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INFORME Nº 83/05 PETICIÓN 644-00 INADMISIBILIDAD CARLOS ALBERTO LÓPEZ URQUÍA HONDURAS 24 de octubre de 2005
I. RESUMEN
1. El 13 de diciembre de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por el señor Carlos Alberto López Urquía (en adelante “el peticionario”) en la cual alega la responsabilidad internacional de la República de Honduras (en adelante “el Estado” o el “Estado hondureño”) por la violación, en su perjuicio, de los siguientes derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de ahora en adelante “La Convención” o “la Convención Americana”): garantías judiciales (artículo 8); protección judicial (artículo 25) y propiedad privada (artículo 21), todos en relación con el artículo 1.1, que establece la obligación genérica del Estado de respetar los derechos protegidos en la Convención. Según el peticionario, el Estado ha incurrido en estas presuntas violaciones al emitir sentencias judiciales arbitrarias e ilegales en un asunto sometido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2. El Estado hondureño alega que los fallos judiciales fueron emitidos conforme al derecho hondureño y que, además, la denuncia es inadmisible por haber sido promovida extemporáneamente por una empresa mercantil.
3. Luego de estudiar los argumentos de hecho y de derecho de las partes, así como la prueba aportada, la CIDH concluye en este informe que el caso es inadmisible por falta de caracterización, conforme al artículo 47(b) de la Convención Americana.
II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
4. La petición fue recibida el 14 de diciembre de 2000. Completada la documentación solicitada y hecho el estudio correspondiente, la petición fue transmitida al Estado el 10 de febrero de 2000. El Estado contestó mediante oficio del 2 de abril de 2002, recibido en la CIDH el 11 del mismo mes y año. Las partes pertinentes de la contestación del Estado se trasmitieron al peticionario el 25 de abril de 2002, el cual presentó sus observaciones el 21 de mayo de 2002.
III. POSICIONES DE LAS PARTES
A. El Peticionario
5. El peticionario indica que el señor Carlos López Urquía presenta su denuncia como persona natural, propietaria exclusiva de la Empresa “Oficina de Higienización, control de Insectos y Roedores” (en adelante “OCHIR”) y alega que el Estado ha violado en su perjuicio los derechos a las garantías judiciales (artículo 8); a la protección judicial (artículo 25) y a la propiedad privada (artículo 21) protegidos por la Convención Americana, todos en relación con el artículo 1.1, que establece la obligación genérica del Estado de respetar los derechos protegidos en la Convención al emitir sentencias judiciales arbitrarias e ilegales en un asunto sometido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El peticionario alega, inter alia, los siguiente:
1. Los contratos
6. El peticionario alega que el señor Carlos López Urquía ganó en 1990 dos licitaciones convocadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (en adelante el “IHSS”), entidad autónoma del Estado de Honduras, para la provisión de servicios de alimentación en los hospitales del Servicio Social, el uno, y para la provisión de servicios de limpieza y fumigación en el IHSS, el otro. Los contratos para la provisión de los servicios licitados se celebraron el 25 de julio (contrato 59/90 de limpieza y fumigación) y el 28 de junio de 1990 (contrato 60/90 de alimentación). En ambos contratos se firmaron adendums que extendieron el plazo de ejecución y modificaron otros elementos del contrato y adendums.
7. Alega el peticionario que ninguno de los dos contratos cumplió con las bases de la licitación ganada por el señor López Urquía ya que el contrato para la provisión de servicios de limpieza y fumigación incluyó un descuento ilegal del 15% y el destinado a la provisión de servicios de alimentación en los hospitales del Servicio Social uno del 20%, descuentos estos no previstos en la Ley de Contratación del Estado, que es la que rige las licitaciones y contrataciones hechas por éste.
8. Aduce que en materia de licitaciones no es lícito modificar el precio ofertado, ni en beneficio ni en perjuicio de alguna de las partes, sobre todo en el caso particular, por cuanto los servicios de alimentación y de higienización son considerados contratos de suministro y, por ende, se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes, de conformidad con los artículos 25, párrafo segundo y 91 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto No. 148-85)[1]. 2. Presuntas presiones para firmar los contratos
9. Alega que el señor López Urquía firmó estos contratos bajo presión y por temor de ir a la bancarrota si no lo hacía. Al efecto presenta declaraciones de personas que constan en actas notariales en las que se hace referencia, entre otros, a la animadversión que existía en el IHSS contra Carlos López Urquía, a la presión que se ejerció por parte de sus autoridades para que aceptara los descuentos y al nombramiento de una comisión de negociación para negociar con él dichos descuentos.
3. Reclamo Administrativo
10. El peticionario indica que el 19 de julio de 1995 el señor López Urquía presentó un reclamo administrativo para obtener la devolución del descuento ilegal (15% en el contrato 59/90 de fumigación y 20% en el contrato 60/90 de alimentación)[2] y otro por la negativa del IHSS a aplicar la cláusula escalatoria por incremento del salario mínimo, costos de administración e inversión de capital, aumento al que su representado tenía derecho de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 71 de la Ley de Contratación del Estado de 1985 (Decreto No. 148-85)[3] y de conformidad con la sentencia de 1º de febrero de 1993, pronunciada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo[4] en la demanda interpuesta por él “para la interpretación y pronunciamiento sobre efectos del contrato”. El peticionario alega que tiene derecho a estas cantidades, conforme fue reconocido en el Informe de Auditoría Interna del IHSS de 9 de noviembre de 1994 pero que de estas cantidades algunas han sido reconocidas por el IHSS y otras no.
11. Expresa el peticionario que para resolver sus mencionados reclamos el IHSS emitió la resolución Nº 0171-96-TEG de la Dirección Ejecutiva, la cual adoptó la forma legal de Resolución y decretó la nulidad de actuaciones en el expediente administrativo sin decidir el fondo del asunto y sin que se hubiera pronunciado al respecto la Procuraduría General de la República, tal como ordena el artículo 119[5] de la Ley de Procedimiento Administrativo.
12.Manifiesta el peticionario que contra esta decisión presentó recurso de apelación ante la Junta Directiva del IHSS, la cual emitió la Resolución 019-JD-96, mediante la cual, en vez de dar lugar a la apelación modificó la naturaleza del acto administrativo convirtiéndolo en “providencia” y declarando sin lugar la apelación. El peticionario alega que esta resolución viola lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establecen que la Administración no puede subsanar un acto nulo, ni convertirlo en otro cuando el peticionario ha presentado recurso o no consintiere en dicha conversión.[6] Esta fue una forma, según el peticionario, de no declarar la nulidad del acto administrativo y no reconocer la obligación del IHSS de pagar lo adeudado, conforme a lo solicitado por el peticionario. Contra esta decisión el peticionario presentó recurso de reposición, el cual fue declarado sin lugar mediante la resolución número 037-JD-96 de la Junta Directiva del IHSS.[7] Alega que las mencionadas resoluciones no pusieron fin al procedimiento administrativo de conformidad con lo que establece el artículo 83[8] de la Ley de Procedimiento Administrativo y que violan los artículos 119, 126 y 127 de dicha ley[9] y el artículo 120 de la Ley General de la Administración Pública que establece la forma que deben adoptar las Resoluciones.
4. Instancias judiciales
13. El peticionario alega que el 16 de septiembre de 1996 presentó demanda de nulidad de las resoluciones administrativas emitidas por el IHSS ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. El IHSS presentó defensas previas, argumentando que los actos administrativos contra los que se presentó la demanda no eran susceptibles de ser impugnados en la vía contencioso administrativa por tratarse de providencias y no de resoluciones. El 3 de diciembre de 1996, el Juzgado respectivo dictó una sentencia interlocutoria[10] declarando sin lugar las defensas previas y señalando que los actos administrativos en cuestión sí eran susceptibles de ser impugnados en tal jurisdicción, por cuanto las resoluciones 0171-96-TEG de la Dirección Ejecutiva y 019-JD-96 y 037-JD-96 de la Junta Directiva del IHSS eran formalmente Resoluciones.
14. Señala el peticionario que el 23 de abril de 1999, tres años después, el mismo Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia definitiva, declaró inadmisible la impugnación de las resoluciones por tratarse de “providencias” y no de “resoluciones”, contradiciendo así lo declarado por el mismo juzgado en la sentencia interlocutoria dictada tres años antes en relación con las defensas previas y que fuere confirmada por las demás instancias judiciales (Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Corte Suprema de Justicia).
15. El peticionario interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 23 de abril de 1999. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ratificó el fallo mediante sentencia de 30 de agosto de 1999. Contra esta decisión el peticionario interpuso recurso de casación, que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia por sentencia de fecha 6 de junio de 2000, en la cual declaró sin lugar dicho recurso en sus siete motivos. Contra esta sentencia el peticionario interpuso recurso de reposición que fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 1º de agosto de 2000, que le fuera notificada el 7 de agosto de 2000, con lo que según el peticionario se agotaron completamente los recursos internos disponibles en la legislación de Honduras.
5. Presunta falta de imparcialidad de los tribunales
16. El peticionario alega que los funcionarios judiciales involucrados trataron de evitar que el Estado tuviera que pagar las sumas reclamadas y estuvieron influenciados por intereses extra-jurídicos que los llevaron a dictar sentencias arbitrarias y parciales. Al respecto señala que en el Acta número 1757-93 de la sesión celebrada por la Junta Directiva del IHSS el día jueves 2 de diciembre de 1993, el señor Raúl Barahona, Sub-Director Ejecutivo del IHSS, manifestó que había tenido varias reuniones con el Contralor de la República, a quien llegó a solicitarle que hablara directamente con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia para que advierta a los jueces de lo Contencioso Administrativo que si les llegaba otro caso como éste, fallaran a favor del IHSS”.[11] Que ese hecho fue denunciado ante el Ministerio Público Hondureño (Fiscalía General de la República), entidad que no investigó el asunto[12]. Alega asimismo el peticionario que el señor Edmundo Orellana manifestó a la prensa hondureña que, siendo Fiscal General de la República, recibió petición por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo de que influyera ante los jueces de lo Contencioso Administrativo a favor del IHSS[13].
6. Derechos presuntamente violados
17. El peticionario alega que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales consignado en el artículo 8 de la Convención porque los tribunales hicieron caso omiso de las pruebas presentadas; declararon primero sin lugar las defensas previas dándole la razón, para luego declarar inadmisible la acción en sentencia definitiva; no investigaron una denuncia de corrupción judicial y emitieron un fallo para favorecerse con el mismo. Alega además que se violó el derecho a la protección judicial contemplado en el artículo 25 de la Convención porque el Estado no lo protegió contra los desafueros realizados por los funcionarios públicos a favor del propio Estado. Que se violó el derecho a la propiedad privada del señor López Urquía, contemplado en el artículo 21 de la Convención porque se le privó de bienes y peculios que le pertenecen.
7. Petitorio
18. El peticionario solicita que se declare que Honduras ha violado los derechos garantizados en la Convención en sus artículos 8 (Garantías Judiciales); 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 25 (Protección Judicial), los tres en relación con el artículo 1.1 (Obligación de garantizar y respetar). Solicita, además, que se recomiende al Estado de Honduras que sancione, como en derecho corresponda, a los funcionarios responsables de la violación de los derechos y garantías establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. B. Posición del Estado
19. El Estado alega expresamente que la Comisión no es competente en razón de la persona para conocer esta denuncia porque la Convención Americana protege a la persona humana contra actos violatorios de Derechos Humanos (artículo 1.1 de la Convención) y no a una empresa o industria como lo es OHCIR, la cual se encuentra registrada en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán. Alega, además, que la denuncia fue presentada extemporáneamente por el peticionario, puesto que transcurrieron más de seis meses entre la fecha de agotamiento de los recursos internos (10 de agosto de 2000) y la fecha en que se presentó la denuncia ante la CIDH (30 de enero de 2002), con lo cual no se cumple el requisito de admisibilidad contemplado en el artículo 46 (b) de la Convención. En relación con los alegatos del peticionario expresa, entre otros, lo siguiente:
1. Los Contratos
20. El Estado alega que el 28 de junio de 1990 el IHSS suscribió con el denunciante, en su carácter de Gerente General y Propietario de OHCIR, el contrato de limpieza y fumigación Nº 59-90, con vigencia de un año contado desde el 1º de julio de 1990 al 1º de junio de 1991. A solicitud del señor López Urquía, por adendum suscrito el 27 de julio de 1991, el contrato se prorrogó por dos años, contados desde el 2 de junio de 1991 al 1º de julio de 1993. Asimismo, se suscribió una ampliación de contrato con fecha 5 de julio de 1993, la cual incluye una prórroga que va del 2 de julio al 31 de diciembre de 1993. Indica que el contrato de alimentación Nº 60-90 se suscribió el 25 de junio de 1990 con vigencia de un año contado desde el 1º de julio de 1990 al 1º de junio de 1991 y que a solicitud del señor López Urquía el mismo se prorrogó por dos años, contados desde el 2 de julio de 1991 al 1 de julio de 1993. Además se suscribió una ampliación de contrato desde el 2 de julio al 31 de diciembre de 1993[14].
21. Agrega que los descuentos del 15% y 20% que figuran en los contratos referidos no eran ilegales porque estaban dentro de las condiciones de las licitaciones y por ello se incluyeron en los mismos. Que por lo tanto estos contratos reunieron los requisitos esenciales de todo contrato: consentimiento, objeto y causa. Que el peticionario en el Reclamo para la Aplicación de la Cláusula Escalatoria por incremento de salario mínimo, costos de administración, insumos e inversión de capital alegó que el Estado no pagó dichos ajustes y no dio cumplimiento a la sentencia de 1º de febrero de 1993 del juzgado de lo Contencioso Administrativo, que ordenó el pago de los incrementos salariales a OHCIR.
22. Alega Honduras a este respecto que el Memorando No. 014-CB, de 12 de febrero de 1993, dirigido al Director Administrativo y Financiero del IHSS por la Comisión que elaboró el “Informe de Ajuste Salarial a OHCIR” prueba que se dio cumplimiento a dicha sentencia; que este informe incluso fue firmado por el peticionario, con lo cual queda desvirtuado lo dicho por el en la denuncia.[15] Del mismo modo, el Informe de Auditoría Interna del IHSS “Sobre Pagos efectuados a OHCIR”, de 9 de noviembre de 1994 y en el que se hacen los cálculos de los ajustes a los salarios mínimos más gastos administrativos conforme a la referida sentencia, establece que el IHSS pagó de más a OHCIR la suma de dos millones doscientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y seis lempiras con diecinueve centavos (L.2,250,656.19).
2. No existieron presiones para firmar los contratos
23. El Estado asevera que “OCHIR, a través de su propietario, Gerente General y Representante Legal señor Carlos López Urquía, firmó voluntariamente los contratos originales de un año de duración y que luego de vencerse el plazo de vigencia pactado gestionó extensiones bajo los mismos términos económicos pactados, los que se concedieron sucesivamente en ambos contratos hasta diciembre de 1993. Que de haber existido la supuesta lesión esta únicamente habría tenido lugar entre el 1º de julio de 1990 y el 1º de junio de 1991, año de la vigencia de los contratos originales, ya que fue él mismo el que gestionó las extensiones posteriores en los mismos términos económicos pactados en los contratos originales. Según Honduras esto demuestra la conformidad del señor López Urquía con dichos términos. Además, si hubiere considerado que su consentimiento estuvo viciado al firmar los contratos originales debió solicitar su rescisión conforme al artículo 753 del Código de Comercio.
24. Con respecto a varias actas notariales presentadas por el peticionario a la Comisión en calidad de testimonios para probar las presuntas presiones, el Estado expresa que son supuestas "Probanzas" preparadas en forma acomodada y unilateral y que, jurídicamente, no tienen ningún valor probatorio ni son vinculantes para el Estado de Honduras por cuanto se recurrió al artificio de hacer constar en Actas Notariales, fuera por completo de las formalidades esenciales de una declaración testifical, manifestaciones o criterios perfectamente enmarcados dentro de las posiciones asumidas por OHCIR.
3. Reclamo Administrativo
25. Señala Honduras que el peticionario interpuso reclamo administrativo ante la Dirección Ejecutiva del IHSS para el pago de ciertas cantidades de dinero por concepto de devolución de descuento ilegal en facturaciones realizadas al IHSS y para la aplicación de la cláusula escalatoria por incremento al salario mínimo, costos de administración, insumos e inversión de capital. Esto lo hizo el 19 de julio de 1995, es decir dos años después del 31 de diciembre de 1993, fecha en que terminó la vigencia de las extensiones. La Dirección Ejecutiva resolvió este recurso por Resolución 0171-96, mediante la cual declaró la nulidad de ciertas actuaciones[16] por no haber sido denunciadas ni pedidas por el peticionario en el reclamo administrativo.
26. Contra esta decisión el peticionario interpuso recurso de apelación ante la Junta Directiva del IHSS, la cual, mediante resolución Nº 019-JD-96 de 26 de marzo de 1996, resolvió modificar lo resuelto por la Dirección Ejecutiva en el sentido que dicha resolución se tuviera por providencia de mero trámite, ya que fue emitida para corregir irregularidades en el expediente. En la citada resolución se anularon las actuaciones desde el escrito del 9 de octubre de 1995 hasta el auto de 3 de noviembre de 1995, en que se propuso y evacuó como medio de prueba un peritaje que no fue enunciado en tiempo y forma por el peticionario, dejándose subsistentes las demás actuaciones.[17] Ante esto, con fecha 30 de abril de 1996 el peticionario interpuso Recurso de Reposición, el cual fue declarado sin lugar mediante resolución No. 37-JD-96, de 7 de agosto de 1996.
27. Señala el Estado que la resolución de la Junta Ejecutiva constituye un acto de mero trámite emitido para corregir irregularidades en el expediente y anular actuaciones realizadas sin observar el procedimiento administrativo a efecto de que se pueda emitir una resolución definitiva sobre el asunto de fondo (Artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo). Por ello, en este caso, al quedar firme la resolución de trámite se devolvió el expediente a la Dirección Ejecutiva para que continuara con el procedimiento legal hasta dictar la decisión definitiva. En tal virtud, la Dirección Ejecutiva emitió la resolución 1910-96 TEG, de 6 de septiembre de 1996, en la que declaró sin lugar el fondo del reclamo administrativo.
28. En cuanto al reclamo para la aplicación de la cláusula escalatoria por incremento de salario mínimo, costos de administración, insumos e inversión de capital, el Estado expresa que la Dirección la declaró sin lugar por medio de la resolución No. 1910-96-TEG porque OHCIR no cumplió con los términos establecidos en la sentencia de 1º de febrero de 1993 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Que dicha sentencia ordenó el pago de los incrementos salariales a OHCIR, pero que estableció además la obligación del reclamante de presentar los documentos justificativos para acreditar los incrementos en los precios, materiales y servicios usados como parte del suministro, tal como lo establece el artículo 69 de la Ley de Contratación del Estado[18], lo que OCHIR no hizo.
29. Según Honduras no existió la violación de los derechos denunciados por el peticionario en la vía administrativa, ya que el peticionario “se olvidó de impugnar y atacar con la demanda la resolución No. 1910-96-TEG de la Dirección Ejecutiva del IHSS”[19], que resolvió el fondo del asunto declarando sin lugar el reclamo administrativo. Por este motivo, el 14 de octubre de 1996 la Dirección Ejecutiva declaró “caducado y perdido irrevocablemente el término de quince días concedido al apoderado de la empresa OHCIR para interponer recurso, providencia que fue notificada por la Tabla de Avisos de la Dirección Ejecutiva, siendo la resolución un acto firme de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
30. Afirma el Estado que en vez de recurrir contra la resolución No. 1910-96-TEG, con fecha 16 de septiembre de 1996 el peticionario interpuso demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo contra dos resoluciones de mero trámite, la No. 019-JD-96 y la 037-JD-96, es decir contra resoluciones que no decidían en forma directa el fondo del asunto conforme lo establece el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
a. ncidencias Previas
31. Alega el Estado que en la demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra las resoluciones de mero trámite del IHSS Nº 0171-JD-96 y Nº 037-JD-96, el peticionario pidió que se declarase la Nulidad del acto administrativo dictado por el Instituto. El IHSS contestó la demanda e interpuso las excepciones perentorias de cosa juzgada y prescripción, que fueron declaradas sin lugar mediante fallo del 3 de diciembre de 1996 del mismo juzgado. Contra esta sentencia el IHSS interpuso recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de los Contencioso Administrativo, la cual en su sentencia del 15 de abril de 1997 denegó el recurso de Amparo. El IHSS interpuso entonces recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó dicho fallo mediante sentencia del 12 de enero de 1998. En relación con lo anterior, el Estado indica que las excepciones o incidentes de defensas previas no deciden el fondo del juicio, por lo cual no se puede sustentar que porque se ganaron las defensas previas también se ganó o debió ganarse el fondo del asunto controvertido.
b. Sentencias definitivas
32. El Estado expresa que las excepciones perentorias de cosa juzgada y prescripción fueron resueltas en forma definitiva por sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el 23 de abril de 1999. En el mismo fallo se declaró inadmisible la demanda interpuesta por el señor López Urquía contra las resoluciones del IHSS por cuanto la misma estuvo dirigida contra actos de mero trámite no susceptibles de impugnación ante esa jurisdicción. Contra la sentencia de primera instancia, el apoderado del denunciante interpuso Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la cual confirmó la decisión de 23 de abril de 1999 mediante sentencia definitiva de 30 de agosto de 1999. Contra esta decisión el peticionario interpuso recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia, la cual, mediante sentencia del 6 de junio de 2000, de acuerdo con el parecer del Fiscal Especial[20], declaró que “No ha lugar a la admisión del recurso de mérito en sus siete motivos”.
33. Agrega el Estado que contra la sentencia anterior el peticionario presentó recurso de reposición, el cual fue declarado sin lugar mediante auto de fecha 1º. de agosto del 2000 de la Corte Suprema de Justicia, el cual se notificó el 7 de agosto del 2000. Según el Estado, con esto se dieron por agotados los recursos jurisdiccionales internos de Honduras.
4. No se violaron los derechos humanos del señor López Urquía
34. Señala Honduras que las sentencias aludidas fueron dictadas de conformidad con la legislación hondureña. Que el peticionario no ha probado que se haya violado el artículo 21 (Propiedad Privada) ya que en la denuncia ni siquiera explica como ha sido objeto el señor López Urquía de menoscabo en los bienes de su propiedad privada; que por otra parte el peticionario no ha probado que durante el transcurso del reclamo administrativo o en las instancias jurídicas ante los juzgados y tribunales de la República haya carecido de garantías judiciales y de protección judicial conforme a los artículos 8, y 25, de la Convención, respectivamente.
IV. ANÁLISIS
A. Competencia ratione loci, ratione personae, ratione temporis y ratione materiae de la Comisión
35. La Comisión tiene competencia ratione materiae para conocer la presente petición porque en ella se denuncian violaciones a derechos protegidos en la Convención Americana, de la cual el Estado de Honduras es Parte al haberla ratificado el 8 de septiembre de 1977.
1. Competencia ratione loci
36. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer esta petición por cuanto en la misma se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte.
2. Competencia ratione personae
37. La Comisión tiene competencia ratione personae en virtud de la legitimación pasiva, por cuanto la denuncia se dirige contra un Estado parte, conforme lo contempla de manera genérica la Convención en su artículo 44.
38. La Comisión tiene competencia ratione personae en virtud de la legitimación activa que tiene el peticionario del presente caso, conforme al artículo 1(2) de la Convención, que establece que “para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.
39. El peticionario, al momento de dedicarse al comercio en Honduras hizo una declaración de comerciante individual, tal como lo requería la legislación hondureña[21], declarando “ser dueño exclusivo de una industria que gira bajo la denominación de OHCIR”, “empresa [que] es administrada única y exclusivamente por él”. Con esto, no se creó una sociedad con personalidad jurídica distinta que la de su dueño, ni se emitieron acciones, por lo cual los actos y los contratos que realizó el señor López Urquía con el IHSS los hizo como persona natural y ser humano en el sentido que establece la Convención.
40. A este respecto, la Comisión entiende que existe una diferencia esencial entre el presente caso y otros que han sido analizados y rechazados en virtud de haber sido presentados por personas naturales en reclamos concernientes a las sociedades de las cuales han formado parte. Por ejemplo, en los casos Banco del Perú[22], Tabacalera Boquerón[23] y Mevopal, S.A.[24], la Comisión señaló que no tenía competencia ratione personae para conocer una petición presentada ante la Comisión por una persona jurídica o ideal, por cuanto éstas se encuentran excluidas de los sujetos a quienes la Convención otorga su protección.
41. En otro caso, el del señor Zacarías E. Bendeck[25], éste presentó denuncia por hechos que involucraban contratos entre la sociedad Compañía Hondureña de Inversiones, S.A. (COHDINSA), una persona jurídica de la cual era accionista mayoritario y la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). En dicho caso, los recursos judiciales internos de Honduras fueron presentados y agotados por COHDINSA, que tenía una personalidad jurídica distinta a la de sus accionistas y no por el señor Bendeck, persona natural. A su vez, el señor Bendeck era un contribuyente distinto a COHDINSA[26] y sólo respondía por su aportación social. Además, quien contrató con COHDEFOR fue la persona jurídica denominada COHDINSA y no el señor Bendeck, persona natural. En el citado caso la Comisión estimó, en base a precedentes anteriores, que no tenía competencia ratione personae en virtud de no existir legitimación activa del señor Bendeck.[27]
42. En el caso que se analiza actualmente, la Comisión considera que el peticionario, señor Carlos López Urquía, tiene legitimación activa, en virtud de lo siguiente:
a.Los contratos los firmó el señor Carlos López Urquía como persona natural propietaria de OHCIR. Los reclamos administrativos y judiciales los presentó su apoderado en su condición de representante legal de Carlos López Urquía, propietario de la Empresa OHCIR. Los avisos de cobro y recibo de pago de cotizaciones del IHSS fueron extendidos a nombre de Carlos Alberto López Urquía y no de OHCIR.
b.El señor Carlos López Urquía se encuentra registrado como comerciante individual en el Registro Individual Mercantil del Departamento de Francisco Morazán.[28] La condición de comerciante individual no confiere a la empresa, en este caso OHCIR, personalidad jurídica distinta de la que ostenta la persona titular de la misma, en este caso el señor López Urquía[29].
c.De conformidad con la legislación hondureña, la empresa mercantil no constituye una persona jurídica, sino que es reputada como una cosa mercantil mueble.[30] Además, la empresa mercantil (bien mueble), se diferencia del comerciante social o individual, en este caso el señor Carlos López Urquía.[31]
d.En su calidad de comerciante individual el peticionario no tiene ningún socio y, además, responde con todos sus bienes por las deudas que posea, es decir que su responsabilidad es ilimitada.[32] OHCIR no tiene accionistas.[33] f.El Estado hondureño reconoce esta unidad de la persona en el caso del peticionario, al recibir una sola declaración y pago de impuestos del comerciante individual, a través de un solo documento de registro de contribuyente[34].
3. Competencia Ratione Temporis
43. La Comisión tiene competencia ratione temporis, por cuanto los hechos alegados en la petición tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención ya se encontraba en vigor para el Estado hondureño, que la ratificó el 8 de septiembre de 1977.
4. Competencia Ratione Materiae
44. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae porque en la petición se exponen hechos que, de resultar probados, caracterizarían una violación de los artículos 8 (garantías judiciales) y artículo 25 (protección judicial) de la Convención Americana.
B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición
1. Agotamiento de los recursos jurisdiccionales internos
45. El artículo 46(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.
46. En el presente caso el Estado no ha opuesto excepción de falta de agotamiento de los recursos jurisdiccionales internos ya que considera agotados dichos recursos con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1º de agosto de 2000, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el peticionario. Este fallo se notificó al denunciante el 7 de agosto de 2000 fecha en que, según el Estado, se concluyó el juicio incoado por aquel contra el IHSS. Por su parte, el peticionario concuerda que con la decisión recaída el 1 de agosto de 2000 en el recurso de reposición interpuesto por él (que se le notificó el 7 de agosto de 2000), se agotaron completamente los recursos internos disponibles en la legislación hondureña.
47. Es importante observar que el peticionario no ha probado ante la CIDH que haya interpuesto recurso alguno contra la resolución No. 1910-96-TEG de la Dirección Ejecutiva del IHSS, que según el Estado resolvió el fondo del asunto. Tampoco ha desvirtuado la afirmación del Estado que el 14 de octubre de 1996 la Dirección Ejecutiva declaró “caducado y perdido irrevocablemente el término de quince días concedido al apoderado de la empresa OHCIR para interponer recurso, providencia que fue notificada por la Tabla de Avisos de la Dirección Ejecutiva, siendo la resolución un acto firme de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
48. La Comisión observa que el 16 de septiembre de 1996 el peticionario interpuso demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo contra otras dos resoluciones, la No. 019-JD-96 y la 037-JD-96. Este proceso culminó con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1 de agosto de 2000 (que se notificó al peticionario el 7 de agosto del mismo año) y es a ese proceso al que se refiere la petición bajo estudio.
49. La Comisión concluye, en consecuencia, que en este caso se ha cumplido con la regla general del agotamiento de los recursos internos contemplada en el artículo 46 (1) (a) de la Convención Americana.
2. Plazo de presentación
50. El artículo 46(1)(b) de la Convención Americana dispone que para que una petición sea admitida deberá ser “presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva”.
51. El Estado alega que la denuncia fue presentada extemporáneamente porque se interpuso más de seis meses después de la fecha en que se le notificó la decisión definitiva de la jurisdicción interna.
52. La Comisión constata que el peticionario fue notificado de la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia adoptada en el recurso de reposición el día 7 de agosto de 2000, por lo cual su denuncia, recibida en la Comisión el 14 de diciembre del mismo año, fue presentada dentro del plazo de seis meses establecido en el artículo 46(1) (b) de la Convención Americana.
3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales
53. El artículo 46(1)(c) de la Convención establece como requisito de admisibilidad “que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional”.
54. La Comisión entiende que la materia de la presente petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni reproduce una petición ya examinada por ella o por otro organismo internacional. Por lo tanto, concluye que el requisito establecido en el artículo 46(1), literal (c) se encuentra satisfecho.
4. Caracterización de los hechos alegados
55. El artículo 47, literal (b) de la Convención establece que la Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención”.
a. Los contratos y las supuestas presiones
56. El señor Carlos Alberto López Urquía, en calidad de gerente general y propietario de la Oficina de Higienización, Control de Insectos y Roedores (OHCIR), luego de ganar una licitación, firmó dos contratos con el Estado. El No. 59-90, para la prestación de servicios de limpieza y fumigación en el IHSS lo firmó el 28 de junio de 1990 y estuvo vigente desde el 1 de julio de 1990 al 1 de julio de 1991. El No. 60-90, para la provisión de servicios de alimentación en los hospitales del Servicio Social (IHSS), lo firmó el 25 de junio de 1990 y estuvo vigente desde el 1º de julio de 1990 al 1 de julio de 1991. Según el peticionario ninguno de estos dos contratos cumplió con las bases de la licitación ganada ya que el primero incluyó un descuento ilegal del 15% y el segundo uno del 20%. El peticionario alega que el señor López Urquía aceptó estos nuevos términos porque se sintió presionado y temeroso de ir a la bancarrota.
57. Para probar estos extremos el peticionario ha presentado varias actas notariales en las que algunos testigos insinúan que parte de los miembros del Directorio del IHSS no estaban de acuerdo en otorgar los contratos al señor López Urquía a menos que aceptara los mencionados descuentos y que, para tal efecto, se nombró una comisión que tuvo como misión negociar los términos contractuales con él.[35] También presentó varias declaraciones notariales[36] en donde se hacen insinuaciones de que en la Junta del IHSS existía animadversión contra el señor López Urquía, lo que habría inducido a la inclusión de los descuentos.
58. La Comisión observa que el peticionario aceptó las condiciones administrativas y económicas contenidas en los contratos (descuentos del 15% en un caso y del 20% en el otro y no inclusión de los incrementos escalatorios) y es por eso que los firmó. Si hubo voluntad para la firma de esos contratos no puede haber problema de contratación, de lo contrario lo normal hubiera sido que no los firmara. Las declaraciones constantes en las actas notariales son meras insinuaciones que no prueban que la voluntad del señor López Urquía haya estado viciada al firmar los contratos y que no haya consentido libremente los términos de los mismos.
59. El señor López Urquía también firmó dos adendums y dos ampliaciones que modificaron algunos términos del contrato. El adendum del contrato No. 59-90, que fue suscrito el 27 de julio de 1991, prorrogó por dos años dicho contrato (2 de junio de 1991 a 1 de julio de 1993); una ampliación firmada el 5 de julio de 1993 volvió a prorrogar el contrato desde el 2 de julio al 31 de diciembre de 1993. El adendum al contrato No. 60-90, que se firmó el 27 de junio de 1991, prorrogó también por dos años este contrato (2 de julio de 1991 a 1 de julio de 1993) y una ampliación del mismo, firmada el 2 de julio de 1993, lo prorrogó de nuevo desde el 2 de julio al 31 de diciembre de 1993. La Comisión entiende que si firmó estos nuevos contratos que denomina “adendums” y en los que se establece que durante la vigencia del contrato se seguirán manteniendo los precios contractuales establecidos en el contrato original, también aceptó sus términos. Lo mismo sucedió con la ampliación del contrato 59-90, que se hizo de acuerdo a los mismos valores establecidos en el contrato original y su adendum[37].
60. El peticionario pudo haber demandado la rescisión de los contratos originales conforme al artículo 753 del Código de Comercio de Honduras[38] para eximirse de las condiciones inicuas que, según él, aceptó bajo presión para evitar la bancarrota. Sin embargo, no recurrió a los mecanismos legales disponibles en el ordenamiento jurídico para liberarse y eximirse de tales condiciones durante la vigencia de dichos contratos. Por el contrario, gestionó y obtuvo extensiones en los mismos términos contenidos en los contratos originales con los que dice no estar de acuerdo.
61. La Comisión considera que si hubiera primado la alegada animadversión por parte de algunos funcionarios del IHSS, esta institución no habría aprobado sucesivas extensiones y ampliaciones de los contratos originales ni extendidos la vigencia de los mismos por dos años y medio más. La Comisión observa, por otra parte, que el señor López Urquía sólo vino a presentar sus reclamos administrativos para la devolución de los descuentos y la inclusión de los ajustes inflacionarios dos años más tarde (1995) de la fecha de vencimiento de las ampliaciones de ambos contratos (31 de diciembre de 2003) y cuando ya había recibido el IHSS los servicios y OCHIR el pago de los valores contratados por tales servicios. Es decir, que primero se benefició con los términos contractuales y extensiones que aceptó voluntariamente y sin hacer reserva alguna. Dos años más tarde, el 19 de julio de 1995, sin embargo, cuando ya se habían cumplido los contratos, extensiones y ampliaciones que el IHSS no licitó nuevamente en su beneficio, el señor López Urquía reclamó ante el Instituto aduciendo no estar de acuerdo con dichos términos.
62. La Comisión considera que los hechos antes descritos no tienden a caracterizar una violación de derechos humanos protegidos por la Convención en perjuicio del señor López Urquía.
b. La presunta violación de los artículos 8, 21 y 25 de la Convención Americana
63. El peticionario alega que los tribunales no han actuado en forma imparcial ya que los funcionarios judiciales involucrados fueron influidos por intereses extra-jurídicos. Con el propósito de probar este extremo, presenta copia parcial del Acta número 1757-93 de la sesión celebrada por la Junta Directiva del IHSS el día jueves 2 de diciembre de 1993, en la que se trataron varios temas y en la que el señor Raúl Barahona, Sub-Director Ejecutivo del IHSS, manifestó que había tenido varias reuniones con el Contralor de la República, a quien llegó a solicitarle que hablara directamente con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia para que advierta a los jueces de lo Contencioso Administrativo que si les llegaba otro caso como éste, fallaran a favor del IHSS”.[39]
64. La Comisión ha constatado que del acta No. 1757-93, que se presentó en forma parcial, no se deduce el contexto de la discusión y los temas y problemas específicos a los que los participantes se refirieron en la reunión de la Junta Directiva. Si bien el peticionario dice que el señor Barahona se estaba refiriendo a su caso, la Comisión constata que la reunión se celebró el 2 de diciembre de 1993, fecha en que el señor López Urquía no había presentado aún sus dos reclamos administrativos contra el IHSS a los que se refiere esta petición, por lo cual no podría concluirse que el citado funcionario se haya estado refiriendo a esos procesos que se iniciaron en 1995.
65. El peticionario también presenta como prueba de la falta de imparcialidad judicial un artículo de prensa de 21 de agosto de 1996 en que el entonces Fiscal General, doctor Edmundo Orellana, declaró que en una reunión de trabajo llevada a cabo en 1994 con el Ministro de Trabajo (quien por ley preside la Junta Directiva del IHSS) y el Director Ejecutivo del IHSS, se le pidió que como ex Magistrado de lo Contencioso Administrativo influyera en los jueces en esa materia para que se inclinaran en sus fallos a favor del Estado. La Comisión constata que esta declaración se produjo en 1994, o sea un año antes de que el señor López Urquía presentara sus reclamos administrativos ante el IHSS solicitando la devolución de los descuentos y el pago de los incrementos escalatorios, lo que tampoco permite concluir que se haya referido específicamente a los reclamos contencioso administrativos instaurados por él en 1995. Esto aparece confirmado en declaración hecha a la prensa por el mismo señor Orellana, quien el 24 de agosto de 1995, refiriéndose a su entrevista de prensa del 21 de agosto del 1994, expresó que “lo positivo del asunto es que no llegó a ser planteado a jueces encargados de conocer los casos concretos”[40].
66. La Comisión reitera que para determinar si ha existido parcialidad lo decisivo no es el temor subjetivo de la persona interesada con respecto a la imparcialidad que debe tener el tribunal que se ocupa del juicio, sino el hecho de que en las circunstancias del caso pueda sostenerse que sus temores se justifican objetivamente[41]. Quien alega la arbitrariedad de los tribunales debe probar su afirmación[42].
67. El señor López Urquía no está satisfecho con la decisión definitiva de la jurisdicción interna y alega que la misma ha sido parcializada y arbitraria y que no decidió el fondo del asunto. Sin embargo, la Comisión constata que el señor López Urquía no ha controvertido en ninguno de sus escritos el alegato del Estado de que dejó caducar el plazo para impugnar la resolución Nº 1910-96 TEG, de 6 de septiembre de 1996, en que se declaró sin lugar el fondo del reclamo administrativo presentado por él, por lo cual este hecho se presume como verdadero. El peticionario, en cambio, interpuso ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, con fecha 16 de septiembre de 1996, demanda contra otras dos resoluciones de los órganos directivos del IHSS, la No. 019-JD-96 y la No. 37-JD-96. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de 23 de abril de 1999 declaró inadmisible esta acción por haber sido dirigida contra actos de mero trámite no susceptibles de impugnación ante esa jurisdicción y denegó las excepciones perentorias de cosa juzgada y prescripción[43] por ser improcedentes. Esta sentencia fue confirmada en apelación el 30 de agosto de 2000.
68. El 6 de junio de 2000, en casación, el órgano judicial supremo de Honduras, tras haber procedido a un examen minucioso de los motivos de casación declaró, de manera razonada y motivada, inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor López Urquía en sus siete motivos[44]. Con posterioridad, el peticionario interpuso recurso de reposición que fue declarado sin lugar por sentencia definitiva de fecha 1º de agosto del 2000 de la Corte Suprema de Justicia, que fuera notificada al peticionario el 7 de agosto del 2000, con lo que ambas partes dieron por agotada la vía jurisdiccional interna. De esta manera quedó firme la sentencia de 23 de abril de 1999 que declaró sin lugar la demanda por haber sido dirigida en contra de actos de mero trámite no susceptibles de impugnación ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es decir contra resoluciones que no decidían en forma directa el fondo del asunto.
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