el 11 de marzo de 1991, “un grupo de personalidades y de instituciones tanto civiles como vinculadas a la Iglesia Católica” le extendieron al Ministerio Público solicitudes para que iniciara las investigaciones respectivas a fin de determinar la suerte de las víctimas y establecer responsabilidades. Indicaron que estos requerimientos no obtuvieron respuesta, lo que dejó en situación de indefensión a todas las familias de las víctimas pues, de acuerdo al ordenamiento jurídico interno, el Ministerio Público es la única entidad facultada para dar inicio a acciones de esta naturaleza.

 

II.         POSICIÓN DEL ESTADO

 

2.        El Estado aportó un documento de la Fiscalía de la Nación, mediante el cual incluyó información sobre tres tipos de casos: los resueltos, en los que se había determinado la ubicación física y/o situación jurídica de la persona desaparecida; los especiales, en los que sólo hacía falta la confirmación del Fiscal correspondiente sobre la posible aparición de la persona; y los casos que no estaban resueltos pero se había dado apertura de instrucción contra los presuntos responsables. Indicó que los casos restantes se encontraban en proceso de investigación.

 

III.        TRÁMITE ANTE LA CIDH

 

3.        El 29 de enero de 1992 se recibió la petición inicial, la cual fue registrada bajo el número de caso 11.052 y trasladada al Estado el 31 de agosto de 1992, solicitándole que en un plazo de tres meses presentara su respuesta. El 22 de octubre de 1992 se recibió la respuesta del Estado, la cual fue remitida a los peticionarios el 11 de noviembre de 1992, solicitándoles que en un plazo de 45 días presentaran las observaciones que consideraran oportunas. El 18 de febrero de 1994 los peticionarios presentaron sus observaciones, las cuales fueron trasladadas al Estado el 24 de mayo de 1994 solicitándole que en el plazo de un mes presentara sus observaciones. El 12 de diciembre del 2002 la CIDH le solicitó a los peticionarios que actualizaran la información de la petición en el plazo de un mes. El 5 de abril de 2004 la CIDH le solicitó a los peticionarios que informaran si subsistían los hechos alegados en la petición. Mediante esta comunicación se les indicó que en caso de no recibir respuesta, la Comisión podría considerar el archivo del expediente, de conformidad con el artículo 48.1.b de la Convención. El 10 de mayo de 2004 una de las organizaciones peticionarias (APRODEH) le solicitó a la Comisión que le remitiera alguna referencia adicional sobre el caso.

 

IV.        FUNDAMENTO PARA LA DECISIÓN DE ARCHIVO

 

4.        Tanto el artículo 48.1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el artículo 30 numeral 6 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que, dentro del proceso de trámite de una petición, recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la CIDH verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación y en caso de no existir o subsistir ordenará el archivo del expediente.

 

5.        En el presente caso, la denuncia está redactada en términos genéricos sobre la responsabilidad del Estado por la supuesta impunidad del delito de desaparición forzada y la afectación a la sociedad como consecuencia de la alegada falta de investigación. Aunque se anexa un listado de personas desaparecidas, en la petición no se incorpora información sobre afectaciones individuales como consecuencia del supuesto clima de impunidad frente a esta problemática.

 

6.        A pesar del paso de los años y de las solicitudes de la Comisión, los peticionarios no han aportado información más detallada. En esas circunstancias, la información disponible no es suficiente para determinar si subsisten los motivos que sustentaron la petición inicial ni para formular una decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la misma, por lo que, de conformidad al artículo 48.1.b de la Convención así como el artículo 30 numeral 6 del Reglamento de la CIDH, decide archivar la presente petición.

 

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 27 días del mes de marzo de 2009.  (Firmado): Luz Patricia Mejía Guerrero, Presidenta; Víctor E. Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Paulo Sérgio Pinheiro, Florentín Meléndez y Paolo Carozza, Miembros de la Comisión.