INFORME No. 126/09

DECISIÓN DE ARCHIVO

PETICIÓN 11.511

ECUADOR

12 de noviembre de 2009

 

PRESUNTA VÍCTIMA:                    Ingris Quiñónes Segura y Luis Ernesto Mora Jiménez

 

PETICIONARIO:                               Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

 

VIOLACIONES ALEGADAS:            Artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE:     17 de julio de 1995

 

 

I.       POSICIÓN DEL PETICIONARIO

 

1.     El 8 de noviembre de 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (en adelante “los peticionarios”).  Los peticionarios alegan que el 4 de julio de 1992 Ingris Quiñónes Segura y Luis Ernesto Mora Jiménez fueron detenidos por una acusación de tenencia de droga y puestos a disposición del Juzgado Sexto de lo Penal de Pichincha.  Alegan que el 30 de marzo de 1994 Ingris Quiñónes y Luis Ernesto Mora fueron sentenciados a un año de prisión en aplicación del artículo 65 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  Señalan que la sentencia fue elevada en consulta y que mediante resolución de 20 de abril de 1994 el Ministro Fiscal de Pichincha estimó que la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia “debe confirmar en todas sus partes” la sentencia elevada en consulta.

 

2.     Los peticionarios sostienen que el 20 de septiembre de 1994 la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia resolvió modificar la sentencia e imponer a Ingris Quiñónes Segura y Luis Ernesto Mora Jiménez la pena máxima de dos años prisión.  Sostienen que tras la sentencia Ingris Quiñónes y Luis Ernesto Mora fueron puestos en libertad, sin embargo los peticionarios alegan que el tiempo que las presuntas víctimas permanecieron en prisión habría excedido por dos meses la condena impuesta.

 

            II.         POSICIÓN DEL ESTADO

 

3.     El Estado señala que la sentencia contra Ingris Quiñónes Segura y Luis Ernesto Mora Jiménez fue modificada y que se les impuso la una condena de dos años de prisión.  Señala también que dicha sentencia se encuentra ejecutoriada por lo que, el único recurso que procedería contra ella sería el de revisión.

 

            III.        TRÁMITE ANTE LA CIDH

 

4.     El 8 de noviembre de 1994 la CIDH recibió la petición inicial, la registró bajo el número 11.511 y tras efectuar un análisis preliminar de la petición, el 17 de julio de 1995 procedió a transmitir copia de las partes pertinentes al Estado, con un plazo de 90 días para presentar información de conformidad con el artículo 34(3) del Reglamento vigente.  El Estado presentó su escrito de observaciones el 3 de octubre de 1995[1], el cual fue trasladado a los peticionarios para sus observaciones.  El 15 de abril de 1996 se reiteró a los peticionarios la solicitud de información.

 

 

5.     El 8 de mayo de 1996 la CIDH recibió un escrito de los peticionarios, el cual fue trasladado al Estado para sus observaciones.  El 9 de febrero de 1999 la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de lograr una solución amistosa.  El 23 de febrero de 2001 se recibió en la CIDH un escrito del Estado[2].  El 24 de octubre de 2008 se recibió un escrito de los peticionarios en el cual señalan que “de considerarse adecuado se podría proceder al archivo de la petición”.  El 13 de abril de 2009 la CIDH envío una comunicación a los peticionarios en la que se solicitó ratifiquen, en el plazo de un mes, que ya no subsisten los motivos del reclamo de lo contrario se podría proceder a archivar el asunto.  El 12 de junio de 2009 se recibió en la CIDH un escrito de los peticionarios en el que ratifican su solicitud de archivo de la petición.

 

IV.   FUNDAMENTO PARA LA DECISIÓN DE ARCHIVO

 

6.     Tanto el artículo 48(1)(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el artículo 30 numeral 6 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que, dentro del proceso de trámite de una petición, recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la CIDH verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación y en caso de no existir o subsistir ordenará el archivo del expediente.

 

7.     En la presente petición se alega la violación de los derechos consagrados en los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana como consecuencia de la detención de Ingris Quiñónes Segura y Luis Ernesto Mora Jiménez y su permanencia en prisión por un plazo más allá del establecido en su sentencia condenatoria.  Los peticionarios señalaron que dos meses después de haber cumplido condena las presuntas víctimas fueron puestas en libertad. 

 

8.     En su última comunicación, los peticionarios informan que han perdido contacto con las presuntas víctimas, por lo que ratifican su solicitud de archivo de la petición.  En tales circunstancias y de conformidad con la solicitud de archivo presentada por los peticionarios, la Comisión observa que no es posible determinar si subsisten los motivos que sustentaron la petición inicial, por lo que de conformidad al artículo 48(1)(b) de la Convención así como el artículo 30 numeral 6 del Reglamento de la CIDH, se decide archivar la presente petición.

 

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 12 días del mes de noviembre de 2009.  (Firmado): Víctor Abramovich, Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Florentín Meléndez y Paolo G. Carozza, Miembros de la Comisión.


 


[1] Nota No. 124/95 MPE/OEA de la Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos de  de octubre de 1995.

[2] Nota No. 4-2-85/01 de la Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos de 2 de abril de 2001.