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COMUNICADO DE PRENSA
CIDH CULMINA SU 130º PERIODO DE SESIONES
Washington, 19 de octubre de 2007 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 130º período de sesiones del 8 al 19 de octubre. Durante las sesiones, la CIDH celebró audiencias y reuniones de trabajo, participó en una Sesión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, realizó un almuerzo de trabajo con el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) y sostuvo un encuentro con magistrados y fiscales organizado por el Colegio de las Américas (COLAM), entre otras actividades. La CIDH valora y agradece la activa participación de los Estados y de la sociedad civil en el periodo de sesiones, que fortalece el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Durante estas sesiones se realizaron 27 audiencias. El Presidente de la CIDH, Dr. Florentín Meléndez, desea reconocer como paso positivo que los representantes del Gobierno de Estados Unidos hayan expresado que esperan continuar las conversaciones con la CIDH sobre la posible visita de la Comisión a centros de detención de inmigrantes, para lo cual esperan recibir mayores detalles sobre cuáles son los centros específicos que la CIDH desea visitar. Esta afirmación fue realizada durante la audiencia sobre Situación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, niños refugiados y otros grupos vulnerables en Estados Unidos. La CIDH desea destacar especialmente la realización de una audiencia sobre Situación de los descendientes de esclavos fugados durante el periodo colonial (“Quilombolas”) en Brasil, un ejemplo de la atención y el estrecho seguimiento que la Comisión realiza a la situación de los Afrodescendientes en la región.
También se realizaron 28 reuniones de trabajo. El Presidente de la CIDH desea manifestar su satisfacción por la información proporcionada en una reunión de trabajo por las autoridades del Gobierno de Oaxaca sobre la implementación de sus recomendaciones, hechas con motivo de su visita al estado de Oaxaca en agosto pasado. Asimismo, el Presidente observó con satisfacción la voluntad de las partes por avanzar en procesos de solución amistosa en todas las reuniones de trabajo realizadas sobre casos de México: Reyes Penagos Martínez; Cruza Ávila Mondragón; Modesto Patolzin Moicen y Víctor Pineda Henestrosa. Por otra parte, se realizó una reunión de trabajo sobre el caso AMIA, relativo a las investigaciones del atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina. En vista de que el Estado no pudo informar sobre medidas concretas adoptadas en los últimos meses o sobre avances en el proceso de investigación, el Presidente de la CIDH lamentó el estancamiento en que se encuentra el proceso de solución amistosa en este caso e instó al Estado redoblar sus esfuerzos, en especial en cuanto a la investigación y esclarecimiento del atentado.
La Comisión Interamericana desea destacar la firma en este período de sesiones de un convenio con la Universidad de Québec en Montreal para la creación de la Beca “Brian Tittemore”, a fin de que un estudiante graduado de esa Universidad adelante tareas legales de apoyo en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, con financiamiento externo. El abogado Brian Tittemore, de nacionalidad canadiense, desempeñó un rol destacado como especialista principal de la CIDH desde febrero de 1999 hasta su fallecimiento en diciembre de 2006. La firma del convenio coincidió con la bienvenida de la primera becaria “Brian Tittemore” a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
El 31 de diciembre de 2007 termina el período para el cual fueron electos los Comisionados Evelio Fernández Arévalos y Freddy Gutiérrez Trejo. El Presidente de la CIDH agradece a los Comisionados Fernández Arévalos y Gutiérrez Trejo por los servicios prestados durante el período 2004-2007. La Comisión Interamericana desea en especial destacar y agradecer la labor del Comisionado Fernández Arévalos, quien fungió como Presidente de la CIDH en el año 2006.
La CIDH tendrá su 131º período de sesiones en su sede en Washington, D.C., del 3 al 14 de marzo de 2008. El 13 de enero de 2008 vence el plazo previsto en el artículo 62.2 del Reglamento de la CIDH para presentar solicitudes de audiencias y reuniones de trabajo para ese período ordinario de sesiones. Nota: Fecha modificada conforme al artículo 62.2 del Reglamento de la CIDH.
ANEXO AL COMUNICADO DE PRENSA 54/07
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 130º período ordinario de sesiones del 8 al 19 de octubre de 2007. La CIDH está integrada por Florentín Meléndez, Presidente; Paolo Carozza, Primer Vicepresidente; Víctor Abramovich, Segundo Vicepresidente; y los Comisionados Clare K. Roberts, Freddy Gutiérrez, Paulo Sérgio Pinheiro y Evelio Fernández Arévalos. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es el Dr. Santiago A. Canton.
En la inauguración del 130º período de sesiones, a la que asistieron representantes de los Estados y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, el Presidente de la CIDH exhortó nuevamente a los Estados Miembros que aún no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados adoptados por el sistema, a que los ratifiquen, y a que reconozcan la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y la competencia de la Comisión para casos interestatales. Asimismo, el Dr. Meléndez urgió a todos los Estados Miembros que cumplan a cabalidad con las decisiones de la Corte y de la Comisión, “las cuales son jurídica, política y moralmente vinculantes para los Estados”, dijo.
Durante este período de sesiones, la CIDH aprobó 17 informes sobre casos y peticiones individuales. Los días 10 y 12 de octubre se celebraron 27 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos. Además se realizaron 28 reuniones de trabajo en las que participaron representantes de las dos partes en el marco de peticiones y casos en trámite en la Comisión. La participación en audiencias y reuniones de trabajo de representantes de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de quienes lo hicieron en carácter de víctimas o peticionarios, constituye una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes del Hemisferio. La Comisión Interamericana valora y agradece dicha asistencia y participación. Al respecto, cabe destacar la participación de altas autoridades gubernamentales de varios países, en una demostración de voluntad de diálogo de sus respectivos Estados con la CIDH y con la sociedad civil.
El 18 de octubre, la CIDH participó en una Sesión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA que versó en torno a la propuesta de reforma del Reglamento de la CIDH. El Presidente de la Comisión exhortó a los Estados a dar su opinión sobre la reforma e informó sobre la decisión de extender el período de consulta en 30 días más a partir de la culminación del 130º período de sesiones.
También se realizó un almuerzo de trabajo con el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) el 17 de octubre, a fin de intercambiar información y experiencias sobre la realidad centroamericana. La CCPDH realizó una presentación sobre sus principales acciones en materia de derechos humanos e informó sobre las tareas que emprenderá en el futuro cercano con miras a contribuir al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los Comisionados sostuvieron el 10 de octubre un encuentro con magistrados, fiscales y directores de escuelas judiciales, organizado por el Colegio de las Américas (COLAM), organizado en el marco de su iniciativa de crear una red Interamericana de Formación en Gobernabilidad y Derechos Humanos dirigida a jueces y otros operadores de justicia. El COLAM es un programa de la Organización Universitaria Interamericana, cuyo objetivo principal es fomentar la cooperación entre las universidades del continente americano por medio de redes de formación e investigación.
Asimismo, durante el 130º período de sesiones la Directiva de la CIDH firmó un convenio con la Universidad de Québec en Montreal para la creación de la Beca “Brian Tittemore”, a fin de que un estudiante graduado de esa Universidad adelante tareas legales de apoyo en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, con financiamiento externo. El abogado Brian Tittemore, de nacionalidad canadiense, desempeñó un rol destacado como especialista principal de la CIDH desde febrero de 1999 hasta su fallecimiento en diciembre de 2006. La firma del convenio coincidió con la bienvenida de la primera becaria “Brian Tittemore” a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Tal como ha sido la práctica por varios años, en forma paralela a la realización de las sesiones se ofreció un Curso de Entrenamiento sobre los sistemas Interamericano y Universal de Protección de los Derechos Humanos, el cual fue organizado por la CIDH, el Servicio Internacional por los Derechos Humanos y el Washington College of Law de la American University.
El 31 de diciembre de 2007 termina el período para el cual fueron electos los Comisionados Evelio Fernández Arévalos y Freddy Gutiérrez Trejo. El Presidente de la CIDH agradece a los Comisionados Fernández Arévalos y Gutiérrez Trejo por los servicios prestados durante el período 2004-2007. La Comisión Interamericana desea en especial destacar y agradecer la labor del Comisionado Fernández Arévalos, quien fungió como Presidente de la CIDH en el año 2006.
Los Comisionados electos en la 37ª Asamblea General de la OEA celebrada en Panamá en junio de 2007, Dra. Luz Patricia Mejía y Dr. Felipe González, quienes asumirán sus cargos el 1 de enero de 2008, participaron de algunas sesiones y audiencias del 130º período de sesiones en calidad de observadores y mantuvieron reuniones informativas con Comisionados y personal de la Secretaría Ejecutiva.
La CIDH tendrá su 131º período ordinario de sesiones en su sede en Washington, D.C., del 3 al 14 de marzo de 2008. El 13 de enero de 2008 vence el plazo previsto en el artículo 62.2 del Reglamento de la CIDH para presentar solicitudes de audiencias y reuniones de trabajo para ese período ordinario de sesiones.
I. INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES
La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos.
Los informes aprobados por la CIDH reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de las personas privadas de libertad, entre otros asuntos.
Se aprobaron 8 informes de admisibilidad, 2 de inadmisibilidad, 2 de fondo y 1 de solución amistosa, y decidieron publicar 4 informes de fondo. Una vez que sean notificadas las partes, la Comisión Interamericana publicará la lista de casos en que la decisión es de carácter público y los colocará en su página en Internet.
II. AUDIENCIAS
Los días 10 y 12 de octubre se celebraron 27 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos. Las audiencias referidas a casos y peticiones individuales versaron sobre cuestiones de admisibilidad, fondo, y seguimiento.
Las personas que acuden a brindar testimonios o información durante las audiencias deben gozar de todas las garantías necesarias. En la resolución de la Asamblea General de la OEA del 8 de junio de 1990 se solicita a los Gobiernos “que otorguen las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a fin de que puedan continuar contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y respeten la libertad e integridad de los miembros de tales organizaciones”. Asimismo, el artículo 61 del Reglamento de la CIDH dispone: “El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
Las audiencias que tuvieron lugar en la Sala A fueron transmitidas en vivo por Internet. Los videos de esas audiencias y las grabaciones de audio de todas las audiencias públicas celebradas en estas sesiones están a disposición de los interesados en la página en Internet de la CIDH. La CIDH agradece a Primestream por hacer posible que la transmisión en vivo de las audiencias se realizara para una mayor audiencia y con más alta calidad. Está autorizada la inclusión de enlaces a esos audios y videos en sitios web externos, a condición que se incluyan los créditos a la OEA. La misma condición rige para la publicación de las fotografías de alta resolución de las audiencias, disponibles también por Internet.
A. Situación general en Estados miembros de la OEA
Con respecto a Haití, la Comisión recibió información respecto a la situación general de derechos humanos en el país por parte de la Comission Episcopale Nationale Justice et Paix (JILAP), incluyendo información sobre actos de violencia en Puerto Príncipe y la falta de determinación de responsabilidades en los crímenes y abusos de derechos humanos cometidos.
Los representantes de JILAP presentaron resultados de un estudio realizado sobre la violencia en Puerto Príncipe que documentó 2.552 víctimas de violencia armada entre los años 2002 y 2007, y destacaron que durante la crisis política en el país a principios de 2004 y de nuevo en noviembre de 2005 hubo un aumento en el uso de armas de fuego que resultó en la muerte de unas 1.600 personas. En este sentido, los solicitantes reportaron que los casos de violencia sexual contra las mujeres aumentaron dramáticamente en los últimos cinco años, de 85 casos de violación registrados en 2002 a 725 casos registrados en 2006. Los solicitantes criticaron el fracaso del Estado para castigar estos crímenes y enfatizaron la importancia de fortalecer y reformar el sistema de justicia en Haití. En particular, los peticionarios destacaron varias debilidades del sistema de justicia que llevan a la impunidad en el país, entre ellos, la falta de independencia del Poder Judicial, la incompetencia de ciertos jueces, la falta de aplicación de las leyes o la naturaleza arcaica de los códigos legales, la administración defectuosa de las cortes, la baja remuneración de los jueces y la ausencia de suficientes recursos y equipamientos para el Poder Judicial. Finalmente, los solicitantes enfatizaron la importancia de analizar las diversas fuentes de violencia en Haití, y de desarrollar una respuesta integral que incluya mejorar la justicia social y proveer oportunidades económicas a la población.
En respuesta, el Estado indicó que la situación de seguridad pública ha mejorado durante el pasado año. Sin embargo, reconoció que todavía hace falta continuar trabajando para fortalecer el sistema de justicia en Haití. Finalmente, el Estado enfatizó la importancia del rol de la comunidad internacional en apoyar al Estado para que pueda alcanzar sus objetivos.
B. Otras audiencias generales y temáticas
Proceso de paz en El Salvador
A solicitud del Estado de El Salvador, se llevó a cabo una audiencia en la que una delegación gubernamental presentó a la CIDH información sobre los Acuerdos de Paz firmados en 1992 en ese país, tras una guerra civil que se extendió por aproximadamente 12 años. La delegación estuvo conformada por la Embajadora de El Salvador ante la OEA y dos de los otrora negociadores de los Acuerdos de Paz en el Salvador, tanto de parte del Gobierno como de la guerrilla. Los representantes del Gobierno informaron que los negociadores de los Acuerdos de Paz, tanto de parte del Gobierno de aquel entonces como de la guerrilla (el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), actuaron en el entendido de que para poner fin a la violencia se aceptaba no juzgar a los responsables de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la guerra civil, lo cual posteriormente dio lugar a las leyes de amnistía. Afirmaron que de no haber sido así, en El Salvador no se hubiese logrado encontrar la paz, que permitió el reestablecimiento de la democracia. La delegación solicitó que al estudiar las peticiones y casos sobre El Salvador, la CIDH tenga presente que fue la “voluntad nacional” que los Acuerdos de Paz llevasen a una amnistía que sirviera como base para lograr una paz firme y duradera. Indicaron además que las leyes de amnistía fueron el producto del consenso y la concertación política de todas las fuerzas de El Salvador. Los representantes del Gobierno afirmaron que, al acatar la recomendación de la Comisión de la Verdad de publicar los nombres de los responsables de los principales crímenes, las partes firmantes del Acuerdo de Paz ya fueron más allá de su intención inicial de olvidar lo sucedido. Advirtieron que volver a juzgar a los responsables de las violaciones de derechos humanos pondría en peligro la paz alcanzada, y que el país ha optado por mirar hacia el futuro.
Seguimiento de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia
Las organizaciones de la sociedad civil de Colombia que solicitaron esta audiencia presentaron un informe elaborado por la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, en el que se establece que durante los cuatro primeros años de implementación de la política de “seguridad democrática” se habría registrado un aumento del 92% en las ejecuciones extrajudiciales presuntamente perpetradas por la Fuerza Pública. Indicaron que la presión ejercida sobre los miembros de las fuerzas militares para obtener resultados en el contexto de la política de seguridad democrática estaría teniendo una influencia significativa sobre las ejecuciones extrajudiciales. Puntualizaron que en el período de estudio (julio de 2002 y junio de 2007) se registraron 1.348 civiles muertos, incluyendo 119 desaparecidos, y señalaron que existen patrones de impunidad. Los solicitantes expresaron preocupación por el hecho de que algunas medidas adoptadas por el Estado puedan favorecer la práctica de ejecuciones extrajudiciales en la impunidad, como la reforma al Código Penal Militar y la propuesta de incorporar la justicia penal militar dentro de la rama judicial ordinaria, lo cual permitiría que los jueces penales militares investiguen violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones solicitaron a la CIDH que se ampare a los familiares de los desaparecidos, quienes son objeto de estigmatización; que se recomiende al Estado que todos los casos ante al jurisdicción militar sean trasladados a la jurisdicción ordinaria; que el personal militar se abstenga de iniciar actuaciones judiciales y conflictos positivos de competencia; que la recolección de evidencia sea realizada por funcionarios judiciales; que se utilicen los manuales de las Naciones Unidas; que la Fiscalía sea la que inicie investigaciones respecto de operaciones militares, sin que se inicie conflicto negativo de competencia; que la jurisdicción militar sea utilizada solamente para delitos de función; que el Estado suministre a la CIDH la información relativa a los casos reseñados en esta audiencia y la celebrada en octubre del 2006, en cuanto a la jurisdicción en la que se surte la investigación, así como el estado actual de la misma; y que la CIDH elabore un informe sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia con recomendaciones al Estado realizando una visita in loco para su elaboración.
Derechos reproductivos de las mujeres en las Américas
La CIDH celebró una audiencia temática sobre los derechos reproductivos de las mujeres en las Américas, solicitada por el Centro de Derechos Reproductivos, CEJIL y Human Rights Watch. En la audiencia los solicitantes indicaron que los índices de mortalidad materna en las Américas son muy altos, con aproximadamente 22,000 muertes maternas anuales, y que los grupos particularmente afectados son las mujeres pobres, de sectores rurales, las mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, adolescentes y mujeres menores de 25 años. Enfatizaron que la mortalidad materna excede en muchos países de la región las tasas de homicidios de mujeres, llegando en algunos casos a ser 10 veces mayor. Manifestaron que una estrategia para disminuir la mortalidad materna que esté regida por un enfoque abarcativo debe incluir un plan para lograr que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. Asimismo, los solicitantes informaron sobre la alta incidencia de violencia sexual contra las niñas y adolescentes en las escuelas públicas en las Américas, y enfatizaron que el acoso sexual obedece a una serie de normas, prácticas y costumbres discriminatorias persistentes a través de las Américas que tiene repercusiones negativas muy altas en cuanto a su rendimiento escolar y desarrollo. También informaron sobre la situación de grupos específicos de mujeres cuando intentan acceder a servicios de salud reproductiva en Estados Unidos, indicando que son víctimas de múltiples formas de discriminación en razón de su sexo, raza y situación de pobreza. Las organizaciones presentaron además información sobre la reciente derogación de la figura legal del aborto terapéutico en Nicaragua. Indicaron que el no permitir el aborto cuando está en riesgo la vida vida de la mujer embarazada es un retroceso en materia de protección de los derechos de las mujeres. Por otra parte, manifestaron su preocupación ante el impacto negativo de dicha modificación legal, que sostienen ha generado temor en los médicos de atender a las mujeres por cualquier tipo de complicación en el embarazo así como temor en las mujeres de acudir a los establecimientos de salud por complicaciones en sus embarazos. Asimismo sostuvieron que están a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en relación a la interposición en enero de este año de un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma.
Independencia del Poder Judicial en Bolivia
La audiencia fue solicitada por el Colegio Nacional de Abogados y contó con la participación de representantes del Estado boliviano. Los representantes del Colegio Nacional de Abogados y del Colegio de Abogados de Santa Cruz expusieron aspectos que en su consideración constituyen un atentado contra la independencia e imparcialidad del Poder Judicial de Bolivia, tales como: la reducción de salarios a magistrados y ministros de Altas Cortes, algunas acciones violentas cometidas en la sede del Tribunal Constitucional, pronunciamientos públicos de autoridades del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y, especialmente, las supuestas falencias procesales en el actual juicio de responsabilidades contra cuatro magistrados de dicho Tribunal. Los Colegios solicitaron a la Comisión que inicie una investigación de los hechos denunciados, que realice un visita in loco para tales fines y que escuche en audiencia pública a los magistrados del Tribunal Constitucional. Por su parte, los representantes del Estado afirmaron que el referido juicio de responsabilidades se ha llevado a cabo en estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 2623 de 2003 que regula este tipo de procesos. Asimismo, indicaron que la reducción de salarios se debió a un proceso de austeridad necesario para el proceso de cambio que se encuentra implementando el actual Gobierno, y que las opiniones de algunas autoridades del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial constituyen críticas normales en un Estado de Derecho.
Situación de los descendientes de esclavos fugados durante el periodo colonial (“Quilombolas”) en Brasil
La CIDH recibió información sobre la situación de los descendientes de esclavos fugados durante el período colonial ("Quilombolas") en el Brasil en una audiencia solicitada por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, la Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educacional (FASE) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de la cual también participó la representante de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas y representantes del Estado. Los solicitantes de la audiencia señalaron como principales problemas la falta de identificación oficial y registro por parte del Estado de la totalidad de las comunidades Quilombolas, la demora e ineficacia del procedimiento establecido para la concesión de la titularidad de las tierras Quilombolas a sus miembros y la carencia de políticas públicas eficientes y abarcativas destinadas a promover el desarrollo de dichas comunidades y de los derechos fundamentales de sus integrantes. Enfatizaron además que es obligación del Estado implementar las disposiciones de la Constitución de 1988 en la cual se reconoce el derecho al territorio de las comunidades Quilombolas y modificar el proceso de registro de las tierras a fin de evitar largas demoras. Por su parte, el Estado brasileño estuvo representado por miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Agrario, la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial. El Estado indicó que ha reconocido los derechos de los Quilombolas en su legislación y que el tema constituye una prioridad para el Gobierno. Asimismo, destacó la creación e implementación del Programa Brasil Quilombola y otras políticas públicas generales que favorecen a las comunidades en referencia, así como el avance, en los últimos cuatro años, en el número de comunidades identificadas y beneficiadas con la concesión de títulos de propiedad de tierras.
Situación de las mujeres en Cité Soleil, Haití
Durante la audiencia, la CIDH recibió información de CONOCS (Collectif des Notables de Cite Soleil) sobre actos de violencia contra mujeres y niñas y sobre la situación de seguridad pública en los vecindarios más afectados por la violencia armada. CONOCS entregó los resultados preliminares de un estudio sobre violencia contra las mujeres en Cité Soleil, que de acuerdo a los solicitantes revelan un patrón de actos de violencia sexual y doméstica. Asimismo, señalaron que hay una falta de acceso a asistencia médica para mujeres y niñas en Cité Soleil y una alta tasa de infección de VIH (Virus de Inmuno-Deficiencia Humana). Los solicitantes agregaron que ninguna de las víctimas entrevistadas en el estudio había denunciado los hechos ante la policía o recurrido a la justicia debido a la inaccesibilidad de las cortes y el temor de que los perpetradores las atacaran en venganza. En este sentido, los peticionarios expresaron su insatisfacción por la incapacidad del Estado para prevenir adecuadamente el crimen violento en el centro de la ciudad, la ausencia del Estado en Cité Soleil a través de una presencia policial permanente y la inexistencia de servicios sociales diseñados para asistir a las víctimas de violencia sexual y doméstica. En respuesta, el Estado admitió la existencia de discriminación basada en el género y de violencia relacionada a esa discriminación en la sociedad haitiana y reconoció que se necesitan más esfuerzos para proteger y promover los derechos de las mujeres y adoptar principios de no discriminación.
Desnutrición infantil indígena en las Américas
En audiencia solicitada motu propio por la Comisión, se recibió información sobre el impacto de la desnutrición que afecta a los niños, niñas y adolescentes indígenas en las Américas. Los representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hicieron referencia a la Estrategia Regional de Nutrición en la Salud y el Desarrollo de la OPS, que pone de relieve la dimensión social de los pilares del desarrollo sostenible con un enfoque de derechos humanos y destaca cómo la inseguridad alimentaria nutricional afecta las posibilidades de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Los expertos de la OPS expresaron que en general, la calidad de vida de los pueblos indígenas presenta niveles muy inferiores a la del resto de la población de América Latina y el Caribe, como resultado de sus niveles de ingreso, de sus indicadores de desarrollo humano (educación, salud, nutrición) y de su situación de exclusión en muchos órdenes de la vida. Específicamente en el tema nutricional, explicaron que la información disponible sugiere que niños y niñas indígenas tienen una mayor incidencia de retardo en el crecimiento que niños y niñas no indígenas. Adicionalmente, expresaron que se ha podido constatar que en países con datos nutricionales desagregados geográficamente, la situación nutricional es considerablemente más crítica en territorios en los que reside mayoritariamente población indígena, diferenciales que están asociados a factores políticos, socio culturales y económicos que determinan y reproducen la situación de exclusión en que viven las poblaciones indígenas de la región.
En el marco del acuerdo entre la OEA y la OPS (suscrito el 23 de mayo de 1950), los representantes de la OPS solicitaron a la Comisión que promueva el desarrollo de estándares interamericanos sobre el derecho a la salud y a la alimentación adecuada. Un primer paso podría ser la formulación de una recomendación sobre nutrición y seguridad alimentaria. Además, formularon la necesidad de que en las visitas in loco se incluya una evaluación de las instituciones públicas competentes en materia de salud y alimentación, y subrayaron la necesidad de actuar conjuntamente con los distintos mecanismos creados en las Naciones Unidas cuyo mandato incide directamente en la promoción y protección del derecho a la salud y a la alimentación en las Américas.
Situación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, niños refugiados y otros grupos vulnerables en Estados Unidos
Diversas organizaciones solicitaron una audiencia para presentar información sobre el impacto de las políticas de Estados Unidos para la detención de inmigrantes sobre los niños inmigrantes y refugiados y otros grupos vulnerables. Concurrieron a la audiencia numerosas personas, tanto por parte de los solicitantes como de las agencias de Gobierno involucradas en el tema inmigratorio, junto al Departamento de Estado. Los grupos solicitantes indicaron que las condiciones en los centros de detención de inmigrantes son precarias y que los niños son sometidos en forma inapropiada al sistema de inmigración y refugio diseñado para adultos. El Gobierno de Estados Unidos argumentó que los centros de detención son seguros y limpios y ofrecen los servicios necesarios, incluyendo educación para los niños, y que hay comodidades adecuadas para los menores en el sistema. Ambas partes alentaron a la Comisión a visitar los centros de detención en cuestión para hacer una observación en terreno.
Derechos de la niñez y procesos de adopción en Guatemala
La CIDH celebró una audiencia de situación general sobre los derechos de la niñez y procesos de adopción en Guatemala a solicitud de Casa Alianza, CEJIL y Covenant House, con participación del Estado de Guatemala. Los solicitantes manifestaron que la adopción de niños y niñas guatemaltecos se ha incrementado en los últimos años en forma desproporcional al número de habitantes, convirtiéndose en un negocio lucrativo en perjuicio de miles de niños y niñas, sin que el Estado tome acciones tendientes corregir tal situación. Expresaron que durante el año 2006 se realizaron alrededor de 5.000 adopciones, donde más del 90% fueron de carácter internacional y autorizadas solamente por un notario, cuyas acciones en esta materia son supervisadas por el Procurador General de la República. Agregaron que el sistema de adopciones en Guatemala no cumple con los requisitos mínimos exigidos en el derecho internacional y miles de niños y niñas son en definitiva comercializados cada año, por lo que solicitaron a la Comisión que impulse e incida para que se adopten medidas que garanticen los derechos de los niños y las niñas guatemaltecas. Por su parte el Gobierno de Guatemala manifestó que reconocía la existencia de serios problemas en el proceso de adopción, compartiendo las preocupaciones expresadas por los peticionarios y señalando que estas irregularidades son promovidas por abogados y también por organizaciones internacionales con intereses lucrativos. Además, informó que el 4 de octubre de 2007, el Congreso de la República aprobó por unanimidad en tercer debate la Ley de Adopciones, quedando pendiente la aprobación por artículos y la consideración de más de 60 modificaciones al proyecto de ley.
Situación de derechos humanos en Venezuela
La audiencia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela fue convocada en respuesta a varias solicitudes de diferentes organizaciones de la sociedad civil venezolana, que deseaban informar a la CIDH sobre una diversidad de temas. A solicitud de los solicitantes, la audiencia fue privada. Durante la primera parte, las organizaciones CEJIL, COFAVIC, Espacio Público, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas y Reporteros Sin Fronteras, y Héctor Faúndez, pusieron en conocimiento de la Comisión información actualizada sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, sobre el derecho a la libertad de expresión y se presentaron las inquietudes de algunos sectores de la sociedad civil sobre el Proyecto de Reforma Constitucional, en cuanto a sus posibles efectos sobre algunos derechos protegidos por la Convención, especialmente los derechos políticos. Durante la segunda parte de la audiencia, la asociación civil Ciudadanía Activa, expuso un informe sobre los índices y patrones más comunes de discriminación política en Venezuela.
Programa del Gobierno para protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales (Venezuela)
Durante la audiencia solicitada por el Gobierno venezolano sobre la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, representantes del Gobierno expusieron el alcance y relevancia de la ley en cuanto a la protección de las personas que, por encontrarse vinculadas a un proceso penal actual o potencial, podrían sufrir una situación de amenaza a su vida o integridad personal. La directora de Fiscalías Superiores, Lesbia Morales Castillo, indicó que la nueva ley constituye el mecanismo a través del cual se canalizan las medidas de protección dictadas por los órganos del Sistema Interamericano. Al concluir esa presentación, el agente del Gobierno para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, reiteró la posición del Estado venezolano con relación a la inexistencia de una facultad convencional de la Comisión para dictar medidas cautelares y volvió a pedir a la Comisión que “reconozca el error cometido por sus antecesores ante el golpe de Estado de abril de 2002”. Asimismo, dijo: “Tenemos entendido que usted, señor comisionado, quiere ir a visitar Venezuela. Nosotros no tenemos nada que ocultar respecto a lo que respecto a derechos humanos realiza el gobierno venezolano, pero lo único que pedimos y reiteramos es que ustedes reconozcan su actuación indebida en el golpe de Estado del 11 de abril”. Como consecuencia de estas afirmaciones, la Comisión decidió suspender la audiencia.
Denuncias sobre criminalización de la protesta social en Perú
Representantes de la sociedad civil peruana solicitaron la audiencia con el objetivo de informar a la Comisión su preocupación por lo que denominaron el creciente proceso de criminalización de la protesta social. Los peticionarios se refirieron a una serie de recientes Decretos Legislativos adoptados por el Estado Peruano, los cuales tendrían como objetivo criminalizar la protesta social; establecer impunidad para miembros de la Fuerza Pública que causen lesiones o muerte en ”el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria”; ampliar ciertas figuras penales para incluir prácticas utilizadas movilizaciones sociales, etc. Asimismo, denunciaron lo que consideran uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en la represión de las protestas populares. Por su parte, el Estado señaló que los Decretos Legislativos mencionados serían el fruto de discusiones entre el Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo y un grupo de experimentados jueces y fiscales. Agregó que las disposiciones de dichos decretos son necesarias para el combate efectivo del delito y la protección de la democracia. Concretamente, el Estado destacó que las normas referidas habrían sido incorporadas en el ordenamiento jurídico peruano con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por éste mediante la ratificación de distintos tratados internacionales entre los que se encuentran la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
Reformas en materia de justicia penal en México
La CIDH recibió información de las organizaciones mexicanas de derechos humanos Red Fundar, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos sobre el debate de la reforma constitucional en materia penal en México. En primer lugar, manifestaron su preocupación de que esta reforma se discuta en un contexto regional en el cual, indicaron, las medidas de seguridad se suelen implementar a costa del respeto a los derechos humanos. Las organizaciones indicaron que les preocupa que la reforma eleva a nivel constitucional la figura del arraigo, con lo cual se permitiría al Ministerio Público mantener a una persona en detención, convirtiéndose en prisión preventiva. También citaron como negativo que la reforma ampliaría las facultades del Ministerio Público en detrimento del fortalecimiento de la autoridad judicial, permitiéndole por ejemplo hacer cateos domiciliarios sin orden judicial previa. Agregaron que la reforma limitaría el derecho de defensa en los casos categorizados como de delincuencia organizada, ya que se permitiría la reserva de datos y testigos y el imputado quedaría imposibilitado de contradecir la prueba de cargo en su contra. Asimismo, expresaron preocupación por la supresión del proceso ante confesión, ya que no se respetan las garantías del debido proceso sino que se restablece la superioridad de la confesión como prueba incriminatoria. Según los solicitantes de la audiencia, estos aspectos no han sido cuestionados durante la discusión de la reforma en el Poder Legislativo. Las organizaciones solicitaron a la CIDH que requiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la facultad que tienen los Estados para restringir garantías del debido proceso y que pida información al Estado de México sobre en qué medida estas reformas constitucionales garantizarían el respeto y protección de los derechos humanos, específicamente sobre los derechos al debido proceso, a la propiedad, la libertad personal, la protección judicial, entre otros derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
C. Audiencias sobre peticiones y casos individuales
En este período de sesiones hubo audiencias sobre los siguientes casos y las siguientes peticiones:
Caso 12.476 - Oscar Elías Biscet y otros contra Cuba
La audiencia fue realizada a solicitud de la CIDH, con la asistencia del Directorio Democrático Cubano en su calidad de peticionario y de la señora Yamile Llanes, esposa del preso de conciencia José Luís García Paneque. Se presentó información sobre la grave situación de salud de los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. La información presentada indica que 16 de los 75 presos políticos han sido liberados debido a que padecen graves problemas de salud, algunos de los cuales han salido de Cuba en calidad de refugiados políticos. Durante la audiencia rindió testimonio la esposa de García Paneque, quien se encuentra privado de libertad desde 2003 en la cárcel la Primavera Negra de la ciudad de las Tunas. Según su testimonio, la situación de salud de su esposo es grave, debido a que padece anemia, neumonía y un síndrome de mala absorción. La señora Llanes indicó que ha solicitado licencia extra penal sobre la base de su condición de salud, y que no ha obtenido respuesta por parte del Estado.
Caso 12.632 – Ana María Careaga y otros, Argentina
La CIDH celebró una audiencia solicitada por el CELS y CEJIL, a la que acudieron dos de las presuntas víctimas, Ana Maria Careaga y Adriana Gallo, juezas de la provincia de San Luís. Durante la audiencia, las juezas relataron que el poder judicial de la provincia fue objeto de diversos ataques a su independencia a través de diversas medidas como la disminución de sueldos, campañas de desprestigio en contra de la rama y la aprobación de diversas leyes que permitieron el despido de numerosos funcionarios. En medio de este contexto, las juezas Ana Maria Careaga y Adriana Gallo señalaron que, luego de resistirse a la presión que buscaba su renuncia, se les iniciaron varias causas penales y disciplinarias. Asimismo, refirieron que fueron destituidas del cargo de juezas tras adherir a un comunicado del Colegio de Abogados de Villa Mercedes que criticaba la injerencia del Poder Ejecutivo local en el Poder Judicial de la Provincia de San Luis. Los peticionarios alegaron que en la tramitación de las causas que se han seguido contra las presuntas víctimas, se aplicaron leyes de forma retroactiva. El Estado, por su parte, expresó su voluntad para iniciar un proceso de solución amistosa y, los peticionarios señalaron su interés en buscar dicha solución, siempre que en el proceso se involucrara al gobierno de la Provincia de San Luís. Con el fin de iniciar un diálogo, las partes acordaron realizar una reunión de trabajo en la ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre.
Caso 12.658 – Internos del Presidio de Urso Branco, Brasil
La audiencia fue solicitada por las organizaciones Justicia Global y la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Porto Velho, peticionarias en el caso, con el objetivo de presentar argumentos adicionales sobre los méritos del Caso No. 12.568 sobre los Internos de la Cárcel de Urso Branco localizada en el Estado de Rondônia, Brasil. Los peticionarios solicitaron que la CIDH declare al Estado de Brasil responsable por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías y protecciones judiciales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, los peticionarios señalaron que desde el año 2000 hasta mediados del 2006 aproximadamente 100 personas habrían fallecido al interior de la cárcel en situaciones de extrema violencia propiciada, inter alia, por la falta de agentes penitenciarios para garantizar, en un ambiente superpoblado, la seguridad de los presos. Los peticionarios indicaron que hacia fines de 2006 el Estado habría utilizado la tortura como instrumento de orden y calificaron como grave la falta de celeridad en las investigaciones policiales de los hechos ocurridos en Urso Branco y en el juzgamiento de los responsables. En representación del Estado de Brasil concurrieron a la audiencia el Director de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia y el Procurador del Estado de Rondônia, entre otras autoridades. Los representantes del Estado de Brasil se refirieron a la estructura del sistema penitenciario en cuanto a la inspección y fiscalización de dichos establecimientos en el ámbito de responsabilidades estaduales y federales. Por último, el Estado destacó las mejoras realizadas en la cárcel de Urso Branco en los últimos meses. La CIDH solicitó al Estado que en el marco del presente caso proceda a enviar el listado oficial de las personas fallecidas en la cárcel de Urso Branco desde el 3 de noviembre de 2000 al presente.
Petición 177/04 y Medidas Cautelares 26/04 – Warren Summerlin y otros, Estados Unidos
Los peticionarios y el Gobierno de Estados Unidos presentaron argumentos sobre la admisibilidad de esta petición relativa a la situación de unas 100 personas condenadas a muerte en Estados Unidos, y presentaron información actualizada sobre la situación de los individuos beneficiarios de medidas cautelares previamente otorgadas, en una audiencia solicitada por los peticionarios. Las partes coinciden en que estas personas fueron sentenciadas por jueces, y que ninguna de ellas se benefició por la aplicación retroactiva de una regla establecida por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en un caso llamado Ring, que establece que aspectos importantes de la sentencia deben ser dictados por jurados. Los peticionarios alegaron que esta situación constituye una negación arbitraria de derechos para lo cual no hay un recurso interno efectivo y solicitaron que la petición se declare admisible. El Estado argumentó que los peticionarios están solicitando a la Comisión que actúe como un tribunal de cuarta instancia y que no han agotado los recursos internos y solicitó que se declare la petición inadmisible. Con respecto a las medidas cautelares, los peticionarios y el Estado informaron a la Comisión que en este momento una persona nombrada en la petición tiene una orden de ejecución emitida en su caso, a pesar de que se ha otorgado un aplazamiento temporal.
Caso 12.590 – José Miguel Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar), Guatemala (Declaración Testimonial)
La CIDH celebró una audiencia solicitada por la Fundación Myrna Mack, representante de los peticionarios, con el objetivo de presentar dos testigos y una perita en el Caso José Miguel Gudiel Álvarez y otros, también conocido como Caso del Diario Militar. En la audiencia participaron representantes del Estado de Guatemala. El caso refiere a la detención arbitraria e ilegal, tortura y desaparición o ejecución de 27 personas y la detención arbitraria e ilegal y violación sexual de una menor, ocurridas durante el conflicto armado interno de Guatemala. Durante la audiencia, los peticionarios señalaron que en el tiempo que ocurrieron los hechos denunciados (entre 1983 y 1985) existía un política de Estado tendiente a eliminar a las personas consideradas enemigas del Estado. Los solicitantes informaron sobre los principales obstáculos que atraviesan los familiares de las víctimas, especialmente en relación al acceso a la justicia, que ha impedido el conocimiento sobre el esclarecimiento, persecución y sanción de los responsables. El Estado, por su parte, manifestó su compromiso de aceptar la admisibilidad del caso, reafirmando su compromiso de asumir el tema de los derechos humanos a través de sus diversas instituciones y aseguró que no pretendía poner en tela de juicio la validez de los testimonios ni del documento conocido como Diario Militar. Además, el Estado reiteró su posición con respecto al tema del derecho a la verdad y de reconocer la responsabilidad por los hechos ocurridos e informó que entregará a través del Ministerio Público información sobre las gestiones realizadas para esclarecer los hechos denunciados.
Caso 12.500 – Omar Maldonado y otros, Chile
Esta audiencia convocada a solicitud de los peticionarios, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), trató sobre el caso de personas apresadas y torturadas por la dictadura militar chilena en 1973 debido a su posición institucional de defensa del gobierno de Salvador Allende. Los peticionarios sostienen que ya restablecida la democracia en Chile, intentaron acciones para obtener justicia, pero que la Corte Suprema de Justicia falló confirmando lo actuado por el Gobierno del General Pinochet. Por su parte, os representantes del Gobierno de Chile solicitaron que se reconocieran todos los avances verificados durante los sucesivos gobiernos democráticos en el país y la evolución favorable del Poder Judicial. Expresaron que no harían manifestaciones sobre el fondo del caso, ya que estaban interesados en lograr una solución amistosa, ante lo cual la CIDH se puso a disposición de las partes para avanzar con dicho mecanismo y sugirió la posibilidad de una reunión de trabajo en las próximas sesiones ordinarias.
Caso 12.587 – Alicia Barbani, María del Huerto y otros (Grupo de Ahorristas del Banco de Montevideo), Uruguay
Los peticionarios y el Estado de Uruguay presentaron argumentos sobre el fondo del caso de un grupo importante de ahorristas del Banco de Montevideo que perdieron sus ahorros cuando el Banco de Montevideo colapsó y fue intervenido por el Banco Central en 2002. Se alegó que los propietarios perpetraron un fraude dentro del banco, perjudicando al grupo representado por los peticionarios, y que el mecanismo establecido para asistir a los ahorristas los discriminó arbitrariamente. Por su parte, el Estado argumento que actuó de acuerdo a la ley uruguaya.
Caso 12.579 – Inés Fernández Ortega, México
La CIDH recibió en esta audiencia el testimonio de Inés Fernández Ortega, indígena Tlapaneca del Estado de Guerrero, quien relató haber sido violada por presuntos miembros del Ejército. Enfatizó que la Procuraduría perdió la muestra de líquido espermático tomado al día siguiente de los hechos, que era la prueba clave para encontrar a los responsables. También dio a conocer amenazas de muerte sufridas por ella y por su esposo desde que comenzó a tomar acciones para que se hiciera justicia, y los peticionarios mencionaron que la CIDH ha otorgado medidas cautelares para la protección de ambos tras amenazas de muerte en que le advertían que no acudiera a testificar a las audiencias de la CIDH. Los peticionarios del caso argumentan que el Estado no ha realizado una investigación adecuada para conocer el paradero de los perpetradores de la violación. Por su parte, el Estado informó que la perito que tomó la prueba fue sancionada por haberla perdido, y dijo que la agraviada ha sido citada a declarar en tres ocasiones pero no ha comparecido. El Gobierno anunció sus diligencias futuras: un dictamen psicológico a la víctima, ampliación ministerial para que la víctima entregue más datos para el retrato hablado, revisión del álbum fotográfico militar para identificación de los posibles responsables. Los representantes del Gobierno aseguraron que estas gestiones se realizarán en el lugar donde la víctima prefiera y que la Procuraduría designará personal femenino para todas las actuaciones en la indagatoria, asignará a una psicóloga que la acompañe a todas las diligencias y contará con policías mujeres y personal femenino para las mismas.
Caso 12.579 – Valentina Rosendo Cantú, México
La CIDH recibió en esta audiencia el testimonio de Valentina Rosendo Cantú, indígena Tlapaneca del Estado de Guerrero, quien relató haber sido violada por presuntos miembros del Ejército y explicó las dificultades que enfrentó para acceder a atención médica. Asimismo, denunció que como consecuencia de la violación sufrida adquirió el virus de Papiloma Humano. Los peticionarios indicaron que los hechos ocurridos constituyen tortura, que se dieron en un contexto de militarización de la zona y de vulnerabilidad de las comunidades indígenas de la región y que la víctima ha sufrido el abandono de su esposo y el exilio forzoso junto a su hija de cinco años debido a la estigmatización que sufrió tras la violación. Por su parte, los representantes del Gobierno informaron sobre las investigaciones de este caso que actualmente se encuentra en el fuero militar, e indicaron que la Procuraduría del Estado de Guerrero solicitó a la Secretaría de Defensa Nacional que devuelva el desglose de las averiguaciones para seguir investigando los hechos en el fuero civil. El Estado anunció medidas que tomará en este caso, incluyendo actuaciones en lugar a ser definido por la víctima y asignación de una psicóloga y personal femenino para las diligencias.
Caso 11.481 – Monseñor Romero, El Salvador (Seguimiento de recomendaciones)
A solicitud de los peticionarios, la Oficina de Tutela del Arzobispado de San Salvador (OTLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se llevó a cabo una audiencia de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en su informe del año 2000 sobre el fondo de este caso, las cuales consistieron en: 1) Realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas en el informe, sin perjuicio de la amnistía decretada; 2) Reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización; 3) Adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. Los peticionarios denunciaron que el Gobierno no ha cumplido con estas recomendaciones, argumentaron que este incumplimiento es una muestra de la impunidad que predomina en El Salvador y solicitaron que la Comisión tome acciones oficiales ante esta situación. Por su parte, la delegación gubernamental afirmó que el Gobierno no reconoce su responsabilidad en las muerte de Monseñor Romero y que existe un diálogo directo entre el Gobierno y el Arzobispado de San Salvador sobre los términos de un eventual acuerdo en este caso, pero que el diálogo se ha dificultado debido a supuestas deficiencias en la comunicación entre los peticionarios del caso y el Arzobispado. Los peticionarios afirmaron que el diálogo ahora establecido entre el Estado y el Arzobispado de San Salvador no tiene efectos sobre la necesidad de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.
Petición 1166/05 – Masacre y desplazados de Tibú, Colombia
A solicitud de la Asociación Minga se llevó a cabo una audiencia en la que los peticionarios presentaron ante la CIDH sus alegatos sobre la admisibilidad de la petición 1166-05 Masacre y desplazados de Tibú, en la que se narró los hechos de tres masacres ocurridas el 29 de mayo, 17 de julio y 21 de agosto de 1999, cometidas por grupos paramilitares en el departamento del Norte de Santander. Se explicó que dichas masacres habrían ocasionado además el desplazamiento masivo de la población hacia otros lugares del departamento y hacia Venezuela. El Estado por su parte, presentó sus alegatos sobre la inadmisibilidad del caso e informó a la CIDH que ya se habría reparado a 260 víctimas de desplazamiento.
Caso 11.227 - Unión Patriótica, Colombia (Declaración testimonial)
A solicitud del la Comisión Colombiana de Juristas y de la Corporación Reiniciar, la CIDH recibió el testimonio de Aida Avella, ex Concejal de la República de Colombia y ex Presidenta de la agrupación política Unión Patriótica (marzo 1990 - mayo 1996), en el marco del caso 11.227 Unión Patriótica. El caso refiere a la alegada responsabilidad del Estado colombiano por acción u omisión en la comisión de actos de violencia contra miles de miembros de la Unión Patriótica, a causa de su afiliación a dicho partido político. La testigo, quien por causa de un atentado se encuentra en el exilio desde 1996, narró cómo ella y otros miembros del partido fueron sujetos a persecución política, hostigamiento y atentados contra la vida. El Estado, por su parte, interrogó a la testigo sobre el objeto de su testimonio.
D. Audiencias sobre medidas cautelares
Situación de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Perú – Medida Cautelar 262/05 (Mashco Piro, Yora y Arahuaca) y Solicitudes de Información 102/07 (Kugpakori Nahua Nanti y otros), y 129/07 (Tagaeri, Taromenane y otros)
La audiencia fue solicitada para exponer la situación de los pueblos indígenas Mascho Piro, Yora y Arahuaca, beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, y de otros pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, para cuya protección fueron solicitadas dos medidas cautelares este año (Kugpakori Nahua Nanti y otros; Tagaeri, Taromenane y otros). La CIDH ha solicitado información adicional a las partes para analizar si procede el otorgamiento de medidas cautelares con relación a las dos solicitudes presentadas este año. Los solicitantes señalaron que el objetivo de la audiencia era informar a la CIDH respecto de la falta de implementación de mecanismos eficaces, idóneos y oportunos por parte del Estado para proteger a los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. En primer lugar, argumentaron que la legislación peruana es deficiente para la protección de estos pueblos indígenas. Como ejemplo, argumentaron que la Ley Nº 28.736 tiene un carácter declarativo y no constitutivo para efectos del reconocimiento de los derechos de los pueblos en aislamiento. También señalaron que la protección de intangibilidad del territorio prevista en la mencionada normativa es de naturaleza limitada dado que se diluye cuando se encontrara en el territorio un recurso natural explotable. En segundo lugar, se señaló que las medidas de protección legislativa no son efectivamente implementadas por las autoridades estatales. En tercer lugar, se argumentó que los contactos aumentaron en época reciente debido a la promoción estatal de actividades extractivas, como así también por la realización de actividades ilícitas de terceros en el territorio, todo lo cual implica una situación de riesgo para los pueblos indígenas en aislamiento. Por su parte, el Estado señaló que el Gobierno tiene dentro de sus objetivos la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afirmó que cuenta con una política completa al respecto que incluye un protocolo de relacionamiento y un plan de protección y defensa de estos pueblos. El Estado adujo que en todo momento se está siguiendo con lo dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley Nº 28.736 y su reglamentación. Asimismo, el Estado informó que cuando en el desarrollo de un proyecto energético se recibe un informe sobre avistamiento de un posible pueblo, las normas internas exigen la elaboración inmediata de un plan de contingencia y monitoreo especial del terreno, lo cual incluye un plan antropológico. Finalmente, las dos partes solicitaron a la Comisión la realización de una visita al terreno para verificar el objeto de las medidas de protección analizadas en la audiencia.
III. REUNIONES DE TRABAJO
En el marco del 130º período ordinario de sesiones se llevaron a cabo 28 reuniones de trabajo sobre peticiones, casos y medidas cautelares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. En varias de las reuniones se avanzó en la fase de solución amistosa. La Comisión valora la voluntad demostrada por las partes en varios de los casos para continuar progresando hacia un acuerdo de solución amistosa y alienta a continuar los esfuerzos para acercar posiciones y alcanzar el consenso.
El Presidente de la CIDH desea manifestar su satisfacción por la información proporcionada en una reunión de trabajo por las autoridades del Gobierno de Oaxaca sobre la implementación de sus recomendaciones, hechas con motivo de su visita al estado de Oaxaca en agosto pasado. Asimismo, el Presidente observó con satisfacción la voluntad de las partes por avanzar en procesos de solución amistosa en todas las reuniones de trabajo realizadas sobre casos de México: Reyes Penagos Martínez; Cruza Ávila Mondragón; Modesto Patolzin Moicen y Víctor Pineda Henestrosa.
Por otra parte, se realizó una reunión de trabajo sobre el caso AMIA, relativo a las investigaciones del atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina. En vista de que el Estado no pudo informar sobre medidas concretas adoptadas en los últimos meses o sobre avances en el proceso de investigación, el Presidente de la CIDH lamentó el estancamiento en que se encuentra el proceso de solución amistosa en este caso e instó al Estado redoblar sus esfuerzos, en especial en cuanto a la investigación y esclarecimiento del atentado.
IV. RELATORÍAS Y ÁREAS TEMÁTICAS
Esta sección contiene un breve resumen de algunas de las principales actividades desarrolladas por la CIDH desde las sesiones ordinarias de julio, a través de sus Relatorías especiales y áreas temáticas.
A. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial
Desde el pasado período de sesiones, la Relatoría fue invitada a participar en una conferencia sobre la situación de haitianos y dominicanos de descendencia haitiano en la Republica Dominicana que se llevo acabo el 20 de septiembre 2007 en Montreal, Canadá y donde la Relatoría hizo una presentación sobre el mandato de la Relatoría y la jurisprudencia del sistema sobre este tema. Asimismo, en atención a la Resolución AG/RES. 2126 de 2005 por la Asamblea General de la OEA, la Relatoría continúa asesorando al Grupo de Trabajo de la OEA encargado de preparar una Convención Interamericana contra el Racismo y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Además, la Comisión Interamericana ha seguido con atención este tema a través las audiencias temáticas y su sistema de peticiones y casos individuales.
B. Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres
La Relatoría sobre derechos de las mujeres realizó una visita de trabajo a Chile, entre el 11 y 14 de septiembre de 2007 para profundizar su conocimiento sobre la discriminación contra las mujeres, en sus distintas manifestaciones, en el país. La delegación, encabezada por el Dr. Víctor Abramovich, se reunió con autoridades del gobierno de Chile y con representantes de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales. La Relatoría recopiló información sobre la discriminación contra las mujeres particularmente en la esfera familiar, la participación política y el ámbito laboral. Asimismo, recibió información sobre los posibles vínculos entre la discriminación en la esfera privada y la esfera pública. En base a esta visita, la CIDH se encuentra abocada a la preparación de un informe con recomendaciones dirigidas al Estado de Chile.
Igualmente, en el marco de la visita, el 12 de septiembre, la CIDH presentó su informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, en la Universidad Diego Portales. El evento fue organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y por la organización “Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género”. El Dr. Abramovich encabezó el panel de discusión, acompañado por la Ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Dra. Lya Cabello Abdala. En dicho evento se contó con la participación de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector académico.
Finalmente, la Relatoría continuó ofreciendo apoyo técnico a abogados de la Secretaría Ejecutiva en el procesamiento de peticiones y medidas cautelares.
C. Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Durante el segundo semestre de 2007, la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas a cargo del Comisionado Paolo Carozza continuó con sus actividades de apoyo en el sistema de casos individuales y medidas cautelares en las peticiones y solicitudes que se refieren a derechos de los pueblos indígenas y/o sus miembros. En este contexto, ha continuado recibiendo información sobre la situación de pueblos indígenas afectados por los intereses de terceros en sus territorios ancestrales.
Los días 3 y 4 de septiembre de 2007, el Relator Carozza visitó en el Chaco paraguayo las Comunidades Indígenas Yamok Kasek y Yakye Axa, se reunió con autoridades de Gobierno encargadas de la política en materia de pueblos indígenas y sostuvo reuniones de trabajo sobre peticiones y casos, cuyas presuntas víctimas son comunidades indígenas. Además, el 7 de septiembre de 2007, el Relator Carozza y el Presidente de la CIDH mantuvieron una reunión con representantes de más de 300 comunidades indígenas de las Regiones Oriental y Occidental del Paraguay. En la reunión representantes de 14 asociaciones indígenas, describieron la grave y urgente situación que enfrentan sus comunidades, y describieron el encuentro como histórico porque “dialogaron directamente por primera vez, y sin intermediarios”, con la CIDH.
En el contexto del Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Relatoria ha expresado la importancia de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ha invitado a los Estados miembros de la OEA a considerar como estándar mínimo en el discusión del proyecto interamericano, el instrumento aprobado en la ONU.
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