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PALABRAS DE
MARTA ALTOLAGUIRRE LARRAONDO,
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2002 DE LA CIDH
A LA COMISIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DEL
CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA 2
de abril de 2003 Señor
Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, distinguidos
y distinguidas Representantes de los Estados miembros de la Organización y
Observadores, señoras y señores: En
mi condición de Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, tengo el agrado de presentar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos del Consejo Permanente el informe anual de la Comisión
correspondiente a 2002. Me
acompañan en esta oportunidad el Dr. Santiago Canton, Secretario Ejecutivo,
el Relator Especial para la Libertad de Expresión, así como el personal
profesional de la Secretaría. El
informe que ponemos en la fecha a disposición de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos fue aprobado por la CIDH durante su 117º período
ordinario de sesiones, celebrado durante febrero y marzo de este año.
El documento fue elaborado conforme a los parámetros expuestos en la
Resolución AG/RES. 331 (VIII-0/78) de la Asamblea General, y de acuerdo a
lo estipulado en el artículo 57 del Reglamento de la CIDH.
Este informe refleja las
actividades generales de la Comisión cumplidas durante la Presidencia del
Dr. Juan Méndez. La
Comisión durante el año destinó atención particular a los actos del
terrorismo internacional. Las
secuelas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 han llevado
a la reflexión colectiva sobre los medios lícitos a emplear para la
prevención, el esclarecimiento y adjudicación de responsabilidades por la
ejecución de este tipo de acciones y sobre la dimensión de las estrategias
concebidas con el fin de prevenirlos. La legitimidad de estos esfuerzos de adjudicación y prevención
se encuentra necesariamente vinculada a los propósitos mismos del Estado
democrático y es precisamente por eso que su implementación debe ser
respetuosa de los límites establecidos conforme a principios de un Estado
de Derecho y los contenidos en el derecho internacional.
Las iniciativas antiterroristas, sea cual fuere la situación
excepcional que justifique su adopción y su magnitud, deben ser abordadas
con pleno respeto al derecho internacional y derecho internacional de los
derechos humanos. Se trata de
un área en la cual los Estados
miembros de la OEA deben
cuidar de preservar el equilibrio entre su deber de proteger a la población
civil y las instituciones democráticas y su obligación de no desatender la
seguridad ciudadana y la función de administrar justicia con las debidas
garantías y sin arbitrariedad.
En diciembre de 2002 la Comisión hizo público su “Informe sobre
Terrorismo y Derechos Humanos” en el cual presentó un estudio sobre la
vigencia y el respeto de los derechos fundamentales frente a las iniciativas
antiterroristas legítimamente adoptadas por los Estados miembros, basada en
su experiencia de más de cuatro décadas y los estándares del derecho
internacional. En su informe,
la Comisión articula varios principios fundamentales concernientes a la
relación necesaria entre el combate al terrorismo y la protección de los
derechos humanos en situaciones de excepción, sobre los cuales expuso ante
ustedes ampliamente, mi antecesor Comisionado Juan Méndez.
La
ansiedad generada tanto por la amenaza de la violencia terrorista como por
las expectativas de contrarrestarla, así como la guerra que actualmente se
desarrolla en Irak, tienden a desviar la atención de las autoridades y de
al menos parte de la opinión pública de muchos de los problemas endémicos
de carácter económico, social y cultural que aquejan a las sociedades de
nuestro Hemisferio y en especial a sus sectores más vulnerables.
Sin embargo, la persistencia y agravamiento de estos problemas continúa
erosionando la participación ciudadana en el proceso democrático, dañando
los presupuestos de la democracia y debilitando su eficacia como herramienta
de gobierno y convivencia pacífica. Aún
más, continúa agravando las perspectivas de violencia y de más hechos
terroristas. La
CIDH observa con preocupación el progresivo deterioro de la
institucionalidad democrática. Las
elecciones periódicas en los países de nuestro hemisferio no obstan para
que muchas democracias de la región exhiban debilidades institucionales e
incluso se vean expuestas a intentos de golpes de estado o alteraciones del
orden constitucional. Afortunadamente,
los Estados miembros de la OEA son hoy en día consistentes en su rechazo
colectivo a estos intentos, en invocación de instrumentos tales como la
Resolución 1080 y la Carta Democrática Interamericana.
También observa con preocupación que los límites al poder público
determinados por la propia normativa interna son en algunos casos burlados o
ignorados, provocándose así el resquebrajamiento del estado de derecho y
el debilitamiento institucional. La
corrupción, la pobreza, la exclusión y las brechas sociales, económicas,
étnicas y de género contribuyen a la inseguridad jurídica, y por lo tanto
a la inestabilidad. Esta
situación, que se ve agravada por la falta de acceso efectivo a la
justicia, no sólo contribuye a perpetuar la falta de eficacia y la
impunidad que aqueja el funcionamiento de los sistemas judiciales del
hemisferio, sino que provoca la exclusión de los ciudadanos de la
administración de justicia tanto en su participación como operadores, como
en su actividad de sujetos activos. La
desconfianza hacia los sistemas de justicia cuando no responden en la
protección a las víctimas se acentúa en relación a los más vulnerables
cuando son objeto de la discriminación y cuando no facilitan el acceso
efectivo a la determinación de sus derechos.
Esos factores coinciden con la creciente sensación de inseguridad de
la ciudadanía frente a la violencia y la criminalidad crecientes y la
tendencia a tomar la “justicia” por propia mano. En
este contexto hemisférico, que refleja mayormente realidades de orden
global, los mecanismos de protección de los derechos humanos deben
continuar jugando un rol fundamental. En
este orden de ideas, la labor de promoción, prevención, control, denuncia
y representación que cumplen los defensores de derechos humanos y
operadores de justicia continúa siendo vital para el respeto de los
derechos fundamentales de los habitantes de nuestros países.
La actividad de los defensores de derechos humanos y las
organizaciones para las cuales trabajan permiten acceder a información y
visibilizar la situación de grupos vulnerables, de personas e individuos
afectados tanto por la violencia, la pobreza, la exclusión y la
discriminación como por los excesos cometidos en situaciones de emergencia,
y responder a sus denuncias. Como
consecuencia del trabajo que los defensores y organizaciones de derechos
humanos adelantan a nivel nacional, regional y universal, son en muchos
casos blanco de la violencia y los Estados miembros, en el marco de las
deliberaciones de los órganos políticos de la Organización y la CIDH, han
comenzado a explorar la responsabilidad que les corresponde para garantizar
su seguridad y el ejercicio libre de su labor.
Corresponde
reiterar que la integridad y eficacia de la protección brindada a los
habitantes del hemisferio por el sistema depende, primordialmente, de los
esfuerzos de los Estados miembros para adoptar en su legislación las
disposiciones internas requeridas por el sistema y alcanzar la universalidad
del mismo sistema mediante la ratificación de la Convención Americana y de
los demás instrumentos sobre derechos humanos, así como la aceptación de
la jurisdicción de la Corte; del cumplimiento con la obligación de adaptar
su legislación interna a sus obligaciones internacionales y su debida
interpretación y aplicación por los órganos del Estado, en particular el
poder judicial; y por último, del cumplimiento de los compromisos
internacionales y las recomendaciones y decisiones de la Comisión y de la
Corte son elementos necesarios para la efectividad del sistema.
Durante este año la CIDH continuó abordando estos, entre otros
desafíos hemisféricos, a través del ejercicio de su mandato de promover y
proteger los derechos humanos. La
Comisión prosiguió con su labor con relación a la situación de grupos
especialmente vulnerables, a través del trabajo de sus relatorías
especiales para los derechos de los niños, las mujeres, los pueblos indígenas,
y los trabajadores migratorios, los cuales aparecen reflejados en el capítulo
VI del presente informe anual. La
CIDH ha prestado también
especial atención a la situación de los afrodescendientes, tanto a través
de sus labores de promoción como de sus estudios de la situación general
de los derechos humanos en los Estados miembros, sus casos individuales y
medidas cautelares. La Relatoría
de la Libertad de Expresión ha continuado también con su importante labor
en materia de promoción y asesoramiento, reflejada en el estudio
correspondiente al año 2002. Al
igual que en la última década, durante el año 2002 el tema migratorio
ocupó un lugar preponderante en la agenda política de numerosos países de
las Américas debido al creciente flujo que por distintos motivos se ha
producido en el hemisferio. Además
de los históricos movimientos migratorios que caracterizan a la región,
las crisis económicas y políticas en diversos puntos de la región
aumentaron el número de personas que migraron en las Américas.
Las presiones migratorias, unidas a la preocupación por seguridad
derivada de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, motivaron
un incremento considerable en los controles
y, en muchos casos, un endurecimiento en el trato a los trabajadores
migrantes y sus familias, quienes enfrentan situaciones particulares en los
procedimientos de carácter administrativo en un número importante de países
de las Américas. Conforme
con el mandato conferido por la CIDH, durante el año recién pasado la
Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias
realizó una serie de actividades entre las cuales destacan tres visitas temáticas
a Estados miembros de la OEA, México, Costa Rica y Guatemala.
Asimismo, participó en diversas labores de promoción; entre ellas,
elaboró un Programa para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Migrantes en las Américas, dictó charlas y
talleres sobre el sistema interamericano de protección de los derechos
humanos, participó en conferencias y foros relativos al tema migratorio, y
desarrolló y profundizó vínculos institucionales con organismos
intergubernamentales y entidades de la sociedad civil que trabajan a favor
de los trabajadores migratorios en la región. En
materia de la Relatoría de Derechos de la Mujer, en este Informe incluimos
las conclusiones de la CIDH sobre la primera visita temática realizada por
la Relatoría. La misma se llevó
a cabo en el mes de febrero, por invitación del Gobierno del Presidente
Vicente Fox, para examinar la situación de violencia contra la mujer en
Ciudad Juárez, México. Para
el plan de trabajo programado para el presente año, la Relatoría se
concentrará principalmente en el tema de acceso a la justicia de las
mujeres, con especial énfasis en los supuestos de violencia contra la mujer
y las dificultades a superar en relación al tema. Al
analizar la situación de los derechos de la mujer en la región, la
Relatora ha indicado que las iniciativas a nivel local, nacional
y regional para hacer frente a las violaciones de los derechos
humanos con causas y consecuencias específicas de género han logrado
establecer ciertas normas básicas que son claves, particularmente respecto
de la discriminación y la violencia contra la mujer. El
principal desafío que seguimos enfrentando es la brecha entre estas
normas y la experiencia vivida por las mujeres en las Américas. A este
respecto, la Relatoría Especial ha insistido en el problema de la impunidad
y su incidencia en la perpetuación de las violaciones de los derechos
humanos con causas y consecuencias específicas de género.
La impunidad en tales casos socava al sistema mismo de garantías y
crea un clima favorable a la reiteración de las violaciones en detrimento a
la dignidad humana y a los derechos más fundamentales.
La Relatoría Especial insta a los Estados miembros a redoblar sus
esfuerzos en aplicar la debida diligencia en la investigación,
procesamiento y sanción de los actos de discriminación y violencia contra
la mujer en aplicación de los contenidos de la Convención de Belém do Pará,
instrumento ratificado por la casi totalidad de los Estados miembros y demás
instrumentos del sistema. En
relación con esta obligación, es crucial que los Estados otorguen a las víctimas
un rápido acceso a una justicia efectiva. Como
es del conocimiento de los señores Representantes, en el año 2001 se firmó
un Convenio de Cooperación Técnica entre el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la OEA, para el fortalecimiento de la Relatoría de los
Derechos de la Niñez de la CIDH, el cual se ha venido desarrollando
exitosamente. En el marco del
proyecto la Relatoría de la Niñez ha realizado una recopilación de
instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos de
la infancia, sistematización de la doctrina y jurisprudencia del sistema
interamericano titulada “La Infancia y sus derechos en el Sistema
Interamericano de Protección de Derechos Humanos”. Asimismo,
se están realizando diversas visitas de promoción y talleres sobre
derechos humanos de la niñez, y sobre los mecanismos que ofrece el sistema
interamericano de derechos humanos para su protección.
Dichos talleres se han llevado a cabo durante el año 2002 y lo que
va del 2003 en Paraguay, Guatemala, Honduras, Perú y México.
Los participantes han sido funcionarios de los Estados y defensores
de derechos de la niñez. A
través de estas actividades se ha logrado una importante difusión de los
distintos mecanismos que ofrece el sistema.
Durante el 116º período ordinario de sesiones de la CIDH, en
Washington D.C., se realizó una audiencia pública, a la que asistieron
representantes de UNICEF y de distintas organizaciones regionales que
trabajan en derechos de la niñez. La
Comisión, en su interés y esfuerzo por fortalecer, impulsar y sistematizar
su trabajo en el área de los derechos de los pueblos indígenas en América,
creó en el año 1990 la Relatoría Especial sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas. Desde
el año 2000, gracias a los aportes del Programa Pro Derechos Humanos para
Centroamérica, (PRODECA) del Gobierno de Dinamarca, se está implementando
el proyecto “Reforzamiento de la Capacidad del Sistema Interamericano para
la Defensa de los Derechos Humanos de las Comunidades, Minorías Étnicas y
otros grupos vulnerables afectados por los conflictos en Centroamérica”,
que ha permitido a la Comisión formar un equipo especializado de apoyo en
la Relatoría, actualmente integrado por una abogada especialista y un
becario. Durante el año 2002
fue posible ampliar la beca “Rómulo Gallegos” a una vacante,
especialmente dirigida a jóvenes abogados indígenas de Centroamérica
interesados en profundizar su experiencia y conocimiento en derechos humanos
y derecho indígena. En
el año 2002, con el reforzamiento profesional especializado se ha logrado
avanzar significativamente y profundizar el procesamiento de las peticiones
y casos que se tramitan ante la CIDH y
que dicen relación con pueblos indígenas y sus miembros; se ha
profundizado también en el conocimiento que los pueblos indígenas, sus líderes
y defensores tienen respecto de las posibilidades de acceder al sistema
interamericano de derechos humanos, lo que en términos prácticos ha
significado el aumento de denuncias por violaciones a los derechos humanos
de los pueblos indígenas, relacionadas con temas como territorio ancestral,
derechos políticos, discriminación, etc. Igualmente, se ha incrementado el
conocimiento en la sociedad civil de la capacidad y profundización de la
jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos sobre derechos
de los pueblos indígenas. Actualmente más de setenta peticiones y/o casos se están
tramitando ante la CIDH vinculados a estos derechos. La
Relatoría para la Libertad de Expresión elaboró el Informe sobre la
Situación de la Libertad de Expresión en las Américas que forma parte del
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vale destacar que durante el año 2002, luego de evaluar postulantes
en un concurso público, la CIDH decidió el primer cambio de Relator
Especial para la Libertad de Expresión, designando a Eduardo Bertoni, quien
asumió sus funciones en el mes de mayo de 2002. Este es el quinto Informe
Anual preparado por la Relatoría Especial desde su creación en 1997, y
continúa dividido en 6 capítulos. El
Capítulo I del Informe considera el mandato y competencia de la Relatoría,
así como las actividades llevadas a cabo durante 2002.
El Capítulo II contiene una descripción sobre algunos aspectos
vinculados a la situación de la libertad de expresión en los países del
hemisferio. Con el objetivo de
contribuir a la promoción de la jurisprudencia comparada, el Capítulo III
resume la jurisprudencia del sistema interamericano y la jurisprudencia doméstica
de los Estados miembros. El Capítulo
IV desarrolla una primera aproximación a la problemática sobre “Libertad
de Expresión y Pobreza” abordando temas relacionados con los mecanismos
para que los pobres accedan a la información pública, con la utilización
legal de medios de comunicación comunitarios y con el ejercicio del derecho
de expresión legal y de reunión en espacios públicos.
En la sección correspondiente a “Leyes de Desacato y Difamación
Criminal”, Capítulo V, se insiste en la necesidad de derogar el delito de
desacato y se mencionan los pocos avances en este tema logrados por los países
del hemisferio desde los últimos informes sobre el tema en los años 1998 y
2000. En el Capítulo VI se
recomienda a los Estados investigar los asesinatos, secuestros, amenazas e
intimidaciones a comunicadores sociales y juzgar a sus responsables;
promover la derogación de las leyes de desacato y las leyes sobre difamación
y calumnia criminal y promulgar leyes que permitan el amplio acceso a la
información. Finalmente,
el Informe remarca que en materia de libertad de expresión e información
en las Américas, los asesinatos y agresiones a periodistas, defensores de
derechos humanos y personas en general que hacen uso de este derecho continúan
representando un problema grave. Es
preocupante que en muchos casos estos crímenes se mantienen en la
impunidad. Señala asimismo el
Informe que siguen existiendo prácticas que intentan restringir la libertad
de expresión también por medio de acusaciones en tribunales penales por
delitos de desacato, o de difamación cuando las personas se manifiestan críticamente
sobre asuntos de interés público. Todas
estas circunstancias no contribuyen a generar un ambiente donde la libertad
de expresión se desarrolle plenamente. Síntesis del Informe Anual de 2002 El
informe anual se divide en tres volúmenes, los dos
primeros relativos al trabajo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. El tercer
volumen contiene, como se explicó, el Informe del Relator Especial de la
CIDH para la Libertad de Expresión. Conforme
a la práctica iniciada en 1999, el Capítulo I del Informe Anual de 2002
está dedicado a presentar una apreciación sobre la situación de los
derechos humanos en el hemisferio y los principales desafíos a la vigencia
de tales derechos. El Capítulo
II ofrece una breve introducción a los orígenes y fundamentos jurídicos
de la Comisión y expone las principales actividades cumplidas por la CIDH
durante el período bajo análisis. En
tal sentido, se destacan las actividades llevadas a cabo en el marco de los
dos períodos ordinarios de sesiones y
uno extraordinario. Asimismo,
en dicho capítulo se exponen las actividades cumplidas con otros órganos
del sistema interamericano, y con instituciones regionales y mundiales de
naturaleza similar. Entre ellos
se destacan las visitas a la sede de la Comisión de los Relatores de
Naciones Unidas para Discriminación Racial, Tortura y Pueblos Indígenas.
En particular, quisiera destacar la práctica de las reuniones anuales de la
CIDH y la Corte Interamericana con objeto de tratar temas de interés común,
a fin de mejorar el funcionamiento del sistema regional de derechos humanos.
La Comisión y la Corte mantienen una relación de cooperación que es
mutuamente beneficiosa para el cumplimiento de sus respectivos mandatos. Durante
el período que abarca este informe, la Comisión realizó dos visitas in
loco a Haití y una Venezuela. También realizó una visita de trabajo a
Argentina, que en las copias del informe que ustedes han recibido erróneamente
aparece como una visita in loco.
Tanto en la versión impresa final como en la versión que aparecerá en
nuestra página de Internet figurará correctamente como una visita de
trabajo. Asimismo, la semana
pasada la Comisión concluyó una visita a Guatemala.
Por otra parte, nuestros Relatores temáticos y por países han
realizado visitas de promoción y de trabajo durante todo el año.
La CIDH está procesando la información recibida antes, durante y
después de las visitas con miras a la elaboración del informe sobre la
situación de los derechos humanos en dichos países. En nombre de la Comisión,
agradezco especialmente a los Gobiernos por su colaboración en el logro de
los objetivos trazados durante las visitas del año 2002. El
Capítulo III es indudablemente el eje del trabajo de la CIDH, ya que
contiene el análisis y las decisiones sobre denuncias de violaciones de
derechos fundamentales que afectan a seres humanos.
Este capítulo, el más extenso del informe, contiene las decisiones
adoptadas respecto a peticiones y casos individuales presentados a la Comisión
y tramitados de acuerdo con la normativa aplicable.
Cabe destacar igualmente la importancia creciente que la Comisión
atribuye al sistema de peticiones y casos individuales y a la solución
amistosa de los mismos; el informe de este año comprende cuatro decisiones
de esta índole. Al mismo tiempo, la CIDH prosigue las negociaciones con
miras a la solución amistosa de docenas de casos de varios países de la
región. La disposición de las
partes a dialogar y a buscar soluciones creativas constituye un indicador
indudablemente positivo de la creciente evolución del sistema.
En el período bajo análisis, publicó
un total de 58 informes que incluyen 38 casos declarados admisibles; 6
informes sobre peticiones declaradas inadmisibles; 3 informes de solución
amistosa; y 11 informes de fondo. En
los informes que se incluyen este año, la Comisión ha continuado tratando
temas estructurales en nuestro hemisferio como violaciones al debido
proceso, ejecuciones extrajudiciales, uso abusivo de la jurisdicción
militar e impunidad. También
la CIDH ha decidido sobre temas que cada vez con mayor frecuencia
llaman nuestra atención, como son los derechos de la mujer, la
libertad de expresión y la vigencia de los derechos económicos, sociales y
culturales. Estos casos
reflejan la creciente complejidad jurídica de los casos que está llamada a
decidir, así como el empeño de esta Comisión por mejorar y profundizar
sus argumentaciones y fundamentaciones.
Con ello, la Comisión no solamente pretende resolver de una manera
jurídicamente sólida los casos y peticiones, sino también desempeñar una
tarea de promoción mediante la determinación jurídica del alcance de las
obligaciones asumidas voluntariamente por los Estados miembros de la
Organización. Por último, en
sus informes la Comisión continuó clarificando diversas cuestiones
procesales, particularmente en el tema de la admisibilidad de peticiones,
tales como la legitimación procesal activa para presentar denuncias, la
vigencia temporal de la Convención Americana y las excepciones a la regla
del agotamiento de los recursos internos, entre otras.
Con ello se procura contribuir a la seguridad jurídica de nuestro
sistema, fijando reglas y estándares que la Comisión sigue fielmente. La CIDH recuerda que la aprobación y publicación de un
informe sobre los méritos de un caso individual ofrece, en alguna medida,
la reparación a la víctima de una violación de derechos humanos que no
pudo obtener justicia en los órganos jurisdiccionales nacionales.
No puedo dejar de llamar la atención de los señores representantes
sobre algunos números importantes en el sistema de peticiones individuales.
Particularmente en el año 2002, la CIDH recibió 4656 denuncias
individuales. De este número, 3635 se refieren a la situación de los
derechos de las personas afectadas por medidas bancarias
("Corralito") en Argentina. Vale la pena aclarar que el promedio
anual entre 1997 y 2001 fue de 609 peticiones, con lo cual en el año 2002
se produjo un aumento de más del 700% en el número de denuncias recibidas.
Aún si no se computan las denuncias relativas al llamado
"corralito", la CIDH en el año 2002 recibió 1021 denuncias, un
40% más que en los cinco años anteriores.
Esta circunstancia ha puesto una enorme presión en nuestra Secretaría
Ejecutiva, que ha logrado responder a esta situación de una manera
eficiente y de hecho ha mantenido el número de peticiones en trámite
dentro de sus promedios históricos. Esta
sección comprende además 91 medidas cautelares otorgadas o extendidas por
la CIDH y con respecto a las cuales ha habido actividad durante este período.
En este sentido, la Comisión ha continuado con su práctica de
informar sobre las medidas cautelares solicitadas a los Estados miembros de
la Organización, por iniciativa propia o a petición de parte, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 25 de su Reglamento, en los casos en que es
necesario evitar daños irreparables a las personas.
Se ha impulsado también mayor comunicación directa con los
peticionarios y las autoridades.
El Capítulo III vuelve a incluir una sección sobre el estado de
cumplimiento con las recomendaciones de la CIDH en casos individuales. La
Asamblea General de la OEA, mediante su resolución AG/RES. 1890 (XXXII-O/02)
sobre Evaluación
del Funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de
los Derechos Humanos para su Perfeccionamiento y Fortalecimiento, instó a
los Estados miembros a que realicen sus mejores esfuerzos para dar
seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (punto resolutivo 3.c) y que sigan dando el tratamiento que
corresponde al informe anual de la Comisión, en el marco del Consejo
Permanente y de la Asamblea General de la Organización, estudiando posibles
formas de considerar el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión
por parte de los Estados miembros de la Organización (punto resolutivo
3.d). Tanto la Convención (artículo 41) como el Estatuto de la
Comisión (artículo 18) otorgan explícitamente a la CIDH la facultad de
solicitar información a los Estados miembros y producir los informes y
recomendaciones que estime conveniente.
Específicamente, el Reglamento de la CIDH que entró en vigencia el
1º de mayo de 2001 dispone en su artículo 46 que
la Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que considere
oportunas, tales como solicitar información a las partes y celebrar
audiencias, con el fin de verificar el cumplimiento con los acuerdos de
solución amistosa y recomendaciones. Asimismo, la Asamblea General aprobó la Resolución
AG/RES. 1894 (XXXII-O/02), Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, e invitó a la CIDH a que considerase la
posibilidad de continuar incluyendo en sus informes anuales información
referente al seguimiento por parte de los Estados de sus recomendaciones y a
revisar los criterios e indicadores en la materia utilizados en el informe
de este año, a fin de lograr su perfeccionamiento. En
cumplimiento de sus atribuciones convencionales y estatutarias y en atención
a las resoluciones citadas y de conformidad con el artículo 46 de su
Reglamento, la CIDH solicitó información a los Estados acerca del
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en los informes publicados
sobre casos individuales incluidos en sus Informes Anuales correspondientes
a los años 2000 y 2001. El cuadro que la Comisión presenta incluye el
estado en que se encuentra el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH
formuladas en el marco de casos resueltos y publicados en los últimos dos años.
La CIDH resalta que diferentes recomendaciones formuladas son de
cumplimiento de tracto sucesivo y no inmediato y que algunas de ellas
requieren de un tiempo prudencial para poder ser cabalmente implementadas.
Por lo tanto, el cuadro presenta el estado actual de cumplimiento que la
Comisión reconoce es un proceso dinámico que puede evolucionar
continuamente. Desde esta perspectiva, la Comisión evalúa si las
recomendaciones se encuentran o no cumplidas y no si ha habido un comienzo
de cumplimiento de tales recomendaciones. La CIDH ha procurado recoger en lo
pertinente las observaciones formuladas por los representantes de diferentes
Estados miembros durante la presentación del Informe Anual correspondiente
al año 2001. A
fin de contribuir a la transparencia del sistema, la Comisión ha decidido
incluir en su página electrónica todas las respuestas de los Estados que
hayan solicitado expresamente la publicación de sus respectivas
respuestas a nuestros informes. Confiamos que este mecanismo contribuirá al
diálogo entre los Estados y la CIDH, así como a un mejor control público
sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Con satisfacción debo
mencionar que a diferencia del año pasado, en varios casos en el presente
informe anual podemos informar acerca de un caso de cumplimiento total de
las recomendaciones formuladas. Pero
todavía quedan muchos casos pendientes de cumplimiento total o parcial.
En este sentido, los Estados miembros deben realizar los mejores
esfuerzos para cumplir de buena fe con las recomendaciones de la Comisión.
Asimismo, depositamos nuestra confianza en el Consejo Permanente y en esta
Comisión de Asuntos Jurídicos para que establezcan un mecanismo periódico
de supervisión del
cumplimiento de las decisiones de la Comisión y la Corte, a fin de dar
vigencia efectiva al principio de garantía colectiva subyacente en el
sistema interamericano de protección de derechos humanos. El
Capítulo III también expone información sobre las actuaciones de la
Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La sección respectiva presenta las medidas provisionales dictadas
por la Corte a solicitud de la Comisión en situaciones de extrema gravedad
y urgencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 63(2) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, así como la síntesis de diferentes
decisiones de la Corte y de las actuaciones de la Comisión en varios casos
contenciosos. Por
otro lado, la Comisión ha seguido los criterios expuestos en su Informe
Anual de 1998 para identificar a los Estados miembros cuyas prácticas en
materia de derechos humanos merecieran atención especial y la inclusión en
un capítulo especial del informe anual.
En este sentido, en el Capítulo IV del informe de este año se
analiza la situación de los derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y
Venezuela. El Capítulo
V del Informe Anual sigue la práctica de analizar el avance en el
cumplimiento de las recomendaciones formuladas previamente por la Comisión,
en uso de sus facultades como órgano principal de la OEA en materia de
derechos humanos. En esta oportunidad, dicho capítulo contienen informe en
seguimiento de Guatemala y con las recomendaciones expuestas en los informes
de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en dichos países.
Agradezco en esta oportunidad a los Estados por su respuesta a la solicitud
de información formulada por la CIDH.
El volumen II del informe concluye con los anexos habituales en los
que se informa sobre el estado de las convenciones y protocolos del sistema
regional de derechos humanos, además de los comunicados de prensa y
discursos seleccionados que difundió la CIDH durante el año pasado.
Conclusión Señor Presidente, señores y señoras
representantes, estimados colegas, compañeros
y compañeras de trabajo, señoras y señores: Antes
de concluir, debo expresar la gratitud de la Comisión por el incremento de
fondos aprobado por la Organización recientemente.
Anualmente señalamos ante ustedes las necesidades financieras por
las que atraviesa la CIDH. Los
fondos adicionales que hemos recibido nos permitirán continuar y
profundizar el cumplimiento de nuestros mandatos convencionales,
estatutarios y aquellos surgidos de las Cumbres de las Américas.
Esperamos que los fondos adicionales aprobados por los Estados
miembros se mantengan en el futuro y que sean otorgados a la CIDH en su
totalidad. También debo agradecer especialmente las contribuciones
voluntarias de los Estados miembros y de los Observadores Permanentes. La
búsqueda constante de mecanismos para consolidar las democracias
participativas crea nuevas oportunidades para el compromiso de los Estados
miembros con los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. La
Comisión y la Corte son, conforme al propósito de los Estados miembros,
medios para ayudar al desarrollo de "un régimen de libertad personal y
de justicia social", que es el objetivo final consignado en el preámbulo
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con ello, la
Comisión renueva su compromiso de trabajar con los Estados miembros en el
cumplimiento de su mandato para defender la dignidad humana mediante la
protección y la promoción de los derechos humanos. En nombre de la Comisión,
quiero expresar nuestra gratitud por el apoyo que los Estados miembros han
brindado a la Comisión para que ésta continúe honrando ese compromiso común
de velar por el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas de
nuestro hemisferio. Muchas
gracias. |
