INFORME No. 128/09

CASO 11.005

ARCHIVO

EDGAR LESTHER GARCIA FAJARDO

GUATEMALA

12 de noviembre de 2009

 

PRESUNTA VÍCTIMA:                     Edgar Lesther García Fajardo

 

PETICIONARIA:                            Edgar Antonio García Barreda

 

VIOLACIONES ALEGADAS:          Artículos 4, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

 

FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE:           10 de abril de 1992

 

I.                    POSICIÓN DEL PETICIONARIO:

 

1.                  El 21 de marzo de 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por Edgar Antonio García Barreda, por la presunta violación del derecho a la vida y a la integridad personal de su hijo Edgar Lesther García Fajardo, por parte del Estado de Guatemala. Se alega que cinco efectivos de la Policía Nacional de Guatemala en estado de ebriedad habrían asaltado y asesinado a su hijo el 31 de diciembre de 1991, quien se encontraba en compañía de un amigo cadete de la Escuela Militar “Politécnica”. Este último a pesar de haber recibido varios impactos de bala por parte de la Policía, habría salvado su vida. Señala en la denuncia que los presuntos responsables estarían protegidos por el Ministro de Gobernación y el Director de la Policía Nacional, para mantener la impunidad en Guatemala.   

 

2.                  Sobre la investigación judicial indica, que se realizaron 3 autopsias. Respecto de la primera informa que sus resultados habrían sido entregados después de 32 días de ser practicada. La segunda habría sido practicada sin autorización judicial; y de la tercera autopsia se desprendería que el segundo dictamen habría sido emitido con la intención de favorecer a los presuntos responsables, quienes estaban recluidos en las instalaciones de la Policía Nacional, a pesar de la naturaleza del delito que se les imputa. Agrega que el expediente de la investigación penal por el asesinato de su hijo habría sido extraviado y que las resoluciones de mérito no le habrían sido notificadas, como la resolución que reformó el auto de prisión provisional, a pesar que la Ley del Organismo Judicial faculta y obliga al juez notificar en la residencia a través del exhorto. Expresó en la denuncia que temía por su vida y por la seguridad de su familia y de sus bienes.

 

II.                  POSICIÓN DEL ESTADO

 

3.                  En respuesta a la denuncia presentada, el Estado señala que el caso se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sentencia de Escuintla, con el número 88-92, donde se han practicado una serie de diligencias. Además señala, que el juez otorgó excarcelación bajo fianza a los procesados y que el caso se encuentra abierto. Que no existe resolución de la Sala Duodécima de la Corte de Apelaciones que haya revocado la libertad bajo fianza de los procesados. Además señala que los procesados como miembros de una Institución Policiaca se acogen a las disposiciones del Reglamento Interno, que estipula que los agentes de autoridad que son procesados por delitos contemplados en el ordenamiento penal, una vez no se haya dictado sentencia condenatoria, deben permanecer detenidos en las instalaciones de la misma Institución. Expresa que tanto la notificación de la reforma del auto de prisión, la excarcelación bajo fianza, así como la audiencia común, no ha sido notificada a la parte acusadora, por no haber señalado, a la fecha, nuevo lugar para recibir citaciones y/o notificaciones. Asimismo, expresa que COPREDEH ha enviado al Ministerio Público una solicitud de agilización del proceso y especialmente que busque la forma de hacer la notificación en forma legal a la parte acusadora.

 

4.                  Finalmente, el 7 de junio de 2007, el Estado solicita el archivo del caso, porque la última comunicación de parte de la CIDH es del 3 de agosto de 2002 y considera que no subsisten los motivos que originaron al peticionario a recurrir al sistema interamericano de derechos humanos, en virtud de que “el Estado no ha tenido contacto con los peticionarios, ni ha recibido comunicaciones tanto de los peticionarios como de la Ilustre Comisión.”

 

III.                TRÁMITE ANTE LA CIDH

 

5.                  La petición fue recibida en la Comisión el 21 de marzo de 1992. El 10 de abril de 1992 la CIDH comunicó al peticionario que se inició el trámite de su denuncia y le solicitó mantener informada a la CIDH respecto al avance de la investigación judicial. En la misma fecha se trasladó la  denuncia al Estado de Guatemala, para que en el plazo de 90 días informara sobre los hechos denunciados y si se agotaron o no los recursos internos. La respuesta del Estado fue recibida el 18 de noviembre de 1992.

 

6.                  Además la CIDH recibió información del peticionario en las siguientes fechas: 11 de mayo de 1992, 27 de mayo de 1992, 25 de enero de 1993, 9 de noviembre de 1993 y 22 de febrero de 1994. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.

 

7.                  Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado en las siguientes fechas: 8 de setiembre de 1993, 30 de setiembre de 1993, 11 de marzo de 1994. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al peticionario.

 

8.                  El 23 de marzo de 1994 la CIDH solicitó al peticionario sus observaciones a la información aportada por el Estado el 11 de marzo de 1994. El 7 de setiembre de 1994 reiteró al peticionario la solicitud de información realizada 23 de marzo de 1994, indicándole que de “no recibirse la información requerida en un plazo de 60 días, la Comisión podría suspender la consideración del caso”. El 3 de agosto de 2000, la CIDH se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa. No hubo respuesta de las partes.

 

9.                  El 13 de diciembre de 2002 la CIDH solicitó al peticionario información actualizada del caso, expresándole en la nota que en “vista de la ausencia de información en relación con la situación denunciada desde 1994, la Comisión tendría que considerar el caso a la luz de lo dispuesto en el artículo 48 de la Convención Americana, en caso de no recibir información complementaria y actualizada”. El 10 de febrero de 2004, la CIDH reiteró al peticionario la solicitud de información efectuada el 13 de diciembre de 2003. El 7 de junio de 2007 el Estado de Guatemala solicitó el archivo de la petición.

 

IV.                FUNDAMENTO PARA LA DECISIÓN DE ARCHIVO

 

10.              Tanto el artículo 48.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el artículo 30.6 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que, dentro del proceso de trámite de una petición, recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la CIDH verificará si existen o subsisten los motivos de la petición y en caso de no existir o subsistir ordenará el archivo del expediente.

 

11.              De la información consignada en el expediente se advierte que el peticionario no ha brindado información complementaria y actualizada respecto a los hechos denunciados desde el 22 de febrero de 1994, a pesar de las reiteradas comunicaciones de la CIDH. En consecuencia, la CIDH al no contar con elementos necesarios para advertir si subsisten los motivos que sustentaron la denuncia original ni para formular una decisión final sobre la violación de los derechos humanos alegados, y de conformidad al artículo 48.b de la Convención y el artículo 30.6 del Reglamento de la CIDH, decide archivar la presente petición.

 

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 12 días del mes de noviembre de 2009.  (Firmado): Víctor E. Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Florentín Melendez y Paolo G. Carozza,  Miembros de la Comisión.