INFORME No. 131/09

CASO 12.230

ARCHIVO

ZOILAMÉRICA NARVÁEZ MURILLO

NICARAGUA

12 de noviembre de 2009

  

 

PRESUNTA VÍCTIMA:                   Zoilamérica Narváez Murillo

 

PETICIONARIAS:                      Zoilamérica Narváez Murillo y Vilma Núñez de Escorcia

 

VIOLACIONES ALEGADAS:           Artículos 1, 2, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 7 incisos b, d, e, f, y g de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE:   8 de noviembre de 1999

 

 

I.          POSICIÓN DE LAS PETICIONARIAS

 

1.         Las peticionarias alegaron que el Estado de Nicaragua violó el derecho a las garantías judiciales de la señora Zoilamérica Narváez, al permitir que los presuntos delitos de abusos sexuales denunciados ante el Juzgado I de Distrito del Crimen de Managua quedaran impunes, por no proceder al desafuero del presunto responsable. Manifestaron que el Poder Legislativo obstaculizó el acceso a la justicia, porque no tramitó la solicitud de desafuero, tal como lo establece el procedimiento de la Ley N° 83 de Inmunidad. De acuerdo a las peticionarias, esa situación, pese a la actividad procesal realizada por la señora Zoilamérica Narváez, no pudo ser superada por la falta de voluntad política del órgano legislativo y por la inexistencia de recurso ulterior alguno que obligara a dicho poder del Estado a iniciar el procedimiento de desafuero.  Por lo anterior, consideraron que en el presente caso operaban las excepciones contenidas en el artículo 46(2), incisos (b) y (c) de la Convención Americana.

 

2.         Asimismo, afirmaron que la Asamblea Nacional no se apegó a lo establecido por la Ley de Inmunidad, y a pesar de las reiteradas solicitudes de desafuero no emitió resolución hasta que se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión Interamericana”, “Comisión” o “CIDH”). Una vez iniciado el caso ante la instancia internacional, el Estado remitió a la peticionaria, mediante oficio del 7 de diciembre de 1999, la notificación de la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional del 25 de noviembre de 1999, adoptada en la sesión Nº 033-99, sobre su solicitud de desafuero.

 

3.         Las peticionarias sostuvieron que en dicha resolución, la Asamblea Nacional distorsionó y manipuló los alegatos de la señora Zoilamérica Narváez, ya que dicho organismo se pronunció sobre el procedimiento de suspensión o pérdida de condición de diputado, regida por el Reglamento Interno de la Asamblea, y no sobre el procedimiento para resolver la solicitud de desafuero, que se rige a través de la Ley de Inmunidad. Las peticionarias también indicaron que el Estado actuó con dolo, toda vez que remitió a la Comisión una resolución diferente a la que fue notificada a la señora Zoilamérica Narváez el 7 de diciembre de 1999.

 

II.         POSICIÓN DEL ESTADO

 

4.         El Estado sostuvo que el Poder Legislativo no obstaculizó el acceso a la justicia de la presunta víctima. En este sentido, señaló que la Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua remitió a la Asamblea Nacional las diligencias que llegaron a su conocimiento, ya que no tenía competencia para conocer la acción de querella promovida por la señora Zoilamérica Narváez, sin antes proceder al trámite de desafuero, de conformidad con la ley interna. Asimismo, que la demandante tuvo acceso pleno a los recursos internos, toda vez que solicitó el desafuero del diputado Ortega y pidió por la vía incidental que se determinara previamente si éste se encontraba en ejercicio de su cargo de diputado o si había incurrido en abandono de sus funciones.

 

5.         El Estado afirmó que las instancias de la jurisdicción interna no fueron agotadas, dado que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en sesión del 25 de noviembre de 1999, resolvió por unanimidad evacuar los incidentes que habían sido planteados por la señora Zoilamérica Narváez y acordó crear una Comisión Especial con el objeto de estudiar y dictaminar sobre el desafuero del diputado Daniel Ortega, conforme al procedimiento establecido por la Ley de Inmunidad. También manifestó que las resoluciones de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no fueron cuestionadas a través de un recurso de amparo por la señora Zoilamérica Narváez, según lo estipulado por el artículo 51 de la Ley de Amparo. En consecuencia, solicitó que se declare inadmisible el reclamo de las peticionarias, en los términos del artículo 46.1.a de la Convención Americana.

 

III.        TRÁMITE ANTE LA CIDH

 

6.         La petición fue recibida el 27 de octubre de 1999 y registrada como 12.230. El 8 de noviembre de 1999, la Comisión, de conformidad con el artículo 34 de su Reglamento vigente a la fecha, inició la tramitación del caso 12.230 y solicitó al Estado la información pertinente, otorgándole un plazo de 90 días. El 13 de enero de 2000, el Estado presentó sus observaciones e indicó que en el caso no se agotaron los recursos de la jurisdicción interna.

 

7.         Además, la CIDH recibió información de las peticionarias en las siguientes fechas: 14 de enero, 27 de marzo, 22 de agosto y 13 de diciembre de 2000; 26 de junio de 2001. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado en las siguientes fechas: 27 de septiembre de 2000 y 25 de abril de 2001. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.

 

8.         El 15 de octubre de 2001, en su 113º período ordinario de sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 118/01, en el que concluyó que tenía competencia para conocer la denuncia presentada por las peticionarias y decidió, con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, declarar admisible la denuncia por la presunta violación de los artículos 8, 24 y 25 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, con respecto al artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Comisión decidió diferir su tratamiento al examen sobre el fondo, en caso de comprobarse los hechos. En esta misma oportunidad, con base en lo previsto por el artículo 38.2 de su Reglamento y el artículo 48.1.f de la Convención Americana, la CIDH se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa.

 

9.         El 14 de diciembre de 2001 el Estado presentó información adicional siendo remitida a las peticionarias el 17 de diciembre de 2001. El mismo día las peticionarias informaron que “la naturaleza y la gravedad de las violaciones en perjuicio de Zoilamérica Narváez”, no eran susceptibles de solución amistosa y presentaron sus argumentos sobre el fondo del asunto. Las peticionarias remitieron información adicional los días 2 y 11 de enero de 2002.

 

10.     El 4 de marzo de 2002, durante el 114º período ordinario de sesiones de la CIDH, se realizó una audiencia con la presencia de las partes. Allí, se resolvió conceder a las partes un plazo de 30 días para que realizaran gestiones tendientes a la celebración de un acuerdo de solución amistosa e informaran a la Comisión sobre el resultado de las mismas.

 

11.     El 4 de abril de 2002 las peticionarias presentaron los términos de una propuesta de solución amistosa y presentaron información adicional el 17 de abril de 2002. El 22 de mayo de 2002 el Estado presentó sus observaciones sobre los términos de la propuesta de solución amistosa presentada por las peticionarias.

 

12.     Además, la CIDH recibió información adicional de las peticionarias en las siguientes fechas: 14 de junio, 18 de septiembre, 8 de octubre y 4 de noviembre de 2002; 24 de abril[1] y 2 de septiembre de 2003. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado. Asimismo, la CIDH recibió las observaciones del Estado en las siguientes fechas: 18 de julio y 24 de octubre de 2002 y 21 de febrero de 2003. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a las peticionarias.

 

13.     El 17 de octubre de 2003, durante el 118º período ordinario de sesiones de la CIDH se realizó una reunión de trabajo con la presencia de las partes.

 

14.     El 7 de marzo de 2006, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el caso. El 10 de abril de 2006, las peticionarias informaron que no había sido posible lograr un acuerdo de solución amistosa y solicitaron un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

 

15.     La CIDH recibió información adicional de las peticionarias el 29 de agosto de 2006; 11 de enero 2007, 12 de agosto y 23 de diciembre de 2007 y 23 de abril de 2008 y del Estado en las siguientes fechas: 9 de mayo, 12 de junio y 16 de noviembre de 2006. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a las partes.

 

16.     El 1 de octubre de 2008, la CIDH recibió una comunicación del Estado a través de la cual remitió una correspondencia de la presunta víctima en la que manifestaba su intención de poner fin a la demanda de manera amistosa, como así también que el expediente se archivara, solicitando la confidencialidad de los motivos que fundaron dicha decisión.

 

17.     El 29 de mayo de 2009, la CIDH envió una comunicación a la presunta víctima en la que le notificó la recepción de la nota remitida por el Estado y le solicitó que aclarara si su voluntad era llegar a un acuerdo de solución amistosa en virtud de lo estipulado por los artículos 48 1.f. y 49 de la Convención Americana o si, por el contrario, su voluntad era desistir del caso y solicitar su archivo, de acuerdo al artículo 35 del Reglamento de la CIDH.

 

18.     El 9 de junio de 2009, la presunta víctima envió una comunicación a la CIDH en la que manifestó su voluntad de desistir de la demanda contra el Estado de Nicaragua.

 

IV.     FUNDAMENTO PARA LA DECISIÓN DE ARCHIVO

 

19.     El artículo 35 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el peticionario podrá desistir en cualquier momento de su petición o caso, a cuyo efecto deberá manifestarlo por escrito a la Comisión. La manifestación del peticionario será analizada por la Comisión, que podrá archivar la petición o caso si lo estima procedente, o podrá proseguir el trámite en interés de proteger un derecho determinado.

 

20.     La presunta víctima manifestó por escrito y en forma expresa a la CIDH su voluntad de desistir del caso iniciado contra el Estado de Nicaragua y solicitó que se mantuviera en reserva los motivos que la llevaron a adoptar tal decisión. La CIDH evaluó los argumentos manifestados por la presunta víctima. En estas circunstancias, de conformidad con el artículo 35 de su Reglamento, la CIDH decide archivar el presente caso.

 

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 12 días del mes de noviembre de 2009.  (Firmado): Víctor E. Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Florentín Melendez y Paolo G. Carozza,  Miembros de la Comisión.

 


[1] Desde el 24 de abril de 2003 las notas de la parte peticionaria fueron suscritas solo por la señora Zoilamérica Narváez Murillo.