COMUNICADO DE PRENSA

 

No. 59/08

 

CIDH PUBLICA OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE VISITA A JAMAICA

 

Kingston, Jamaica, 5 de diciembre de 2008 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy sus observaciones preliminares sobre la visita in loco realizada a Jamaica del 1 al 5 de diciembre a invitación del gobierno, a fin de observar la situación de derechos humanos en el país.

 

Durante su visita la Comisión centró su atención particularmente en la situación de la seguridad ciudadana en el país (incluyendo el funcionamiento del sistema de justicia criminal y las condiciones de las personas privadas de libertad), y en los derechos humanos de las mujeres, los niños, y las personas que sufren discriminación sobre la base de su orientación sexual.

 

La CIDH observó un alarmante nivel de violencia en Jamaica que ha afectado a todos los sectores de la sociedad durante varios años. La persistencia de violencia generalizada ha tenido graves consecuencias negativas para los derechos humanos del pueblo jamaicano. Las observaciones preliminares de la Comisión concluyen que a pesar que el gobierno ha adoptado algunos esfuerzos constructivos para abordar el problema, estos siguen siendo insuficientes.  Han sido afectados por inadecuados recursos, la incapacidad para abordar las graves deficiencias de las fuerzas de seguridad y del proceso judicial, y la ausencia de políticas integrales y efectivas para aliviar las condiciones sociales que generan la violencia.

 

La profunda marginalización social y económica de grandes sectores de la población jamaicana no sólo contribuye a sostener los altos niveles de violencia, sino que además resulta en que los sectores más pobres y más marginalizados son desproporcionadamente victimizados por la situación general de inseguridad. De la misma manera, las profundas desigualdades que permean la sociedad jamaicana exacerban la incapacidad del Estado para proteger de manera adecuada y garantizar los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, y otros grupos vulnerables. En particular, la CIDH considera deplorable el miedo y la persecución violenta a la que son sometidos los gays y las lesbianas en Jamaica.

 

Las observaciones preliminares de la Comisión identifican varios temas de derechos humanos que concitan especial preocupación, incluyendo los graves problemas en la administración de justicia, condiciones de detención y encarcelamiento, el trato a las personas con discapacidades mentales, y la libertad de expresión. En particular, la Comisión urge al Gobierno de Jamaica a abordar de manera inmediata las condiciones inhumanas de detención que la CIDH observó en las celdas de detención de la estación de policía de Hunts Bay.

 

A continuación se encuentra el texto completo de observaciones preliminares de la Comisión. Durante 2009 la CIDH preparará un informe completo y final sobre su visita, con recomendaciones específicas.

 

La delegación de la CIDH en Jamaica incluyó a los Comisionados Paolo Carozza, Luz Patricia Mejía, Felipe González y Clare Roberts, así como el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Canton y personal de la Secretaría. La Comisión agradece al gobierno y al pueblo de Jamaica por su asistencia con la visita. En particular, la Comisión desea notar que las autoridades de gobierno con quienes se reunió ofrecieron información con transparencia, y fueron abiertos y sinceros en reconocer la seriedad de los desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

 

OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA VISITA DE LA CIDH A JAMAICA

 

Kingston, Jamaica, 5 de diciembre de 2008 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó hoy su visita a Jamaica, que tuvo lugar del 1 al 5 de diciembre, a invitación del gobierno. La Comisión ofrece hoy sus observaciones preliminares sobre la visita y preparará un informe para publicar en 2009.

 

La Comisión constató niveles extremadamente altos de violencia en Jamaica, país que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Históricamente, la respuesta del Estado ha sido inadecuada debido a la ausencia de una política integral para abordar y prevenir la violencia, la falta de recursos suficientes dedicados a resolver el problema, y la ausencia de una respuesta efectiva por parte de la policía, el Poder Judicial y otras autoridades. Esto ha llevado a un deterioro progresivo de la situación de derechos humanos en el país. Esta situación crítica afecta en forma desproporcionada a los sectores más pobres de la población, así como a mujeres, niños, niñas y adolescentes, y personas que son discriminadas por su orientación sexual. La Comisión es consciente que las raíces de estos problemas se encuentran en las condiciones sociales y económicas y que sólo podrán ser resueltas con tiempo, a través de los esfuerzos colectivos de la sociedad jamaiquina.

 

La violencia generalizada afecta a todos los sectores de la sociedad jamaiquina. Más específicamente, esta violencia ha resultado en más de 1.500 muertes en el último año, incluyendo civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Del total de muertes reportadas, las estadísticas indican que, desde 2004, más de 700 personas murieron a causa de la acción de la policía. De acuerdo a estas estadísticas, por ejemplo, 272 personas murieron por disparos de la policía durante 2007, y otras 153 resultaron heridas por disparos de la policía en el mismo lapso. Los informes indican que desde el comienzo del año hasta septiembre de 2008, 158 personas murieron por disparos de la policía.

 

En Jamaica, la Comisión fue informada que algunas de estas muertes tuvieron lugar en circunstancias que podrían indicar que se trató de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la policía. Fuentes indicaron que con frecuencia, las víctimas son hombres jóvenes o niños de las zonas urbanas marginales, y que en algunas instancias no están armados ni representan amenaza alguna para la policía. Además del uso de la fuerza letal, la Comisión recibió información de que la policía frecuentemente hace uso excesivo de la fuerza, y conduce arrestos y detenciones arbitrarias, agravando aún más la situación de temor y de victimización de la población.

 

En este contexto de violencia, los agentes de policía, muchos de quienes sirven a su comunidad con dedicación y poniendo en riesgo sus vidas, se convierten también en víctimas. Fuentes gubernamentales informaron a la Comisión que, en los últimos doce años, ha sido asesinado en promedio un policía por mes, y que en los últimos cuatro años el promedio ha sido de 20 agentes de policía por año.

 

La Comisión recibió información sobre una mayor receptividad de parte de la policía hacia el diálogo con representantes de la sociedad civil sobre las reformas necesarias. Sin embargo, el elevado número de casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía que culminó con muertos y heridos, así como la falta de clarificación y determinación de responsabilidades en muchos de esos casos, ha contribuido a una situación de impunidad que socava la credibilidad de la policía y la confianza de la gente en la institución. A su vez, esta falta de credibilidad limita gravemente la capacidad de respuesta de la policía ante el crimen, creando un círculo vicioso que debe superarse para poder avanzar en la recuperación de la paz y el orden.

 

Las principales víctimas de los crímenes violentos en Jamaica son personas que viven en las zonas urbanas marginales, pobres y superpobladas, y padecen altas tasas de desocupación y falta de acceso a educación, salud y vivienda. Más de un tercio de la población de Kingston vive en estas comunidades, que han sufrido por muchos años la negligencia del Estado. El fracaso del Estado ha estado acompañado por la proliferación de bandas criminales armadas que ejercen control social a través de una violencia despiadada. Altas autoridades del gobierno indicaron a la Comisión que en algunas partes de la isla estas bandas criminales tienen vínculos estrechos con los partidos políticos de Jamaica.

 

Administración de Justicia

 

Existe un amplio consenso en Jamaica sobre la necesidad de reformar la administración de justicia, que ha demostrado ser ineficiente para dar respuestas a las necesidades de las personas. La administración de justicia contribuye a la perpetuación de la violencia a través de los altos índices de impunidad para crímenes violentos y, en particular, para el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en circunstancias que no han sido aclaradas. La Comisión también escuchó reiteradamente el clamor por justicia. Más aún, el Estado ha fracasado en proveer las garantías básicas del debido proceso a las personas que quedan atrapadas en el sistema de justicia criminal.

 

La Comisión recibió abundante información de diversas fuentes y diversos sectores que en forma uniforme indica que las personas de sectores socioeconómicamente desaventajados reciben con frecuencia un trato un trato irrespetuoso y discriminatorio por parte de la policía y de las autoridades judiciales. Se recibió información sobre iniciativas específicas tanto del Estado como de la sociedad civil que buscan mejorar esta situación, pero continúa siendo un problema grave. La justicia es administrada con un estándar para los ricos y otro para los pobres.

 

A este respecto, los niveles persistentes de violencia letal e impunidad, incluyendo la ausencia de determinación de responsabilidades por los excesos de la policía, han creado un ambiente de miedo e intimidación en todos los sectores de la población. Esto ha generado que las personas se abstengan de buscar recursos legales ante las cortes. Este temor y la falta de confianza de las personas en las instituciones han sido identificados por las autoridades policiales y judiciales como uno de los obstáculos fundamentales para obtener testimonios en procesos penales.

 

La información recogida por la Comisión indica que la mayoría de las instituciones que participan en la administración de justicia carecen de los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo, y que el diseño del sistema y de los procedimientos aplicados requiere reformas profundas. La Comisión pudo verificar que los problemas en las diferentes etapas de las investigaciones criminales forman una cadena de causalidad, de manera que las deficiencias de cada etapa crean subsecuentes deficiencias en las etapas posteriores.

 

Al observar las primeras etapas en las investigaciones por asesinato, por ejemplo, oficiales de gobierno informaron a la Comisión que con frecuencia la policía no obtiene la información necesaria de la Unidad de Patología del Ministerio de Seguridad Nacional para poder realizar un examen forense adecuado. La Comisión confirmó que el laboratorio no cuenta con suficientes recursos humanos ni financieros. Mientras el promedio de autopsias recomendado por hepatólogo es de 250 a 300 por año, cada uno de los hepatólogos de este laboratorio lleva a cabo 800 autopsias por año. Bajo estas circunstancias, los informes del laboratorio son incompletos y se terminan con retraso, con lo cual resultan menos útiles como material probatorio para la investigación y procedimientos posteriores. La Comisión ha sido informada que está en construcción una morgue pública; es necesario que se termine con urgencia.

 

De igual manera, la Comisión constató que el Laboratorio Nacional Forense, que también cumple un rol importante en las investigaciones criminales, carece de los recursos necesarios para producir análisis e informes completos y acabados para todos los casos. Aunque la Comisión Interamericana observó que el Laboratorio cuenta con equipos de balística modernos, también constató la ausencia de suficientes recursos humanos. La CIDH fue informada de que un importante número de casos sigue atrasado debido a la insuficiencia de recursos para la institución.

 

Hay limitaciones graves en el acceso a representación competente para las personas que son arrestadas o llevadas ante los tribunales.  La ley de Asistencia Legal que entró en vigencia en 2000 fue un paso positivo. Sin embargo, muchos acusados en el sistema criminal no pueden pagar representación legal, y la asistencia legal gratuita no siempre está disponible. E incluso para quienes logran obtener asistencia legal gratuita, no existen suficientes estándares de supervisión para asegurar una representación de calidad uniforme. La Comisión Interamericana igualmente recibió información según la cual ciertas acusaciones están excluidas de la cobertura del programa de asistencia legal gratuita. La CIDH aún no ha recibido información acerca de cómo las personas pobres acusadas de estos delitos excluidos del programa acceden a representación legal. Una vez más, las personas de recursos económicos limitados son las más afectadas por este problema.

 

La Comisión Interamericana fue informada de graves deficiencias que afectan al sistema de justicia, que van desde la inhabilidad para garantizar protección a testigos hasta demoras excesivas en casos criminales. Las personas que han sido arrestadas y detenidas pueden esperar días o hasta semanas antes de ser presentadas ante un juez. Varias fuentes indicaron que las demoras en la investigación y en la toma de decisiones sobre los cargos y el encausamiento son elementos que contribuyen a la falta de esclarecimiento de estos casos. La Comisión fue informada que la Fiscalía y la Coroner’s Court tienen retrasos en los casos pendientes de decisión, algunos desde 2000.

 

Los usuarios del sistema de justicia han informado reiteradamente que el acceso a un recurso no resulta simple ni rápido. Aunque las autoridades de gobierno indicaron que más jueces fueron contratados, varios jueces indicaron que la demanda excede su capacidad. Aún en lo referente a la mecánica del proceso, algunos abogados indicaron que en ocasiones lleva hasta un año producir la transcripción de la corte de primera instancia necesaria para presentar un caso ante el Tribunal de Apelación. Los tribunales de Jamaica sufren de profundas deficiencias en relación al entrenamiento y el acceso a la información.  La CIDH constató que algunos jueces no cuentan con copias actualizadas de la legislación vigente que deben aplicar, y que algunos tampoco tienen acceso a computadores o a Internet para verificar dicha vigencia. La Comisión recibió información sobre un ejemplo en que legislación que fue modificada en 2004 continuó siendo aplicada hasta 2005 porque los jueces no tenían acceso a la nueva ley.

 

La impunidad para los casos de uso de fuerza letal por parte de la policía resulta especialmente preocupante para la Comisión. De acuerdo a la información recibida por la Comisión, solo un oficial de policía ha sido condenado en los últimos años por ejecución extrajudicial. Solo un mínimo porcentaje de agentes de policía son encausados en casos de muertes ocasionadas por la policía, y en los casos en que son juzgados, los procesos son lentos y atiborrados de obstáculos, y terminan casi siempre en exoneración de responsabilidad. Varias fuentes indicaron que la Oficina de Investigaciones Especiales carece de recursos para investigar las denuncias de muertes ilegales y abuso policial, no impulsa investigaciones, y sus oficiales continúan formando parte de la fuerza policial, generando la percepción de que la oficina no cuenta con suficiente independencia. Incluso el gobierno reconoce que la Autoridad de Denuncias Públicas contra la Policía no cuenta con la confianza de la población. Las autoridades indicaron que el Parlamento está debatiendo la creación de una nueva Comisión Independiente de Investigación para investigar las muertes ocasionadas por la policía. La Comisión enfatiza que es crucial que cualquier cuerpo investigativo de esta naturaleza sea investido con la independencia y la autonomía necesaria para cumplir su mandato, incluyendo los recursos adecuados.

 

Tanto el sector gubernamental como la sociedad civil reconocen la necesidad urgente de implementar una política integral para abordar las graves deficiencias de la administración de justicia. En este sentido, la Comisión Interamericana enfatiza la importancia del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo sobre Reforma de Sistema de Justicia de Jamaica y la necesidad urgente de implementar las principales recomendaciones contenidas en su Informe Preliminar, publicado en mayo de 2007. 

 

Además, la Comisión Interamericana ha recibido información sobre varios proyectos de ley pendientes de discusión en el Parlamento que buscan atender estos desafíos, y destaca la importancia de llevar adelante el proceso de debate y reforma de manera transparente, en consulta con la sociedad civil y conforme a los parámetros del derecho internacional. En este sentido, a pesar de que el gobierno indicara que dichos proyectos de ley son documentos de carácter público, representantes de la sociedad civil indicaron que resultaba difícil obtenerlos. La CIDH recibió asimismo información de que el Ministerio de Justicia está desarrollando e implementando iniciativas para atender estos apremiantes desafíos. Algunos aspectos de estos proyectos de reforma pueden ayudar a mejorar la eficiencia del sistema judicial, tal como la propuesta de crear un Special Coroner. Otros proyectos de reforma, y en particular la propuesta de extender el período de detención a 60 días sin fianza, son motivo de preocupación para la Comisión, que considera que los graves problemas de debido proceso y prolongada detención arbitraria pueden terminar exacerbados.

 

La pena de muerte

 

La Comisión sabe que la pena de muerte ha sido y continúa siendo un tema importante de análisis y debate en Jamaica. En consecuencia, la Comisión considera oportuno clarificar el tratamiento que el sistema interamericano de derechos humanos ha dado a la pena de muerte.

 

La Convención Americana establece condiciones y restricciones específicas a la aplicación de la pena de muerte. Por ejemplo, ciertos requerimientos procesales especiales deben ser estrictamente observados y revisados; la pena debe aplicarse exclusivamente a los crímenes más graves; y deben tenerse en cuenta consideraciones relativas a las circunstancias del acusado y del crimen. La Convención no permite el restablecimiento de la pena de muerte en Estados que la han abolido, con lo cual apunta a la gradual reducción de su aplicación. La aplicación de esta pena está sujeta a un escrutinio estricto en todos los aspectos.

 

En este aspecto, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Judicial del Consejo Privado (Privy Council) han establecido que la imposición de la pena de muerte como un castigo obligatorio en casos de homicidio agravado es incompatible con garantías constitucionales y regionales. Como resultado de esta jurisprudencia, varios países del Caribe, incluyendo Jamaica, han hecho reformas para asegurar que las circunstancias del crimen y del acusado se tengan en cuenta para dictar la sentencia. La Comisión también ha aprobado informes de casos indicando que la imposición de la pena de muerte a personas que son menores de edad al momento de cometer el crimen es incompatible con los estándares internacionales.

 

Situación de las personas privadas de libertad

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo un monitoreo constante de la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. A lo largo y ancho del hemisferio, la CIDH ha insistido en la importancia de implementar políticas orientadas a la rehabilitación y reincorporación a la sociedad de las personas privadas de la libertad. Al respecto, la Comisión aprobó recientemente el documento “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de Personas Privadas de la Libertad en las Américas”, que busca orientar políticas públicas para garantizar el derecho de los detenidos a un trato humano y dignidad.

 

En Jamaica, la delegación visitó prisiones, celdas de detención policial y otros centros de detención. La Comisión pudo examinar las condiciones en el Centro Correccional para Adultos de St. Catherine, y encontró que se están implementando medidas positivas para asegurar un nivel adecuado de higiene, y que cuenta con un centro de salud con cinco médicos a tiempo completo, seis más que trabajan en ciertas temporadas, y 40 camas, además de proveer tratamiento antirretroviral a los internos con VIH, aunque algunos remedios no siempre están disponibles. La prisión cuenta con programas de capacitación que puede utilizar la cuarta parte de la población carcelaria, y pueden entrenarse en las instalaciones de la prisión, que incluyen una panadería, una mueblería y un taller de metal fundido, entre otras. Sin embargo, se constató el hacinamiento en muchas de las áreas de la prisión, que tiene 1.240 internos a pesar de que la capacidad es de 850, y la delegación observó hasta cuatro personas en una celda individual. 

 

El problema de hacinamiento es aún más crítico en las celdas de detención policial, donde las personas arrestadas son encerradas junto con personas en detención preventiva en espacios completamente inadecuados. La delegación visitó las celdas de detención policial de las comisarías de Spanish Town y de Hunts Bay y encontró que los detenidos se amontonan en celdas oscuras, sin ventilación y sucias. Oficiales de policía de Spanish Town informaron que los detenidos con discapacidad mental son encerrados en el baño de las celdas. La delegación se vio particularmente alarmada al observar las condiciones inhumanas de la Comisaría de Hunts Bay, donde los detenidos están hacinados en números de hasta seis personas por celda, y viven en medio de la basura y la orina, sin consideración alguna por su dignidad. La CIDH insta a que se adopten acciones urgentes a fin de que las personas detenidas en Hunts Bay sean remitidas a un lugar que ofrezca condiciones adecuadas de detención.

 

La Comisión recomienda específicamente que el Estado cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y tome las medidas necesarias para resolver el problema de hacinamiento en las prisiones y las celdas de detención de la policía. El Estado debe también realizar esfuerzos para mejorar la cantidad y calidad de los alimentos para asegurar una nutrición adecuada.  Se requiere de esfuerzos adicionales para garantizar el acceso de los internos a la atención médica, psiquiátrica y dental adecuada, así como a medicamentos apropiados. La CIDH valora los esfuerzos del gobierno por establecer programas de rehabilitación e invita a que estas iniciativas sean ampliadas para que más internos se puedan beneficiar de ellas. También se deberían realizar esfuerzos para ampliar la educación y actividades culturales en las prisiones, así como para asegurar que las personas privadas de la libertad puedan mantener un contacto directo y personal con miembros de sus familias, compañeros y representantes legales, mediante visitas regulares.

 

Situación de las mujeres

 

La CIDH confirmó durante su visita que en Jamaica se han tomado algunas medias importantes para proteger el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia, tal como la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, la aprobación de reformas legislativas y la creación de servicios de apoyo. Sin embargo, estos esfuerzos todavía no han producido un cambio en las vidas de muchas mujeres que continúan enfrentando diferentes formas de discriminación, así como aquellas que son víctimas de violencia doméstica, abuso sexual, violación e incesto. Asimismo, la Comisión recibió información según la cual la participación de las mujeres en los procesos políticos ha aumentado, pero aún son pocas las que acceden a cargos electivos.

 

La aprobación de la Ley sobre Violencia Doméstica y sus subsecuentes reformas, así como la Ley sobre Comunidad de Bienes del Matrimonio, aprobada más recientemente, han generado cambios clave en el marco legal aplicable a la violencia de género y la discriminación. Sin embargo, todavía falta avanzar en otros cambios necesarios, tal como reformas a las disposiciones legales sobre violación y otros crímenes sexuales. Las organizaciones de derechos de las mujeres informaron que el gobierno ha estado abierto al diálogo, y que ha consultado a algunas de dichas organizaciones sobre propuestas de reforma judicial e iniciativas de ley presentadas al Parlamento sobre los derechos de las mujeres.

 

El Estado debe actuar para llevar a la práctica las obligaciones asumidas bajo el derecho interno y el derecho internacional. Organizaciones no gubernamentales que proporcionan servicios a mujeres indicaron que las mujeres no confían en el sistema judicial como mecanismo para prevenir o responder a la violencia de género. Otras fuentes concordaron que las cortes son lentas y los procesos judiciales son dificultosos. Varias fuentes indicaron que las víctimas de violencia sexual, por ejemplo, son en ocasiones víctimas de prejuicios o incluso se les falta el respeto durante todas las etapas del procedimiento.

 

Representantes tanto del Estado como de la sociedad civil han informado que la situación de pobreza y de exclusión que se encuentra en muchas zonas urbanas marginales tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres. Estas fuentes indicaron que la situación económica de las mujeres y de sus familias se ve afectada por tasas de desempleo y salarios más bajos que para los hombres, y que esto tiene especialmente graves consecuencias para las madres solteras, así como para tías y abuelas que tienen niños a cargo.

 

Situación de la Niñez

 

Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia generalizada que afecta a la sociedad jamaiquina. Los niños y niñas son blanco especial de secuestros acompañados de homicidio y/o violación sexual. Desde el 2003, un total de 398 menores de 18 años han sido asesinados, ya sea como resultado de la violencia entre pandillas o ataques, secuestros, violaciones sexuales y homicidios. Otros 441 menores de 18 años han resultado heridos por armas de fuego. Un gran porcentaje de la población afectada por crímenes violentos es menor de 18 años. En particular, muchas de las muertes atribuidas a la policía corresponden a adolescentes.

 

Aunque algunos casos de violencia contra la niñez han sido investigados y esclarecidos durante los últimos cinco años, muchos permanecen sin resolver, lo cual evidencia el fracaso del Estado en arrestar predadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, de los 71 casos de asesinatos de menores reportados durante el año pasado, 41 aún no han sido resueltos. Este año, de los 63 casos ocurridos hasta la fecha, sólo 16 han sido esclarecidos.

 

Respecto a las condiciones de los menores de 18 años en instituciones estatales, la Comisión recibió información según la cual, aproximadamente 2.402 menores permanecen en 57 hogares y lugares de protección para la niñez supervisados por la agencia gubernamental de desarrollo de la niñez de Jamaica. De acuerdo a la información recibida por la Comisión, el sistema gubernamental de atención a la niñez de Jamaica sufre de niveles preocupantes de abuso sexual, físico y mental de los menores a manos de las personas a cargo de su cuidado y requiere reformas urgentes,  así como recursos adicionales.

 

La Comisión recibió información según la cual la situación de los jóvenes detenidos en celdas policiales no cumple con los estándares internacionales. En particular, la Comisión constató que los jóvenes son detenidos en centros superpoblados y en combinación con adultos. La Comisión también recibió información sobre castigos corporales y sobre otras formas de trato degradante que se les aplica. La duración de la pena establecida en ciertos casos es también de especial preocupación para la Comisión, así como las denuncias de ausencia de defensa legal. La CIDH enfatiza que los estándares internacionales establecen que la privación de la libertad en el caso de los menores de 18 años, solo debe ser aplicada como medida excepcional y, en consecuencia, es necesario implementar medidas alternativas a la prisión.

 

Discriminación sobre la base de la orientación sexual

 

La Comisión condena enfáticamente el alto nivel de homofobia que prevalece en la sociedad jamaiquina. Esta homofobia ha resultado en muertes violentas de personas percibidas como gays, lesbianas, bisexuales o transexuales, así como acuchillamientos, ataques en grupo, detenciones arbitrarias y acoso policial. El miedo resultado hace más difícil que personas de estos grupos tengan acceso a ciertos servicios básicos, por ejemplo, servicios médicos que puedan revelar su orientación sexual. Defensores y defensoras de los derechos de los gays, las lesbianas, los bisexuales y los transexuales han sido asesinados, apaleados y amenazados, y la policía ha sido criticada en muchas instancias por no prevenir o no responder a denuncias de este tipo de violencia. El Estado debe tomar medidas para asegurar que las personas de este grupo puedan asociarse libremente, y ejercer sus derechos básicos sin temor a ser atacadas.

 

Durante esta visita, la Comisión recibió informes sobre cuatro asesinatos en circunstancias que sugieren homofobia, en un período de un año y medio. Uno de dichos asesinatos habría sido consecuencia del ataque con bombas de fuego de la casa de una persona percibida como homosexual, y otro hombre percibido como homosexual fue cortado en pedazos con machete. La CIDH recuerda al gobierno y el pueblo de Jamaica que el derecho de todas las personas de vivir libres de discriminación está garantizado por el derecho internacional de los derechos humanos, y específicamente, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH urge a Jamaica a adoptar acciones urgentes para evitar y responder ante estos abusos a los derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas de políticas públicas y campañas contra la discriminación basada en la orientación sexual, así como reformas legislativas para reformar las leyes y hacerlas compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Derechos de las personas con discapacidad

 

La Comisión Interamericana recibió información acerca de la situación de las personas con discapacidad mental, en particular la falta de instalaciones adecuadas y especializadas para su cuidado y protección, así como de actos de violencia y discriminación en su contra.  En particular, durante su visita a Spanish Town, la CIDH fue informada que hay unas 10.000 personas con discapacidad mental que viven en St. Catherine sin acceso a instalaciones especializadas para su atención y protección. Al visitar las celdas de detención de Spanish Town, la Comisión Interamericana constató por lo menos 4 personas con discapacidad mental detenidas en la comisaría.  Además, la CIDH recibió información acerca de actos de violencia letal cometidos contra las personas con discapacidad mental, algunas de las cuales viven en las calles. 

Derechos de las personas con VIH/SIDA

 

La CIDH recibió información sobre la situación de discriminación contra personas infectadas por el VIH en la sociedad jamaiquina. Aproximadamente 27.000 personas en Jamaica están infectadas con el VIH, 73% de las cuales tienen entre 20 y 49 años de edad. La Comisión Interamericana fue informada además que una vez que la familia y la comunidad de una persona infectada con el VIH se entera de dicha condición, frecuentemente son rechazados en sus hogares y comunidades. Además, se recibió información de que a las personas infectadas con el VIH se les niega acceso igualitario a la atención a la salud debido a la discriminación basada en su condición médica. La educación pública y medidas de prevención de la población infectada por el VIH resultan difíciles debido  a que esta enfermedad sigue siendo un tabú social en la sociedad de Jamaica y se la asocia generalmente con gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, que también sufren de una grave discriminación. Debido a que la legislación de Jamaica criminaliza la sodomía, las personas gay que viven con el VIH son especialmente vulnerables a la discriminación y la violencia.  Finalmente, las personas con VIH que no tienen hogar conforman una población especialmente vulnerable y necesitan de una respuesta más adecuada del Estado.

 

Derecho a la Libertad de Expresión

 

La Comisión también se reunió con directores de medios, periodistas y directivos de las asociaciones de medios y de reporteros y recibió información sobre asuntos relacionados con legislación que afecta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Jamaica.  Especialmente, la Comisión recibió información sobre reformas legislativas acordadas por un Grupo de Trabajo creado por el gobierno y desea en esta oportunidad enfatizar la importancia de que el Parlamento otorgue tratamiento expeditivo a estas propuestas de reforma legislativa.

 

            Trabajo de las organizaciones no gubernamentales

 

La Comisión desea felicitar a las diversas organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos en Jamaica. La CIDH visitó varios centros nacionales que proveen servicios y apoyo básico a sectores desfavorecidos de la sociedad, así como iniciativas destinadas a restaurar la paz en el ámbito local, o a atender a las personas con VIH/SIDA o discapacidades graves. En todos estos casos, la Comisión Interamericana tuvo una impresión muy favorable del trabajo constructivo que se está realizando.

 

Conclusiones

 

En base a la información recibida de diversos sectores, incluidas autoridades gubernamentales, representantes de ONGs y de la sociedad civil, así como de las víctimas o sus familiares, la CIDH ha concluido que los jamaiquinos están atrapados en una situación de violencia y violaciones a los derechos humanos cuyas raíces son muy profundas. Las medidas adoptadas por el Estado hasta ahora no han tenido resultados significativos que permitan cambiar esta situación, que afecta desproporcionadamente a los sectores de la sociedad económicamente desfavorecidos y socialmente marginados.

 

La Comisión Interamericana enfatiza que los instrumentos internacionales, incluidas la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen el derecho a la protección igual y efectiva de la ley. Todos los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación.  Jamaica tiene la obligación de proteger a todos sus habitantes y de garantizar el pleno goce de los derechos humanos a todas las personas.

 

Los derechos humanos y la seguridad ciudadana no son valores contrapuestos. Por el contrario, se refuerzan mutuamente. En un contexto de extrema inseguridad ciudadana y violencia, tal como la que prevalece hoy en día en Jamaica, la población no puede ejercer sus derechos básicos.  El Estado tiene el deber de proteger a la ciudadanía, de tomar medidas razonables para prevenir la violencia, y de responder a los crímenes violentos con la debida diligencia y proporcionalidad.  El Estado debe ejercer sus deberes teniendo en mente el derecho a la igualdad ante la ley, y diseñar e implementar políticas integrales que garanticen la seguridad ciudadana y los derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales.

 

Aunque uno de los objetivos principales de la Comisión Interamericana durante esta visita fue el de observar la situación de inseguridad ciudadana, este tema no puede analizarse aisladamente respecto a otros factores que contribuyen al alto nivel de violencia en la sociedad jamaiquina. Conforme a lo expresado por las Naciones Unidas en un informe general sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio: “La pobreza aumenta el riesgo de conflicto por múltiples vías … Muchos tugurios están bajo el control de bandas de traficantes y vendedores, que crean un círculo vicioso de inseguridad y pobreza.  La falta de opciones económicamente fiables crea un germen de inestabilidad e incluso aumenta el potencial de violencia.”

 

En este sentido, la Comisión enfatiza la estrecha relación existente entre la corrupción y el goce efectivo de los derechos humanos por parte de la población. Durante esta visita, la Comisión Interamericana recibió frecuentes recordatorios de agentes gubernamentales y de representantes de la sociedad civil en cuanto a que uno de los principales problemas que afectan al desarrollo de Jamaica es la corrupción persistente que perjudica seriamente el extraordinario potencial del país y que constituye un obstáculo constante para millones de jamaiquinos que intentan superar la pobreza. Además, la corrupción tiene un impacto directo sobre la capacidad del Estado de asignar recursos para atender los problemas más serios que afectan a la población de Jamaica. Una reducción importante en la malversación de fondos públicos podría constituir un inicio en el camino hacia superar la falta de recursos que fue observada en áreas clave del gobierno, tales como la administración de justicia, la educación, salud y vivienda. El gobierno respondió mediante la adopción específica de medidas en tal sentido, incluyendo el arresto durante el presente año de más de 70 agentes de policía vinculados a presuntos hechos de corrupción.

 

La CIDH ha identificado muchos problemas que resultan de la falta de recursos que afecta a todas las instituciones del Estado, con un impacto profundamente negativo sobre el goce de los derechos humanos de todos los jamaiquinos, en especial de los pobres.  En este sentido, la Comisión Interamericana observa que las dificultades en la obtención de estadísticas sobre muchos de los desafíos mencionados en estas observaciones, y destaca que tales estadísticas son necesarias para diagnosticar la naturaleza y alcance de los problemas y para evaluar el impacto de las políticas públicas, que a su vez podría ayudar a las autoridades gubernamentales a decidir sobre una eficiente asignación de los recursos.

 

Finalmente, la Comisión recomienda que el Estado considere aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ofrecería una fuente adicional de apoyo para futuros avances a favor de la protección del os derechos humanos, y también permitiría a Jamaica contribuir con su experiencia al desarrollo del sistema regional de los derechos humanos.

 

La Comisión Interamericana felicita al gobierno por su apertura a dialogar con la sociedad civil e insta a que mantenga esta actitud positiva. La CIDH comprende que muchos de los problemas identificados durante su visita son estructurales y han afectado a la sociedad jamaiquina por muchos años.  En este sentido, la Comisión Interamericana reconoce que no habrá soluciones inmediatas y que la sociedad de Jamaica deberá trabajar en forma mancomunada para diseñar e implementar las respuestas adecuadas. La CIDH espera que esta visita, las observaciones preliminares, y el informe final que preparará en los próximos meses ayuden al gobierno y pueblo de Jamaica a desarrollar un plan nacional para avanzar en la protección de los derechos humanos.

 

Sobre la visita

 

La delegación de la CIDH que visitó Jamaica estaba integrada por su Presidente, Paolo Carozza, nacional de los Estados Unidos; su Primera Vicepresidenta, Luz Patricia Mejía, de Venezuela; su Segundo Vicepresidente, Felipe González, de Chile; y el Comisionado Sir Clare K. Roberts, de Antigua y Barbuda, así como el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago A. Canton, y funcionarios de la Secretaría Ejecutiva. La CIDH es el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) responsable de promover la observancia y protección de los derechos humanos en la región, conforme con las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Jamaica en 1978. La Comisión Interamericana está integrada por siete miembros independientes que actúan en carácter individual, sin representar a un Estado en particular, y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

 

Durante la visita, la Comisión se reunió con representantes del gobierno de Jamaica y miembros de la sociedad civil.  La CIDH se reunió con el Primer Ministro, Bruce Golding; el Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Kenneth Baugh; la Ministra de Justicia, Dorothy Lightbourne; el ministro de Seguridad Nacional, Trevor MacMillan; el Comisionado de la Policía, Contra Almirante Hardley Lewin; el Defensor Público, Earl Witter; el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Jamaica, General Stewart E. Saunders; la Directora de la Fiscalía, Paula Llewellyn; la Directora del Laboratorio Forense Nacional, Judith Mowatt; la Directora Ejecutiva de la Oficina de la Mujer, Faith Webster; el titular de la Oficina de Investigaciones Especiales, A.C.P. Gause; el Presidente Ejecutivo de la Oficina de Denuncias Públicas contra la Policía, Magistrado Lloyd Ellis; la Vicepresidenta de la Asociación de Jueces de Primera Instancia, Cresencia Brown, entre otros. La delegación se reunió igualmente con el Coroner de Kingston, la Unidad de Patología del Ministerio de Seguridad Nacional, y el Superintendente de Policía de Spanish Town, y visitó el Consejo de Asistencia Legal en Kingston.  En Montego Bay, la delegación visitó la Oficina de Asistencia Legal y mantuvo reuniones con el Alcalde, Charles Sinclair; la Magistrada del Tribunal de Familia Rosalie Toby; el titular de la Inciativa de Administración de Paz en Montego Bay, Obispo Dufour, y un representante de la Oficina Civil de Supervisión de la Policía, Reverendo Jackson, así como organizaciones de la sociedad civil. Además, la Comisión visitó el Centro Correccional de St. Catherine, las celdas de las Comisarías de Spanish Town y Hunts Bay y el Centro Juvenil de Detención Preventiva de St. Andrew.  Además, la Comisión sostuvo conversaciones con representantes de diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo a Jamaicans for Justice, Independent Jamaican Council for Human Rights, The Farquharson Institute of Public Affairs, Jamaica Forum for Lesbians All-Sexuals and Gays (J-FLAG), Women Inc, Women’s Media Watch, Association of Women’s Organizations in Jamaica, Jamaica Women’s Political Caucus, Women Empowering Women, Women’s Resource and Outreach Centre, Youth Opportunities Unlimited, Jamaican  Coalition for Rights of the Child, y el Justice and Peace Center de Montego Bay, y se reunió con líderes religiosos, incluyendo al Monseñor Richard Albert de Spanish Town y Missionaries of the Poor en Kingston.  La Comisión Interamericana también celebró reuniones con la Jamaican Bar Association, Southern Bar Association of Jamaica, y The Norman Manley Law School Legal Aid Clinic Además, la CIDH organizó una actividad promocional conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Jamaicans for Justice, y firmó un acuerdo con la Norman Manley Law School que busca profundizar y fortalecer la cooperación institucional a fin de promover el conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el Caribe.

 

La Comisión desea expresar su sincero aprecio al gobierno y pueblo de Jamaica por su ayuda con esta visita. La CIDH agradece al gobierno por ofrecer la cooperación y las facilidades requeridas para la realización de la vista. Igualmente, agradece al pueblo de Jamaica, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que ofrecieron información y hospitalidad durante la visita. La CIDH también hace extensivo su aprecio a la Oficina Nacional de la OEA por su valiosa asistencia y cooperación.  La CIDH expresa especial gratitud por el importante apoyo financiero de la Comisión Europea y Luexmburgo, cuyas donaciones ayudaron a hacer esta visita posible.

 

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Contacto de prensa: María Isabel Rivero
Tel. +1 (202) 458-3867
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