OEA/Ser./L/V/II.111
doc. 20 rev.
16 abril 2001
Original:  Español  

SEGUNDO INFORME DE PROGRESO DE LA RELATORIA SOBRE TRABAJADORES MIGRATORIOS Y MIEMBROS DE SUS FAMILIAS

VIII.    RESPUESTAS  DE LOS ESTADOS AL CUESTIONARIO ENVIADO POR LA RELATORÍA DE TRABAJADORES MIGRATORIOS

          120.          Hace dos años, esta Relatoría envió a los Estados miembros de la OEA una extenso cuestionario para recabar información acerca de la condición de los trabajadores migratorios sus familias en el hemisferio. Las preguntas del cuestionario versaron sobre diversos temas, entre ellos, tendencias demográficas, xenofobia, igualdad ante la ley, tráfico ilegal, garantías judiciales y debido proceso, pago de impuestos y acceso a servicios sociales. De los 35 Estados a los que se les hizo llegar el cuestionario, sólo quince (Bolivia, Belice, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela enviaron respuestas). Otros tres países, Chile, Grenada y Santa Lucía, contestaron el cuestionario pero de forma incompleta.[93] En este informe por primera vez ensayamos un análisis de dichas respuestas, a modo de alentar la discusión. 

          121.          Aunque aún no contamos con la información de varios países, a la luz de las respuestas recibidas, podemos esbozar de forma preliminar ciertas tendencias interesantes en cuanto a la posición de los Estados frente a la situación de derechos humanos de trabajadores migratorios y sus familias en el hemisferio. Tal como se enunció en la introducción, es posible distinguir claramente entre los intereses de los países receptores, de tránsito y de origen. Preocupados por la creciente dimensión del problema, los países receptores enfatizan la necesidad de tomar medidas para racionalizar la inmigración, sobre todo de personas indocumentadas. Los Estados en tránsito también expresan inquietud por el fenómeno y de igual modo llaman a discutir planes para enfrentar el problema. Los países de origen, en tanto, protestan en contra de las violaciones a los derechos humanos que sufren sus nacionales en los países de origen y llaman a que se discutan cursos de acción para combatir dichos abusos.

122.          Una de las primeras cosas que llaman la atención es que los Estados tienen un conocimiento extremadamente limitado de la real magnitud de los flujos migratorios, sobre todo de personas indocumentadas. Con las parciales excepciones de Estados Unidos y Canadá, la gran parte de los Estados reconoce tener información mínima respecto a personas indocumentadas que entran y viven en sus países. Por ende, admiten que su conocimiento de la temática es parcial. En este sentido, la Relatoría encuentra muy positivo el anuncio realizado durante la última CRM en cuanto a la creación de un proyecto de información estadística para monitorear la migración en Centro América[94] que desarrollarán de forma conjunta OIM y CEPAL/CELADE.

123.          Con respecto al contenido de las respuestas, a pesar de la existencia de muchos intereses contrapuestos, existe coincidencia entre los Estados en algunos puntos. En la mayor parte de los países existe inquietud por el crecimiento de organizaciones delictuales dedicadas al tráfico de personas. Un número significativo de Estados como Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México reconoce que este tipo de organizaciones operan en sus territorios. Como estos grupos contribuyen a acrecentar la magnitud del problema y muchas veces representan una amenaza para la integridad física de los trabajadores migratorios y sus familias, los Estados coinciden en que es necesario tomar medidas urgentes para solucionar el problema. Estas coincidencias en el interés por parte de los Estados, tal parece, derivan del deseo de la mayoría de los gobiernos de la región de incluir a la migración como un tema en la agenda de seguridad pública y no como una materia pertinente a la política nacional de derechos humanos. 

          124.          Otro rasgo saliente es que una gran cantidad de Estados señala preocupación en cuanto al incremento del número de personas que está utilizando sus territorios como lugares de tránsito. Los Gobiernos de Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, indican que gente de países del hemisferio, pero también extra continentales, entran en sus territorios con el objetivo de proseguir viaje a un destino final.

125.          Casi por unanimidad, además, los Estados reconocen que empresarios inescrupulosos se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de los trabajadores migratorios, sobre todo indocumentados, para conseguir pingües ganancias, explotando el trabajo de estas personas en abierta violación de las normas laborales vigentes. Aunque la gran mayoría de los Estados indica que tiene legislación vigente que penaliza a empleadores que contratan de manera fraudulenta o que explotan a trabajadores migratorios, a la luz de los resultados, parece evidente que dichas legislaciones no son efectivas.

126.          Otra tendencia bastante notable tiene que ver con las legislaciones en materia de trabajadores migratorios. La mayor parte de los países del hemisferio presenta, al menos formalmente, una legislación muy desarrollada y generosa. Por ejemplo, un alto número de Estados indica que respeta las garantías judiciales y las normas de debido proceso para los trabajadores migratorios, independientemente de su situación legal. Asimismo, un número elevado de países dice que los trabajadores migratorios, incluso indocumentados, tienen acceso a una serie de beneficios sociales como salud de emergencia y acceso a educación para sus hijos. Sin embargo, testimonios y decenas de reportes en diversas organizaciones contradicen estas aseveraciones. En este sentido, da la impresión de que en la región coexisten legislaciones bastante avanzadas de protección a los derechos fundamentales de los trabajadores migratorios y sus familias con violaciones sistemáticas y muy serias a los derechos fundamentales de este grupo.[95]

127.          Una característica que llama bastante la atención dice relación con el problema de la discriminación y la xenofobia en contra de los trabajadores migratorios y sus familias. La mayoría de los países niega enfáticamente la existencia de manifestaciones de intolerancia en contra de trabajadores migratorios. Sin embrago, un número apreciable de los Estados indica que sus nacionales son víctima de tratos discriminatorios en otros países. En otras palabras, mientras varios gobiernos alegan que sus nacionales sufren discriminación, muchos no reconocen que incidentes de discriminación, racismo y xenofobia ocurren en sus países, aún a pesar de acusaciones interpuestas por parte de organizaciones de derechos humanos, e incluso de otros Estados. En opinión de esta Relatoría, esta actitud contradictoria es negativa y problemática. Tal como los Estados reclaman con justa razón por abusos cometidos en contra de sus nacionales, sería positivo que condenaran con igual intensidad ciertas prácticas discriminatorias en sus territorios. En este sentido, un reconocimiento por parte de ciertos Estados de que existe discriminación o manifestaciones de racismo y xenofobia en contra de trabajadores migratorios es un requisito sine qua non para comenzar a abordar el problema.

128.          En resumen, las respuestas del cuestionario enviado por esta Relatoría sobre la situación de derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias indican que, más allá de sus diferencias, los Estados en el hemisferio reconocen la importancia de desarticular la red de tráfico de migrantes y de restringir la acción de empleadores inescrupulosos. Asimismo, coinciden en que es problemática la presencia de un número importante de migrantes en tránsito, tanto de la región como extra hemisférico. Esta Relatoría, sin embrago, constata con preocupación que la gran mayoría de los países cuenta con una legislación poco efectiva que no prodiga real protección a los trabajadores migratorios y sus familias, un grupo que por su vulnerabilidad estructural, necesita que los Estados colaboren a prevenir que se cometan abusos en su contra. Especialmente grave nos parece la falta de reconocimiento por parte de muchos Estados de violaciones al debido proceso y de serios incidentes de discriminación, racismo y xenofobia que afectan a los trabajadores migratorios a sus familias en la región.